Méndez descarta montarle a Zapatero una huelga general: "Sería extremo"

Méndez descarta montarle a Zapatero una huelga general: "Sería extremo"

En una entrevista en la cadena SER este sábado por la mañana, el líder de UGT ha dado pocas pistas sobre la reunión mantenida ayer con el Gobierno sobre la reforma laboral y se ha limitado a señalar que cree que habrá acuerdo con el Gobierno ya que el documento presentado es "una buena base de partida". "No estoy inquieto" ha dicho.

Igual que señaló el presidente del Gobierno en su comparecencia, Méndez ha dicho que la reforma "no puede significar recortes" y ha insistido en su habitual discurso del "empleo para los jóvenes" y de "reducir la precariedad laboral".

No obstante, cuando le han preguntado por medidas concretas de las que se habló en la reunión, se ha limitado a decir que "hablamos de forma muy por encima. No entramos en medidas concretas".

En este sentido, no ha dicho ni una palabra sobre la fórmula hallada por el Ejecutivo y plasmada en el documento que se hizo público ayer para abaratar el despido mediante el incremento del número de despidos procedentes sobre los improcedentes y que desveló Libertad Digital.

Tampoco ha querido entrar en otro de los aspectos más destacados este sábado sobre el documento presentado por el Gobierno sobre el contrato de fomento del empleo indefinido que contempla una indemnización por despido improcedente de 33 días en lugar de 45. Méndez se ha limitado a señalar que "ese contrato es fruto del diálogo social, de un acuerdo firmado en 1996".

"La sierra mecánica de La matanza de Texas"

En cualquier caso, UGT sigue otorgando ese cariño que le concedió a Zapatero el pasado año en su congreso federal y ha señalado su conformidad con la necesidad de una "reforma", pero sólo aquella en la que "estén de acuerdo sindicatos y empresarios".

De vuelta a su habitual discurso sindicalista ha comparado los llamamientos a los recortes en los gastos de contratación y otras medidas flexibilizadotas del mercado laboral como "intentar abordar el tratamiento de una arboleda con la sierra mecánica de La matanza de Texas". En su lugar, dice "hay que hacerlo con el abono, el ingerto y la poda. Y si hay que talar algo", dice, "analicemos qué hay que talar para que eso sea positivo y evitar tener un inmenso claro de derechos sociales".

La importancia de la mesa de negociación, Cándido Méndez ha señalado que "los sindicatos representamos al 80% de los trabajadores de este país". En este sentido, considera que "el cambio de normas laborales" puede ayudar si "reduce la precariedad, busca el empleo joven, emplear el método alemán" aunque en su opinión, el verdadero problema de España es "la crisis económica" por eso, entiende que no son necesarias medidas "contundentes" en el mercado laboral.

Convenios colectivos

De nuevo ha sacado a relucir el eterno discurso de UGT y CCOO, el de los convenios colectivos. Según ha señalado, "aún no sabemos cuándo se va a firmar" ya que "estamos en un momento delicado en el que se puede ir al traste con el acuerdo" aunque se ha mostrado confiado en que "no pasará la mitad de la semana que viene sin que esto esté resuelto". De salir como espera "esto daría el cauce para la paz social en los próximos años".

Descarta la huelga general

Preguntado por las manifestaciones de CCOO, Méndez ha señalado que sí se movilizarán junto al sindicato que dirige Toxo. En cambio, preguntado directamente por la posibilidad de acudir a una huelga general, ha reculado: "no contemplamos una movilización de carácter general" porque "es una opción de último extremo".

Controladores aéreos

Preguntado por el asunto de los Controladores aéreos, Méndez se ha limitado a decir que "no he leído el decreto", que desde UGT "lo vamos a analizar con detenimiento" y que se trata de un colectivo "muy singular".

Méndez descarta montarle a Zapatero una huelga general: "Sería extremo" - Libertad Digital

Zapatero desautoriza a Economía y mete en vía lenta la reforma laboral - Cotizalia.com




No habrá reforma laboral. Al menos de forma inmediata. El Gobierno entregó ayer un documento a sindicatos y empresarios que no es más que una exposición de motivos sobre la necesidad de aprobar una reforma del mercado de trabajo, pero sin propuestas concretas y sin plazos.

El documento, de apenas trece páginas, sugiere reformas en el mercado de trabajo, pero al tratarse sólo de una propuesta esto quiere decir que ahora debe ser negociado con los agentes sociales, enfrascados en estos momentos en la negociación de un pacto de moderación salarial. El pacto de rentas puede ver la luz alrededor del día 15, y todo parece indicar que el Ejecutivo no ha querido contaminar esas negociaciones con una propuesta que tensara todavía más la cuerda con los sindicatos después de lo que ha sucedido con las pensiones.



Se vuelve, de esta manera, a la situación inmediatamente anterior al verano de 2009, cuando sindicatos, empresarios y Gobierno fueron incapaces de alcanzar un acuerdo. La diferencia estriba en que, desde entonces, el desempleo no ha dejado de crecer.



El documento supone un serio varapalo a los altos cargos de Ministerio de Economía, y no sólo del secretario de Estado, José Manuel Campa, que en privado sostienen la necesidad de tomar medidas con carácter de urgencia para evitar lo que los expertos denominan histéresis en el mercado de trabajo. Es decir, cuando los ajustes de empleo afectan de forma permanente a un país y la ocupación ni siquiera se recupera cuando las expectativas o las cifras macroeconómicas mejoran. Algo que puede estar pasando ya en España, donde el empleo (tanto en términos EPA como en número de afiliados a la Seguridad Social) cae más que la propia actividad económica.



Para evitar esta enfermedad del mercado de trabajo, los altos cargos de Economía agrupados en torno a Campa habían reclamado medidas más audaces, en línea con el documento de los 100 economistas suscrito por el propio secretario de Estado. No ha sido así y al final se ha impuesto la estrategia de Zapatero de mantener abierto el entendimiento con los sindicatos, felices por no haberse traspasado ninguna de las líneas rojas que colocaron en la anterior negociación. En particular, la indemnización de 45 días por año trabajado que incorpora el contrato indefinido ordinario. En el documento se dice textualmente que “no entra en las intenciones del Gobierno poner en cuestión la regulación actualmente vigente de esta modalidad de contratación”.



La parte más explícita del documento se refiere a la reforma del contrato de fomento del empleo indefinido. Este contrato -creado durante la época del Partido Popular- incorpora una indemnización en caso de despido de 33 días por año trabajado, por debajo de los 45 días que establecen los contratos indefinidos ordinarios. En la actualidad, su uso está limitado a colectivos de difícil inserción laboral (jóvenes entre 16 y 30 años, mayores de 45 años, mujeres desempleadas en ocupaciones de menor índice de empleo femenino o discapacitados), pero la intención del Ejecutivo, como adelantó El Confidencial, es generalizar su uso entre los trabajadores en paro, para lo cual debería eliminar las actuales restricciones.



Lo curioso es que este tipo de contratos ha naufragado en el sistema laboral español pese a que prevén una indemnización más reducida, lo cual ha sorprendido a los especialistas. Las últimas cifras del Ministerio de Trabajo referidas al año 2009 indican que el año pasado se firmaron 602.804 contratos indefinidos con una indemnización de 45 días por año, mientras que, por el contrario, se sellaron 189.183 contratos con un despido de 33 días por año trabajado. Se trata de la cifra más baja desde que se puso en marcha este contrato, algo que sólo es achacable en parte a la crisis económica. Desde el año 2000, en que se firmaron 437.178 contratos de este tipo, su importancia en el mercado laboral se ha ido reduciendo de forma progresiva.

Facilitar los despidos de 20 días

El guiño que se hace a los empresarios para que acepten una reforma laboral tiene que ver con una posible reforma del Estatuto de los Trabajadores destinada restringir el pago de los 45 días en caso de despido. En la actualidad, dice el documento, lo normal es pagar esa indemnización de esa cuantía cuando el propio Estatuto prevé sólo 20 días en caso de despidos por causas económicas y no disciplinarias. Se sugiere en el texto que las empresas aceptan con demasiado normalidad (se habla de que es un “lugar común”) los despidos improcedentes, lo que en la práctica supone su descausalización.

El documento habla también de mejorar la regulación del contrato a tiempo parcial para sacarlo de su anodino funcionamiento, mejorando por un lado su nivel de protección e incentivando su uso. Se establecen dos modalidades de contrato a tiempo parcial: una con horario fijo y estable para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal y otro con horario flexible para que las empresas se puedan adaptar a los cambios en sus procesos productivos. El texto recoge la promesa del Gobierno de incluir entre sus propuestas la de recortar la jornada laboral como alternativa al despido, el conocido como "contrato alemán".

En esta dirección el Ejecutivo plantea agilizar la autorización de los expedientes de regulación de empleo temporales, que podrían ser utilizados por empresas de cualquier tamaño e independientemente del número de trabajadores que tengan, informa Efe. Asimismo, apunta la posibilidad de elevar la bonificación de las cotizaciones sociales por los trabajadores afectados por ERE temporales, sobre todo si la empresa dé formación durante el periodo de suspensión del empleo.

Igualmente, se plantea la necesidad de corregir jurídicamente la temporalidad injustificada para evitar el encadenamiento de contratos temporales y la rotación laboral de trabajadores en puestos de trabajo dentro de la misma empresa. Asimismo plantea la posibilidad de que las empresas que recurran más a la contratación temporal asuman parte del coste de los despidos y las prestaciones por paro derivadas de la finalización de estos contratos.

El documento incluye por otra parte la intención de favorecer la protección social de los contratos de formación, de forma que quienes los tengan puedan disfrutar después del subsidio por desempleo. Además, el Gobierno cree "ineludible" articular un programa extraordinario de empleo para jóvenes en coordinación con las comunidades autónomas, que estaría preferentemente dirigido a jóvenes de entre dieciséis y veinticuatro años sin título educativo o profesional.