Abren un expediente contra el barco de rescate 'Aita Mari' con multas de un millón de euros
El 'Aita Mari' fue objeto de un control por el Estado italiano en mayo de 2020. El Gobierno ha iniciado ahora un procedimiento penalizador y desde la oenegé Salvamento Marítimo Humanitario aseguran que presentarán alegaciones.
El Gobierno ha abierto un expediente sancionador contra la asociación de Salvamento Marítimo Humanitario, propietaria del buque de rescate guipuzcoano 'Aita Mari', con multas que superan el millón de euros. Los hechos se remontan a mayo de 2020, aunque fue ayer cuando el capitán marítimo, Felipe Cano, recibió el expediente administrativo sancionador. En el documento se recogen siete «infracciones graves» con una sanción prevista cada una de entre 120.000 y 180.000 euros. La suma de todas asciende a 1.080.000 millones. Los responsables del buque humanitario han asegura que presentarán alegaciones contra la propuesta de sanción. Tienen quince días para ello.
El barco fue objeto de un control por parte del Estado italiano en Palermo hace casi tres años. Como resultado de la inspección se observaron «veintiséis deficiencias, quince de las cuales fueron consideradas lo suficientemente graves como para justificar la inmovilización del buque» en el puerto de Palermo «hasta su rectificación», recoge el expediente. El 'Aita Mari' permaneció retenido allí hasta 49 días, tras recibir autorizacion para desembarcar en Italia a las 44 personas que había rescatado. Fue el 25 de junio, «una vez que fueron rectificadas las deficiencias observadas», cuando se produjo el levantamiento de la detención del buque. Según se lee en el expediente incoado ayer, «como algunas deficiencias que fueron motivo de detención no se podían subsanar en Palermo, el PSC (Port State Control) italiano autorizó al buque a hacer un único viaje de Palermo a Pasaia para subsanar estas deficiencias en el puerto de Pasaia».
Las infracciones más graves fueron siete: «la falta de registro de las pruebas y ejercicios del aparato de gobierno en el Diario de Navegación del buque», por el que se le pide a la oenegé una sanción de 120.000 euros; «la omisión de no tener registros de las horas de trabajo o descanso de la gente de mar en un buque» (120.000 euros); «la omisión de tener un plan de viaje» (180.000 euros), «no disponer a bordo de las cartas náuticas necesarias para el viaje proyectado o encontrarse estas desactualizadas (180.000), »la falta de un cuadro o tabla con la organización del trabajo a bordo del buque« la falta de un cuadro o tabla con la organización del trabajo a bordo del buque« (120.000 euros), »la falta de disponibilidad inmediata de dos balsas salvavidas« (180.000) y »la falta de familiarización de la tripulación con las tareas asignadas para casos de emergencia a bordo, concretamente durante la realización de los ejercicios de lucha contraincendios« (180.000 euros).
El presidente de Salvamento Marítimo Humanitario, Iñigo Mijangos, por su parte, ha asegurado este viernes que el barco se detuvo en una «campaña que estaba haciendo el gobierno italiano para detener los barcos de salvamento de la flota civil de rescate. Esto iba en una campaña más política que realmente en lo concerniente a la seguridad de los barcos. De ahí deriva este proceso sancionador al que presentaremos las alegaciones correspondientes y esperaremos respuesta del funcionario instructor del proceso. Esta situación no tiene nada que ver con el despacho del barco, que es independiente y separado y cuya inspección se realizará el próximo martes, esperando que resulte todo satisfactorio y que el barco pueda salir sin mayores dificultades».
El 'Aita Mari' fue objeto de un control por el Estado italiano en mayo de 2020. El Gobierno ha iniciado ahora un procedimiento penalizador y desde la oenegé Salvamento Marítimo Humanitario aseguran que presentarán alegaciones.
El Gobierno ha abierto un expediente sancionador contra la asociación de Salvamento Marítimo Humanitario, propietaria del buque de rescate guipuzcoano 'Aita Mari', con multas que superan el millón de euros. Los hechos se remontan a mayo de 2020, aunque fue ayer cuando el capitán marítimo, Felipe Cano, recibió el expediente administrativo sancionador. En el documento se recogen siete «infracciones graves» con una sanción prevista cada una de entre 120.000 y 180.000 euros. La suma de todas asciende a 1.080.000 millones. Los responsables del buque humanitario han asegura que presentarán alegaciones contra la propuesta de sanción. Tienen quince días para ello.
El barco fue objeto de un control por parte del Estado italiano en Palermo hace casi tres años. Como resultado de la inspección se observaron «veintiséis deficiencias, quince de las cuales fueron consideradas lo suficientemente graves como para justificar la inmovilización del buque» en el puerto de Palermo «hasta su rectificación», recoge el expediente. El 'Aita Mari' permaneció retenido allí hasta 49 días, tras recibir autorizacion para desembarcar en Italia a las 44 personas que había rescatado. Fue el 25 de junio, «una vez que fueron rectificadas las deficiencias observadas», cuando se produjo el levantamiento de la detención del buque. Según se lee en el expediente incoado ayer, «como algunas deficiencias que fueron motivo de detención no se podían subsanar en Palermo, el PSC (Port State Control) italiano autorizó al buque a hacer un único viaje de Palermo a Pasaia para subsanar estas deficiencias en el puerto de Pasaia».
Las infracciones más graves fueron siete: «la falta de registro de las pruebas y ejercicios del aparato de gobierno en el Diario de Navegación del buque», por el que se le pide a la oenegé una sanción de 120.000 euros; «la omisión de no tener registros de las horas de trabajo o descanso de la gente de mar en un buque» (120.000 euros); «la omisión de tener un plan de viaje» (180.000 euros), «no disponer a bordo de las cartas náuticas necesarias para el viaje proyectado o encontrarse estas desactualizadas (180.000), »la falta de un cuadro o tabla con la organización del trabajo a bordo del buque« la falta de un cuadro o tabla con la organización del trabajo a bordo del buque« (120.000 euros), »la falta de disponibilidad inmediata de dos balsas salvavidas« (180.000) y »la falta de familiarización de la tripulación con las tareas asignadas para casos de emergencia a bordo, concretamente durante la realización de los ejercicios de lucha contraincendios« (180.000 euros).
El presidente de Salvamento Marítimo Humanitario, Iñigo Mijangos, por su parte, ha asegurado este viernes que el barco se detuvo en una «campaña que estaba haciendo el gobierno italiano para detener los barcos de salvamento de la flota civil de rescate. Esto iba en una campaña más política que realmente en lo concerniente a la seguridad de los barcos. De ahí deriva este proceso sancionador al que presentaremos las alegaciones correspondientes y esperaremos respuesta del funcionario instructor del proceso. Esta situación no tiene nada que ver con el despacho del barco, que es independiente y separado y cuya inspección se realizará el próximo martes, esperando que resulte todo satisfactorio y que el barco pueda salir sin mayores dificultades».
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El 'Aita Mari' fue objeto de un control por el Estado italiano en mayo de 2020. El Gobierno ha iniciado ahora un procedimiento penalizador y desde la oenegé Salvamento M
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