En 1971 Alberto Paz abandonó la casa familiar para embarcarse en un barco mercante de 14.000 toneladas con bandera noruega. El buque había hecho escala en el puerto de Bilbao y cubría las rutas de los Grandes Lagos de Estados Unidos. En esa travesía inició este gallego, que entonces tenía 17 años y apenas chapurreaba cuatro palabras de inglés, su dura trayectoria como marinero. "Tenía ganas de ver mundo", recuerda, como años atrás habían hecho su padre y su hermano. Durante quince años trabajó como marino en barcos con pabellón del país escandinavo. Desempeñó todo tipo de tareas como parte de la tripulación en buques gasistas, petroleros e incluso de cruceros donde estuvo empleado.
Muchos marineros españoles siguieron sus pasos. "En aquella época la flota noruega era de las mejores del mundo", recuerda Paz, que admite que entonces los sueldos y las condiciones laborales eran mejores que las que se daban en España. Pero el trabajo en aquellas largas jornadas sobre las peligrosas cubiertas de estos ciclópeos barcos no le sirvió para cobrar la pensión ahora que está jubilado. Por eso en 1986 se embarcó en una travesía aún más larga y calamitosa contra las autoridades noruegas para que le reconozcan los servicios prestados y le paguen lo que cree que le corresponde.
Varias iniciativas parlamentarias han reactivado las negociaciones del Gobierno con Noruega
Su situación es la misma que sufren unos 12.000 marineros españoles, casi todos de origen gallego, que trabajaron en barcos de la marina mercante noruega entre 1948 y 1994, cuando el país escandinavo suscribió el tratado del Espacio Económico Europeo y asumió la normativa comunitaria relativa a la Seguridad Social.
Hasta entonces, Noruega exigía la residencia a los trabajadores extranjeros para pagarles la pensión pese a que estos marineros abonaban el impuesto sobre la renta en el país nórdico. "Pagábamos entre un 25% y un 40% de nuestro sueldo en el impuesto sobre la renta noruego y eso no nos generaba ningún tipo de derecho social. Teníamos prohibido por ley hacer aportaciones a la Seguridad Social", relata Paz.
Alberto Paz, en un barco bajo pabellón noruego durante los setenta.
Esos marineros libran desde hace años una batalla sorda contra Noruega para conseguir la pensión que consideran que les corresponde. Varias iniciativas parlamentarias presentadas por BNG, Izquierda Plural y PSOE en los últimos meses persiguen dar voz a estos trabajadores españoles que se sienten discriminados por Noruega.
Hace 15 días, el Gobierno explicó, en una respuesta parlamentaria al PSOE e Izquierda Plural, las gestiones que ha realizado desde 2012 con las autoridades noruegas para tratar de solucionar el problema. "Las autoridades noruegas reconocían razones éticas y de justicia a favor de los marineros españoles, pero el Ministerio de Hacienda de Noruega expresó no encontrar ningún apoyo jurídico para ofrecer una solución a los marineros españoles".
El país escandinavo admite razones éticas y de justicia a favor de los marineros, pero dice que no hay fundamentos jurídicos
Xosé Manuel Carril es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad da Coruña. Tras pasar varios meses en Oslo investigando sobre el asunto y estudiando la legislación noruega en materia de Seguridad Social acaba de publicar un libro sobre la situación de estos marineros: Una cuestión de Derechos Humanos: La protección de seguridad social de nuestros trabajadores del mar emigrantes en Noruega. En esta obra concluye que el país nórdico vulnera el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos en el caso de los marineros españoles.
Desde su despacho en la universidad argumenta que Noruega no exigía la residencia a los trabajadores nacionales para incluirlos en su régimen de la Seguridad Social. Con independencia de que esos marinos noruegos tuvieran su residencia en Noruega o en España eran incluidos en el sistema de previsión social, pero a los trabajadores extranjeros si les exigía la residencia. "Y eso", explica, "es una discriminación por razón de nacionalidad". Carril abunda: "No se explica porque a sus ciudadanos nacionales no se les exige la residencia y a otros sí a pesar de todos tenían las mismas condiciones laborales, recibían el mismo trato en los barcos y pagaban los mismos impuestos". Este profesor universitario cree que una demanda de España ante Noruega podría resolver el problema. El Ministerio de Asuntos Exteriores reconoce en la misma respuesta parlamentaria que está estudiando "todos los elementos jurídicos del caso para lograr una respuesta satisfactoria para los trabajadores".
Alberto Paz, que ahora está jubilado, recuerda desde su casa de Porto do Son (A Coruña) como años después de iniciarse como marino coincidió en un buque gasero que iba a México con un jefe de máquinas español. "Era un madrileño que llevaba mucho tiempo en el mar y conocía bien cómo funcionaban las cosas. Me dijo: 'Ojo, nunca vais a tener ningún derecho social", recuerda este marinero que participa junto con otros compañeros la asociación Long Hope (
www.longhope.es) para defender sus intereses ante el país escandinavo. Admite que entonces no le dio mucha importancia. "Era joven. Pensamos que Noruega reconocería tarde o temprano nuestros derechos. Pero, no", se queja. "Nunca tuvo sentido nuestra aportación al IRPF de Noruega. Pagamos sus carreteras, su sanidad, sus servicios públicos pero no obtuvimos nada a cambio. Pagamos por tener un trabajo", razona.
Paz comenzó su lucha en 1986. "Entonces envié la primera reclamación al ministerio de Finanzas de Noruega". Años más tarde se sumó a Long Hope, una plataforma reivindicativa que preside otro ex marino, Juan Manuel Lores. A través de esta asociación han enviado cartas al expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso; han presentado quejas ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo; han pedido entrevistarse con los ministros noruegos de Empleo y Seguridad Social y han movilizado a politicos de casi todas las formaciones en España.
Su lucha no cesa. Esta asociación, integrada por ex marinos y familiares de aquellos que cruzaron el mundo en barcos con bandera noruega, se manifiesta dos veces al mes para dar visibilidad a su reclamación. Desde 2012, la reivindicación ha cobrado fuerza gracias a las iniciativas políticas. En julio de ese año, la diputada socialista Carmela Silva registró una pregunta parlamentaria con la intención de que se activasen las negociaciones con Noruega para "resolver la grave situación que atraviesan los marineros". Un año más tarde, el Congreso aprobó una Proposición No de Ley (PNL) a instancias del BNG y del PSOE para "intensificar las gestiones que se están realizando ante el Gobierno de Noruega".
Algunos empañan la reclamación de los marineros argumentando que varios no cambiaron su residencia a Noruega para evitar pagar las 300 coronas que les costaba la aportación a la Seguridad Social. Paz refuta: "Si ganábamos entre 2.000 y 3.000 dólares, no teníamos inconveniente en pagar esa cantidad. Es que no podíamos hacerlo", justifica Paz.
La insistencia de los marineros ha conseguido que el Parlamento gallego aprobara el pasado 14 de marzo una resolución por unanimidad para pedirle al Gobierno de España que demande al Ejecutivo Noruega ante el Tribunal de Derechos Humanos.
El embajador de Noruega en España, Johan Vibe, explica que "tras estudiar la reclamación de los marineros españoles en repetidas ocasiones y someterla al escrutinio de las autoridades de la Unión Europea, se ha concluido, reiteradamente, que no hay base legal para pagarles una pensión, ni para devolverles los impuestos que pagaron". Vibe reitera: "Somos sensibles a la problemática de estos marineros", e insiste en que no cree que haya ninguna discriminación. "Los marinos enrolados en barcos noruegos pagaban impuestos bien a Noruega o a su país de origen, pero el pago de impuestos no implicaba estar dado de alta en la Seguridad Social, ni adquirir el derecho a percibir una pensión", argumenta.
