cuñado de bar
Hablando sin tener ni idea
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Mientras la Generalitat de Cataluña centra sus reivindicaciones en estos días en rebajar los delitos de sedición y malversación, el Gobierno vasco obtiene una cosecha económica a largo plazo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acordado con el Gobierno vasco blindar el actual Cupo hasta 2027 a salvo de la reforma de la financiación autonómica y le concede más margen para incurrir en déficit que al resto de comunidades autónomas. Ése es el resultado de la Comisión Mixta que presidió ella este jueves junto al consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu.
El acuerdo blinda la metodología de cálculo del cupo de País Vasco para el quinquenio 2022- 2026, lo que supone, según Azpiazu es "de enorme importancia y consigue que el autogobierno vasco y el Concierto Económico, donde el pacto bilateral es característica fundamental, salgan más fortalecidos". Según fuentes oficiales de su consejería el acuerdo da seguridad durante cinco años a cómo serán las aportaciones vascas al Estado aunque durante este período se acuerdo un nuevo sistema de financiación autonómica. El blindaje conseguido por el Gobierno vasco es relevante, porque consejeros de Hacienda autonómicos, incluida la propia Montero cuando ocupaba el cargo en la Junta andaluza, defienden que en esa nueva reforma habría que conseguir que las comunidades forales aporten a los fondos de solidaridad.
Por otra parte y pese al blindaje de esta financiación privilegiada a través del Cupo, Montero aceptó que el País Vasco pueda registrar un déficit público en 2023 del 0,6% del Producto Interior Bruto, frente al 0,3% que concede a las comunidades de régimen común. Es particularmente chocante para las regiones más castigadas por el actual modelo de financiación como la Comunidad Valenciana y Murcia, que deberán hacer más esfuerzo de ajuste que el País Vasco con menos recursos.
El Cupo es la aportación que hace el País Vasco al Estado por competencias no tras*feridas y está infravalorada, según la mayoría de comunidades. Según el pacto de ayer, esa aportación vía Cupo queda fijada en 2022 en 1.467 millones, según Hacienda, y en 1.472 millones, según el Gobierno vasco, pero ambas cifras en línea con lo previsto en los Presupuestos del Estado en vigor. Para calcular el Cupo se mantiene como referencia que pesa el 6,24% en la economía del Estado, lo que supone, según el Gobierno vasco, un esfuerzo mayor que el que deberían, pero que aceptan.
Además, Montero y Azpiazu acordaron la concertación de dos nuevas figuras tributarias -Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables y el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en Vertederos, la Incineración y la Coincineración de Residuos- y la adaptación del Concierto Económico Vasco a los cambios introducidos en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Todo ello reportará a las arcas vascas, según Azpiazu, unos 75 millones.
El acuerdo blinda la metodología de cálculo del cupo de País Vasco para el quinquenio 2022- 2026, lo que supone, según Azpiazu es "de enorme importancia y consigue que el autogobierno vasco y el Concierto Económico, donde el pacto bilateral es característica fundamental, salgan más fortalecidos". Según fuentes oficiales de su consejería el acuerdo da seguridad durante cinco años a cómo serán las aportaciones vascas al Estado aunque durante este período se acuerdo un nuevo sistema de financiación autonómica. El blindaje conseguido por el Gobierno vasco es relevante, porque consejeros de Hacienda autonómicos, incluida la propia Montero cuando ocupaba el cargo en la Junta andaluza, defienden que en esa nueva reforma habría que conseguir que las comunidades forales aporten a los fondos de solidaridad.
Por otra parte y pese al blindaje de esta financiación privilegiada a través del Cupo, Montero aceptó que el País Vasco pueda registrar un déficit público en 2023 del 0,6% del Producto Interior Bruto, frente al 0,3% que concede a las comunidades de régimen común. Es particularmente chocante para las regiones más castigadas por el actual modelo de financiación como la Comunidad Valenciana y Murcia, que deberán hacer más esfuerzo de ajuste que el País Vasco con menos recursos.
El Cupo es la aportación que hace el País Vasco al Estado por competencias no tras*feridas y está infravalorada, según la mayoría de comunidades. Según el pacto de ayer, esa aportación vía Cupo queda fijada en 2022 en 1.467 millones, según Hacienda, y en 1.472 millones, según el Gobierno vasco, pero ambas cifras en línea con lo previsto en los Presupuestos del Estado en vigor. Para calcular el Cupo se mantiene como referencia que pesa el 6,24% en la economía del Estado, lo que supone, según el Gobierno vasco, un esfuerzo mayor que el que deberían, pero que aceptan.
Además, Montero y Azpiazu acordaron la concertación de dos nuevas figuras tributarias -Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables y el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en Vertederos, la Incineración y la Coincineración de Residuos- y la adaptación del Concierto Económico Vasco a los cambios introducidos en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Todo ello reportará a las arcas vascas, según Azpiazu, unos 75 millones.
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