Burbujo II
Madmaxista
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Franco creó la seguridad social
Aunque es cierto que con Franco se acuñó el nombre de 'Seguridad Social', el origen de las políticas de protección social es muy anterior a la dictadura. Además, el imperfecto modelo de prestaciones que después implantó el régimen estaba muy lejos del sistema redistributivo que conocemos hoy.
Las primeras prestaciones que percibieron los españoles surgieron de la Comisión de Reformas Sociales constituida en 1883 para estudiar cómo mejorar el bienestar de la clase obrera. En 1900 se crea el primer seguro social, de accidentes de trabajo, y en 1908 nace el Instituto Nacional de Previsión para gestionar las nuevas prestaciones.
Así, surgen seguros sociales como el Retiro Obrero, el Seguro Obligatorio de Maternidad y el de Paro Forzoso, en este caso ya en la Segunda República, cuando se produjo un rápido crecimiento del gasto social que se estancaría en los primeros años de la dictadura.
El régimen franquista amplió el catálogo (con seguros de enfermedad y de vejez e invalidez) y, ante las discriminaciones y desequilibrios financieros que provocaron las nuevas mutualidades laborales por sectores, intentó integrar los diferentes mecanismos de protección a través de una Ley de Bases de la Seguridad Social, que fue aprobada en 1963 y dio nombre al sistema actual.
Pero este modelo era desequilibrado y tenía duplicidades, mantuvo las cotizaciones alejadas de los salarios reales de trabajadores y estuvo infradotado. Así, el gasto social se mantuvo prácticamente estancado entre 1945 y 1965.
El franquismo tampoco estableció impuestos progresivos, ni tras*ferencias a la Seguridad Social, ni servicios sociales universales, como ocurría en las democracias europeas. Como resultado, España se distanció de todos estos países y, en 1966, solo Portugal, que también era una dictadura, tenía unos niveles de gasto social tan bajos.
A partir de 1967, el gasto social empezó a crecer más rápido y se recortaron distancias con el resto de Europa, pero no sería hasta la llegada de la democracia cuando nacería el moderno sistema de la Seguridad Social, alumbrado a raíz de los Pactos de la Moncloa de 1978, que racionalizó el modelo e implicó a los agentes sociales.
La universalización del modelo se completó con la Ley General de Sanidad de 1986, que extendió la cobertura sanitaria a todos los españoles, aunque no cotizaran a la Seguridad Social, porque su financiación ya no dependía de las cuotas de trabajadores y empresas, sino directamente de los Presupuestos Generales del Estado.
Con Franco no había paro
Es falso que el desempleo en España fuera inapreciable durante el franquismo. Los datos de la época presentan un paro ínfimo (de apenas el 2,1 % en 1964, según la primera Encuesta de Población Activa) porque no reflejan la realidad: no tenían en cuenta la participación real de la mujer en la población activa, ni el subempleo agrario ni el éxodo de parados a otros países europeos.
Para empezar, las dos décadas de autarquía entre 1939 y 1959 estuvieron marcadas por un importante "drenaje de población activa", como consecuencia de las muertes y asesinatos durante la Guerra Civil y la posguerra. Y a ello se sumó la imposibilidad legal de que una mujer se registrara como desempleada, salvo que demostrase ser cabeza de familia, destaca la historiadora Lina Gálvez.
Catedrática de Historia e Instituciones Económicas y autora del artículo "Con Franco no había paro", Gálvez, actualmente eurodiputada socialista, recuerda el trabajo sumergido que muchísimas mujeres realizaban en casa con sueldos de miseria, algunas desde niñas, sin cotizar y sin derecho a pensión, fuera de toda estadística.
En la etapa del desarrollismo, a partir de 1960, la incesante emigración, la subestimación del trabajo y desempleo femenino y el subempleo agrario explican por qué los datos oficiales de paro son tan bajos, con tasas anuales inferiores al 2 % entre 1965 y 1971.
La emigración sirvió de "válvula de escape" frente al paro cuando la mecanización de las labores agrícolas expulsó del campo a muchos trabajadores. Entre 1960 y 1967, emigraron a otros países europeos 1,9 millones de españoles, la mitad de ellos "trabajadores de temporada", mientras que 1,2 millones lo hicieron entre 1968 y 1972.
Tampoco figuraban como parados dos millones de subempleados agrícolas que, en muchos casos, solo tenían trabajo unos días al año, como los jornaleros andaluces en las campañas de recolección.
En cuanto a las mujeres, a principio de los años 60 desaparece la prohibición de registrarse como paradas, pero no solían hacerlo. La dictadura consideraba una anomalía el empleo femenino y los censos identificaban habitualmente a la mujer como ama de casa aunque fueran la fuente principal de ingresos familiares y trabajara en la agricultura, la industria del calzado, el textil... o incluso como cigarrera en la Fábrica de Tabaco de Sevilla.
Tras la fin de Franco, la irrupción masiva de las mujeres en las listas del paro explica en buena parte el diferencial de desempleo con otros países en los años 80.
Inventó la vacaciones pagadas
Llegaron antes. Ya en la España de 1918, una ley otorgaba 15 días al año de ausencia laboral a empleados públicos, maestros y militares. Y, en 1919, otra norma concedía un mes de permiso remunerado a oficiales de la marina mercante.
Pero el concepto de vacaciones pagadas se aplicó por vez primera a todos los asalariados con la Segunda República.
Así, la Ley del Contrato de Trabajo de 1931 establecía en su artículo 56 que "el trabajador tendrá derecho a un permiso ininterrumpido de siete días", cuya fecha de inicio debía determinar "el patrono, de acuerdo con el obrero".
Tras la Guerra Civil, tuvieron que pasar cinco años hasta que Franco regulara este derecho. Y lo hizo con un decreto de enero de 1944 en el que reafirmaba la concesión de un "permiso anual retribuido al menos de siete días laborales ininterrumpidos".
Fue después de la fin de Franco, cuando se amplió a 21 días la "duración mínima de las vacaciones" con la ley de Relaciones Laborales de 1976 y a 23 días con el Estatuto de los Trabajadores de 1980. El actual mes de vacaciones fue garantizado por el Gobierno socialista de Felipe González en una norma de 1983 bautizada con un nombre muy elocuente: "Ley de fijación de la jornada máxima legal en cuarenta horas y de las vacaciones anuales mínimas en treinta días".
Metió a España en la ONU
Más bien al contrario: precisamente por estar sometida al régimen de Franco, España tardó 10 años más que Francia y el Reino Unido en formar parte de las Naciones Unidas.
El 12 de diciembre de 1946, la Asamblea General de la ONU -organización fundada por 51 países un año antes, tras la Segunda Guerra Mundial- dedicó a España la resolución 39, en la que "recomienda que se excluya al Gobierno español de Franco como miembro de los organismos internacionales establecidos por las Naciones Unidas" hasta que se instaure en el país "un gobierno nuevo y aceptable".
En la misma resolución, se recomendaba a todos los países miembros de la ONU retirar "inmediatamente" a "sus embajadores y ministros plenipotenciarios acreditados en Madrid".
Este texto, aprobado con 34 votos a favor -entre ellos EEUU-, seis en contra y 13 abstenciones, argumentaba que la dictadura de Franco era "un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nancy de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini", y que el dictador español había prestado "una ayuda considerable" a las "potencias enemigas" durante la Guerra Mundial.
Así, detallaba que, de 1941 a 1945, la División Azul, la Legión Española de Voluntarios y la Escuadrilla Aérea Salvador "pelearon en el frente oriental contra la Rusia soviética". Y también que, en el verano de 1940, "España se apoderó de Tánger en violación del estatuto internacional".
"Pruebas incontrovertibles demuestran que Franco fue, con Hitler y Mussolini, parte culpable en la conspiración de guerra contra aquellos países que finalmente, en el tras*curso de la Guerra Mundial, formaron el conjunto de las Naciones Unidas", añadía aquella resolución de la ONU.
El contexto político internacional hostil a Franco cambió con la Guerra Fría. EEUU empezó a valorar la importancia geoestratégica de España como una pieza muy útil en su lucha contra el comunismo y promovió años más tarde que las Naciones Unidas levantaran su veto al régimen franquista.
Como consecuencia, la Asamblea General de la ONU aprobó el 4 de noviembre de 1950 la resolución 386, que revocaba tanto la recomendación de impedir que España fuera un país miembro como la de retirar a los embajadores acreditados en Madrid. Este acuerdo fue aprobado con 38 votos a favor, 10 en contra -entre ellos la URSS, Israel, México y Uruguay- y 12 abstenciones, entre las que destacaban el Reino Unido y Francia.
No fue gracias a Franco
Aunque es cierto que con Franco se acuñó el nombre de 'Seguridad Social', el origen de las políticas de protección social es muy anterior a la dictadura. Además, el imperfecto modelo de prestaciones que después implantó el régimen estaba muy lejos del sistema redistributivo que conocemos hoy.
Las primeras prestaciones que percibieron los españoles surgieron de la Comisión de Reformas Sociales constituida en 1883 para estudiar cómo mejorar el bienestar de la clase obrera. En 1900 se crea el primer seguro social, de accidentes de trabajo, y en 1908 nace el Instituto Nacional de Previsión para gestionar las nuevas prestaciones.
Así, surgen seguros sociales como el Retiro Obrero, el Seguro Obligatorio de Maternidad y el de Paro Forzoso, en este caso ya en la Segunda República, cuando se produjo un rápido crecimiento del gasto social que se estancaría en los primeros años de la dictadura.
El régimen franquista amplió el catálogo (con seguros de enfermedad y de vejez e invalidez) y, ante las discriminaciones y desequilibrios financieros que provocaron las nuevas mutualidades laborales por sectores, intentó integrar los diferentes mecanismos de protección a través de una Ley de Bases de la Seguridad Social, que fue aprobada en 1963 y dio nombre al sistema actual.
Pero este modelo era desequilibrado y tenía duplicidades, mantuvo las cotizaciones alejadas de los salarios reales de trabajadores y estuvo infradotado. Así, el gasto social se mantuvo prácticamente estancado entre 1945 y 1965.
El franquismo tampoco estableció impuestos progresivos, ni tras*ferencias a la Seguridad Social, ni servicios sociales universales, como ocurría en las democracias europeas. Como resultado, España se distanció de todos estos países y, en 1966, solo Portugal, que también era una dictadura, tenía unos niveles de gasto social tan bajos.
A partir de 1967, el gasto social empezó a crecer más rápido y se recortaron distancias con el resto de Europa, pero no sería hasta la llegada de la democracia cuando nacería el moderno sistema de la Seguridad Social, alumbrado a raíz de los Pactos de la Moncloa de 1978, que racionalizó el modelo e implicó a los agentes sociales.
La universalización del modelo se completó con la Ley General de Sanidad de 1986, que extendió la cobertura sanitaria a todos los españoles, aunque no cotizaran a la Seguridad Social, porque su financiación ya no dependía de las cuotas de trabajadores y empresas, sino directamente de los Presupuestos Generales del Estado.
Con Franco no había paro
Es falso que el desempleo en España fuera inapreciable durante el franquismo. Los datos de la época presentan un paro ínfimo (de apenas el 2,1 % en 1964, según la primera Encuesta de Población Activa) porque no reflejan la realidad: no tenían en cuenta la participación real de la mujer en la población activa, ni el subempleo agrario ni el éxodo de parados a otros países europeos.
Para empezar, las dos décadas de autarquía entre 1939 y 1959 estuvieron marcadas por un importante "drenaje de población activa", como consecuencia de las muertes y asesinatos durante la Guerra Civil y la posguerra. Y a ello se sumó la imposibilidad legal de que una mujer se registrara como desempleada, salvo que demostrase ser cabeza de familia, destaca la historiadora Lina Gálvez.
Catedrática de Historia e Instituciones Económicas y autora del artículo "Con Franco no había paro", Gálvez, actualmente eurodiputada socialista, recuerda el trabajo sumergido que muchísimas mujeres realizaban en casa con sueldos de miseria, algunas desde niñas, sin cotizar y sin derecho a pensión, fuera de toda estadística.
En la etapa del desarrollismo, a partir de 1960, la incesante emigración, la subestimación del trabajo y desempleo femenino y el subempleo agrario explican por qué los datos oficiales de paro son tan bajos, con tasas anuales inferiores al 2 % entre 1965 y 1971.
La emigración sirvió de "válvula de escape" frente al paro cuando la mecanización de las labores agrícolas expulsó del campo a muchos trabajadores. Entre 1960 y 1967, emigraron a otros países europeos 1,9 millones de españoles, la mitad de ellos "trabajadores de temporada", mientras que 1,2 millones lo hicieron entre 1968 y 1972.
Tampoco figuraban como parados dos millones de subempleados agrícolas que, en muchos casos, solo tenían trabajo unos días al año, como los jornaleros andaluces en las campañas de recolección.
En cuanto a las mujeres, a principio de los años 60 desaparece la prohibición de registrarse como paradas, pero no solían hacerlo. La dictadura consideraba una anomalía el empleo femenino y los censos identificaban habitualmente a la mujer como ama de casa aunque fueran la fuente principal de ingresos familiares y trabajara en la agricultura, la industria del calzado, el textil... o incluso como cigarrera en la Fábrica de Tabaco de Sevilla.
Tras la fin de Franco, la irrupción masiva de las mujeres en las listas del paro explica en buena parte el diferencial de desempleo con otros países en los años 80.
Inventó la vacaciones pagadas
Llegaron antes. Ya en la España de 1918, una ley otorgaba 15 días al año de ausencia laboral a empleados públicos, maestros y militares. Y, en 1919, otra norma concedía un mes de permiso remunerado a oficiales de la marina mercante.
Pero el concepto de vacaciones pagadas se aplicó por vez primera a todos los asalariados con la Segunda República.
Así, la Ley del Contrato de Trabajo de 1931 establecía en su artículo 56 que "el trabajador tendrá derecho a un permiso ininterrumpido de siete días", cuya fecha de inicio debía determinar "el patrono, de acuerdo con el obrero".
Tras la Guerra Civil, tuvieron que pasar cinco años hasta que Franco regulara este derecho. Y lo hizo con un decreto de enero de 1944 en el que reafirmaba la concesión de un "permiso anual retribuido al menos de siete días laborales ininterrumpidos".
Fue después de la fin de Franco, cuando se amplió a 21 días la "duración mínima de las vacaciones" con la ley de Relaciones Laborales de 1976 y a 23 días con el Estatuto de los Trabajadores de 1980. El actual mes de vacaciones fue garantizado por el Gobierno socialista de Felipe González en una norma de 1983 bautizada con un nombre muy elocuente: "Ley de fijación de la jornada máxima legal en cuarenta horas y de las vacaciones anuales mínimas en treinta días".
Metió a España en la ONU
Más bien al contrario: precisamente por estar sometida al régimen de Franco, España tardó 10 años más que Francia y el Reino Unido en formar parte de las Naciones Unidas.
El 12 de diciembre de 1946, la Asamblea General de la ONU -organización fundada por 51 países un año antes, tras la Segunda Guerra Mundial- dedicó a España la resolución 39, en la que "recomienda que se excluya al Gobierno español de Franco como miembro de los organismos internacionales establecidos por las Naciones Unidas" hasta que se instaure en el país "un gobierno nuevo y aceptable".
En la misma resolución, se recomendaba a todos los países miembros de la ONU retirar "inmediatamente" a "sus embajadores y ministros plenipotenciarios acreditados en Madrid".
Este texto, aprobado con 34 votos a favor -entre ellos EEUU-, seis en contra y 13 abstenciones, argumentaba que la dictadura de Franco era "un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nancy de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini", y que el dictador español había prestado "una ayuda considerable" a las "potencias enemigas" durante la Guerra Mundial.
Así, detallaba que, de 1941 a 1945, la División Azul, la Legión Española de Voluntarios y la Escuadrilla Aérea Salvador "pelearon en el frente oriental contra la Rusia soviética". Y también que, en el verano de 1940, "España se apoderó de Tánger en violación del estatuto internacional".
"Pruebas incontrovertibles demuestran que Franco fue, con Hitler y Mussolini, parte culpable en la conspiración de guerra contra aquellos países que finalmente, en el tras*curso de la Guerra Mundial, formaron el conjunto de las Naciones Unidas", añadía aquella resolución de la ONU.
El contexto político internacional hostil a Franco cambió con la Guerra Fría. EEUU empezó a valorar la importancia geoestratégica de España como una pieza muy útil en su lucha contra el comunismo y promovió años más tarde que las Naciones Unidas levantaran su veto al régimen franquista.
Como consecuencia, la Asamblea General de la ONU aprobó el 4 de noviembre de 1950 la resolución 386, que revocaba tanto la recomendación de impedir que España fuera un país miembro como la de retirar a los embajadores acreditados en Madrid. Este acuerdo fue aprobado con 38 votos a favor, 10 en contra -entre ellos la URSS, Israel, México y Uruguay- y 12 abstenciones, entre las que destacaban el Reino Unido y Francia.
No fue gracias a Franco
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