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Será en Octubre
Muertes sin respuesta y migrantes desamparados a los 18: las carencias que el Defensor del Pueblo identifica en la ruta canaria
DERECHOS Y LIBERTADES
Imagen de archivo de una persona en un campamento para migrantes de Canarias Efe
Natalia G. Vargas
19 de marzo de 2023 22:44h
Actualizado el 20/03/2023 05:30h
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La falta de recursos estables empujó a Canarias a una crisis de acogida de migrantes en 2020. Hoteles, campamentos y, en ocasiones, la calle fueron algunos de los lugares donde pasaron las noches las personas que llegaban al Archipiélago en patera. La creación de dispositivos de emergencia fue la solución estrella. Sin embargo, tres años después, algunos de estos centros siguen en pie utilizándose como recursos de protección estables. El Defensor del Pueblo ha mostrado su preocupación por esta práctica en los centros de menores no acompañados, después de varias visitas no anunciadas a cinco de estos recursos de las Islas.
Canarias recibirá 1,2 millones más para atender a los menores que llegan solos en patera
MÁS
El Gobierno regional ya trabaja en la estabilización de estos recursos. La Consejería de Derechos Sociales contará con 1,2 millones de euros aprobados en noviembre por el Consejo de Ministros que, según explicó a esta redacción la viceconsejera de Derechos Sociales del Ejecutivo autonómico, Gemma Martínez, se emplearán en las derivaciones a la Península y también a estabilizar los recursos creados durante la emergencia. De esta manera, aseguró Martínez, se podrá dar continuidad a los proyectos de las entidades que acompañan a los menores.
Los campamentos de acogida del conocido Plan Canarias también se presentaron en 2021 como una respuesta de emergencia para hacer frente a la acogida de todos los supervivientes de la ruta canaria. Sin embargo, las carpas de estos centros distribuidos en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura aún no han desaparecido. Las difíciles condiciones de vida en el campamento de Las Raíces, el de mayor capacidad de la comunidad autónoma, ha traído consigo conflictos e incluso huelgas de hambre.
Ante las quejas presentadas al Defensor del Pueblo por parte de activistas, el órgano respondió en septiembre de 2022 que el Ministerio de Migraciones estaba preparando un expediente con el fin de “realizar mejoras en las instalaciones” en el campamento de Las Raíces. En la respuesta, a la que ha tenido acceso esta redacción, se afirma que se sustituirán las carpas por módulos prefabricados, que se introducirán mejoras en las duchas y en los baños, se acondicionarán el comedor y la cocina y se crearán zonas de actividades.
“Indocumentados” pese a tener un acta de nacimiento
La presencia de adultos “con documentación que acredita esta circunstancia” en establecimientos reservados para niños y adolescentes es otro de los problemas que alerta al Defensor del Pueblo. La convivencia de mayores y menores de edad ha traído consigo importantes problemas. En Gran Canaria, los trabajadores de los apartamentos Puerto Bello, habilitados como centros de acogida, denunciaron casos de abusos y explotación sensual a menores por parte de usuarios con más de 18 años.
El informe entregado por Ángel Gabilondo a las Cortes apunta a la “preocupante” falta de recursos en la Fiscalía de Las Palmas para agilizar los decretos de determinación de la edad, por el que “permanecen a la espera cientos de menores”. En algunos casos, los recién llegados a Canarias son sometidos a estas pruebas a pesar de que cuenten con documentación de su país de origen que prueba su edad. Algo que el Defensor del Pueblo rechaza. “No es razonable” considerar “indocumentados” a los menores que arriban a España “con un acta de nacimiento y un pasaporte que no hayan sido impugnados”, reza el documento.
La institución continuará haciendo seguimiento de este tapón, que no ha logrado desatascarse por completo desde el año 2020. Así, ha solicitado que se amplíe la información recibida en relación a las actuaciones que se realicen para dotar de los medios humanos necesarios a la Fiscalía Provincial de Las Palmas. La última memoria anual de la Fiscalía General del Estado concluyó que “la única solución” es el desarrollo de una ley específica que regule la determinación de la edad, diseñando así un procedimiento judicial con todas las garantías. Según ha recogido el Defensor del Pueblo, el Anteproyecto de Ley está pendiente de recibir el dictamen del Consejo de Estado y el informe del Consejo General del Poder Judicial.
Otra de las lagunas detectadas en Canarias versa sobre el desamparo al que quedan abocados muchos jóvenes extranjeros al cumplir la mayoría de edad. A finales de 2022, de los 2.266 menores registrados en la comunidad autónoma, menos de 800 contaban con una autorización de residencia, según los datos de la Delegación del Gobierno. La tramitación de este documento es “especialmente urgente en aquellos casos en los que están próximos a cumplir 18 años”, advierte el informe.
Encontrar a un familiar desaparecido
Al menos 1.700 personas han muerto intentando llegar a Canarias en patera en el último año. Detrás de cada persona desaparecida, existe un familiar que desespera por saber si su ser querido está vivo o no. Las redes sociales, la prensa o las ONG son algunas de las herramientas que las familias utilizan para llegar a sus allegados. Sin embargo, en muchas ocasiones, se topan con la falta de respuestas. Esta es una de las preocupaciones que ha reflejado el Defensor del Pueblo en su informe de 2022 acerca de la gestión del fenómeno migratorio entre África Occidental y Canarias.
Durante 2022, los familiares se han dirigido también a este órgano para conocer el paradero de sus parientes y para interponer denuncias por su desaparición. Por esta razón, la institución ha anunciado que está estudiando la posibilidad de formular una resolución para mejorar los protocolos de actuación en este ámbito.
Cruz Roja, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el colectivo Caminando Fronteras cuentan con programas específicos para localizar familiares desaparecidos en rutas migratorias. La guía de Caminando Fronteras recomienda a las familias que exijan a los estados que inicien las labores de búsqueda. “Incluso puedes exigir que todos los estados se coordinen”, añade el documento. La denuncia puede presentarse por cualquier familiar en consulados, unidades policiales o juzgados.
El CATE de Barranco Seco, “un modelo a seguir”
Ángel Gabilondo valora de manera positiva la “mejoría significativa en las condiciones de las personas detenidas”. “Se aprecia el esfuerzo realizado para conjugar los estándares de seguridad necesarios con las especiales condiciones en las que llegan estas personas tras duras travesías marítimas”, señala el informe.
Para el Defensor, el CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) de Barranco Seco, en Gran Canaria, donde las personas migrantes deben pasar un máximo de 72 horas bajo custodia policial, se ha convertido en el “modelo” de estas instalaciones que “podría ser replicado en otras islas”. Como elementos positivos destaca la posibilidad de los usuarios de usar sus móviles y de caminar por los espacios al aire libre. Mientras tanto, los CATE de Lanzarote y Fuerteventura “no reúnen las condiciones necesarias” y deben introducir “cambios sustanciales en el régimen de funcionamiento”.
En el caso de Fuerteventura, el Defensor del Pueblo ha formulado una recomendación a la Secretaría de Estado de Seguridad para que dé las instrucciones que sean necesarias con el fin de que los menores de edad, las mujeres embarazadas o las personas que manifiesten solicitar protección internacional no sean detenidas tras sobrevivir a la ruta. “En estos casos se deberían tener identificados en cada localidad, en coordinación con la Secretaría de Estado de Migraciones, los recursos del sistema de acogida humanitaria para su inmediata derivación”, subraya el documento.
“Las mujeres que llegan acompañadas de bebés o menores de corta edad constituyen un buen ejemplo de esta situación, por tanto, de vulneración de derechos”, asevera el Defensor. Así, insta a las administraciones a mejorar los protocolos con enfoque de género y de infancia en la acogida humanitaria.
- El órgano, en su Informe de 2022, alerta sobre el uso de dispositivos de emergencia como centros de protección estables y recuerda que “no es razonable” considerar indocumentados a los menores que llegan a Canarias con un acta de nacimiento
- Hemeroteca — Canarias recurre a los campamentos temporales de acogida para afrontar un nuevo repunte de llegadas de migrantes
DERECHOS Y LIBERTADES
Natalia G. Vargas
19 de marzo de 2023 22:44h
Actualizado el 20/03/2023 05:30h
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La falta de recursos estables empujó a Canarias a una crisis de acogida de migrantes en 2020. Hoteles, campamentos y, en ocasiones, la calle fueron algunos de los lugares donde pasaron las noches las personas que llegaban al Archipiélago en patera. La creación de dispositivos de emergencia fue la solución estrella. Sin embargo, tres años después, algunos de estos centros siguen en pie utilizándose como recursos de protección estables. El Defensor del Pueblo ha mostrado su preocupación por esta práctica en los centros de menores no acompañados, después de varias visitas no anunciadas a cinco de estos recursos de las Islas.
Canarias recibirá 1,2 millones más para atender a los menores que llegan solos en patera
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El Gobierno regional ya trabaja en la estabilización de estos recursos. La Consejería de Derechos Sociales contará con 1,2 millones de euros aprobados en noviembre por el Consejo de Ministros que, según explicó a esta redacción la viceconsejera de Derechos Sociales del Ejecutivo autonómico, Gemma Martínez, se emplearán en las derivaciones a la Península y también a estabilizar los recursos creados durante la emergencia. De esta manera, aseguró Martínez, se podrá dar continuidad a los proyectos de las entidades que acompañan a los menores.
Los campamentos de acogida del conocido Plan Canarias también se presentaron en 2021 como una respuesta de emergencia para hacer frente a la acogida de todos los supervivientes de la ruta canaria. Sin embargo, las carpas de estos centros distribuidos en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura aún no han desaparecido. Las difíciles condiciones de vida en el campamento de Las Raíces, el de mayor capacidad de la comunidad autónoma, ha traído consigo conflictos e incluso huelgas de hambre.
Ante las quejas presentadas al Defensor del Pueblo por parte de activistas, el órgano respondió en septiembre de 2022 que el Ministerio de Migraciones estaba preparando un expediente con el fin de “realizar mejoras en las instalaciones” en el campamento de Las Raíces. En la respuesta, a la que ha tenido acceso esta redacción, se afirma que se sustituirán las carpas por módulos prefabricados, que se introducirán mejoras en las duchas y en los baños, se acondicionarán el comedor y la cocina y se crearán zonas de actividades.
“Indocumentados” pese a tener un acta de nacimiento
La presencia de adultos “con documentación que acredita esta circunstancia” en establecimientos reservados para niños y adolescentes es otro de los problemas que alerta al Defensor del Pueblo. La convivencia de mayores y menores de edad ha traído consigo importantes problemas. En Gran Canaria, los trabajadores de los apartamentos Puerto Bello, habilitados como centros de acogida, denunciaron casos de abusos y explotación sensual a menores por parte de usuarios con más de 18 años.
El informe entregado por Ángel Gabilondo a las Cortes apunta a la “preocupante” falta de recursos en la Fiscalía de Las Palmas para agilizar los decretos de determinación de la edad, por el que “permanecen a la espera cientos de menores”. En algunos casos, los recién llegados a Canarias son sometidos a estas pruebas a pesar de que cuenten con documentación de su país de origen que prueba su edad. Algo que el Defensor del Pueblo rechaza. “No es razonable” considerar “indocumentados” a los menores que arriban a España “con un acta de nacimiento y un pasaporte que no hayan sido impugnados”, reza el documento.
La institución continuará haciendo seguimiento de este tapón, que no ha logrado desatascarse por completo desde el año 2020. Así, ha solicitado que se amplíe la información recibida en relación a las actuaciones que se realicen para dotar de los medios humanos necesarios a la Fiscalía Provincial de Las Palmas. La última memoria anual de la Fiscalía General del Estado concluyó que “la única solución” es el desarrollo de una ley específica que regule la determinación de la edad, diseñando así un procedimiento judicial con todas las garantías. Según ha recogido el Defensor del Pueblo, el Anteproyecto de Ley está pendiente de recibir el dictamen del Consejo de Estado y el informe del Consejo General del Poder Judicial.
Otra de las lagunas detectadas en Canarias versa sobre el desamparo al que quedan abocados muchos jóvenes extranjeros al cumplir la mayoría de edad. A finales de 2022, de los 2.266 menores registrados en la comunidad autónoma, menos de 800 contaban con una autorización de residencia, según los datos de la Delegación del Gobierno. La tramitación de este documento es “especialmente urgente en aquellos casos en los que están próximos a cumplir 18 años”, advierte el informe.
Encontrar a un familiar desaparecido
Al menos 1.700 personas han muerto intentando llegar a Canarias en patera en el último año. Detrás de cada persona desaparecida, existe un familiar que desespera por saber si su ser querido está vivo o no. Las redes sociales, la prensa o las ONG son algunas de las herramientas que las familias utilizan para llegar a sus allegados. Sin embargo, en muchas ocasiones, se topan con la falta de respuestas. Esta es una de las preocupaciones que ha reflejado el Defensor del Pueblo en su informe de 2022 acerca de la gestión del fenómeno migratorio entre África Occidental y Canarias.
Durante 2022, los familiares se han dirigido también a este órgano para conocer el paradero de sus parientes y para interponer denuncias por su desaparición. Por esta razón, la institución ha anunciado que está estudiando la posibilidad de formular una resolución para mejorar los protocolos de actuación en este ámbito.
Cruz Roja, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el colectivo Caminando Fronteras cuentan con programas específicos para localizar familiares desaparecidos en rutas migratorias. La guía de Caminando Fronteras recomienda a las familias que exijan a los estados que inicien las labores de búsqueda. “Incluso puedes exigir que todos los estados se coordinen”, añade el documento. La denuncia puede presentarse por cualquier familiar en consulados, unidades policiales o juzgados.
El CATE de Barranco Seco, “un modelo a seguir”
Ángel Gabilondo valora de manera positiva la “mejoría significativa en las condiciones de las personas detenidas”. “Se aprecia el esfuerzo realizado para conjugar los estándares de seguridad necesarios con las especiales condiciones en las que llegan estas personas tras duras travesías marítimas”, señala el informe.
Para el Defensor, el CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) de Barranco Seco, en Gran Canaria, donde las personas migrantes deben pasar un máximo de 72 horas bajo custodia policial, se ha convertido en el “modelo” de estas instalaciones que “podría ser replicado en otras islas”. Como elementos positivos destaca la posibilidad de los usuarios de usar sus móviles y de caminar por los espacios al aire libre. Mientras tanto, los CATE de Lanzarote y Fuerteventura “no reúnen las condiciones necesarias” y deben introducir “cambios sustanciales en el régimen de funcionamiento”.
En el caso de Fuerteventura, el Defensor del Pueblo ha formulado una recomendación a la Secretaría de Estado de Seguridad para que dé las instrucciones que sean necesarias con el fin de que los menores de edad, las mujeres embarazadas o las personas que manifiesten solicitar protección internacional no sean detenidas tras sobrevivir a la ruta. “En estos casos se deberían tener identificados en cada localidad, en coordinación con la Secretaría de Estado de Migraciones, los recursos del sistema de acogida humanitaria para su inmediata derivación”, subraya el documento.
“Las mujeres que llegan acompañadas de bebés o menores de corta edad constituyen un buen ejemplo de esta situación, por tanto, de vulneración de derechos”, asevera el Defensor. Así, insta a las administraciones a mejorar los protocolos con enfoque de género y de infancia en la acogida humanitaria.
