Miles de manifestantes contra Ayuso por sus miles de personas asesinadas en residencias durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo

No están dispuestos a olvidar que murieron “solos, como perros, dejados de la mano de todos” por la decisión expresa de un gobierno regional, el de Madrid, de no trasladar a los hospitales a aquellos residentes infectados de el bichito más vulnerables. “No tuvieron ni una posibilidad de sobrevivir”, señalan los familiares de los 7.291 mayores que murieron en la primera ola de la el bichito (marzo-abril del 2020). Desde entonces piden a la justicia que no se olviden de ellos y que investigue de una vez por todas aquel protocolo regional que impedía el traslado a un hospital.

Ayer se volvieron a manifestar por el centro de Madrid varios miles en demanda de JUSTICIA (sí, con mayúsculas) y para que las residencias de mayores de Madrid dejen de ser un “servicio que solo se preocupa por sacar un beneficio económico, olvidándose de atender con dignidad”, señalan fuentes de la Marea de Residencias, donde se aglutinan los familiares.

No, no se lo han inventado. El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero declaró este verano ante el juez que el 90% de los residentes que murieron entre marzo y abril del 2020 lo hizo en el propio centro de mayores como consecuencia de la aplicación de los protocolos de no derivación a los hospitales. “Solo el 10% falleció en los hospitales. Este dato refleja muy bien lo que ocurrió”, señaló Reyero, que dimitió al no estar de acuerdo con estos protocolos.

El Gobierno de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, defiende que ese protocolo era “una recomendación” y que la decisión final sobre el traslado recaía en los directores de residencia y geriatras, algo que Marea de Residencias pone en entredicho: “¿Cuándo un protocolo es una recomendación”?, preguntan.

Reyero declaró como testigo ante el titular del juzgado de instrucción número 4 de Madrid, que investiga varios casos de fallecidos en dos residencias de mayores de la capital durante la primera ola de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. En concreto, el juez investiga a las directoras, así como a dos doctoras, a instancias de dos querellas interpuestas por familiares de fallecidos a través de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores.

Pero no es el único caso abierto (se han denunciado muchos casos, pero la justicia los ha rechazado). Hace unos días, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juzgado de instrucción número 50 que reabra un caso para investigar si la presidenta Isabel Díaz Ayuso y dos de sus consejeros durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo (Enrique Ruiz Escudero, entonces en Sanidad, y Enrique López, de Justicia) tienen alguna responsabilidad penal en el fallecimiento de siete mayores en una residencia de Ciudad Lineal al no ser derivados al hospital.

Así consta en un auto dictado el pasado 25 de octubre en el que, tras la desestimación por parte del juzgado de la querella de siete familias, las cuales recurrieron ante la Audiencia Provincial, se ordena que se investigue si hay indicios de criminalidad en las decisiones de Ayuso, Ruiz Escudero y López.

Al margen de lo que dictamine finalmente la justicia sobre lo que ocurrió en esos centros, la realidad es que se ha constatado que la situación de estas residencias (hay 3.000 en España) y el trato que se da a los residentes deja mucho que desear. Ante esta realidad, el Ministerio de Derechos Sociales se ha marcado como objetivo (empezó la pasada legislatura) ampliar la atención a domicilio, al entender que los mayores quieren estar en su casa el mayor tiempo posible, y en cuanto a las residencias, convertirlas en “hogares”, reduciendo ratios y mejorando los servicios.

Cuando los viejunos caían como moscas, hasta que la Pizpi montó el Zendal pa combatirlo, todavía ni había banderillas.