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Madrid deja en evidencia a Igualdad: los 6 agresores que se han hecho tras* para sortear la Ley de Violencia de Género
El Gobierno regional envía una carta a Ana Redondo denunciando los casos de tras* que incluso piden ser atendidos en el mismo centro que sus víctimas.
Tras el escándalo desatado por el
gran número de militares, policías y guardias civiles que se han cambiado de sesso en el Registro, las llamadas feministas clásicas advirtieron de que lo que más les preocupaba no era eso, sino lo que pudieran hacer, entre otros, maltratadores o agresores sensuales. La propia
abogada de la asociación de tras* No Normativos advirtió entonces de que era
evidente que muchos hombres se iban a aprovechar de la polémica norma de Irene Montero para eludir o beneficiarse de la
Ley de Violencia de Género, una ley que, a su juicio,
queda anulada de facto tras la entrada en vigor de la normativa tras*.
Los peores presagios de unos y otros parecen haberse cumplido: la
Comunidad de Madrid acaba de enviar una carta al Ministerio de Igualdad para denunciar que ha tenido constancia de que
al menos seis agresores se han cambiado de sesso e incluso están pidiendo ser atendidos o atendidas -puesto que oficialmente ya son consideradas mujeres- en los mismos puntos municipales a los que acuden sus víctimas, una circunstancia que, según el Gobierno regional, "
pone en peligro tanto a las víctimas como a los profesionales" y, por tanto, al mismo sistema de protección.
"Esta situación está causando estrés y ansiedad en algunas trabajadoras, que temen posibles agresiones", advierte la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez que aclare
cómo se debe actuar en estas situaciones para proteger a unos y otros y a la vez no discriminar al colectivo tras*, algo penado con multas de hasta 150.000 euros en la polémica ley nacional.
Los casos más polémicos
Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso
Libertad Digital, "uno de los casos se ha registrado en Madrid capital, donde
un presunto agresor pidió entrar en un centro de acogida residencial para mujeres". De momento no han respondido a su solicitud a la espera de que el ministerio ahora dirigido por Ana Redondo aclare qué hacer en estos casos, puesto que no es el único. Algo similar ha sucedido en Coslada y también en
Pozuelo de Alarcón, "donde otro presunto agresor ya declarado mujer en su DNI ha solicitado ser atendido en el
mismo punto municipal en el que estaba siendo atendida su expareja".
A los tres casos ya mencionados, se sumarían
otros tres registrados en la Mancomunidad de Sierra Oeste. En dos de ellos, "el presunto agresor cambió de sesso en su DNI, lo que le evitará que la violencia que pueda ejercer en un futuro se sustancie a través de un procedimiento judicial de violencia de género". El último, sin embargo, es el más grave, por cuanto ya podría sortear esta ley a pesar de haber sido
denunciado por agresión sensual. Según la información que maneja la Comunidad de Madrid, su expareja fue a interponer una denuncia contra él y fue entonces cuando descubrió que se había cambiado de sesso y que, por tanto,
no podrá ser juzgado bajo la ley de violencia de género.
Además, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también tiene constancias de que, en
Móstoles, Velilla de San Antono y en la Mancomunidad del Sudeste (MISECAM), "varios varones que han cambiado de sesso registral al femenino están pidiendo información sobre las ayudas a las víctimas de violencia de género", otro de los grandes temores de las feministas.
"Ministra,
es evidente que la Ley 4/2023 aprobada por su Gobierno no resuelve las cuestiones suscitadas -reza la misiva firmada por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-. Por todo ello, le solicito que nos indique la forma de proceder en los casos descritos para que, por un lado, no se ponga en peligro la integridad de las víctimas de violencia y, por otro, además de evitar la discriminación, se tienda a fomentar la igualdad de oportunidades en cualquier ámbito de nuestra sociedad".
¿Se cambiará la ley?
El dilema que ahora plantea la Comunidad de Madrid es el mismo que llevan poniendo sobre la mesa las feministas clásicas desde que se empezó a tramitar la polémica
Ley tras*, y que incluso reconocen abiertamente desde la asociación de tras* No Normativos a la que pertenecen más de
200 hombres -ahora mujeres- que ni siquiera han tenido que cambiar de nombre.
Según apuntaba su abogada, Javier Sanz,
las sospechas de posible fraude son prácticamente imposibles de combatir por culpa de la redacción de la norma, que advierte de que aquellos que cuestionen el sentir de la persona que dice considerarse mujer, aunque biológicamente no lo sea, podrían estar cometiendo un
delito de repruebo. Al no exigir informes médicos, ni hormonación, ni siquiera que la persona que acuda al Registro a cambiarse de sesso modifique también su nombre, los funcionarios del Registro no tienen más remedio que confiar en lo que la persona en cuestión dice sentir.
"
¿Cómo van a probar si el sentimiento de una persona es o no de una manera? Es imposible", sentenciaba la letrada, que vaticina que, incluso aunque en primera instancia se puedan echar atrás algunas solicitudes, los recursos se acabarán ganando en los tribunales. "
En un juzgado no se van a poder negar -subrayaba, recordando lo que sucedió con la
Ley del ‘sólo sí es sí’-. Les guste o no les guste, no les queda otra,
la ley se ha nacido así, entonces yo creo que, cuando el recorrido termine y llegue a los juzgados, van a reconocer todos los cambios de género".
En esta misma línea se han manifestado también desde la
Alianza Contra el Borrado de las Mujeres: "Volverán a hablar de fraude, pero si la Ley tras* no pide antecedentes y no impide que maltratadores cambien de sesso registral, solo cabe concluir:
el fraude es la ley. La autodeterminación es el fraude". Precisamente por eso, cada vez son más los expertos que consideran que tarde o temprano el Gobierno no tendrá más remedio que hacer lo que hizo con la polémica norma que ha beneficiado a cientos de forzadores: agachar la cabeza, reconocer el error y modificar la Ley tras*.
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