BeninExpress
Madmaxista
Son las seis de la mañana y suena el despertador, Achraf le da un beso en la frente a su mujer y tras tomarse un café con leche y una tostada con mermelada sale sigilosamente de la vivienda para ir a su tienda de ultramarinos. Dos horas más tarde es a Dounia a quien le toca levantar a sus hijos y prepararles para ir al colegio. Mientras viste a la pequeña Hirmiz de tan solo 4 años se lamenta: "Si antes a los pagapensiones nos costaba encontrar un alquiler, ahora, con la prórroga de la ley que prohíbe echar a quienes no pagan la renta estamos totalmente desamparados".
Esta es la triste realidad Dounia Haziza, jovenlandés de 36 años progenitora de tres hijos que actualmente comparte piso en Lavapiés junto a su marido, su prima Fátima y la familia de ésta. En total 9 personas conviviendo en un pisito de 68 metros cuadrados y tres habitaciones por el que pagan 1.400 euros al mes.
El drama de justos por pecadores
Desde el comienzo del nuevo curso escolar Dounia estaba buscando una nueva casa donde mudarse "mi hijo mayor ya tiene 15 años y necesita su propio espacio", ya tenía medio apalabrado un bajo en Villaverde muy bien de precio y con 4 habitaciones que era justo lo que querían, sin embargo, la medida del gobierno le ha pillado por sorpresa. Tras el anuncio que hizo el presidente del gobierno este martes el casero se echó para atrás y le dijo que lamentablemente no tiene intención de alquilar a familias potencialmente vulnerables como la suya.
"Pedro Sánchez y Bildu nos han estropeado la vida" sentencia Dounia, y es que la controvertida medida del gobierno, autoproclamado 'progresista', que sobre el papel busca proteger a familias en riesgo de exclusión social, lo que está provocando es un efecto contrario: una cascada de rechazos de propuestas de alquiler de temerosos propietarios que, ante la posibilidad de arrendar a alguien que deje de pagar el alquiler, y al que no se le pueda echar bajo ningún concepto, están optando por echar el cerrojazo a sus viviendas.
España, paraíso de los que no pagan el alquiler
Nuestro país es el único de toda la UE donde una persona que deja de abonar la renta a su casero es prácticamente intocable. Al contrario que en Francia o Alemania, países donde en menos de una semana el inquilino que incumple sus obligaciones contractuales debe abandonar el piso bajo penas que incluyen el ingreso en prisión, en España la normativa no solo impide llevar a cabo cualquier tipo de medida efectiva que permita al propietario recuperar algo que es suyo, sino que se le obliga a abonar los gastos de agua y electricidad en los que incurra el inquilino jovenlandeseso hasta que una resolución judicial no decrete el desahucio, algo que en el mejor de los casos puede durar 6 meses.
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