Lynx
Madmaxista
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Operación Parqué/3
Dracon Partners y Sara Pérez Frutos: así actuaba la loba del parqué madrileño
Más de 20 antiguos empleados de la sociedad de inversión Dracon Partners declaran la próxima semana como testigos por querella por presunta estafa presentada contra la firma y su presidenta, Sara Pérez Frutos.
17.10.2015
Alberto Ortín
"No sé si en las oficinas tirarían acondroplásicos, pero el asunto de Dracon Partners tiene bastantes similitudes con la película El Lobo de Wall Street", comentan fuentes conocedoras del caso de la sociedad de inversión española, que afronta querella presentada por clientes por los presuntos delitos de estafa, coacciones, asociación ilícita, publicidad engañosa y alteración de precios del mercado. La que fuera presidenta de Dracon, Sara Pérez Frutos, está imputada y ha declarado ya en dos ocasiones en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. La próxima semana, más de 20 empleados de la sociedad declaran como testigos.
Al igual que en la película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo Di Caprio, de acuerdo al contenido de la querella, presentada en 2013, los empleados de Dracon simulaban conocimientos en Bolsa que no tenían y captaban inversores que, sin estar capacitados para ello, destinaban sus ahorros a productos complejos como warrants. La Eafi (Empresa de Asesoramiento Financiero) recibía a cambio jugosas comisiones y sus clientes perdían decenas o cientos de miles de euros, algunos de ellos como unos jubilados con ingresos de 20.000 euros anuales, o una familia que invirtió el dinero que guardaba para el cuidado de una hija con síndrome de Down.
Los testimonios de los clientes de Dracon que se sienten estafados por la firma dan cuenta de la operativa de la sociedad, que fue dada de baja por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en 2012. El pasado mes de marzo el organismo regulador del mercado multó a Dracon con 1,25 millones de euros, y con 625.000 euros a su administradora única, Sara Pérez Frutos.
Uno de los últimos artículos escritos por Sara Pérez Frutos antes de que la CNMV retirara la licencia a Dracon fue uno en el que recomendaba Pescanova
La querella, presentada por Evolutiza Abogados & Asesores Tributarios, al frente de la cual se ha situado la letrada Lourdes Álvarez Laube, explica que Dracon mantenía su domicilio social en una de las calles más exclusivas de la capital, Velázquez, "un escaparate", cuando en realidad sus empleados trabajaban en oficinas situadas en un polígono industrial, sin que sus clientes lo supieran.
Varios de los clientes representados por el despacho que ha denunciado a Dracon explican que eran sometidos telefónicamente a un test de idoneidad. "Siendo clientes minoristas y ajenos profesionalmente al mundo financiero, los gestores de Dracon Partners no dudaron en dirigir sus carteras de inversión, sin establecimiento de stop de seguridad alguno, a la inversión en warrants, producto caracterizado por su inestabilidad, volatilidad y peligrosidad si no se maneja con el debido cuidado y conocimiento", señala la querella. Los clientes no obtenían en ese test telefónico la puntuación suficiente para acreditarse como inversores en warrants, "circunstancia que se resolvió trastocando por los mismos comerciales las respuestas dadas".
La fuerte presencia en medios de prensa y en televisión de Sara Pérez Frutos entre los años 2011 y 2012 sirvió para que los clientes tomaran confianza con Dracon. Uno de los últimos artículos publicados por Sara Pérez Frutos, en octubre de 2012, que todavía puede consultarse en internet, poco antes de que la CNMV retirara la licencia a Dracon para operar, fue uno titulado La Bolsa aún no refleja el gran negocio de Pescanova: el rodaballo (cuatro meses después estallaría el escándalo Pescanova, dejando tirados a miles de inversores).
Uno de los clientes [las identidades de los afectados que aquí se publican no son las reales, por deseo de los mismos] captado por Dracon, L.H., con una enfermedad que le impide trabajar, fue convencido para invertir sus ahorros en warrants de Repsol. L.H. contactó con Dracon para advertir que por esas fechas, principios de 2012, circulaban noticias previendo una acción de nacionalización inminente en Argentina sobre activos de la multinacional española (el Gobierno argentino finalmente nacionalizó YPF en abril de ese año). El cliente perdió en esa operación más de 25.000 euros, y como en otros casos relatados en la querella, los comerciales de Dracon se pusieron de nuevo en contacto con él para convencerle de que la única forma de recuperar su dinero era invertir en otra operación, que también salió mal. L.H perdió en total cerca de 60.000 euros, de los que 11.446 euros fueron comisiones.
Doña Isabel fue contactada por un asesor de Dracon Partners quien le insinuó que Sara Pérez Frutos "tenía información privilegiada en referencia con el devenir de los títulos de Banco Santander", y que debía invertir "todo lo que tenga, incluyendo los ahorros que tiene especialmente reservados a sus hijas". El cliente entregó 150.000 euros que Dracon invirtió en cinco valores, no sólo en Santander, logrando así cinco comisiones, una por operación. En este caso Isabel ganó cerca de 5.000 euros, y la Eafi le convenció para volver a invertir, en esta ocasión, sumando las comisiones, más de 170.000 euros. Pero los valores por los que apostaron se devaluaron, Dracon siguió invirtiendo hasta que finalmente Doña Isabel registró unas pérdidas totales superiores a los 200.000 euros, de los que 56.540 fueron pagos por comisiones.
Sin saber cómo Dracon había obtenido su teléfono, un matrimonio de Cuenca fue contactado por uno de los comerciales de la firma a principios del verano de 2011. La mujer fue sometida a uno de esos test de idoneidad, siendo calificada como cliente minorista, con un nivel de ingresos anuales inferior a los 20.000 euros. La querella cuenta que el matrimonio quería hacer unas reformas, y se avino a invertir cerca de 10.000 euros, más un pago de 1.180 euros en comisiones. Perdieron lo invertido, y los comerciales de Dracon les convencieron de que la única manera de recuperar las pérdidas era volver a invertir. El matrimonio vendió acciones que tenían a título particular en Telefónica, puesto que ya no disponían de más efectivo, y entregaron a Dracon más de 4.000 euros. La sociedad de inversión destinó ese dinero a la compra de warrants de Google, y en una semana perdieron la mitad. A pesar de todo Dracon siguió invirtiendo dinero del matrimonio, logrando ganancias en algunos casos, que volvían a invertir. Finalmente perdieron cerca de 25.000 euros, de los que 3.186 euros fueron por comisiones.
La querella relata varios casos más similares a los expuestos, algunos en los que las pérdidas se situan entre los 92.000 y los 440.000 euros.
De acuerdo a fuentes judiciales, la investigación que está llevando a cabo la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) sobre una supuesta trama de corrupción en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se origina a raiz de una denuncia de Sara Pérez Frutos, la administradora de Dracon Partners. La supuesta trama consistiría en la retirada de licencias para operar de firmas de inversión, entre ellas Dracon. Fuentes de la investigación señalaron a Vozpopuli el mes pasado que por el momento la Fiscalía de la Audiencia Nacional no ha apreciado indicios de cohechos o sobornos.
Sobre la investigación policial informaron varios medios entre finales del pasado mes de julio y principios de agosto. "Cuando se filtra una investigación policial en marcha, es que no hay nada", comenta una fuente jurídica al frente de las investigaciones de algunos de los mayores casos de corrupción empresarial sucedidos en los últimos años en España. "Si en Estados Unidos se publicara que la policía investiga una supuesta trama corrupta en la SEC [el regulador del mercado estadounidense], no se lo que pasaría", añade. La misma fuente indica que, no obstante, algunos casos de corrupción ocurridos en España fueron denunciados por presuntos delincuentes, y que la investigación en marcha sobre la CNMV prosigue a pesar de la querella que afronta Sara Pérez Frutos, y que fuera esta misma persona la que denunciara la supuesta trama corrupta. Y de que el mismo regulador retirara la licencia a la Eafi tras detectar deficiencias relativas a las funciones de control, mecanismos de seguridad informática, falta de aprobación de las cuentas anuales de 2011 y ausencia de informe de auditoría, débil situación financiera patrimonial...
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha comunicado recientemente sentencia en la que explica que lo que motivó la revocación de la autorización a Dracon para seguir operando no fue la imposición de una sanción, sino "la existencia de una serie de hechos o deficiencias detectados por la CNMV en su actuación de supervisión, puestas de manifiesto a través del denominado informe de incumplimiento, que es el que ha constituido la base para elaborar la propuesta de apertura del expediente de revocación". La sentencia señala que con que existiera una causa de revocación, sería sufiente para la retirada de la licencia, pero que en el caso de Dracon hay diez causas que motivan la medida.
Vozpópuli - Dracon Partners y Sara Pérez Frutos: así actuaba la loba del parqué madrileño
La Eafi denunció a la CNMV a la policía
La lista de deficiencias que acabó con Dracon
• Así se gestó la investigación policial contra la CNMV
Pablo Monge
La historia de Dracon Partners sería una más en el historial de firmas que, con autorización oficial o sin ella, han sido investigadas y sancionadas (1,87 millones en este caso) por la CNMV. A los ingredientes habituales, como promesas de dinero fácil, comerciales agresivos y un crecimiento exponencial, se suma esta vez la denuncia de la propia Dracon contra la CNMV, presentada en 2012, por una presunta trama de corrupción en el seno del supervisor. La denuncia ha dado lugar a una investigación de la policía, a través de la UDEF, este 2015.
La lista de deficiencias que acabó con Dracon | Mercados | Cinco Días
El ex jefe de gabinete del secretario de Estado de Interior entre los contactos del Pequeño Nicolás
'Público' entrega de nuevo al juzgado diversa documentación del presunto estafador entre la que se encuentra la tarjeta de Alejandro Sánchez García, cesado del ministerio de Fernández Díaz en abril de 2015 por estar procesado por estafa cuando era alcalde de la La Línea de la Concepción (Cádiz).
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17.10.2015
Alberto Ortín
"No sé si en las oficinas tirarían acondroplásicos, pero el asunto de Dracon Partners tiene bastantes similitudes con la película El Lobo de Wall Street", comentan fuentes conocedoras del caso de la sociedad de inversión española, que afronta querella presentada por clientes por los presuntos delitos de estafa, coacciones, asociación ilícita, publicidad engañosa y alteración de precios del mercado. La que fuera presidenta de Dracon, Sara Pérez Frutos, está imputada y ha declarado ya en dos ocasiones en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. La próxima semana, más de 20 empleados de la sociedad declaran como testigos.
Al igual que en la película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo Di Caprio, de acuerdo al contenido de la querella, presentada en 2013, los empleados de Dracon simulaban conocimientos en Bolsa que no tenían y captaban inversores que, sin estar capacitados para ello, destinaban sus ahorros a productos complejos como warrants. La Eafi (Empresa de Asesoramiento Financiero) recibía a cambio jugosas comisiones y sus clientes perdían decenas o cientos de miles de euros, algunos de ellos como unos jubilados con ingresos de 20.000 euros anuales, o una familia que invirtió el dinero que guardaba para el cuidado de una hija con síndrome de Down.
Los testimonios de los clientes de Dracon que se sienten estafados por la firma dan cuenta de la operativa de la sociedad, que fue dada de baja por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en 2012. El pasado mes de marzo el organismo regulador del mercado multó a Dracon con 1,25 millones de euros, y con 625.000 euros a su administradora única, Sara Pérez Frutos.
Uno de los últimos artículos escritos por Sara Pérez Frutos antes de que la CNMV retirara la licencia a Dracon fue uno en el que recomendaba Pescanova
La querella, presentada por Evolutiza Abogados & Asesores Tributarios, al frente de la cual se ha situado la letrada Lourdes Álvarez Laube, explica que Dracon mantenía su domicilio social en una de las calles más exclusivas de la capital, Velázquez, "un escaparate", cuando en realidad sus empleados trabajaban en oficinas situadas en un polígono industrial, sin que sus clientes lo supieran.
Varios de los clientes representados por el despacho que ha denunciado a Dracon explican que eran sometidos telefónicamente a un test de idoneidad. "Siendo clientes minoristas y ajenos profesionalmente al mundo financiero, los gestores de Dracon Partners no dudaron en dirigir sus carteras de inversión, sin establecimiento de stop de seguridad alguno, a la inversión en warrants, producto caracterizado por su inestabilidad, volatilidad y peligrosidad si no se maneja con el debido cuidado y conocimiento", señala la querella. Los clientes no obtenían en ese test telefónico la puntuación suficiente para acreditarse como inversores en warrants, "circunstancia que se resolvió trastocando por los mismos comerciales las respuestas dadas".
La fuerte presencia en medios de prensa y en televisión de Sara Pérez Frutos entre los años 2011 y 2012 sirvió para que los clientes tomaran confianza con Dracon. Uno de los últimos artículos publicados por Sara Pérez Frutos, en octubre de 2012, que todavía puede consultarse en internet, poco antes de que la CNMV retirara la licencia a Dracon para operar, fue uno titulado La Bolsa aún no refleja el gran negocio de Pescanova: el rodaballo (cuatro meses después estallaría el escándalo Pescanova, dejando tirados a miles de inversores).
Uno de los clientes [las identidades de los afectados que aquí se publican no son las reales, por deseo de los mismos] captado por Dracon, L.H., con una enfermedad que le impide trabajar, fue convencido para invertir sus ahorros en warrants de Repsol. L.H. contactó con Dracon para advertir que por esas fechas, principios de 2012, circulaban noticias previendo una acción de nacionalización inminente en Argentina sobre activos de la multinacional española (el Gobierno argentino finalmente nacionalizó YPF en abril de ese año). El cliente perdió en esa operación más de 25.000 euros, y como en otros casos relatados en la querella, los comerciales de Dracon se pusieron de nuevo en contacto con él para convencerle de que la única forma de recuperar su dinero era invertir en otra operación, que también salió mal. L.H perdió en total cerca de 60.000 euros, de los que 11.446 euros fueron comisiones.
Doña Isabel fue contactada por un asesor de Dracon Partners quien le insinuó que Sara Pérez Frutos "tenía información privilegiada en referencia con el devenir de los títulos de Banco Santander", y que debía invertir "todo lo que tenga, incluyendo los ahorros que tiene especialmente reservados a sus hijas". El cliente entregó 150.000 euros que Dracon invirtió en cinco valores, no sólo en Santander, logrando así cinco comisiones, una por operación. En este caso Isabel ganó cerca de 5.000 euros, y la Eafi le convenció para volver a invertir, en esta ocasión, sumando las comisiones, más de 170.000 euros. Pero los valores por los que apostaron se devaluaron, Dracon siguió invirtiendo hasta que finalmente Doña Isabel registró unas pérdidas totales superiores a los 200.000 euros, de los que 56.540 fueron pagos por comisiones.
Sin saber cómo Dracon había obtenido su teléfono, un matrimonio de Cuenca fue contactado por uno de los comerciales de la firma a principios del verano de 2011. La mujer fue sometida a uno de esos test de idoneidad, siendo calificada como cliente minorista, con un nivel de ingresos anuales inferior a los 20.000 euros. La querella cuenta que el matrimonio quería hacer unas reformas, y se avino a invertir cerca de 10.000 euros, más un pago de 1.180 euros en comisiones. Perdieron lo invertido, y los comerciales de Dracon les convencieron de que la única manera de recuperar las pérdidas era volver a invertir. El matrimonio vendió acciones que tenían a título particular en Telefónica, puesto que ya no disponían de más efectivo, y entregaron a Dracon más de 4.000 euros. La sociedad de inversión destinó ese dinero a la compra de warrants de Google, y en una semana perdieron la mitad. A pesar de todo Dracon siguió invirtiendo dinero del matrimonio, logrando ganancias en algunos casos, que volvían a invertir. Finalmente perdieron cerca de 25.000 euros, de los que 3.186 euros fueron por comisiones.
La querella relata varios casos más similares a los expuestos, algunos en los que las pérdidas se situan entre los 92.000 y los 440.000 euros.
De acuerdo a fuentes judiciales, la investigación que está llevando a cabo la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) sobre una supuesta trama de corrupción en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se origina a raiz de una denuncia de Sara Pérez Frutos, la administradora de Dracon Partners. La supuesta trama consistiría en la retirada de licencias para operar de firmas de inversión, entre ellas Dracon. Fuentes de la investigación señalaron a Vozpopuli el mes pasado que por el momento la Fiscalía de la Audiencia Nacional no ha apreciado indicios de cohechos o sobornos.
Sobre la investigación policial informaron varios medios entre finales del pasado mes de julio y principios de agosto. "Cuando se filtra una investigación policial en marcha, es que no hay nada", comenta una fuente jurídica al frente de las investigaciones de algunos de los mayores casos de corrupción empresarial sucedidos en los últimos años en España. "Si en Estados Unidos se publicara que la policía investiga una supuesta trama corrupta en la SEC [el regulador del mercado estadounidense], no se lo que pasaría", añade. La misma fuente indica que, no obstante, algunos casos de corrupción ocurridos en España fueron denunciados por presuntos delincuentes, y que la investigación en marcha sobre la CNMV prosigue a pesar de la querella que afronta Sara Pérez Frutos, y que fuera esta misma persona la que denunciara la supuesta trama corrupta. Y de que el mismo regulador retirara la licencia a la Eafi tras detectar deficiencias relativas a las funciones de control, mecanismos de seguridad informática, falta de aprobación de las cuentas anuales de 2011 y ausencia de informe de auditoría, débil situación financiera patrimonial...
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha comunicado recientemente sentencia en la que explica que lo que motivó la revocación de la autorización a Dracon para seguir operando no fue la imposición de una sanción, sino "la existencia de una serie de hechos o deficiencias detectados por la CNMV en su actuación de supervisión, puestas de manifiesto a través del denominado informe de incumplimiento, que es el que ha constituido la base para elaborar la propuesta de apertura del expediente de revocación". La sentencia señala que con que existiera una causa de revocación, sería sufiente para la retirada de la licencia, pero que en el caso de Dracon hay diez causas que motivan la medida.
Vozpópuli - Dracon Partners y Sara Pérez Frutos: así actuaba la loba del parqué madrileño
La Eafi denunció a la CNMV a la policía
La lista de deficiencias que acabó con Dracon
• Así se gestó la investigación policial contra la CNMV
Pablo Monge
La historia de Dracon Partners sería una más en el historial de firmas que, con autorización oficial o sin ella, han sido investigadas y sancionadas (1,87 millones en este caso) por la CNMV. A los ingredientes habituales, como promesas de dinero fácil, comerciales agresivos y un crecimiento exponencial, se suma esta vez la denuncia de la propia Dracon contra la CNMV, presentada en 2012, por una presunta trama de corrupción en el seno del supervisor. La denuncia ha dado lugar a una investigación de la policía, a través de la UDEF, este 2015.
El informe en el que la CNMV se basó para revocar el permiso (fechado en julio de 2012), al que ha tenido acceso CincoDías, refleja una larga lista de deficiencias. El procedimiento contra Dracon se inició en marzo de 2012, tres meses después de que la firma pidiese pasar de Eafi a agencia de valores.
Según la CNMV, Dracon, a través de una filial, dio continuidad al negocio de otra firma, ASG Consultores (cuya autorización para convertirse en Eafi fue rechazada por el supervisor), un call center con varias decenas de comerciales. Dracon no informó a la CNMV de este call center, situado en la calle Mijancas de Madrid, pese a que fue la vía a través de la cual la firma asesoró en la inversión en productos complejos a clientes minoristas. Dracon, a su vez, argumentó un engaño por sus propios trabajadores y denunció ante la policía el robo de equipos informáticos.
Estas son las principales deficiencias detectadas por los inspectores en el informe que dio pie a la revocación del permiso (distinto del expediente sancionador).
-Control interno. Según la CNMV, la Eafi no implantó un sistema de auditoría interna al considerar que no iba a ser necesario, pese a que el tipo de asesoramiento (warrants y CFD) así lo aconsejaba. Además, la propia administradora de la entidad era la encargada del cumplimiento normativo. Dos elementos que, según el informe, podrían explicar el descontrol de la sociedad en cuanto a los test de idoneidad o el déficit de control sobre las actividades del call center y que resultan “completamente incompatibles con un gestión sana y prudente”.
-Contabilidad. La firma encargada de llevar la contabilidad, Lex Consulting, recogía los apuntes contables registrados informáticamente en las sedes de Dracon. Margarita Santana, administradora de Lex, declaró a la CNMV que nunca recibió ninguna factura original.
-Trato con los clientes. Los test de idoneidad de cara a la inversión estaban sesgados para determinar en los inversores un perfil “arriesgado” o “decidido”: el 98% de los clientes que pasaron por Dracon fueron asignados a este perfil. Hasta 2012, de los 610 clientes de Dracon, solamente 17 recibieron recomendaciones sobre fondos o renta variable: al resto solo se les asesoró sobre warrants y CFD, productos complejos y de alto riesgo, concretamente seis o siete productos.
-Política generalizada. “Estos hechos afectan gravemente a los intereses de los inversores”, explica la CNMV, “exponiéndolos a riesgos no deseados y de los que no son conscientes”. Añade que este servicio se ha prestado de forma deficiente para un alto número de inversores, lo que descarta que se trate de una actuación esporádica o aislada.
-Obstáculos a la investigación. Dracon impuso trabas a la actuación de la CNMV cuando esta decidió investigar. Concretamente, el día de la inspección (5 de marzo de 2012) la empresa obligó a los trabajadores a abandonar el call center y elaboró manuales de procedimiento inexistentes solo para simular a la CNMV su aplicación.
-Trabajador reincidente. La empresa ocultó a los inspectores quién dirigía las labores de captación. Se trataba de Francisco Guillén, administrador único de Aurea Valores, un chiringuito financiero multado con 16 millones de euros en 2008. Guillén, además, confirmó ante la CNMV que el trabajo del call center era una continuación de las labores de captación de otra firma domiciliada en el mismo domicilio, ASG Consultores, sociedad a la que CNMV rechazó la solicitud para darse de alta como Eafi en 2010 y a quien requirió cesase su actividad. En 201 esta firma fue condenada por un juzgado madrileño adevolver dinero a un cliente.
-Reclamaciones. La empresa no aportó a la CNMV el registro de reclamaciones de clientes: aportó siete expedientes, cuando Lex Consulting, a requerimiento de la CNMV, aportó 21 reclamaciones.
-Auditoría. Dracon tampoco aprobó las cuentas de 2011 ni el informe de auditoría, con lo que la CNMV no pudo comprobar la verdadera situación de la firma.
-Autorización irregular. Adicionalmente, la CNMV asegura que Dracon obtuvo la autorización para operar de forma irregular: preveía una estructura de tres personas y un importe de cifra de negocio de 170.000 en 2010. En diciembre de ese año tenía seis empleados, más 30 en el call center, e ingresó 908.000 euros. En 2011 facturó 4,1 millones, con 80 empleados.
La causa fundamental fue la absorción de las actividades de ASG tras la denegación del permiso a esta firma. Según la CNMV, todos los indicios apuntan a una sucesión de actividades entre ASG y Dracon Hispania, sociedad domiciliada en el call center de Mijancas. Así, aunque Dracon se postuló como Eafi para profesionales, según la CNMV su actividad se dirigió, de forma intensa, a minoristas a través de este call center. No pidió la autorización para ello hasta marzo de 2011.
Pérez Frutos recurre al Supremo la sentencia de la Audiencia
La batalla judicial entre Sara Pérez Frutos y la CNMV tuvo un primer desenlace el pasado 26 de junio en una sentencia de la Audiencia Nacional. La exadministradora de Dracon Partners interpuso una demanda en contra de la decisión de la revocación de la licencia de Eafi. Asegura que los hechos del supervisor “no son ciertos ni tienen una base probatoria consistente, para la adopción de una medida tan lesiva; que los pocos hechos o irregularidades que si pueden tener algún fundamento son de muy escasa relevancia y además fueron debidamente subsanados cuando la CNMV se lo advirtió a la actora y que la sanción quiebra gravemente el principio de proporcionalidad, el de defensa y el de presunción de inocencia del administrador”. La sentencia desestima el recurso contencioso administrativo contra la decisión de la CNMV.
Pero Sara Pérez Frutos explica a este diario que ha recurrido el fallo al Tribunal Supremo y que este ya lo ha admitido a trámite. La exadminsitradora de Dracon explica además que en la querella que afronta ahora en los juzgados de Plaza de Castilla –está en fase de instrucción y ahora están declarando parte de su plantilla ante la jueza– la UDEF ha dado su punto de vista. En esta querella están representados por Evolutiza Abogados más de 20 afectados. Pérez Frutos explica que su abogado es Adolfo Prego de Oliver Puig de la Bellacasa, de Adolfo Prego Abogados, que la defiende en la querella y además lleva el recurso de casación ante el Supremo. Pérez Frutos añade que si no ha hablado antes con los medios de comunicación ha sido por recomendación expresa de la policía, y afirma que su primera denuncia ante la UDEF fue previa a la retirada de la licencia. “La interpuse el 24 de mayo de 2012, cuando la licencia se me retiró en octubre”, sentencia.
La lista de deficiencias que acabó con Dracon | Mercados | Cinco Días
El ex jefe de gabinete del secretario de Estado de Interior entre los contactos del Pequeño Nicolás
'Público' entrega de nuevo al juzgado diversa documentación del presunto estafador entre la que se encuentra la tarjeta de Alejandro Sánchez García, cesado del ministerio de Fernández Díaz en abril de 2015 por estar procesado por estafa cuando era alcalde de la La Línea de la Concepción (Cádiz).
Es cierto que a veces se hacía pasar por lo que no era, como enviado del rey Felipe VI para intentar estafar a importantes empresarios como Jorge Cosmen, presidente de ALSA. De hecho, por este motivo, Francisco Nicolás Gómez Iglesias se sentará este viernes frente al juez Arturo Zamarriego. Pero también lo es que el pequeño Nicolás tenía amigos en el Partido Popular que cuando ocuparon altos cargos no dudaron en mantener “conversaciones de negocios” con un miembro de la FAES que apenas superaba los 20 años. Es el caso de Jaime García Legaz o de Víctor alopécico Sotelo, ambos secretarios de Estado en el gobierno de Mariano Rajoy, según la documentación encontrada por los investigadores del caso Nicolás.
A estos amigos se suma ahora el ex jefe de gabinete del Secretario de Estado de Interior, Alejandro Sánchez García, debido a la documentación sobre él encontrada en los nuevos papeles del pequeño Nicolás que Público ha entregado al juzgado de instrucción número 2.
Sánchez García fue cesado en la primavera de 2015, meses después de que el presunto estafador fuera detenido y cuando la Audiencia Provincial de Cádiz le acusó de estafa en un asunto urbanístico. Entre sus funciones dentro del ministerio que aún dirige Jorge Fernández Díaz estaba trabajar en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (GIESE), es decir, en la gestión de los inmuebles del Ministerio del Interior.
Precisamente dentro de los papeles del pequeño Nicolás que obran en el sumario se encuentran anotaciones relacionadas a negocios y reuniones relativas a obras del Ministerio del Interior. Estas notas se vinculan con las fechas en las que los anuncios de los concursos públicos aparecían en el Boletín oficial el Estado, para reformas en comisarías y cuarteles.
Pero además, entre los papales encontrados por los investigadores en el registro de la vivienda hay gran cantidad de documentación e información sobre la zona franca de Cádiz de la que forma parte el municipio de la Línea de la Concepción del que fue concejal y alcalde Alejandro Sánchez hasta que fue reclutado como persona de confianza por el secretario de Estado de Internior, Francisco Martínez Vázquez.
Investigación UDEF y CNMV
Entre la nueva documentación aportada al sumario, también hay abundantes escritos, algunos oficiales, sobre una investigación que en 2015 desarrolló la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre la concesión de licencias a determinadas entidades por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que comenzó a investigarse en 2012 por una denuncia interpuesta por una de las supuestas perjudicadas, la entidad Dracon Partners.
Los documentos de la UDEF, la CNMV y los denunciantes obraban en poder del pequeño Nicolás mucho antes de que la operación Parqué de la UDEF saliera a la luz y esta es otra de las líneas de investigación de la comisión judicial formada por agentes de Asuntos Internos de la Policía escogidos por el juez.
En el registro de la casa de la abuela del pequeño Nicolás se encontraron otros documentos de la UDEF. Uno de ellos se lo había facilitado el sindicato ultraderechista Manos Limpias y otro era un informe falso —en elaboración— sobre una investigación abierta al exejecutivo del Banco Santander, Javier Martínez de la Hidalga, quien quería solicitar un crédito de 20 millones de dólares junto con el pequeño Nicolás al Banco Nacional de Guinea Ecuatorial.
El ex jefe de gabinete del secretario de Estado de Interior entre los contactos del Pequeño Nicolás | Diario Público