Vlad_Empalador
Será en Octubre
Los sueños perdidos en Ceuta de los jóvenes expulsados ilegalmente a jovenlandia
Monaim El Maimouni, uno de los jóvenes devueltos de Ceuta a jovenlandia, lee la sentencia de primera instancia sobre el caso. GONZALO TESTA
Gonzalo Testa
Rincón (jovenlandia) —2 de julio de 2022 22:25h
Actualizado el 03/07/2022 05:30h
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Los sueños infantiles de Farid, Monaim, Oussama, Nossair y otros 51 menores migrantes solos se volvieron pesadilla en un minibús entre el 13 y el 16 de agosto del año pasado. Entonces las autoridades españolas, “a sabiendas de hallarse infringiendo el ordenamiento jurídico”, según la Fiscalía, acordaron su devolución exprés desde Ceuta a jovenlandia, donde todos ellos han alcanzado la mayoría de edad en los últimos meses. Sus esperanzas de estudiar cocina, peluquería o mecánica han vuelto a ser mañanas, tardes y noches de “playa y 'pasillo”, como llaman al tiempo perdido en el zoco sin dinero mientras esperan encontrar una rendija para regresar.
Los testigos de las redadas de jovenlandia para alejar a los migrantes de la frontera: "Nos persiguen mucho más"
SABER MÁS
La primera la hallaron en mayo del año pasado, durante las 48 horas largas en las que jovenlandia alentó o consintió la entrada irregular en territorio español de unos 12.000 nacionales, entre ellos al menos un 10% niños, la mayoría solos.
“Me fui porque toda la juventud aquí piensa en otro futuro… No hay posibilidades para evolucionar, tener una vida propia, mantenerse. Todos los chicos piensan en emigrar y eso pensé en mayo: irme y buscarme la vida”, cuenta Monaim El Maimouni a elDiario.es. No lo hizo solo. El joven, sentado en un café de la ciudad jovenlandés de Rincón [M’Diq en árabe], desde donde Ceuta parece al alcance de la mano, cree que durante los tres días que duró la crisis migratoria unos 300 adolescentes y jóvenes de su ciudad tomaron el mismo camino. Uno de ellos fue Oussama Ahadoche, de casi dos metros de altura y todavía con acné juvenil. Se conocieron en el polideportivo Santa Amelia, uno de los precarios alojamientos de emergencia acondicionados a la carrera por el Gobierno de Ceuta con literas militares. Cumplió los 17 años en las naves del Tarajal, el primer espacio habilitado por las autoridades locales para agrupar a los menores recibidos.
Nossair El Ghobili, que salió hacia Ceuta desde Tánger, recuerda haber estado también allí, a escasos metros de la frontera, mejor atendido por Cruz Roja que en la infraestructura deportiva donde se les enclaustró mientras la vicepresidenta de la Ciudad, Mabel Deu, y la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, negociaban con Interior y el país vecino su expulsión apelando a un acuerdo bilateral de 2007 cuyo articulado literal se saltaron, según la Fiscalía que les ha denunciado por prevaricación continuada a expensas de que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 local decida o no abrir diligencias penales.
El momento de la repatriación de un grupo de menores marroquíes. Reudán/EFE“Inventaron una historia de que nos iban a banderillar”
El Maimouni fue repatriado en el primer contingente, por sorpresa. “Nos despertamos, inventaron una historia de que nos iban a banderillar, nos metieron en un autobús y nos llevaron a jovenlandia”, dice. Según el Ministerio Público, pasaron apenas 30 minutos entre que los directores generales de la Consejería de Presidencia activaron el operativo y la Policía consumó su traslado a pesar de que el Área de Menores de la Ciudad y la Fundación SAMU habían avisado verbalmente y por escrito que se estaba vulnerando “el ordenamiento jurídico nacional e internacional”.
Ahadoche y El Ghobili, que fueron expulsados al día siguiente, recuerdan que los vigilantes de seguridad blindaron el polideportivo, que ya tenía todos sus ventanucos enrejados, y aplicaron mano dura para evitar fugas una vez conocidos los planes oficiales.
Mateos y Deu, que actuaron con el respaldo de Interior pese a que el Ministerio ha dicho que solo “rogó” que se hiciera la repatriación, han defendido siempre que actuaron velando “por el interés superior” de los menores, una visión que contrasta con la de voces autorizadas como la ONU, el Defensor del Pueblo, la Abogacía Española y organizaciones de defensa de los derechos humanos. Según Mateos y Deu, los jóvenes no podrían estar peor con sus familias, por pobres que sean, que hacinados, ya que además una entidad pública jovenlandés, L’Entraide Nationale, les garantizaría un aterrizaje adecuado en su entorno.
Los chicos discrepan. Ahadoche, que durante 90 días vio factible reunirse con su padre, albañil, en Ibiza, lamenta con una mueca que para su progenitora fue “un disgusto” recogerle en el centro de Martil, cerca de Tetuán, adonde fueron trasladados los 55 expulsados. Tampoco se alegraron los progenitores de El Maimouni, pescador en paro y ama de casa, que tienen a otros dos chicos de 14 y 16 años y una casa en alquiler.
El imberbe Farid El Amri, que ahora dedica los días a cuidar las ovejas de su padre en un descampado a las afueras de Rincón, envidia a su hermano Mohamed, que sigue tutelado en Ceuta junto a otros 218 menores extranjeros no acompañados. El número es seis veces menor que hace un año. En lo que va de 2022 solamente se han registrado 78 entradas de presuntos menores (40 de origen jovenlandés y 38 subsaharianos, de ellos 34 considerados adultos en las pruebas de edad ósea).
El pequeño pastor, que sale adelante gracias al apoyo de familiares y vecinos, fue el número 2 de la lista de 145 niños que se quiso llevar a jovenlandia de una tacada el 13 de agosto, aunque Rabat finalmente solo aceptó 15 al día, rutina que se aplicó hasta que cuatro días después la Justicia ordenó suspender un procedimiento que ya sido condenado en primera y segunda instancia con exigencia expresa de devolver a España a los denunciantes por una actuación “exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles” que “conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o jovenlandesal de los menores afectados por las medidas de devolución”. A las administraciones aún les queda, como están valorando hacer, el recurso ante el Supremo.
Farid El Amri con su rebaño de ovejas. GONZALO TESTA“Por supuesto que volvería”
“Yo solamente pienso en volver... Cuando mi progenitora me recogió en Martil no estaba nada contenta... No me arrepiento de haberlo intentado y lo volvería a hacer”, afirma El Ghobili. Le secunda Ahadoche: “Por supuesto que volvería si pudiera”. A Hisham Laniri, al que todos conocen del locutorio que gestiona junto al paseo marítimo y ejerce de traductor, no le extraña.
Este trabajador autónomo, que en mayo vio partir también hacia Ceuta a “una novia”, pone contexto: “Aquí vive quien tiene dinero y puede comprarlo todo, pero si quieres empezar de cero y hacer una vida no hay manera, sobre todo para la juventud. No se entusiasman, cada día se levantan con la pierna mala y sin solución...”.
Aunque las organizaciones que judicializaron las devoluciones por la vía contenciosa (Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios) mantienen contacto con muchos jóvenes expulsados, en el grupo de M’Diq solamente El Maimouni tiene conocimiento, “a través de un abogado jovenlandés”, de su primera victoria judicial, en la que ninguno figura como beneficiario. “¿Hay alguna esperanza de que podamos volver?”, pregunta Ahadoche.
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“En el caso de que la sentencia deviniese firme en el mismo sentido, estimando el recurso interpuesto y ordenando ‘adoptar las medidas necesarias para el retorno de los menores de edad repatriados’, el resto de los perjudicados por la misma actuación podrían solicitar la extensión del veredicto a sus casos y la Delegación tendría que ‘intentar’ su vuelta, pero el hecho de que se encuentren en jovenlandia, un país donde los enlaces judiciales para asuntos relacionados con la ciudad autónoma nunca han operado, lo hace prever muy complicado…”, explica una fuente jurídica.
“El plan de la juventud es cruzar cuanto antes, aunque haya que pagar 10.000 ó 15.000 euros o jugarse la vida, y las familias también se ilusionan: se va a ir a España, va a conseguir cosas, nos va a ayudar… No hay sueños aquí para prosperar, no se puede”, dice Laniri que comprende el peso de la incertidumbre para los jóvenes expulsados.
- Cuatro de los 55 chicos devueltos en agosto al país vecino “infringiendo la ley a sabiendas”, según la Fiscalía, confían en que la sentencia que ordena su regreso se convierta en firme
- — La Justicia condena al Gobierno por las expulsiones de menores desde Ceuta a jovenlandia del año pasado
Gonzalo Testa
Rincón (jovenlandia) —2 de julio de 2022 22:25h
Actualizado el 03/07/2022 05:30h
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Los sueños infantiles de Farid, Monaim, Oussama, Nossair y otros 51 menores migrantes solos se volvieron pesadilla en un minibús entre el 13 y el 16 de agosto del año pasado. Entonces las autoridades españolas, “a sabiendas de hallarse infringiendo el ordenamiento jurídico”, según la Fiscalía, acordaron su devolución exprés desde Ceuta a jovenlandia, donde todos ellos han alcanzado la mayoría de edad en los últimos meses. Sus esperanzas de estudiar cocina, peluquería o mecánica han vuelto a ser mañanas, tardes y noches de “playa y 'pasillo”, como llaman al tiempo perdido en el zoco sin dinero mientras esperan encontrar una rendija para regresar.
Los testigos de las redadas de jovenlandia para alejar a los migrantes de la frontera: "Nos persiguen mucho más"
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La primera la hallaron en mayo del año pasado, durante las 48 horas largas en las que jovenlandia alentó o consintió la entrada irregular en territorio español de unos 12.000 nacionales, entre ellos al menos un 10% niños, la mayoría solos.
“Me fui porque toda la juventud aquí piensa en otro futuro… No hay posibilidades para evolucionar, tener una vida propia, mantenerse. Todos los chicos piensan en emigrar y eso pensé en mayo: irme y buscarme la vida”, cuenta Monaim El Maimouni a elDiario.es. No lo hizo solo. El joven, sentado en un café de la ciudad jovenlandés de Rincón [M’Diq en árabe], desde donde Ceuta parece al alcance de la mano, cree que durante los tres días que duró la crisis migratoria unos 300 adolescentes y jóvenes de su ciudad tomaron el mismo camino. Uno de ellos fue Oussama Ahadoche, de casi dos metros de altura y todavía con acné juvenil. Se conocieron en el polideportivo Santa Amelia, uno de los precarios alojamientos de emergencia acondicionados a la carrera por el Gobierno de Ceuta con literas militares. Cumplió los 17 años en las naves del Tarajal, el primer espacio habilitado por las autoridades locales para agrupar a los menores recibidos.
Nossair El Ghobili, que salió hacia Ceuta desde Tánger, recuerda haber estado también allí, a escasos metros de la frontera, mejor atendido por Cruz Roja que en la infraestructura deportiva donde se les enclaustró mientras la vicepresidenta de la Ciudad, Mabel Deu, y la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, negociaban con Interior y el país vecino su expulsión apelando a un acuerdo bilateral de 2007 cuyo articulado literal se saltaron, según la Fiscalía que les ha denunciado por prevaricación continuada a expensas de que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 local decida o no abrir diligencias penales.
El momento de la repatriación de un grupo de menores marroquíes. Reudán/EFE“Inventaron una historia de que nos iban a banderillar”
El Maimouni fue repatriado en el primer contingente, por sorpresa. “Nos despertamos, inventaron una historia de que nos iban a banderillar, nos metieron en un autobús y nos llevaron a jovenlandia”, dice. Según el Ministerio Público, pasaron apenas 30 minutos entre que los directores generales de la Consejería de Presidencia activaron el operativo y la Policía consumó su traslado a pesar de que el Área de Menores de la Ciudad y la Fundación SAMU habían avisado verbalmente y por escrito que se estaba vulnerando “el ordenamiento jurídico nacional e internacional”.
Ahadoche y El Ghobili, que fueron expulsados al día siguiente, recuerdan que los vigilantes de seguridad blindaron el polideportivo, que ya tenía todos sus ventanucos enrejados, y aplicaron mano dura para evitar fugas una vez conocidos los planes oficiales.
Mateos y Deu, que actuaron con el respaldo de Interior pese a que el Ministerio ha dicho que solo “rogó” que se hiciera la repatriación, han defendido siempre que actuaron velando “por el interés superior” de los menores, una visión que contrasta con la de voces autorizadas como la ONU, el Defensor del Pueblo, la Abogacía Española y organizaciones de defensa de los derechos humanos. Según Mateos y Deu, los jóvenes no podrían estar peor con sus familias, por pobres que sean, que hacinados, ya que además una entidad pública jovenlandés, L’Entraide Nationale, les garantizaría un aterrizaje adecuado en su entorno.
Los chicos discrepan. Ahadoche, que durante 90 días vio factible reunirse con su padre, albañil, en Ibiza, lamenta con una mueca que para su progenitora fue “un disgusto” recogerle en el centro de Martil, cerca de Tetuán, adonde fueron trasladados los 55 expulsados. Tampoco se alegraron los progenitores de El Maimouni, pescador en paro y ama de casa, que tienen a otros dos chicos de 14 y 16 años y una casa en alquiler.
El imberbe Farid El Amri, que ahora dedica los días a cuidar las ovejas de su padre en un descampado a las afueras de Rincón, envidia a su hermano Mohamed, que sigue tutelado en Ceuta junto a otros 218 menores extranjeros no acompañados. El número es seis veces menor que hace un año. En lo que va de 2022 solamente se han registrado 78 entradas de presuntos menores (40 de origen jovenlandés y 38 subsaharianos, de ellos 34 considerados adultos en las pruebas de edad ósea).
El pequeño pastor, que sale adelante gracias al apoyo de familiares y vecinos, fue el número 2 de la lista de 145 niños que se quiso llevar a jovenlandia de una tacada el 13 de agosto, aunque Rabat finalmente solo aceptó 15 al día, rutina que se aplicó hasta que cuatro días después la Justicia ordenó suspender un procedimiento que ya sido condenado en primera y segunda instancia con exigencia expresa de devolver a España a los denunciantes por una actuación “exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles” que “conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o jovenlandesal de los menores afectados por las medidas de devolución”. A las administraciones aún les queda, como están valorando hacer, el recurso ante el Supremo.
Farid El Amri con su rebaño de ovejas. GONZALO TESTA“Por supuesto que volvería”
“Yo solamente pienso en volver... Cuando mi progenitora me recogió en Martil no estaba nada contenta... No me arrepiento de haberlo intentado y lo volvería a hacer”, afirma El Ghobili. Le secunda Ahadoche: “Por supuesto que volvería si pudiera”. A Hisham Laniri, al que todos conocen del locutorio que gestiona junto al paseo marítimo y ejerce de traductor, no le extraña.
Este trabajador autónomo, que en mayo vio partir también hacia Ceuta a “una novia”, pone contexto: “Aquí vive quien tiene dinero y puede comprarlo todo, pero si quieres empezar de cero y hacer una vida no hay manera, sobre todo para la juventud. No se entusiasman, cada día se levantan con la pierna mala y sin solución...”.
Aunque las organizaciones que judicializaron las devoluciones por la vía contenciosa (Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios) mantienen contacto con muchos jóvenes expulsados, en el grupo de M’Diq solamente El Maimouni tiene conocimiento, “a través de un abogado jovenlandés”, de su primera victoria judicial, en la que ninguno figura como beneficiario. “¿Hay alguna esperanza de que podamos volver?”, pregunta Ahadoche.
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Damos un paso importante en nuestra pequeña historia: la puesta en marcha de un Estatuto de elDiario.es . Detallamos por escrito las normas que regirán el presente y el futuro de elDiario.es , los derechos y obligaciones de nuestros periodistas, las prioridades editoriales, nuestros protocolos internos, los controles para no desviarnos de nuestra misión… Y, lo más importante: los derechos de nuestros socios y socias. Consulta aquí el primer borrador
“En el caso de que la sentencia deviniese firme en el mismo sentido, estimando el recurso interpuesto y ordenando ‘adoptar las medidas necesarias para el retorno de los menores de edad repatriados’, el resto de los perjudicados por la misma actuación podrían solicitar la extensión del veredicto a sus casos y la Delegación tendría que ‘intentar’ su vuelta, pero el hecho de que se encuentren en jovenlandia, un país donde los enlaces judiciales para asuntos relacionados con la ciudad autónoma nunca han operado, lo hace prever muy complicado…”, explica una fuente jurídica.
“El plan de la juventud es cruzar cuanto antes, aunque haya que pagar 10.000 ó 15.000 euros o jugarse la vida, y las familias también se ilusionan: se va a ir a España, va a conseguir cosas, nos va a ayudar… No hay sueños aquí para prosperar, no se puede”, dice Laniri que comprende el peso de la incertidumbre para los jóvenes expulsados.
