Burt Lancaster
Himbersor
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Es un secreto a voces que la Policía, al margen de la ley y con la connivencia de Interior y el conocimiento del entonces presidente Mariano Rajoy, pagó con fondos reservados a testigos y detectives para abrir la causa Pujol y que este modus operandi se extendió hasta las grabaciones al exministro del Interior en su despacho y el ataque a organizaciones y líderes independentistas. Pero, de momento, ni las acusaciones populares del PSOE y Podemos ni el juez han solicitado que se desclasifique el material relacionado con el uso de fondos reservados por parte de Villarejo.
Victoria Álvarez y Javier de la Rosa fueron dos de los testigos pagados con fondos reservados por José Manuel Villarejo contra la familia Pujol. — Público.
MADRID
30/01/2021 22:58 ACTUALIZADO: 01/02/2021 09:47
PATRICIA LÓPEZ
Quien hace la ley hace la trampa, y en este caso fueron el exministro Jorge Fernández Díaz y el Ejecutivo que presidía Mariano Rajoy quienes en 2014 decretaron que todo lo relacionado con fondos reservados pasara a ser, directamente y sin mayor detalle, secreto de Estado. Una manera eficaz de dificultar el conocimiento de las materias bajo las que se esconden estas actividades y de las que no.
En la causa Tándem que instruye el juez Manuel García Castellón son varias las actividades de malversación de fondos públicos que se esconden bajo la pátina del secreto de Estado. Éstas se han descubierto con Kitchen, pues tuvieron que ser los jueces de la Audiencia Nacional José de la Mata —que instruye Los papeles de Bárcenas— y Diego de Egea —que estuvo un año con el caso Villarejo— quienes en noviembre y diciembre de 2018 solicitaran respectivamente al Consejo de Ministros que se desclasificara todo lo relacionado con los fondos reservados utilizados por los comisarios José Manuel Villarejo Pérez y Enrique García Castaño; el ahora agente de Policía y exchófer del extesorero del PP, Sergio Javier Ríos Esgueva; el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino Sánchez , y el inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía Andrés Manuel Gómez rellenito.
Thank you for watching
El 7 de diciembre de 2018, el actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska firmaba en nombre del Consejo de Ministros del presidente Pedro Sánchez la autorización para que la Policía desclasificara toda la documentación relativa a la sustracción de documentación y seguimientos a Luis Bárcenas y su familia, dentro de la pieza y la causa que tanto el juzgado de instrucción 6 y 5 de la Audiencia Nacional instruyen relacionadas con el PP y el cobro de comisiones ilegales.
Los funcionarios quedan liberados para declarar
No ha sido la única vez que el Consejo de Ministros se ha tenido que pronunciar. En 2019 fue uno de los acusados, el comisario Enrique García Castaño, quien a través del despacho de Baltasar Garzón —que lleva su defensa— solicitó al juez que a su vez pidiera al Gobierno facultar a su cliente para poder hablar de los secretos de Estado en los que él estuviera relacionado.
Victoria Álvarez y Javier de la Rosa fueron dos de los testigos pagados con fondos reservados por José Manuel Villarejo contra la familia Pujol. — Público.
MADRID
30/01/2021 22:58 ACTUALIZADO: 01/02/2021 09:47
PATRICIA LÓPEZ
Quien hace la ley hace la trampa, y en este caso fueron el exministro Jorge Fernández Díaz y el Ejecutivo que presidía Mariano Rajoy quienes en 2014 decretaron que todo lo relacionado con fondos reservados pasara a ser, directamente y sin mayor detalle, secreto de Estado. Una manera eficaz de dificultar el conocimiento de las materias bajo las que se esconden estas actividades y de las que no.
En la causa Tándem que instruye el juez Manuel García Castellón son varias las actividades de malversación de fondos públicos que se esconden bajo la pátina del secreto de Estado. Éstas se han descubierto con Kitchen, pues tuvieron que ser los jueces de la Audiencia Nacional José de la Mata —que instruye Los papeles de Bárcenas— y Diego de Egea —que estuvo un año con el caso Villarejo— quienes en noviembre y diciembre de 2018 solicitaran respectivamente al Consejo de Ministros que se desclasificara todo lo relacionado con los fondos reservados utilizados por los comisarios José Manuel Villarejo Pérez y Enrique García Castaño; el ahora agente de Policía y exchófer del extesorero del PP, Sergio Javier Ríos Esgueva; el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino Sánchez , y el inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía Andrés Manuel Gómez rellenito.
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El 7 de diciembre de 2018, el actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska firmaba en nombre del Consejo de Ministros del presidente Pedro Sánchez la autorización para que la Policía desclasificara toda la documentación relativa a la sustracción de documentación y seguimientos a Luis Bárcenas y su familia, dentro de la pieza y la causa que tanto el juzgado de instrucción 6 y 5 de la Audiencia Nacional instruyen relacionadas con el PP y el cobro de comisiones ilegales.
El Congreso pedirá a 'Público' la grabación entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso
JUAN ANTONIO BLAY
Los funcionarios quedan liberados para declarar
No ha sido la única vez que el Consejo de Ministros se ha tenido que pronunciar. En 2019 fue uno de los acusados, el comisario Enrique García Castaño, quien a través del despacho de Baltasar Garzón —que lleva su defensa— solicitó al juez que a su vez pidiera al Gobierno facultar a su cliente para poder hablar de los secretos de Estado en los que él estuviera relacionado.
'Operación Cataluña': pagos conocidos de Villarejo a De la Rosa y Victoria Álvarez son ahora secretos de Estado
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