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Incendio de coches en el garage de Fuente Arenosa, 1, de Parla // isabel permuy
Desde hace más de una década, la ciudad de Parla (133.000 habitantes) ha visto cómo, una a una, hasta tres de sus grandes promociones que iban a estar destinadas principalmente a gente joven (el grueso de su población) y familias necesitadas han sido tomadas por okupas. Son bien adjudicatarios de viviendas que no pagan las rentas pertinentes o bien personas que han hecho de aquello su fortín por el tradicional método de la patada en la puerta o por la 'compra' a mafias. El ayuntamiento comenzó hace meses el proceso de regularización de estas personas de distintas maneras, tras el fracaso de políticas que consiguieran echar a estos usurpadores de las tres enormes promociones.
Fuentes de la Concejalía de Vivienda detallan a ABC que una de ellas ya está al 100% legalizada. Desde el PP local, sin embargo, reclaman «saber cómo se ha hecho ese proceso» y sospechan que se ha vulnerado el reglamento municipal de acceso a estas casas. La polémica está servida y en la oposición consideran que lo que ha hecho el gobierno del socialista Ramón Jurado ha sido claudicar ante los okupas: «Ya que no pueden echarlos, los regularizan», denuncia Héctor Carracedo, en conversación con ABC, portavoz de los populares en esta localidad del sur de Madrid.
En total, son casi 800 viviendas las que conforman el eje de esta situación, aderezada con problemas de inseguridad, convivencia y el hartazgo de los vecinos (los que menos) que siempre han estado al corriente de sus pagos, los legales. La más conocida es la de la calle de Toledo, 15, con 270 viviendas y que viene dando que hablar desde 2012. Se la conoce como la 'Cañada Real Vertical' de Parla, y hasta ha sido escenario del rodaje de la película (un 'triller', cómo no) 'Asedio', que precisamente narra la intervención de la Policía en un desahucio masivo. Es una urbanización mastodóntica cuyo titular, Unifo, al que se cedió el suelo municipal, se declaró en concurso de acreedores.
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Carlos HidalgoEl Ayuntamiento de Parla le había concedido un derecho de superficie para convertirse en la dueña del conjunto, pero, al desaparecer la promotora en 2013 la fundación Toda Ayuda se hizo cargo de la comunidad mediante un acuerdo con el consistorio. Al año siguiente, el entonces alcalde, José María Fraile, decidió que el municipio se haría cargo del pago de la luz de los vecinos, una medida que en 2015 fue eliminada tras el dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.
En medio de todo, desde entonces y hasta ahora, problemas de mafias que revenden pisos; insalubridad; tráfico de drojas; amenazas entre residentes, y el continuo ir y venir policial. La Concejalía de Vivienda dice ahora a este periódico que «la situación de sus residentes depende de resolución judicial». Ya no se siente parte del problema, que achaca a terceros, y afirma que «los vecinos se han cooperativizado y han conseguido regularizar cuestiones como el contrato de la luz».
Carracedo, del PP, reconoce que la situación en Toledo, 15, «es más complicada porque el suelo es público pero se hizo una concesión a una empresa que quebró»: «Se ha quedado un limbo en el que [sus jovenlandesadores] no podían pagar a nadie el alquiler porque no hay dueño al que pagar. Al banco no le interesa ejecutar esa hipoteca porque el suelo no es suyo. Así que está ocupada al 100% desde 2012».
Opacidad municipal
La coyuntura en la urbanización de la calle de Fuenlabrada, 75, es bien distinta. Son 170 pisos cuya titularidad traspasó Solvia Propierties (la inmobiliaria que hasta 2022 perteneció al Banco Sabadell) y que ahora son de la firma Better World Levante. «Con ella, trabajó el Ayuntamiento para regularizar la situación de familias vulnerables que habitaban en esa promoción», explica el consistorio socialista, «y, a día de hoy, el 100% de sus residentes están regularizados, pagando sus alquileres y servicios varios».En este punto es donde los populares reclaman más tras*parencia. «El alcalde les ha hecho un alquiler social por contrato. Reclamamos saber cómo se ha producido ese proceso, porque en Parla existe un reglamento desde 2013 sobre cómo debe ser el protocolo de acceso a vivienda pública municipal. La norma pide que estés empadronado desde hace años en la ciudad, que no tengas otra vivienda, aportar la vida laboral y contrato de trabajo», denuncia Héctor Carracedo, algo de lo que duda que cumplan todos esos beneficiarios. Y añade: «Es una concesión a una empresa que explota esos alquileres. Desde mayo estamos pidiendo por escrito la información sobre el último convenio y los contratos con los inquilinos y en qué condiciones se han hecho. La que está regularizando es la empresa con el visto bueno del ayuntamiento, desde noviembre de 2023». Asegura que el 100% de la promoción estaba okupada.
En el pleno municipal han hecho varias preguntas al respecto al equipo de gobierno, en noviembre, mayo y junio pasados: «No nos contestan o nos dicen que es tema de la concesionaria y que ellos no tienen nada que ver. En junio ya directamente lo solicitamos a través del registro».
Promoción usurpada de calle de Toledo, 15 // de san bernardo
Luego, están los casi 300 pisos de la calle de Fuente Arenosa, 1, cuya dueña ahora es la Sareb, el llamado 'banco malo'. «Está en un tira y afloja con el ayuntamiento para que paguen todos los desperfectos, con una okupación del 100%», añade Carracedo. Sobre esta promoción, la mayor de las tres, la Concejalía de Vivienda admite que, pese a que la titularidad no es suya, están «implicados en resolver conflictos»: «Se vienen realizando diversos requerimientos y no se descarta intervenir e imputar lo que corresponda a la Sareb. El 80% de los residentes tienen sus contratos aprobados por la Sareb», sentencian las fuentes municipales, aunque no aclaran si están abonando esas rentas, que es lo que se está denunciando desde la oposición.
«La culpa, de la Comunidad»
El Ayuntamiento de Parla va más allá y, pese a lo que lleva doce años sufriendo, afirma tajantemente que la ciudad «no tiene un problema de ocupación». «No mayor que el que pueda tener, por ejemplo, Alcalá de Henares. En términos generales, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial, la ocupación ilegal bajó un 0,1% en la Comunidad de Madrid y esa es la tendencia en Parla», indican, para aclarar que, a su criterio, okupas son aquellos que le quitan la vivienda a un tercero que vive allí, 'stricto sensu'. Un eufemismo en la práctica al que añaden que, «desde la Concejalía de Vivienda se trabaja, aun no teniendo competencias directas en la materia, por resolver aquellas cuestiones que afectan al acceso a la vivienda, así como, coordinados con Seguridad Ciudadana, atajar problemas de convivencia y/o delincuenciales».Dicen que «se han reducido notablemente los incidentes vinculados a promociones de vivienda que constantemente son señaladas por la derecha del municipio como peligrosas, en su afán de crear alarmismo y ocasionando una negativa e inmerecida reputación para nuestra ciudad».
¿Quién tiene la culpa de todo ello? Los socialistas sostienen que «lo que tiene Parla es un problema ante la inacción del Gobierno de la Comunidad de Madrid para legislar en materia de vivienda social». Es decir, Ayuso y su equipo, pese a que el problema viene desde hace doce años. Y aprovechan para arremeter contra Sol: «Por eso, Ramón Jurado, junto a los alcaldes de Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Mejorada, Velilla de San Antonio, Ciempozuelos, Coslada y San Fernando de Henares [todos gobernados por el PSOE], han constituido una comisión para impulsar una iniciativa legislativa para modificar la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y declarar estos municipios Zona de Mercado Residencial Tensionado».
Parla, incapaz de desalojar sus 800 pisos okupados, comienza a legalizar a los usurpadores
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