Nuevo varapalo al "apartheid" lingüístico en el "País" Vasco.

El TSJPV anula la obligatoriedad del vascuence en una oferta pública.



Un nuevo revés para la imposición del vascuence en las convocatorias de empleo público en el País Vasco o en organismos que dependen directamente de la administración de esta comunidad. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha tumbado el procedimiento de cobertura de 34 cuidadores de la Fundación Uliazpi, un órgano autónomo que pertenece a la Diputación Provincial de Guipúzcoa.

Un total de las 32 de plazas ofertadas exigían como condición sine qua non el vascuence mientras que las otras dos restantes lo establecían como mérito. Esta cláusula es «desproporcionada» y supone una «vulneración de derechos fundamentales», según la sentencia del TSJPV a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

En concreto, la oferta pública de empleo, que ahora tendrá que repetirse después de declararse nula por los jueces vascos, corresponde a una entidad pública cuya actividad es proporcionar servicios y apoyos que contribuyen al desarrollo de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en la provincia de Guipúzcoa, según su página web.

Este fallo no es un asunto baladí. Prueba de su tras*cendencia es que el sindicato proetarra LAB hizo ayer pública una circular en la que considera que esta decisión es «una nueva agresión grave que pretende obstaculizar la normalización del uso del vascuence en la administración pública» y añaden que es «un derecho fundamental poder trabajar en vascuence en la administración vasca». Sin embargo, obvian que todos los españoles son iguales y tienen los mismos derechos.

El abogado Francisco Ignacio López Lera representó a dos trabajadores de este organismo que consideraban que el requisito del vascuence vulneraba su derecho de acceso a las plazas convocadas amparados por los artículos 14, 23.2 y 103.3 de la Constitución Española. En una entrevista telefónica con LA RAZÓN, el letrado explica que «estas personas llevaban trabajando cerca de 30 años en esa empresa y, hasta ahora, no había existido ningún problema con el idioma». En su opinión, lo que está ocurriendo en el País Vasco y la exigencia del vascuence para las administraciones públicas es un auténtico «apartheid» lingüístico. «O hablas vasco o si no te vas de aquí», describe.

No es la primera batalla ganada por López Lera relacionada con el perfil lingüístico en la comunidad vasca. En mayo de 2021 logró que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anulara el requisito del perfil lingüístico de la convocatoria pública de plazas para la Policía Local de Irún, al considerar que hablar obligatoriamente vascuence es un requisito «discriminatorio» porque «no se compadece con el necesario respeto al derecho de todos los ciudadanos a optar a los empleos públicos». Según describe la sentencia de Irún «fue importante porque fue la pionera y logró que la gente empezase a abrir los ojos y a quitarse el miedo a denunciar», señala. Además –añade– la reacción del sindicato proetarra LAB demuestra la gesta de esta victoria en los tribunales, que sitúa a los derechos constitucionales por delante de la progresiva euskaldunización de la comunidad vasca. De hecho, el fallo del TSJPV recuerda que el índice de preceptividad lingüístico previsto en el Plan de normalización de la Diputación Foral se sitúa en 65,32%, mientras que esta convocatoria se exigía en el 94% de las plazas ofertadas.

Covaleda dijo:

El TSJPV anula la obligatoriedad del vascuence en una oferta pública.

Un nuevo revés para la imposición del vascuence en las convocatorias de empleo público en el País Vasco o en organismos que dependen directamente de la administración de esta comunidad. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha tumbado el procedimiento de cobertura de 34 cuidadores de la Fundación Uliazpi, un órgano autónomo que pertenece a la Diputación Provincial de Guipúzcoa.

Un total de las 32 de plazas ofertadas exigían como condición sine qua non el vascuence mientras que las otras dos restantes lo establecían como mérito. Esta cláusula es «desproporcionada» y supone una «vulneración de derechos fundamentales», según la sentencia del TSJPV a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

En concreto, la oferta pública de empleo, que ahora tendrá que repetirse después de declararse nula por los jueces vascos, corresponde a una entidad pública cuya actividad es proporcionar servicios y apoyos que contribuyen al desarrollo de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en la provincia de Guipúzcoa, según su página web.

Este fallo no es un asunto baladí. Prueba de su tras*cendencia es que el sindicato proetarra LAB hizo ayer pública una circular en la que considera que esta decisión es «una nueva agresión grave que pretende obstaculizar la normalización del uso del vascuence en la administración pública» y añaden que es «un derecho fundamental poder trabajar en vascuence en la administración vasca». Sin embargo, obvian que todos los españoles son iguales y tienen los mismos derechos.

El abogado Francisco Ignacio López Lera representó a dos trabajadores de este organismo que consideraban que el requisito del vascuence vulneraba su derecho de acceso a las plazas convocadas amparados por los artículos 14, 23.2 y 103.3 de la Constitución Española. En una entrevista telefónica con LA RAZÓN, el letrado explica que «estas personas llevaban trabajando cerca de 30 años en esa empresa y, hasta ahora, no había existido ningún problema con el idioma». En su opinión, lo que está ocurriendo en el País Vasco y la exigencia del vascuence para las administraciones públicas es un auténtico «apartheid» lingüístico. «O hablas vasco o si no te vas de aquí», describe.

No es la primera batalla ganada por López Lera relacionada con el perfil lingüístico en la comunidad vasca. En mayo de 2021 logró que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anulara el requisito del perfil lingüístico de la convocatoria pública de plazas para la Policía Local de Irún, al considerar que hablar obligatoriamente vascuence es un requisito «discriminatorio» porque «no se compadece con el necesario respeto al derecho de todos los ciudadanos a optar a los empleos públicos». Según describe la sentencia de Irún «fue importante porque fue la pionera y logró que la gente empezase a abrir los ojos y a quitarse el miedo a denunciar», señala. Además –añade– la reacción del sindicato proetarra LAB demuestra la gesta de esta victoria en los tribunales, que sitúa a los derechos constitucionales por delante de la progresiva euskaldunización de la comunidad vasca. De hecho, el fallo del TSJPV recuerda que el índice de preceptividad lingüístico previsto en el Plan de normalización de la Diputación Foral se sitúa en 65,32%, mientras que esta convocatoria se exigía en el 94% de las plazas ofertadas.

Nuevo varapalo al «apartheid» lingüístico en el País Vasco

Nuevo varapalo al «apartheid» lingüístico en el País Vasco

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Siempre podeis manifestaros contra la enfermera gandaluza.

PNV y Bildu pondrán «pie en pared» ante las sentencias que tumban la exigencia del vascuence.



PNV y Bildu han realizado en las últimas horas un llamamiento a «poner pie en pared» ante las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la exigencia de saber hablar vascuence. La última ocasión ha tenido lugar en unas oposiciones de una fundación pública guipuzcoana Uliazpi, al considerar discriminatorio que se aplicase a 32 de los 34 puestos ofertados para cuidador.

Por su parte, el PSOE vasco ha solicitado una aplicación «responsable» de los perfiles lingüísticos, Podemos e IU apelan por los consensos para evitar «conflictos» y el PP ha optado por pedir que los políticos autonómicos hagan una reflexión ante «los reveses judiciales».

El parlamentario del PNV Aitor Urrutia ha indicado que tiene la impresión de que el Poder Judicial «se está inmiscuyendo en la capacidad de organización y autoorganización de las instituciones públicas». «Y eso, independientemente de consideraciones políticas sobre la cuestión, es una cosa sobre la que tendríamos que poner pie en pared», ha esgrimido en la radio vasca.

En su entender, el tema clave «son los derechos lingüísticos de los ciudadanos». «Claro que hay que respetar las realidades sociolingüísticas y se respetan, pero parece que hasta donde la realidad sociolingüística es más euskaldun, hay que limitar, una vez más, los derechos lingüísticos de los ciudadanos», ha apostillado como recoge Europa Press. El dirigente del PNV ha remarcado que «hay que garantizar, desde el empleo público, los derechos de familias y residentes para poder ser atendidos en vascuence».

«Euskarofobia»

Por su parte, el representante de Bildu Iker Casanova se ha lanzado contra los jueces que, dice, «están actuando desde una posición absolutamente ideológica y euskarófoba» que conducen a «un clarísimo retroceso» en los derechos de los ciudadanos vascos «que obliga a poner pie en pared».

Considera que estos fallos judiciales entroncan «una campaña en contra del vascuence» y de otras lenguas del Estado, que no sean el castellano, «que empezó la extrema derecha» y a la que se han sumado algunos otros sectores políticos y sindicales. «Y han tenido mucho eco la Judicatura vasca que, con entusiasmo, se está dedicando a cercenar los derechos lingüísticos de la ciudadanía», ha esgrimido.

Para el miembro de la formación proetarra, esto es «grave» porque se trata de sentencias dictadas por el TSJPV y «por la argumentación que da que en algún momento roza lo kafkiano, porque poco menos que reivindica el derecho a ser funcionario». En este sentido, ha destacado que su organización ha presentado una moción en el Hemiciclo autonómico para que «se rechace esta sentencia» de Uliazpi y que se estudien formas de devolver al Parlamento vasco «la capacidad de determinar normativamente los requisitos que se plantean a la hora de acceder a algún puesto».

Bildu ha reclamado al lehendakari, Iñigo Urkullu, «un pacto de país en defensa del vascuence». «Como sociedad tenemos que dar respuesta para evitar retrocesos en una cuestión muy delicada como el vascuence y la normalización lingüística», ha apostillado copiando el argumentario de los independentistas catalanes.

PSOE
La socialista Gloria Sánchez ha indicado que en esta Oferta Pública de Empleo (OPE) el vascuence era obligatorio en el 94% de las plazas, cuando los índices sociolingüísticos de obligado cumplimiento que rigen todas las normativas desde hace décadas situaban el objetivo para los funcionarios de la Diputación de Gipuzkoa en un 65%.

«Desde este punto de vista, respetamos el derecho de los aspirantes a recurrir aquella convocatoria, que a la vista de las exigencias, parecía excesiva», ha admitido. En esta línea, ha recordado que el PSOE vasco «lleva tiempo abogando por una aplicación razonable de los perfiles lingüísticos», y que las exigencias sean acordes «a los correspondientes índices sociolingüísticos de obligado cumplimiento».

«Los socialistas estamos pendientes para que no haya excesos, pero también vamos a defender la aplicación sensata de los perfiles y la autonomía de cada institución a la hora de establecer los requisitos para establecer a los puestos de trabajo», ha agregado.

Podemos
Por su lado, la parlamentaria de Podemos-IU Isabel González ha dicho que «cada sentencia del TSJPV viene a mover unos cimientos que parecían muy sólidos, pero que no lo son tanto». «Ante estas sentencias, la sociedad está reconociendo que existe un panorama sociolingüístico en el territorio que no ha ido acorde con la legislación vigente o que esta legislación no se ha actualizado a lo que realmente ocurre», ha advertido.

Defiende que el vascuence «es patrimonio y parte fundamental de la cultura vasca y del país, que es un derecho y una oportunidad». «Estamos hablando de dos derechos: el de poder trabajar en la función pública, pero también el que tiene la ciudadanía a relacionarse en vascuence con la Administración, y tenemos que buscar consensos más que conflictos», ha expuesto, para rogar que este tema no sea «arma arrojadiza porque va a perder la sociedad».

PP
El representante de PP+Cs Carmelo Barrio ha remarcado que algunas instituciones vascas deben pensar con detenimiento sobre su propio proceder ante los «muchos reveses judiciales» que están recibiendo. Recuerda, como en el caso de la polémica Ley del Sólo sí es sí, que los tribunales de Justicia «sólo cumplen las leyes».

Pide respeto y acatamiento de las resoluciones judiciales. «La desproporción de exigir el vascuence al 94% de las plazas no es realista ni equilibrado», ha contextualizado, para mencionar el «derecho de los castellanoparlamentes». «Cuando se toman decisiones mal, se neutralizan judicialmente, y no se puede pensar que eso es antieuskera ni euskarófobo ni nada de eso. Eso es poner las cosas en su sitio y que las instituciones respeten una realidad social que existe en nuestro país, también en Guipúzcoa», ha zanjado.

Covaleda dijo:

«Claro que hay que respetar las realidades sociolingüísticas y se respetan, pero parece que hasta donde la realidad sociolingüística es más euskaldun, hay que limitar, una vez más, los derechos lingüísticos de los ciudadanos»

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Parece que hasta donde la realidad sociolingüística no es que sea más castellano sino que roza el exclusivamente castellano, hay que imponer el euskera:

Covaleda dijo:

El dirigente del PNV ha remarcado que «hay que garantizar, desde el empleo público, los derechos de familias y residentes para poder ser atendidos en vascuence».

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¿Y garantizar desde la cúpula del PNV que los afiliados de su partido poder ser atendidos en vascuence por la dirección de su partido?