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Delito de malversación
Al menos 30 ex altos cargos relacionados con el 1-O podrían salir beneficiados de la modificación del delito de malversación
En total, 12 líderes independentistas fueron condenados por el procés, entre los que se encuentran Oriol Junqueras, Jordi Turull o Raül Romeva. Muchos otros ex altos cargos continúan a la espera de juicio o son perseguidos por la Justicia, como en el caso de Carles Puigdemont.

Carles Puigdemont

Carles Puigdemont Efe

Estíbaliz González

Publicado: 14 de diciembre de 2022, 10:59
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PSOE y ERC ya han aprobado en una reunión a puerta cerrada la reforma del delito de malversación en la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso. La reforma queda incorporada a la ley que suprime el delito de sedición. Concretamente, se trata de dos delitos por los que fueron condenados los líderes del proceso independentista del 1-O.
Muchos involucrados en el referéndum ilegal celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017 podrían salir beneficiados de esta nueva medida, concretamente hasta 30 ex altos cargos que todavía están pendientes de juicio. El delito de sedición, que es castigado con penas 10 a 15 años y con 10 a 15 años de inhabilitación, pasará a ser sustituido por un delito de desórdenes públicos, que contará con penas de guandoca de 3 a 5 años e inhabilitación de 6 a 8 años.
Por su parte, el delito de malversación es condenado con hasta 8 años de prisión, pasará a imponer penas máximas de 4 años en el caso de no existir ánimo de lucro o enriquecimiento personal. Por este delito fueron condenados cuatro de los 12 independentistas a causa del procés. Sin embargo, son muchos los investigados y fugados de la Justicia por los mismos delitos.
¿Quiénes se podrán beneficiar y por qué?
De los 12 líderes independentistas condenados por el procés: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Josep Rull, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Santiago Vila, Meritxell Borrás, Carles Mundó, cuatro fueron condenados por malversación al haber utilizado fondos públicos para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Además, al no haber ánimo de lucro o enriquecimiento personal en ninguno de los casos, todos los condenados se beneficiarían de la reforma.



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https://okdiario.com/img/2022/10/20/ley-tras*-psoe-655x368.jpgIrene Montero, Ione Belarra y Pedro Sánchez. (Foto: EP)

El referéndum de autodeterminación en Cataluña que ERC ha puesto sobre la mesa tras conseguir el indulto de los golpistas, la abolición de la sedición y la rebaja de la malversación en beneficio de Oriol Junqueras y el resto de los condenados por los actos del 1-O contra el orden constitucional, ya tiene defensores dentro del propio Consejo de Ministros del Reino de España. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y líder de Podemos, considera que la propuesta de ERC es «perfectamente legítima».
«Es perfectamente legítimo por una fuerza democrática hacer una propuesta política. En ese sentido, máximo respeto por esa propuesta que ha hecho ERC, nuestra posición es pública y conocida», ha declarado la ministra de Pedro Sánchez en una entrevista en TVE.
ERC someterá a la votación de sus militancia la negociación de un acuerdo de claridad con el Gobierno de España para sentar las bases de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. La formación de Junqueras propone reconocer la independencia si hay un mínimo del 50% de los catalanes que acude a votar y un 55% lo hace a favor del sí. Este denominado acuerdo de claridad para celebrar un referéndum de independencia será presentado por ERC en la mesa de diálogo que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene abierta con el de la Generalitat de Cataluña.

Preguntada por la posibilidad de que se celebre un referéndum acordado, Belarra ha respondido que es algo que «hay que discutir» y que «es muy legítimo plantearlo en una mesa de negociación». La líder de partido que gobierna España como socio del PSOE ha señalado que, teniendo en cuenta la semana en la que nos encontramos, «es un buen momento para poner en valor todo el camino recorrido hasta aquí» y cómo estaba la situación hace cinco o seis años «con un proceso de judicialización de un conflicto político porque no se sentaban a hablar y no querían escuchar la realidad del país, que es un país plurinacional».
Illa alienta el debate
El líder de los socialistas en Cataluña, Salvador Illa, ha dado alas al debate del referéndum asegurando que habrá «consulta», pero no referéndum de autodeterminación. Según ha manifestado el ex ministro de Sánchez en una entrevista en El Confidencial, «si fruto del diálogo entre catalanes y sus partidos se llega a un consenso y a un mínimo acuerdo sobre cómo organizar el autogobierno de Cataluña que competa a la comunidad catalana, estoy de acuerdo y me parecería bien».

Illa no ve inmediata la celebración de lo que él denomina «consulta», pero cree que «puede ser objeto de discusión», y recalca que los socialistas catalanes no se posicionarán a favor de una consulta para la independencia de Cataluña, algo que para ellos es una línea roja.
El Govern se mofa
Si embargo, la portavoz del Govern de la Generalitat, Patricia Plaja, se ha mofado del valor que tiene la palabra de los socialistas:»Hemos escuchado el no con la mesa de negociación y estamos ahora mismo en una mesa de negociación. Escuchamos que no habría indultos y los presos hoy están indultados. Escuchamos que no habría una derogación del delito de sedición y hoy ya es una realidad. Escuchamos que sería muy difícil algún cambio respecto al delito de malversación y hoy estos cambios ya son una realidad. Ahora lo dicen del referéndum…».



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ERC referéndum
Pedro Sánchez y Oriol Junqueras

Un nuevo referéndum separatista en la próxima legislatura. Ése el siguiente paso en la hoja de ruta de ERC. Y para que sea posible, los de Oriol Junqueras necesitan un marco legal que permita al Govern la convocatoria de una consulta en la que se decida si los catalanes quieren o no la independencia. Eso es lo que ERC le exige ahora a Pedro Sánchez. Gobierno y Govern valoran una reforma del Estatut que incluya lo que ERC ha renombrado como acuerdo de claridad, como marco legal para introducir la posibilidad de realizar consultas vinculantes. Con las últimas reformas legislativas, por ejemplo, no se penalizará destinar recursos públicos para dicho fin.
Tras conseguir los indultos parciales, la derogación del delito de sedición y la reforma del de malversación, para dejar sin efecto las condenas que les fueron impuestas por el anterior golpe, los separatistas quieren aprovechar la preeminencia que tienen sobre el líder del PSOE para obligarle a ceder al Gobierno catalán un marco legal para la organización de un nuevo referéndum. ERC ya ha enseñado sus cartas, como los porcentajes que fija para reconocer el resultado, y que incluirá en su ponencia política que el congreso extraordinario del partido aprobará a finales de enero. A partir de ahí empieza todo.
El PSOE y ERC se pusieron diciembre de 2024, justo de aquí a un año, como fecha límite para que la mesa de negociación diera sus frutos. Un plazo bendecido tanto por Pere Aragonés como por Pedro Sánchez. Y teniendo en cuenta que ni los indultos, ni la derogación del delito de sedición ni la reforma del delito de malversación se han acordado en este foro, los de Junqueras sólo ven posible «dar salida a la mesa con el referéndum». ERC, además, sabe que tiene una baza a favor. El recorrido de la mesa, que se deberá reunir próximamente, va en paralelo al calendario electoral.

Y «si Sánchez quiere volver a gobernar cuatro años más», como ha expresado hasta el momento, «se verá obligado a darnos lo que pidamos», expresan en el entorno de Oriol Junqueras. Eso es el referéndum.
En Moncloa, sin embargo, rechazan las presiones independentistas y se niegan a hablar del tema asegurando que «es inconstitucional». Lo señalan como línea roja en las negociaciones, como hasta hace bien poco señalaban la derogación de la sedición o la reforma de la malversación -ambas cesiones ejecutadas esta misma semana-. Por eso, en el Palau de la Generalitat no dan crédito a las múltiples declaraciones que se escucharon ayer, en boca del Gobierno, negando la posibilidad de que en un futuro se realice un referéndum pactado en Cataluña.

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, recordaba este martes que «el Gobierno ha dicho que no a tantas cosas que luego han acabado pasando» que también en esto creen que serán capaces de obligar al Ejecutivo de Sánchez a pasar por el aro. El Gobierno autonómico catalán, por primera vez en este mandato, ha asumido como propia la reclamación de un referéndum que hasta ahora reivindicaba ERC.


POR ESTAS REALIDADES, PRESUNTA MENTE, ESTE GOIBERNO ES ILEGAL Y ESTÁ SECUESTRADO...
 
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Acaso la ley de Irene ha beneficiado a los forzadores? Eh, eh?!




Oh, espera!
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