Jueces, abogados del Estado, diplomáticos, inspectores de trabajo y asociaciones educativas denuncian el pacto de PSOE y Junts
Concentración en Barcelona de policías y guardias civiles contra la amnistíaDaniel RamírezAraba Press
JUECES DECANOS, AUDIENCIAS PROVINCIALES Y TSJ. El malestar entre los miembros del Poder Judicial continúa in crescendo. A los comunicados de todas las asociaciones judiciales y el Consejo General del Poder Judicial se sumaron ayer distintas Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia rechazando el concepto de lawfare y señalando que en un Estado de derecho los jueces están sujetos al imperio de Ley. Por su parte, los presidentes de las audiencias provinciales emitieron otro comunicado donde señalaron que «su sorpresa e indignación» porque el pacto PSOE-Junts ponga en tela de juicio «la independencia del Poder Judicial en España». Además, los jueces decanos también se posicionaron en contra del concepto de lawfare o judicialización de la política.
ABOGACÍA DEL ESTADO. Más de un centenar de abogados del Estado firmaron una declaración rechazando «rotundamente los acuerdos de investidura, que suponen un ataque directo a la libertad, la justicia y la igualdad, con manifiesta quiebra de nuestro Estado de Derecho». Por otro lado, la Asociación de Abogados del Estado emitió ayer otro comunicado donde expresó su «profunda preocupación por la ruptura de la separación de poderes y del principio de igualdad entre todos los españoles». «El debilitamiento de las instituciones democráticas del Estado supone una inaceptable deslegitimación de las mismas que esta Asociación no puede compartir», agregó este colectivo.
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO. El sindicato más representativo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cargó ayer contra el pacto de investidura entre el PSOE y el PNV por el que se acuerda la tras*ferencia en un periodo de dos años de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco, ya que considera que esa medida «rompe la solidaridad y la igualdad de los españoles». «Que las Comunidades Autónomas puedan disponer de la facultad de reconocer las pensiones y resto de prestaciones (jubilaciones, Incapacidades, subsidios...) sin someterse a criterios de gestión unificados para todo el territorio nacional, abocaría, irremediablemente, al comienzo de la ruptura de la solidaridad del Sistema de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional y del principio de unidad de caja del sistema de la Seguridad Social», argumentaron en un comunicado.
LOS LETRADOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. El Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Seguridad Social también criticó esta tras*ferencia prevista al País Vasco. Consideró que mantener el sistema de Seguridad Social como está en la actualidad y en los términos constitucionalmente previstos «es un elemento esencial para la convivencia». «Cualquier cesión o tras*ferencia de su gestión a las Comunidades Autónomas atentaría contra el modelo consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución, que contempla un régimen público de Seguridad Social, único y unitario para todos los ciudadanos como garantía de la igualdad de todos los españoles», lamentaron.
LA INSPECCIÓN DE HACIENDA. La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) expresó «su rechazo frontal y absoluto a los acuerdos que se derivan de la negociación para una futura investidura del actual presidente del Gobierno de España», ya que en ellos «se vislumbra de una manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual en varias materias, entre las cuales se encuentra la materia financiera».
LOS AGENTES SOCIALES. La CEOE, patronal de los empresarios, no se ha pronunciado todavía sobre los acuerdos que articulado Pedro Sánchez para garantizar su investidura, pero sí ha convocado un Comité Ejecutivo extraordinario y de urgencia para el próximo lunes en el que se abordará la situación de España «ante la grave preocupación existente en el mundo empresarial». Patronales adscritas a la misma, como la madrileña CEIM, ya han advertido de que medidas como la amnistía provocarán una «pérdida de seguridad jurídica, de calidad democrática y de confianza de los inversores» que afectarán a la economía española. Los sindicatos, por su parte, que sí han celebrado que vaya a haber investidura de Sánchez, han sido críticos con algunas medidas puntuales reclamando sobre todo que, en tanto que afectan a los trabajadores, sean negociadas en el diálogo social antes de implementarse.
DIPLOMÁTICOS. La Asociación de Diplomáticos Españoles manifestó ayer su preocupación por la cláusula firmada por el PSOE con Junts «de ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales». El acuerdo sostiene que «los diplomáticos españoles hemos trabajado desde 2017 -siguiendo instrucciones de los sucesivos gobiernos- para explicar u defender los fundamentos de nuestro régimen democrático y de nuestro Estado de Derecho en la UE».
CONCAPA. Desde la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos denunciaron ayer que los acuerdos del PSOE con Junts y ERC «fracturan el orden constitucional» y « desencajan el marco de convivencia de todos los españoles». Concapa considera que el «principio constitucional de igualdad ante la ley y la solidaridad entre los diferentes territorios en España» ha sido vulnerado con los acuerdos de investidura.
INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO. La Asociación del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado (ACSIAE) se ha sumado a las críticas contra el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez porque "supondría un cambio en el funcionamiento de las instituciones democráticas del Estado" y podría "erosionar los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir todo procedimiento de selección de personal público". "Nuestra Carta Magna es la que garantiza la igualdad, el principio de solidaridad interregional, el principio de justicia financiera, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, evitando, entre otros asuntos, que haya Comunidades Autónomas de primera y de segunda", afirman los interventores y auditores del Estado.
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JUECES DECANOS, AUDIENCIAS PROVINCIALES Y TSJ. El malestar entre los miembros del Poder Judicial continúa in crescendo. A los comunicados de todas las asociaciones judiciales y el Consejo General del Poder Judicial se sumaron ayer distintas Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia rechazando el concepto de lawfare y señalando que en un Estado de derecho los jueces están sujetos al imperio de Ley. Por su parte, los presidentes de las audiencias provinciales emitieron otro comunicado donde señalaron que «su sorpresa e indignación» porque el pacto PSOE-Junts ponga en tela de juicio «la independencia del Poder Judicial en España». Además, los jueces decanos también se posicionaron en contra del concepto de lawfare o judicialización de la política.
ABOGACÍA DEL ESTADO. Más de un centenar de abogados del Estado firmaron una declaración rechazando «rotundamente los acuerdos de investidura, que suponen un ataque directo a la libertad, la justicia y la igualdad, con manifiesta quiebra de nuestro Estado de Derecho». Por otro lado, la Asociación de Abogados del Estado emitió ayer otro comunicado donde expresó su «profunda preocupación por la ruptura de la separación de poderes y del principio de igualdad entre todos los españoles». «El debilitamiento de las instituciones democráticas del Estado supone una inaceptable deslegitimación de las mismas que esta Asociación no puede compartir», agregó este colectivo.
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO. El sindicato más representativo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cargó ayer contra el pacto de investidura entre el PSOE y el PNV por el que se acuerda la tras*ferencia en un periodo de dos años de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco, ya que considera que esa medida «rompe la solidaridad y la igualdad de los españoles». «Que las Comunidades Autónomas puedan disponer de la facultad de reconocer las pensiones y resto de prestaciones (jubilaciones, Incapacidades, subsidios...) sin someterse a criterios de gestión unificados para todo el territorio nacional, abocaría, irremediablemente, al comienzo de la ruptura de la solidaridad del Sistema de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional y del principio de unidad de caja del sistema de la Seguridad Social», argumentaron en un comunicado.
LOS LETRADOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. El Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Seguridad Social también criticó esta tras*ferencia prevista al País Vasco. Consideró que mantener el sistema de Seguridad Social como está en la actualidad y en los términos constitucionalmente previstos «es un elemento esencial para la convivencia». «Cualquier cesión o tras*ferencia de su gestión a las Comunidades Autónomas atentaría contra el modelo consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución, que contempla un régimen público de Seguridad Social, único y unitario para todos los ciudadanos como garantía de la igualdad de todos los españoles», lamentaron.
LA INSPECCIÓN DE HACIENDA. La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) expresó «su rechazo frontal y absoluto a los acuerdos que se derivan de la negociación para una futura investidura del actual presidente del Gobierno de España», ya que en ellos «se vislumbra de una manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual en varias materias, entre las cuales se encuentra la materia financiera».
LOS AGENTES SOCIALES. La CEOE, patronal de los empresarios, no se ha pronunciado todavía sobre los acuerdos que articulado Pedro Sánchez para garantizar su investidura, pero sí ha convocado un Comité Ejecutivo extraordinario y de urgencia para el próximo lunes en el que se abordará la situación de España «ante la grave preocupación existente en el mundo empresarial». Patronales adscritas a la misma, como la madrileña CEIM, ya han advertido de que medidas como la amnistía provocarán una «pérdida de seguridad jurídica, de calidad democrática y de confianza de los inversores» que afectarán a la economía española. Los sindicatos, por su parte, que sí han celebrado que vaya a haber investidura de Sánchez, han sido críticos con algunas medidas puntuales reclamando sobre todo que, en tanto que afectan a los trabajadores, sean negociadas en el diálogo social antes de implementarse.
DIPLOMÁTICOS. La Asociación de Diplomáticos Españoles manifestó ayer su preocupación por la cláusula firmada por el PSOE con Junts «de ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales». El acuerdo sostiene que «los diplomáticos españoles hemos trabajado desde 2017 -siguiendo instrucciones de los sucesivos gobiernos- para explicar u defender los fundamentos de nuestro régimen democrático y de nuestro Estado de Derecho en la UE».
CONCAPA. Desde la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos denunciaron ayer que los acuerdos del PSOE con Junts y ERC «fracturan el orden constitucional» y « desencajan el marco de convivencia de todos los españoles». Concapa considera que el «principio constitucional de igualdad ante la ley y la solidaridad entre los diferentes territorios en España» ha sido vulnerado con los acuerdos de investidura.
INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO. La Asociación del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado (ACSIAE) se ha sumado a las críticas contra el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez porque "supondría un cambio en el funcionamiento de las instituciones democráticas del Estado" y podría "erosionar los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir todo procedimiento de selección de personal público". "Nuestra Carta Magna es la que garantiza la igualdad, el principio de solidaridad interregional, el principio de justicia financiera, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, evitando, entre otros asuntos, que haya Comunidades Autónomas de primera y de segunda", afirman los interventores y auditores del Estado.
Crece la oleada civil y profesional contra la amnistía, de las escuelas a las embajadas: "Rompe la igualdad en materia de pensiones"
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