Cada vez son más las figuras de relevancia pública y votantes del PSOE que censuran la amnistía
Al Partido Popular le asiste toda la fuerza jovenlandesal para convocar la movilización cívica que ha anunciado para el próximo día 24 contra la futura aprobación de una amnistía. Un acto que no debe encuadrarse como una contestación a una decisión más del Gobierno, sino contra el movimiento que más ejemplifica la concepción del poder que tiene Pedro Sánchez: para asegurar su investidura es capaz de pactar una medida que socava los fundamentos democráticos más elementales y que borraría los delitos cometidos durante el procés, legitimándolo. Carles Puigdemont, promotor del golpe, no tendría ni siquiera que responder ante la Justicia, de la que lleva fugado más de un lustro.
Frente a este acto legítimo del PP, el Gobierno en funciones ha respondido con una violencia verbal desmedida. Usando la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Rodríguez ha tachado a José María Aznar -que el martes ya apremió a Feijóo a liderar una protesta en la calle contra la amnistía- de tener un comportamiento «antidemocrático» y «golpista», y varios miembros del PSOE y del Ejecutivo han hecho una comparación entre la movilización prevista y el asalto al Capitolio de los seguidores de Trump. A nadie se le escapa la contradicción: quienes pactan con los golpistas acusan de golpistas a quienes los quieren combatir.
La hipérbole del Gobierno es excesiva incluso dentro de la política de crispación que ha impuesto desde su acceso al poder. Y, sobre todo, da cuenta del temor que existe en el seno del PSOE de que el PP haya logrado tomar el pulso de la calle y de que la oposición de la sociedad civil cristalice de manera mayoritaria ese 24 de septiembre, tan solo dos días antes de que comience la investidura de Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP se lanza a movilizar a más de 200.000 ciudadanos, con lo que exhibiría un músculo social tras*versal. No sería de extrañar. Desde los llamados socialistas de la vieja guardia a una parte de la intelectualidad de la izquierda nacional, cada vez son más las figuras de relevancia pública y votantes del PSOE los que advierten del retroceso que supondrá la amnistía. Son conscientes de que sería una deslegitimación de la tras*ición, que tanto se celebró e imitó, y de nuestra democracia, que ha alumbrado el mayor periodo de prosperidad de nuestra historia. Muchos de ellos son catalanes, han sufrido el rodillo del independentismo y han visto cómo la sociedad se rompió con el procés. La amnistía significa aceptar el relato secesionista.
Esta reacción demuestra que no estamos ante un conflicto ideológico ni de bloques izquierda o derecha, sino entre quienes quieren defender una España de ciudadanos libres e iguales y los que no. Por eso, mostrar unidad frente a lo que supone la amnistía es un imperativo jovenlandesal.
Al Partido Popular le asiste toda la fuerza jovenlandesal para convocar la movilización cívica que ha anunciado para el próximo día 24 contra la futura aprobación de una amnistía. Un acto que no debe encuadrarse como una contestación a una decisión más del Gobierno, sino contra el movimiento que más ejemplifica la concepción del poder que tiene Pedro Sánchez: para asegurar su investidura es capaz de pactar una medida que socava los fundamentos democráticos más elementales y que borraría los delitos cometidos durante el procés, legitimándolo. Carles Puigdemont, promotor del golpe, no tendría ni siquiera que responder ante la Justicia, de la que lleva fugado más de un lustro.
Frente a este acto legítimo del PP, el Gobierno en funciones ha respondido con una violencia verbal desmedida. Usando la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Rodríguez ha tachado a José María Aznar -que el martes ya apremió a Feijóo a liderar una protesta en la calle contra la amnistía- de tener un comportamiento «antidemocrático» y «golpista», y varios miembros del PSOE y del Ejecutivo han hecho una comparación entre la movilización prevista y el asalto al Capitolio de los seguidores de Trump. A nadie se le escapa la contradicción: quienes pactan con los golpistas acusan de golpistas a quienes los quieren combatir.
La hipérbole del Gobierno es excesiva incluso dentro de la política de crispación que ha impuesto desde su acceso al poder. Y, sobre todo, da cuenta del temor que existe en el seno del PSOE de que el PP haya logrado tomar el pulso de la calle y de que la oposición de la sociedad civil cristalice de manera mayoritaria ese 24 de septiembre, tan solo dos días antes de que comience la investidura de Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP se lanza a movilizar a más de 200.000 ciudadanos, con lo que exhibiría un músculo social tras*versal. No sería de extrañar. Desde los llamados socialistas de la vieja guardia a una parte de la intelectualidad de la izquierda nacional, cada vez son más las figuras de relevancia pública y votantes del PSOE los que advierten del retroceso que supondrá la amnistía. Son conscientes de que sería una deslegitimación de la tras*ición, que tanto se celebró e imitó, y de nuestra democracia, que ha alumbrado el mayor periodo de prosperidad de nuestra historia. Muchos de ellos son catalanes, han sufrido el rodillo del independentismo y han visto cómo la sociedad se rompió con el procés. La amnistía significa aceptar el relato secesionista.
Esta reacción demuestra que no estamos ante un conflicto ideológico ni de bloques izquierda o derecha, sino entre quienes quieren defender una España de ciudadanos libres e iguales y los que no. Por eso, mostrar unidad frente a lo que supone la amnistía es un imperativo jovenlandesal.
Mostrar unidad frente a la amnistía es un imperativo moral
Al Partido Popular le asiste toda la fuerza jovenlandesal para convocar la movilización cívica que ha anunciado para el próximo día 24 contra la futura aprobación de una amnistía. Un...
www.elmundo.es