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Mónica Oltra ordena pagar 5,3 millones a tres empresas de Gürtel sin cobertura legal
La vicepresidente de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, ha ordenado pagar en el último año y medio 5,3 millones de euros al grupo Centros Residenciales Savia, participado por la familia del ex conseller Juan Cotino y por tres empresas implicadas en el caso Gurtel: el grupo Ortiz, Lubasa y Hormigones Martínez.
Centros Residenciales Savia gestiona actualmente 22 residencias de ancianos concertadas y financiadas por la Generalitat, gracias a los concursos convocados primero por Rafael Blasco y luego por el propio Juan Cotino, que en aquel momento era conseller de Bienestar Social del Ejecutivo autonómico.
Una sentencia dictada en enero de 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló la adjudicación de la tercera parte de estas plazas, por considerar que el procedimiento había sido irregular.
Por su parte, el pasado mes de septiembre, PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos aprobaron en las Cortes Valencianas el dictamen de la comisión de investigación según el cual hubo trato de favor en la adjudicación del contrato al grupo creado por la familia del ex conseller Cotino.
Pagos sin contrato ni cobertura legal
La propia Mónica Oltra ha anunciado en varias ocasiones que va a poner en marcha un nuevo modelo para la gestión de las residencias de ancianos, y ha convocado un concurso para gestionar 3.300 plazas, que sigue paralizado.
A la espera de que cumpla esta promesa, durante los últimos meses Oltra ha ordenado pagar 5,3 millones de euros a la empresa de la familia de Cotino, por las plazas que sigue gestionando en 22 residencias de ancianos concertadas de la Comunidad (15 en Valencia, cinco en Castellón y dos en Alicante).
Como la adjudicación de estas plazas fue anulada por la Justicia, los pagos ordenados por Oltra carecen de cobertura legal. Por ello, ha tenido que recurrrir a las fórmulas del “expediente de enriquecimiento injusto” y el “expediente de resarcimiento”: es decir, la Generalitat paga a la empresa de la familia Cotino por el servicio que presta en la atención de personas mayores, aunque el contrato adjudicado ya no está en vigor ni ha podido ser prorrogado.
Como vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra firmó el 3 de junio de 2016 un decreto en el que ordenaba pagar 1,3 millones de euros públicos a Centros Residenciales Savia SL por este concepto, mediante la fórmula del “expediente de enriquecimiento injusto”. Y más recientemente, el pasado 16 de junio, ordenó pagar otros 4 millones de euros al mismo grupo, mediante un “expediente de resarcimiento”. En total, 5,3 millones.
Ortiz, “el de las galletas”
El grupo Centros Residenciales Savia fue constituido para participar en el concurso de la Generalitat por la familia Cotino junto a diez empresarios de la Comunidad Valenciana. Tres de ellos han reconocido en el juicio del caso Gürtel haber financiado ilegalmente al PP en las campañas electorales de 2007 y 2008: Enrique Ortiz (Grupo Cívica), los hermanos Martínez Berna (Hormigones Martínez) y Gabriel Alberto Batalla (Lubasa).
Enrique Ortiz ha sido propietario del Hércules y es el mayor promotor inmobiliario de Alicante. En las escuchas del caso Gürtel los implicados se refieren a él como “el de las galletas” (en alusión a su apellido). Además, está implicado en el caso Brugal de corrupción en las contratas de basuras, durante la etapa de José Joaquín Ripoll como presidente de la Diputación de Alicante. Según el sumario, paseó en su yate a la ex alcaldesa de Alicante Sonia Castedo y le regaló varios viajes, mientras negociaba con ella la modificación del planeamiento urbanístico de la ciudad.
Durante la investigación de la trama Gürtel, en 2009, la Policía interceptó una conversación en la que el sobrino de Cotino, Vicente Cotino, y Enrique Ortiz hablaban de la necesidad de presionar al entonces secretario general de la Conselleria de Bienestar Social, Joaquín Martínez, para adjudicarse nuevas plazas: “El conseller tiene todo el interés del mundo en llenar nuestras residencias”, decía el primero en alusión a su tío, “pero Joaquín Martínez se está tocando los huevones y le da lo mismo llenar las residencias nuestras que las del tío la boina”.
Durante los últimos años, se han producido varios cambios en el capital social de Centros Residenciales Savia, pero al menos el sobrino de Juan Cotino y el Grupo Cívica de Enrique Ortiz siguen siendo accionistas. La líder de Compromís, Mónica Oltra, sostiene que hubo “trato de favor” en la adjudicación de plazas al grupo de la familia Cotino, pero en el último año y medio ha ordenado pagarle 5,3 millones de euros públicos pese a que su contrato ya no está en vigor.
La vicepresidente de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, ha ordenado pagar en el último año y medio 5,3 millones de euros al grupo Centros Residenciales Savia, participado por la familia del ex conseller Juan Cotino y por tres empresas implicadas en el caso Gurtel: el grupo Ortiz, Lubasa y Hormigones Martínez.
Centros Residenciales Savia gestiona actualmente 22 residencias de ancianos concertadas y financiadas por la Generalitat, gracias a los concursos convocados primero por Rafael Blasco y luego por el propio Juan Cotino, que en aquel momento era conseller de Bienestar Social del Ejecutivo autonómico.
Una sentencia dictada en enero de 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló la adjudicación de la tercera parte de estas plazas, por considerar que el procedimiento había sido irregular.
Por su parte, el pasado mes de septiembre, PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos aprobaron en las Cortes Valencianas el dictamen de la comisión de investigación según el cual hubo trato de favor en la adjudicación del contrato al grupo creado por la familia del ex conseller Cotino.
Pagos sin contrato ni cobertura legal
La propia Mónica Oltra ha anunciado en varias ocasiones que va a poner en marcha un nuevo modelo para la gestión de las residencias de ancianos, y ha convocado un concurso para gestionar 3.300 plazas, que sigue paralizado.
A la espera de que cumpla esta promesa, durante los últimos meses Oltra ha ordenado pagar 5,3 millones de euros a la empresa de la familia de Cotino, por las plazas que sigue gestionando en 22 residencias de ancianos concertadas de la Comunidad (15 en Valencia, cinco en Castellón y dos en Alicante).
Como la adjudicación de estas plazas fue anulada por la Justicia, los pagos ordenados por Oltra carecen de cobertura legal. Por ello, ha tenido que recurrrir a las fórmulas del “expediente de enriquecimiento injusto” y el “expediente de resarcimiento”: es decir, la Generalitat paga a la empresa de la familia Cotino por el servicio que presta en la atención de personas mayores, aunque el contrato adjudicado ya no está en vigor ni ha podido ser prorrogado.
Como vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra firmó el 3 de junio de 2016 un decreto en el que ordenaba pagar 1,3 millones de euros públicos a Centros Residenciales Savia SL por este concepto, mediante la fórmula del “expediente de enriquecimiento injusto”. Y más recientemente, el pasado 16 de junio, ordenó pagar otros 4 millones de euros al mismo grupo, mediante un “expediente de resarcimiento”. En total, 5,3 millones.
Ortiz, “el de las galletas”
El grupo Centros Residenciales Savia fue constituido para participar en el concurso de la Generalitat por la familia Cotino junto a diez empresarios de la Comunidad Valenciana. Tres de ellos han reconocido en el juicio del caso Gürtel haber financiado ilegalmente al PP en las campañas electorales de 2007 y 2008: Enrique Ortiz (Grupo Cívica), los hermanos Martínez Berna (Hormigones Martínez) y Gabriel Alberto Batalla (Lubasa).
Enrique Ortiz ha sido propietario del Hércules y es el mayor promotor inmobiliario de Alicante. En las escuchas del caso Gürtel los implicados se refieren a él como “el de las galletas” (en alusión a su apellido). Además, está implicado en el caso Brugal de corrupción en las contratas de basuras, durante la etapa de José Joaquín Ripoll como presidente de la Diputación de Alicante. Según el sumario, paseó en su yate a la ex alcaldesa de Alicante Sonia Castedo y le regaló varios viajes, mientras negociaba con ella la modificación del planeamiento urbanístico de la ciudad.
Durante la investigación de la trama Gürtel, en 2009, la Policía interceptó una conversación en la que el sobrino de Cotino, Vicente Cotino, y Enrique Ortiz hablaban de la necesidad de presionar al entonces secretario general de la Conselleria de Bienestar Social, Joaquín Martínez, para adjudicarse nuevas plazas: “El conseller tiene todo el interés del mundo en llenar nuestras residencias”, decía el primero en alusión a su tío, “pero Joaquín Martínez se está tocando los huevones y le da lo mismo llenar las residencias nuestras que las del tío la boina”.
Durante los últimos años, se han producido varios cambios en el capital social de Centros Residenciales Savia, pero al menos el sobrino de Juan Cotino y el Grupo Cívica de Enrique Ortiz siguen siendo accionistas. La líder de Compromís, Mónica Oltra, sostiene que hubo “trato de favor” en la adjudicación de plazas al grupo de la familia Cotino, pero en el último año y medio ha ordenado pagarle 5,3 millones de euros públicos pese a que su contrato ya no está en vigor.
