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El juez procesa a once de los imputados por los ERE ilegales de Mercasevilla, cuyas fondos dio la Junta de forma "injusta" | Andalucía (elmundo.es)
CASO ERE
El juez procesa a once de los imputados por los ERE ilegales de Mercasevilla, cuyas fondos dio la Junta de forma "injusta"
Considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental y exculpa a doce investigados, entre ellos el ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas
El ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, junto a su abogado en los juzgados de Sevilla.EFE
La macrocausa de los ERE no se agotó con el juicio -y sentencia condenatoria- de la llamada pieza política. El juez José Ignacio Vilaplana ha dado un nuevo impulso a la investigación judicial del mayor escándalo de corrupción en la historia de Andalucía al concluir que las ayudas que los gobiernos del PSOE en la Junta otorgaron a Mercasevilla, el mercado central de abastos de Sevilla, para financiar dos expedientes de regulación de empleo, en 2003 y en 2007, fueron no sólo ilegales, sino absolutamente arbitrarios, injustificados y sin ningún tipo de control. Ni antes ni después.
El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla da así por concluida la investigación judicial de una de las principales ramas de la macrocausa de los ERE tras innumerables vicisitudes desde la marcha de la juez que destapó el escándalo, Mercedes Alaya, y su sustitución por María Núñez Bolaños, que finalmente, y tras críticas y polémicas por los parones en la tramitación, quedó al margen.
Mediante un auto dictado este 12 de abril, el juez Vilaplana decreta la continuación como procedimiento abreviado de la causa relativa a los dos ERE que llevó a cabo Mercasevilla en apenas cinco años y que fueron financiados al amparo del procedimiento irregular diseñado por el que fuera director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y consentido y auspiciados por los gobiernos socialistas, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán -condenados por ello en la denominada pieza política- y que supuso un expolio de las arcas públicas andaluzas cercano a los 700 millones de euros.
Los ERE del mercado central de Sevilla fueron dos de los que se financiaron de acuerdo a ese sistema, fundamentalmente opaco y arbitrario, y los primeros en despertar las sospechas y ser investigados, hasta el punto de que podrían considerarse los primeros capítulos de esta larga historia judicial que Alaya empezó a escribir en 2011.
Ahora, el juez considera que la investigación ha concluido y que existen indicios de delito más que suficientes en el devenir de estos dos expedientes de regulación de empleo por los que procesa a once de los 23 investigados inicialmente, entre ellos el que fuera director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, y su número dos y responsable de Recursos Humanos, Daniel Ponce, los responsables de la aseguradora con la que fue contratada la póliza para esas prejubilaciones, Vitalia, el considerado "conseguidor" de los ERE, el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, o un intruso que fue colado en los ERE sin haber trabajado nunca en la empresa.
Fuera quedan del proceso otras doce personas, entre los que destaca uno de los inicialmente señalados como principales imputados, el que fuera delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, un destacado dirigente provincial del PSOE que fue quien autorizó los dos ERE de Mercasevilla pero contra el que el juez dice que no se han encontrado suficientes indicios.
Igualmente, aparta de la causa a los miembros del Comité de Empresa, al considerar que, aunque es cierto que participaron en las negociaciones de los ERE de 2003 y 2007, dicha actuación "aislada no permite, en ausencia de otras evidencias de las que se deduzca una mayor implicación, acordar la continuación de las actuaciones respecto de los mismos", ya que dicha intervención "resulta insuficiente para sostener que tenían capacidad de disposición o de decisión sobre el otorgamiento de las ayudas ilícitas objeto de la causa".
A los procesados les atribuye cuatro presuntos delitos: falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación y a las partes personadas en la causa les da ahora un plazo de 20 días para que planteen su conclusiones y escritos de calificación o, por el contrario, soliciten el sobreseimiento.
Todo ello después de señalar que hay "serios indicios racionales de criminalidad" en esta pieza de los ERE y constatar que las ayudas con las que se financiaron las prejubilaciones de los trabajadores afectados de Mercasevilla las otorgó la Junta de Andalucía "extramuros de cualquier legalidad". En concreto, para el primer ERE, el de 2003, la Junta aprobó y abonó una ayuda de 5,6 millones de euros, mientras que para el de 2007, dio luz verde a una ayuda de casi 7 millones de euros que, sin embargo y a última hora, no llegó a pagar.
El juez Vilaplana, en el auto al que ha tenido acceso este periódico, se refiere al "mecanismo arbitrario y defraudatorio" por el que se concedieron las ayudas y apunta cómo los dos directivos de Mercasevilla, Mellet, y Ponce, se concertaron con el ex director de Trabajo, Javier Guerrero -ya fallecido-, para poner en marcha los expedientes de regulación, en los que jugó un papel determinante la mediadora Vitalia, "impuesta" desde la Dirección de Trabajo.
En esta línea, el magistrado insiste en que las ayudas a Mercasevilla carecían de objeto definido, se llevaron a efecto "de forma injusta y arbitraria" y prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, sin publicidad de ningún tipo, ni concurrencia u objetividad y asumiendo Guerrero una competencia que no tenía para conceder unos fondos que procedían de la partida prespuestaria 31L, que él mismo bautizó como "fondo de reptiles".
Asimismo, las ayudas no fueron supervisadas en ningún momento y, en realidad, fueron una "verdadera subvención" a la empresa, ya que se destinaron a financiar sus costes laborales y se concedieron sin análisis económico que justificara que eran procedentes, a lo que hay que añadir que jamás hubo control administrativo ni fiscalización a través del Gabinete Jurídico de la Junta o de la intervención. Las irregularidades, hace hincapié el juez, fueron "evidentes e inequívocas".
El conseguidor Lanzas
En el auto de procesamiento llama la atención el juez Vilaplana sobre la figura de Juan Lanzas, cuyo papel consistió en hacer de conseguidor ante la Administración autonómica -valiéndose de sus relaciones como ex sindicalista- para lograr la financiación de las prejubilaciones.
CASO ERE
El juez procesa a once de los imputados por los ERE ilegales de Mercasevilla, cuyas fondos dio la Junta de forma "injusta"
- CHEMA RODRÍGUEZ
@Chemarrodriguez
Sevilla
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Considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental y exculpa a doce investigados, entre ellos el ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas
El ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, junto a su abogado en los juzgados de Sevilla.EFE
La macrocausa de los ERE no se agotó con el juicio -y sentencia condenatoria- de la llamada pieza política. El juez José Ignacio Vilaplana ha dado un nuevo impulso a la investigación judicial del mayor escándalo de corrupción en la historia de Andalucía al concluir que las ayudas que los gobiernos del PSOE en la Junta otorgaron a Mercasevilla, el mercado central de abastos de Sevilla, para financiar dos expedientes de regulación de empleo, en 2003 y en 2007, fueron no sólo ilegales, sino absolutamente arbitrarios, injustificados y sin ningún tipo de control. Ni antes ni después.
El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla da así por concluida la investigación judicial de una de las principales ramas de la macrocausa de los ERE tras innumerables vicisitudes desde la marcha de la juez que destapó el escándalo, Mercedes Alaya, y su sustitución por María Núñez Bolaños, que finalmente, y tras críticas y polémicas por los parones en la tramitación, quedó al margen.
Mediante un auto dictado este 12 de abril, el juez Vilaplana decreta la continuación como procedimiento abreviado de la causa relativa a los dos ERE que llevó a cabo Mercasevilla en apenas cinco años y que fueron financiados al amparo del procedimiento irregular diseñado por el que fuera director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y consentido y auspiciados por los gobiernos socialistas, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán -condenados por ello en la denominada pieza política- y que supuso un expolio de las arcas públicas andaluzas cercano a los 700 millones de euros.
Los ERE del mercado central de Sevilla fueron dos de los que se financiaron de acuerdo a ese sistema, fundamentalmente opaco y arbitrario, y los primeros en despertar las sospechas y ser investigados, hasta el punto de que podrían considerarse los primeros capítulos de esta larga historia judicial que Alaya empezó a escribir en 2011.
Ahora, el juez considera que la investigación ha concluido y que existen indicios de delito más que suficientes en el devenir de estos dos expedientes de regulación de empleo por los que procesa a once de los 23 investigados inicialmente, entre ellos el que fuera director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, y su número dos y responsable de Recursos Humanos, Daniel Ponce, los responsables de la aseguradora con la que fue contratada la póliza para esas prejubilaciones, Vitalia, el considerado "conseguidor" de los ERE, el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, o un intruso que fue colado en los ERE sin haber trabajado nunca en la empresa.
Fuera quedan del proceso otras doce personas, entre los que destaca uno de los inicialmente señalados como principales imputados, el que fuera delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, un destacado dirigente provincial del PSOE que fue quien autorizó los dos ERE de Mercasevilla pero contra el que el juez dice que no se han encontrado suficientes indicios.
Igualmente, aparta de la causa a los miembros del Comité de Empresa, al considerar que, aunque es cierto que participaron en las negociaciones de los ERE de 2003 y 2007, dicha actuación "aislada no permite, en ausencia de otras evidencias de las que se deduzca una mayor implicación, acordar la continuación de las actuaciones respecto de los mismos", ya que dicha intervención "resulta insuficiente para sostener que tenían capacidad de disposición o de decisión sobre el otorgamiento de las ayudas ilícitas objeto de la causa".
A los procesados les atribuye cuatro presuntos delitos: falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación y a las partes personadas en la causa les da ahora un plazo de 20 días para que planteen su conclusiones y escritos de calificación o, por el contrario, soliciten el sobreseimiento.
Todo ello después de señalar que hay "serios indicios racionales de criminalidad" en esta pieza de los ERE y constatar que las ayudas con las que se financiaron las prejubilaciones de los trabajadores afectados de Mercasevilla las otorgó la Junta de Andalucía "extramuros de cualquier legalidad". En concreto, para el primer ERE, el de 2003, la Junta aprobó y abonó una ayuda de 5,6 millones de euros, mientras que para el de 2007, dio luz verde a una ayuda de casi 7 millones de euros que, sin embargo y a última hora, no llegó a pagar.
El juez Vilaplana, en el auto al que ha tenido acceso este periódico, se refiere al "mecanismo arbitrario y defraudatorio" por el que se concedieron las ayudas y apunta cómo los dos directivos de Mercasevilla, Mellet, y Ponce, se concertaron con el ex director de Trabajo, Javier Guerrero -ya fallecido-, para poner en marcha los expedientes de regulación, en los que jugó un papel determinante la mediadora Vitalia, "impuesta" desde la Dirección de Trabajo.
En esta línea, el magistrado insiste en que las ayudas a Mercasevilla carecían de objeto definido, se llevaron a efecto "de forma injusta y arbitraria" y prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, sin publicidad de ningún tipo, ni concurrencia u objetividad y asumiendo Guerrero una competencia que no tenía para conceder unos fondos que procedían de la partida prespuestaria 31L, que él mismo bautizó como "fondo de reptiles".
Asimismo, las ayudas no fueron supervisadas en ningún momento y, en realidad, fueron una "verdadera subvención" a la empresa, ya que se destinaron a financiar sus costes laborales y se concedieron sin análisis económico que justificara que eran procedentes, a lo que hay que añadir que jamás hubo control administrativo ni fiscalización a través del Gabinete Jurídico de la Junta o de la intervención. Las irregularidades, hace hincapié el juez, fueron "evidentes e inequívocas".
El conseguidor Lanzas
En el auto de procesamiento llama la atención el juez Vilaplana sobre la figura de Juan Lanzas, cuyo papel consistió en hacer de conseguidor ante la Administración autonómica -valiéndose de sus relaciones como ex sindicalista- para lograr la financiación de las prejubilaciones.
