Los teléfonos están colapsados, no hay citas disponibles hasta pasado un mes y Escrivá es recriminado por el Defensor del Pueblo ante las «incesantes quejas»
La plantilla del organismo se ha reducido en más de un 21% en una década y tiene una media de 60 años
Susana Alcelay
Madrid
23/01/2023 a las 00:51h.
182
Ha llegado el momento de jubilarme. He solventado el papeleo con mi empresa y ahora toca gestionar mi pensión. Llamo a la Seguridad Social para pedir una cita en las oficinas; no tengo firma digital, estoy algo perdido con las gestiones y prefiero una asistencia directa con un funcionario. Me topo con los problemas. Realizo múltiples llamadas en diferentes horas del día, pero no tengo suerte y decido entonces hacer la gestión por internet, pero tengo dudas y tengo que pedir asistencia personalizada en las oficinas de la Seguridad Social, los teléfonos están colapsados. Logro finalmente una cita, pero... tendré que esperar un mes o mes y medio solo para ser atendido; luego vendrá la gestión de mi expediente, la que me permitirá cobrar mi jubilación y de nuevo esperas. Tendré que sumar, como poco, dos meses más. Apenas siete u ocho días se tardaba antes en gestionar una pensión, ahora pasarán unos tres meses hasta que perciba mi jubilación, un periodo en el que no tendré ingresos, cuando en mi caso se trata de una renta vital.
Este caso se repite todos los días, y no solo en el caso de las pensiones, ocurre con todas las prestaciones que gestiona el organismo público, que pasa por uno de los momentos más delicados de su historia. ¿Qué está ocurriendo? Los funcionarios se quejan de que la plantilla se ha recortado de forma drástica en los últimos años, a lo que se suma el acelerón que se ha producido durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo del proceso de digitalización, que ha traído más facilidades para hacer trámites por vía telemática a cambio de reducir a la mínima expresión -o completamente- la atención presencial. Esta tras*ición ha dejado desasistidos a una parte significativa de la población, en especial a los mayores, para los que internet sigue siendo territorio muy árido.
La Seguridad Social ha perdido en una década a casi el 22% de sus efectivos, entre los que se cuentan algunos de los que decidieron adelantar su marcha gracias a la subida del 8,5% que este año se aplica a la nómina de los jubilados. Aquellos que dudaban si dar el paso, lo han dado y gracias a esa alza histórica han podido esquivar las penalizaciones por adelantar el retiro.
Expedientes deslocalizados
En diez años efectivos del instituto de previsión han pasado de 30.000 a 23.500. Son 6.500 menos, pero el trabajo se ha multiplicado para estos funcionarios, encargados de gestionar y administrar todas las prestaciones del sistema, entre ellas casi diez millones de pensiones contributivas y decenas de subsidios y ayudas, además del ingreso mínimo vital, la prestación que está taponando la gestión de otras ayudas, según denuncian los funcionarios. Todo ello ha provocado que lo que antes se gestionaba en cuestión de días, ahora lleve meses, con la angustia para el ciudadano de que pedir una cita presencial en las oficinas de la Seguridad Social es prácticamente misión imposible, lo que está impulsando a ciudadanos angustiados a acercase a las oficinas para reclamar ayuda de los funcionarios con las citas o con las prestaciones. «Nos encontramos muchas veces con el problema añadido de que un expediente que ha tramitado un funcionario en Madrid es asumido por otro en Lugo, lo que complica la ayuda que podemos prestar al ciudadano que ha tramitado su prestación en Madrid y necesita orientación», asegura a este diario, Ricardo Aguirre, responsable de Seguridad Social de CSIF.
Los planes del Gobierno para descentralizar la Administración van más lejos de sacar sedes de organismos públicos. También están deslocalizando tareas en instituciones como la Seguridad Social con el objetivo de descongestionar oficinas saturadas y trasladar carga de trabajo a otras con menos trabajo con el objetivo en algún caso de evitar su cierre.
El titular de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, es consciente del problema por el que atraviesa la atención al ciudadano, aunque su departamento achaca la crisis de efectivos y de medios a una situación heredada. El problema ha adquirido tal envergadura que El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado al Ministerio que «resuelva las demoras en la concesión de citas en las diferentes oficinas de la Seguridad Social, así como la falta de disponibilidad de citas presenciales». La institución ha pedido al ministro que «se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención a la ciudadanía, situación que se aleja mucho de la necesaria prestación de un servicio público efectivo y de calidad, incompatible con el derecho de buena Administración».
La plantilla del organismo se ha reducido en más de un 21% en una década y tiene una media de 60 años
Susana Alcelay
Madrid
23/01/2023 a las 00:51h.
182
Ha llegado el momento de jubilarme. He solventado el papeleo con mi empresa y ahora toca gestionar mi pensión. Llamo a la Seguridad Social para pedir una cita en las oficinas; no tengo firma digital, estoy algo perdido con las gestiones y prefiero una asistencia directa con un funcionario. Me topo con los problemas. Realizo múltiples llamadas en diferentes horas del día, pero no tengo suerte y decido entonces hacer la gestión por internet, pero tengo dudas y tengo que pedir asistencia personalizada en las oficinas de la Seguridad Social, los teléfonos están colapsados. Logro finalmente una cita, pero... tendré que esperar un mes o mes y medio solo para ser atendido; luego vendrá la gestión de mi expediente, la que me permitirá cobrar mi jubilación y de nuevo esperas. Tendré que sumar, como poco, dos meses más. Apenas siete u ocho días se tardaba antes en gestionar una pensión, ahora pasarán unos tres meses hasta que perciba mi jubilación, un periodo en el que no tendré ingresos, cuando en mi caso se trata de una renta vital.
Este caso se repite todos los días, y no solo en el caso de las pensiones, ocurre con todas las prestaciones que gestiona el organismo público, que pasa por uno de los momentos más delicados de su historia. ¿Qué está ocurriendo? Los funcionarios se quejan de que la plantilla se ha recortado de forma drástica en los últimos años, a lo que se suma el acelerón que se ha producido durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo del proceso de digitalización, que ha traído más facilidades para hacer trámites por vía telemática a cambio de reducir a la mínima expresión -o completamente- la atención presencial. Esta tras*ición ha dejado desasistidos a una parte significativa de la población, en especial a los mayores, para los que internet sigue siendo territorio muy árido.
La Seguridad Social ha perdido en una década a casi el 22% de sus efectivos, entre los que se cuentan algunos de los que decidieron adelantar su marcha gracias a la subida del 8,5% que este año se aplica a la nómina de los jubilados. Aquellos que dudaban si dar el paso, lo han dado y gracias a esa alza histórica han podido esquivar las penalizaciones por adelantar el retiro.
Expedientes deslocalizados
En diez años efectivos del instituto de previsión han pasado de 30.000 a 23.500. Son 6.500 menos, pero el trabajo se ha multiplicado para estos funcionarios, encargados de gestionar y administrar todas las prestaciones del sistema, entre ellas casi diez millones de pensiones contributivas y decenas de subsidios y ayudas, además del ingreso mínimo vital, la prestación que está taponando la gestión de otras ayudas, según denuncian los funcionarios. Todo ello ha provocado que lo que antes se gestionaba en cuestión de días, ahora lleve meses, con la angustia para el ciudadano de que pedir una cita presencial en las oficinas de la Seguridad Social es prácticamente misión imposible, lo que está impulsando a ciudadanos angustiados a acercase a las oficinas para reclamar ayuda de los funcionarios con las citas o con las prestaciones. «Nos encontramos muchas veces con el problema añadido de que un expediente que ha tramitado un funcionario en Madrid es asumido por otro en Lugo, lo que complica la ayuda que podemos prestar al ciudadano que ha tramitado su prestación en Madrid y necesita orientación», asegura a este diario, Ricardo Aguirre, responsable de Seguridad Social de CSIF.
Los planes del Gobierno para descentralizar la Administración van más lejos de sacar sedes de organismos públicos. También están deslocalizando tareas en instituciones como la Seguridad Social con el objetivo de descongestionar oficinas saturadas y trasladar carga de trabajo a otras con menos trabajo con el objetivo en algún caso de evitar su cierre.
El titular de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, es consciente del problema por el que atraviesa la atención al ciudadano, aunque su departamento achaca la crisis de efectivos y de medios a una situación heredada. El problema ha adquirido tal envergadura que El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado al Ministerio que «resuelva las demoras en la concesión de citas en las diferentes oficinas de la Seguridad Social, así como la falta de disponibilidad de citas presenciales». La institución ha pedido al ministro que «se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención a la ciudadanía, situación que se aleja mucho de la necesaria prestación de un servicio público efectivo y de calidad, incompatible con el derecho de buena Administración».
