Penitenciagite!!
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Los intrusos caseros-hoteleros estos de cosa, se han comido un elemento, se ve que la empresa esta sin control y sin regulación del Estado malo "comunista", los ha dejado tirados y en la fruta cosa.
Disfruten del Libegalismo, y de colaborar con ralea con sede legal y fiscal en el extranjero en paraísos fiscales, que se desentienden de todo y a los que no se puede echar mano..., la avaricia rompe el saco.
Ala
¡A PAGAR!
Cien propietarios fracasan en su intento de culpar a Airbnb de las multas que les impuso el Ayuntamiento de Barcelona
En octubre de 2019, más de un centenar de personas que alquilaban pisos y habitaciones en Barcelona a través de Airbnb acudieron a la Justicia. Habían sido sancionados por el Ayuntamiento de Barcelona con 30.000 o 60.000 euros por ofertar sus inmuebles sin tener licencia turística y reclamaban entre todos más de dos millones de euros a Airbnb por no haberles advertido de que esto les podía pasar. Un juzgado de la capital catalana no solo ha desestimado su demanda y les ha recordado que tenían la obligación de cumplir con la ley, sino que también ha reprochado a varios de ellos que no declaren los beneficios obtenidos del alquiler turístico pero sí reclamen por ellos: “En esos casos se da un comportamiento intencionado de opacidad fiscal”, dice la sentencia.
El Ayuntamiento de Barcelona que dirige Ada Colau lleva años inmerso en una guerra administrativa contra las plataformas de pisos turísticos que ofertan pagar un alquiler a cambio de una casa o una habitación que son ilegales. Se trataba de viviendas que no cumplían con la normativa y que se han traducido en sanciones de 600.000 euros para Airbnb y Homeaway. Solo en 2015, el consistorio barcelonés abrió expedientes a 482 pisos turísticos que no cumplían con toda la normativa turística vigente. En varias sentencias el Tribunal Supremo ha anulado normas que obligaban a este tipo de plataformas a borrar viviendas no registradas.
El Ayuntamiento de Barcelona terminó sancionando a los dueños de los pisos turísticos irregulares y más de un centenar de ellos se unieron en una asociación para llevar a Airbnb a los tribunales y reclamar una indemnización. La Asociación de Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb (ACABA) nació en 2017, aglutinó a personas sancionadas por sus pisos turísticos y, además de exigir al consistorio la revisión de estas multas, demandó a la propia multinacional por inducirles a la confusión y no dejar suficientemente claros cuáles eran los requisitos legales para anunciar sus pisos sin exponerse a sanciones de miles de euros.
La demanda, ente otras cosas, acusaba a Airbnb de actuar de manera desleal por permitir los anuncios de pisos turísticos irregulares y no informar a estos usuarios de que su anuncio podía traducirse en una multa. Airbnb les indujo, denunciaban, a incumplir la legislación turística y reclamaban en total 2,3 millones de euros, a razón de 20.000 por cabeza para cada afectado que fue sancionado entre 2016 y 2019. La demanda, según ha sabido elDiario.es, fue rechazada el pasado mes de enero por el juzgado de lo mercantil número 10 de Barcelona.
La resolución, que todavía no es firme y ha sido recurrida, refleja en su apartado de hechos probados que entre 2016 y 2017 la normativa obligaba a los propietarios a comunicar al Ayuntamiento que iban a alquilar una habitación o una casa con fines turísticos. Desde entonces hasta 2020 se requería una “declaración responsable”. Durante todo ese tiempo, además, era obligatorio inscribir las viviendas turísticas en el Registro de Turismo de Catalunya y no hacerlo “constituía una infracción administrativa”. La plataforma de Airbnb, dice la sentencia, “recordaba a los anfitriones la obligación de cumplir con la normativa local”, a partir de 2018 con pantallas adicionales donde se les pedía poner “el número de registro de Turismo de Catalunya de sus alojamientos”.
En ese sentido, el juez Ignacio Fernández recuerda que cada ciudadano tiene la obligación de cumplir la ley, aunque no la conozca. Recuerda que el Código Civil “proclama el principio básico de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, atribuyendo de esta manera a los ciudadanos la autotutela en el deber de informarse del cumplimiento de sus obligaciones legales”. La demanda, reprocha, pretendía lo contrario: desplazar a Airbnb la obligación de “informar a los usuarios de los deberes legales que tienen, y ello no es así”, explica.
www.google.com
Disfruten del Libegalismo, y de colaborar con ralea con sede legal y fiscal en el extranjero en paraísos fiscales, que se desentienden de todo y a los que no se puede echar mano..., la avaricia rompe el saco.
Ala
¡A PAGAR!
Cien propietarios fracasan en su intento de culpar a Airbnb de las multas que les impuso el Ayuntamiento de Barcelona
En octubre de 2019, más de un centenar de personas que alquilaban pisos y habitaciones en Barcelona a través de Airbnb acudieron a la Justicia. Habían sido sancionados por el Ayuntamiento de Barcelona con 30.000 o 60.000 euros por ofertar sus inmuebles sin tener licencia turística y reclamaban entre todos más de dos millones de euros a Airbnb por no haberles advertido de que esto les podía pasar. Un juzgado de la capital catalana no solo ha desestimado su demanda y les ha recordado que tenían la obligación de cumplir con la ley, sino que también ha reprochado a varios de ellos que no declaren los beneficios obtenidos del alquiler turístico pero sí reclamen por ellos: “En esos casos se da un comportamiento intencionado de opacidad fiscal”, dice la sentencia.
El Ayuntamiento de Barcelona que dirige Ada Colau lleva años inmerso en una guerra administrativa contra las plataformas de pisos turísticos que ofertan pagar un alquiler a cambio de una casa o una habitación que son ilegales. Se trataba de viviendas que no cumplían con la normativa y que se han traducido en sanciones de 600.000 euros para Airbnb y Homeaway. Solo en 2015, el consistorio barcelonés abrió expedientes a 482 pisos turísticos que no cumplían con toda la normativa turística vigente. En varias sentencias el Tribunal Supremo ha anulado normas que obligaban a este tipo de plataformas a borrar viviendas no registradas.
El Ayuntamiento de Barcelona terminó sancionando a los dueños de los pisos turísticos irregulares y más de un centenar de ellos se unieron en una asociación para llevar a Airbnb a los tribunales y reclamar una indemnización. La Asociación de Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb (ACABA) nació en 2017, aglutinó a personas sancionadas por sus pisos turísticos y, además de exigir al consistorio la revisión de estas multas, demandó a la propia multinacional por inducirles a la confusión y no dejar suficientemente claros cuáles eran los requisitos legales para anunciar sus pisos sin exponerse a sanciones de miles de euros.
La demanda, ente otras cosas, acusaba a Airbnb de actuar de manera desleal por permitir los anuncios de pisos turísticos irregulares y no informar a estos usuarios de que su anuncio podía traducirse en una multa. Airbnb les indujo, denunciaban, a incumplir la legislación turística y reclamaban en total 2,3 millones de euros, a razón de 20.000 por cabeza para cada afectado que fue sancionado entre 2016 y 2019. La demanda, según ha sabido elDiario.es, fue rechazada el pasado mes de enero por el juzgado de lo mercantil número 10 de Barcelona.
La resolución, que todavía no es firme y ha sido recurrida, refleja en su apartado de hechos probados que entre 2016 y 2017 la normativa obligaba a los propietarios a comunicar al Ayuntamiento que iban a alquilar una habitación o una casa con fines turísticos. Desde entonces hasta 2020 se requería una “declaración responsable”. Durante todo ese tiempo, además, era obligatorio inscribir las viviendas turísticas en el Registro de Turismo de Catalunya y no hacerlo “constituía una infracción administrativa”. La plataforma de Airbnb, dice la sentencia, “recordaba a los anfitriones la obligación de cumplir con la normativa local”, a partir de 2018 con pantallas adicionales donde se les pedía poner “el número de registro de Turismo de Catalunya de sus alojamientos”.
En ese sentido, el juez Ignacio Fernández recuerda que cada ciudadano tiene la obligación de cumplir la ley, aunque no la conozca. Recuerda que el Código Civil “proclama el principio básico de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, atribuyendo de esta manera a los ciudadanos la autotutela en el deber de informarse del cumplimiento de sus obligaciones legales”. La demanda, reprocha, pretendía lo contrario: desplazar a Airbnb la obligación de “informar a los usuarios de los deberes legales que tienen, y ello no es así”, explica.
Cien propietarios fracasan en su intento de culpar a Airbnb de las multas que les impuso el Ayuntamiento de Barcelona
Un juez rechaza la demanda de los anfitriones que culpaban a la plataforma de las sanciones que les impuso el consistorio barcelonés por ofertar sus pisos y habitaciones sin cumplir con la normativa
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