Vlad_Empalador
Será en Octubre
Así actuaba una banda criminal que introducía en Ourense hachís y cocaína que traían desde Algeciras
MARTA VÁZQUEZOURENSE
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Los ocho acusados, cinco hombres y tres mujeres, este martes en la sala de vistas de la Audiencia provincial Santi M. Amil
Los integrantes del grupo delictivo y tres colaboradores aceptan condenas de entre dos y tres años de guandoca y multas de más de 300.000 euros en total
23 mar 2022. Actualizado a las 08:40 h.
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Cuatro años después de que se desarrollara una de las mayores operaciones antidroga centralizada en la provincia de Ourense, ya hay sentencia para los ocho acusados de formar una banda criminal dedicada a introducir en la provincia grandes cantidades de hachís y cocaína. Todos ellos se sentaron este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Ourense, admitiendo que formaban parte de un grupo criminal, tal y como sospechaba la Fiscalía provincial, que estaba perfectamente organizada para traer desde el sur de España la droja para luego venderla entre los consumidores gallegos.
Así las cosas, queda probado que Mourad E. A, Susana V. R., Boutahar O., Tania Q. P. y Sonia Raquel A. A. tenían labores asignadas dentro de la banda, aceptando penas que van desde los dos años y cuatro meses de guandoca, hasta los casi tres para Mourad y Susana, quienes además de ser condenados por tráfico de drojas y pertenencia a banda criminal, tendrán que afrontar un reproche penal por tenencia ilícita de armas.
De dos años de guandoca será la pena que tengan que afrontar Martín P. P., Alberto G. C. y Ahmed K., a quienes solo se condena por el tráfico de drojas. Además, todos los implicados en este caso, quedan obligados a abonar a la justicia multas que, en total, superan los trescientos mil euros.
En la vista todos los acusados se mostraron conformes con los términos de la condena, que implica además el decomiso de tres coches, un Seat Altea, un Volkswagen Passat y un Seat León, que usaban para tras*portar la droja desde el sur de España.
El origen del caso se remonta al 2018. Las sospechas de que en la capital ourensana estaba activa una banda de traficantes de cocaína y hachís que podrían estar moviendo importantes cantidades de producto llevó en febrero de ese año a poner en marcha una investigación policial que meses después se saldó con una redada antidroga que permitió evitar la llegada al mercado de más de treinta kilos de hachís, entre otras sustancias como cocaína.
Todo gracias al ingente trabajo desarrollado por la unidad orgánica de la policía judicial de la Guardia Civil de Ourense, el grupo de estupefacientes de la Policía Nacional y efectivos del servicio de Vigilancia Aduanera, quienes coordinados desde la Fiscalía antidroga de la capital y el Juzgado de Instrucción 2 pusieron el marcha el ambicioso dispositivo el 27 de febrero. Se intervinieron teléfonos y se hicieron seguimientos que permitieron constatar la existencia de un grupo de personas que, «de manera estable» se dedicaba al narcotráfico, situando como cabecilla de la banda a Mourad E. A., un hombre de origen jovenlandés en situación irregular. El sospechoso, que en la vista de este martes mantuvo un rifirrafe con el presidente del tribunal porque no quería quitarse la capucha que le cubría la cabeza, «era una de las personas encargadas de conseguir las sustancias estupefacientes en jovenlandia y el sur de la península», para lo cual se desplazaba con regularidad hasta Algeciras, donde «adquiría grandes partidas de hachís» que luego tras*portaba hasta la ciudad de As Burgas.
Como colaboradora directa de Mourad saltó enseguida el nombre de Susana V. R., a la que las indagaciones situaron como «conocedora de las actividades ilícitas», ayudando además en las tras*acciones diarias de droja. Esta acusada llegó a ceder una vivienda de su familia para guardar armas y estupefacientes, convirtiéndola en un almacén de la banda. Las escuchas permitieron también señalar a Tania Q. P. y Sonia A. A., quienes colaborarían en la venta al por menor apoyadas por Boutahar O., que solía también bajar a Algeciras para conseguir la mercancía ilegal, llegando en ocasiones a cruzar el estrecho para comprarla.
droja oculta en caletas
Tras cuatro meses de averiguaciones, que conllevaron desplazamientos al sur del país por parte de los agentes involucrados en la operación, el primer éxito llegó el 6 de junio, de la mano de la operación denominada Justel- Casablanca. Los agentes sabían que Mourad regresaba de un viaje y le dieron el alto a primera hora de la mañana en el kilómetro 296 de la autovía A-66, en la provincia de Zamora. Sospechaban que acababa de adquirir un cargamento de droja y tras un registro minucioso de su Seat León, localizaron dentro de la guantera una caleta con ocho botellas de plástico. En su interior había 8,7 kilos de resina de cannabis, que en el mercado hubieran alcanzado un valor de 48.2018 euros.
Pero la banda tenía contactos y, según se comprobó, atendía «pedidos» de clientes. Uno de ellos sería Martín P. P., alias Coleta, quien en mayo de ese año habría encargado a Boutahar nada menos que 25 kilos de hachís. Supieron los investigadores que el viaje a Andalucía para conseguir la droja se haría el 22 de junio y que dos colaboradores más se iban a implicar, Ahmed K. y Alberto G. C., considerado este último hombre de confianza de Martín. Sus planes se vieron frustrados por los agentes, que interceptaron el coche en que se tras*portaba la droja en Puebla de la Cazalla, Sevilla, y que conducía Alberto. Bajo el salpicadero se localizó la caleta, con los 25.996 gramos de cannabis, algo más de lo encargado, y con un valor de 148.177 euros. Ese mismo día se arrestó, en Vigo a Martín P. P. También cayeron Ahmed y Boutahar, que circulaban en un coche lanzadera que, visto lo visto, no cumplió su propósito.
Pocas veces se logran condenas por pertenencia a banda criminal porque no resulta fácil para las acusaciones probar la existencia de redes de delincuencia organizadas. En este caso las pruebas que tenía la Fiscalía contra cinco de los ocho acusados han sido suficientes para que cinco de los acusados en esta causa admitieran este cargo, renunciando a la celebración del juicio.
Ramificaciones andaluzas
Fruto de las escuchas practicadas en esta operación, salieron a la luz acciones delictivas que se estaban desarrollando en Cádiz y que llevaron al arresto allí tiempo después de diecisiete personas, trasladadas luego hasta Ourense para prestar declaración ante el juez. Se acordó, sin embargo, que ese caso fuese juzgado en Andalucía.
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Los ocho acusados, cinco hombres y tres mujeres, este martes en la sala de vistas de la Audiencia provincial Santi M. Amil
Los integrantes del grupo delictivo y tres colaboradores aceptan condenas de entre dos y tres años de guandoca y multas de más de 300.000 euros en total
23 mar 2022. Actualizado a las 08:40 h.
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Cuatro años después de que se desarrollara una de las mayores operaciones antidroga centralizada en la provincia de Ourense, ya hay sentencia para los ocho acusados de formar una banda criminal dedicada a introducir en la provincia grandes cantidades de hachís y cocaína. Todos ellos se sentaron este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Ourense, admitiendo que formaban parte de un grupo criminal, tal y como sospechaba la Fiscalía provincial, que estaba perfectamente organizada para traer desde el sur de España la droja para luego venderla entre los consumidores gallegos.
Así las cosas, queda probado que Mourad E. A, Susana V. R., Boutahar O., Tania Q. P. y Sonia Raquel A. A. tenían labores asignadas dentro de la banda, aceptando penas que van desde los dos años y cuatro meses de guandoca, hasta los casi tres para Mourad y Susana, quienes además de ser condenados por tráfico de drojas y pertenencia a banda criminal, tendrán que afrontar un reproche penal por tenencia ilícita de armas.
De dos años de guandoca será la pena que tengan que afrontar Martín P. P., Alberto G. C. y Ahmed K., a quienes solo se condena por el tráfico de drojas. Además, todos los implicados en este caso, quedan obligados a abonar a la justicia multas que, en total, superan los trescientos mil euros.
En la vista todos los acusados se mostraron conformes con los términos de la condena, que implica además el decomiso de tres coches, un Seat Altea, un Volkswagen Passat y un Seat León, que usaban para tras*portar la droja desde el sur de España.
El origen del caso se remonta al 2018. Las sospechas de que en la capital ourensana estaba activa una banda de traficantes de cocaína y hachís que podrían estar moviendo importantes cantidades de producto llevó en febrero de ese año a poner en marcha una investigación policial que meses después se saldó con una redada antidroga que permitió evitar la llegada al mercado de más de treinta kilos de hachís, entre otras sustancias como cocaína.
Todo gracias al ingente trabajo desarrollado por la unidad orgánica de la policía judicial de la Guardia Civil de Ourense, el grupo de estupefacientes de la Policía Nacional y efectivos del servicio de Vigilancia Aduanera, quienes coordinados desde la Fiscalía antidroga de la capital y el Juzgado de Instrucción 2 pusieron el marcha el ambicioso dispositivo el 27 de febrero. Se intervinieron teléfonos y se hicieron seguimientos que permitieron constatar la existencia de un grupo de personas que, «de manera estable» se dedicaba al narcotráfico, situando como cabecilla de la banda a Mourad E. A., un hombre de origen jovenlandés en situación irregular. El sospechoso, que en la vista de este martes mantuvo un rifirrafe con el presidente del tribunal porque no quería quitarse la capucha que le cubría la cabeza, «era una de las personas encargadas de conseguir las sustancias estupefacientes en jovenlandia y el sur de la península», para lo cual se desplazaba con regularidad hasta Algeciras, donde «adquiría grandes partidas de hachís» que luego tras*portaba hasta la ciudad de As Burgas.
Como colaboradora directa de Mourad saltó enseguida el nombre de Susana V. R., a la que las indagaciones situaron como «conocedora de las actividades ilícitas», ayudando además en las tras*acciones diarias de droja. Esta acusada llegó a ceder una vivienda de su familia para guardar armas y estupefacientes, convirtiéndola en un almacén de la banda. Las escuchas permitieron también señalar a Tania Q. P. y Sonia A. A., quienes colaborarían en la venta al por menor apoyadas por Boutahar O., que solía también bajar a Algeciras para conseguir la mercancía ilegal, llegando en ocasiones a cruzar el estrecho para comprarla.
droja oculta en caletas
Tras cuatro meses de averiguaciones, que conllevaron desplazamientos al sur del país por parte de los agentes involucrados en la operación, el primer éxito llegó el 6 de junio, de la mano de la operación denominada Justel- Casablanca. Los agentes sabían que Mourad regresaba de un viaje y le dieron el alto a primera hora de la mañana en el kilómetro 296 de la autovía A-66, en la provincia de Zamora. Sospechaban que acababa de adquirir un cargamento de droja y tras un registro minucioso de su Seat León, localizaron dentro de la guantera una caleta con ocho botellas de plástico. En su interior había 8,7 kilos de resina de cannabis, que en el mercado hubieran alcanzado un valor de 48.2018 euros.
Pero la banda tenía contactos y, según se comprobó, atendía «pedidos» de clientes. Uno de ellos sería Martín P. P., alias Coleta, quien en mayo de ese año habría encargado a Boutahar nada menos que 25 kilos de hachís. Supieron los investigadores que el viaje a Andalucía para conseguir la droja se haría el 22 de junio y que dos colaboradores más se iban a implicar, Ahmed K. y Alberto G. C., considerado este último hombre de confianza de Martín. Sus planes se vieron frustrados por los agentes, que interceptaron el coche en que se tras*portaba la droja en Puebla de la Cazalla, Sevilla, y que conducía Alberto. Bajo el salpicadero se localizó la caleta, con los 25.996 gramos de cannabis, algo más de lo encargado, y con un valor de 148.177 euros. Ese mismo día se arrestó, en Vigo a Martín P. P. También cayeron Ahmed y Boutahar, que circulaban en un coche lanzadera que, visto lo visto, no cumplió su propósito.
Pocas veces se logran condenas por pertenencia a banda criminal porque no resulta fácil para las acusaciones probar la existencia de redes de delincuencia organizadas. En este caso las pruebas que tenía la Fiscalía contra cinco de los ocho acusados han sido suficientes para que cinco de los acusados en esta causa admitieran este cargo, renunciando a la celebración del juicio.
Ramificaciones andaluzas
Fruto de las escuchas practicadas en esta operación, salieron a la luz acciones delictivas que se estaban desarrollando en Cádiz y que llevaron al arresto allí tiempo después de diecisiete personas, trasladadas luego hasta Ourense para prestar declaración ante el juez. Se acordó, sin embargo, que ese caso fuese juzgado en Andalucía.
