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Madmaxista
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La alcaldesa de Mogán pide refuerzos ante los altercados protagonizados por menores pagapensiones
Onalia Bueno solicita la presencia de más guardias civiles, ante las peleas de los alojados en hoteles, y que el Gobierno cumpla su palabra de que los realojaría en campamentos antes del 31 de diciembre
14 enero 2021
Onalia Bueno, la alcaldesa del municipio grancanario de Mogán, localidad que alberga en sus hoteles gran parte de los pagapensiones desplazados desde el muelle de Arguineguín, ha pedido a la Delegación del Gobierno que desplace al municipio al Grupo de Reserva y Seguridad número 8 de la Guardia Civil (GRS 8) que se encuentra en Los Rodeos (Tenerife) ante los numerosos altercados protagonizados por los pagapensiones, en concreto por menores de edad.
"Hace un mes tuvimos una reunión con la subdelegada del Gobierno y el coronel Vicente Reig [jefe de la Comandancia Guardia Civil Las Palmas de Gran Canaria] y el compromiso de ellos fue que iban a reforzar con más personal de la Guardia Civil en la zona turística, pero pasó un mes y nada se ha hecho. Tenemos un nivel de inseguridad tremendo", se queja Onalia Bueno.
De los alrededor de 5.000 pagapensiones que se encuentran distribuidos en cinco hoteles de San Bartolomé de Tijarana y diez de Mogán, 3.300 están en esta última localidad. "El ultimo incidente grave es que han tirado muebles y piedras a la Guardia Civil. Hablamos de menores, gente de 14 a 17 años, que son ya adolescentes, jóvenes, y que están metidos en tres hoteles. Cada uno alberga alrededor de 200 menas. Acoso a monitores y educadores, maltratos, amenazas, agresiones... Una tras otra".
La alcaldesa refiere 150 incidencias diarias -entre ellos hurtos o la intervención de dos cuchillos de grandes dimensiones a dos menores- y que tres guardias civiles se encuentra de baja tras ser agredidos la semana pasada. "Hay pocos efectivos y cuando te enfrentas a decenas de ellos, porque van en grupo de 15-20, es imposible que puedas hacer frente a la situación", relata Onalia Bueno.
El altercado más grave, explica, se produjo el lunes 11 en uno de los hoteles de la zona turística de Puerto Rico: "Los vecinos de la zona llamaron, porque beben y se pelean entre ellos, y cuando la Guardia Civil y Policía Local intervinieron, estas personas, en estado ebrio, amenazante y agresivo, empezaron a tirarles piedras, hamacas, sombrillas y de todo por los balcones. Se pudo detener a tres menores que pasaron a disposición judicial, pero el juez dijo que los pusieran en libertad. Ahora se encuentran en búsqueda y captura".
"NOS ESTÁN HUNDIENDO LA IMAGEN TURÍSTICA"
Onalia Bueno destaca que durante la anterior crisis migratoria de 2006 el puesto principal de la zona llegó a contar con 90 agentes -hoy son 60- y pide que el Gobierno cumpla su palabra de que los pagapensiones estarían realojados en tres campamentos antes de fin de año. "El delegado de gobierno dio la fecha del 31 de diciembre, que era cuando vencían los contratos con los hoteleros. No han cumplido fecha y se escudan en el tiempo y en boberías" dice.
"Los trabajos de acondicionamiento, de montaje de las carpas y demás los está haciendo la empresa Tragsa, cuando en 2006 el trabajo lo hicieron los militares y se hizo en nada", añade. Alojar a los pagapensiones en los hoteles, según la alcaldesa, supone ya una factura de 30 millones de euros. "Los gastos son de 10 millones de euros mensuales, llevan desde octubre hasta hoy, y estarán también enero".
El otro coste, explica la alcaldesa, es el daño que están haciendo al turismo. "Antes un turista cuando venía te preguntaban si había internet, ahora pregunta si hay pagapensiones. Nos están hundiendo la imagen turística", se lamenta. "Van a esperar a que pase una desgracia, una fin o algo para que reaccionen como siempre", concluye.
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"Hace un mes tuvimos una reunión con la subdelegada del Gobierno y el coronel Vicente Reig [jefe de la Comandancia Guardia Civil Las Palmas de Gran Canaria] y el compromiso de ellos fue que iban a reforzar con más personal de la Guardia Civil en la zona turística, pero pasó un mes y nada se ha hecho. Tenemos un nivel de inseguridad tremendo", se queja Onalia Bueno.
De los alrededor de 5.000 pagapensiones que se encuentran distribuidos en cinco hoteles de San Bartolomé de Tijarana y diez de Mogán, 3.300 están en esta última localidad. "El ultimo incidente grave es que han tirado muebles y piedras a la Guardia Civil. Hablamos de menores, gente de 14 a 17 años, que son ya adolescentes, jóvenes, y que están metidos en tres hoteles. Cada uno alberga alrededor de 200 menas. Acoso a monitores y educadores, maltratos, amenazas, agresiones... Una tras otra".
La alcaldesa refiere 150 incidencias diarias -entre ellos hurtos o la intervención de dos cuchillos de grandes dimensiones a dos menores- y que tres guardias civiles se encuentra de baja tras ser agredidos la semana pasada. "Hay pocos efectivos y cuando te enfrentas a decenas de ellos, porque van en grupo de 15-20, es imposible que puedas hacer frente a la situación", relata Onalia Bueno.
El altercado más grave, explica, se produjo el lunes 11 en uno de los hoteles de la zona turística de Puerto Rico: "Los vecinos de la zona llamaron, porque beben y se pelean entre ellos, y cuando la Guardia Civil y Policía Local intervinieron, estas personas, en estado ebrio, amenazante y agresivo, empezaron a tirarles piedras, hamacas, sombrillas y de todo por los balcones. Se pudo detener a tres menores que pasaron a disposición judicial, pero el juez dijo que los pusieran en libertad. Ahora se encuentran en búsqueda y captura".
"NOS ESTÁN HUNDIENDO LA IMAGEN TURÍSTICA"
Onalia Bueno destaca que durante la anterior crisis migratoria de 2006 el puesto principal de la zona llegó a contar con 90 agentes -hoy son 60- y pide que el Gobierno cumpla su palabra de que los pagapensiones estarían realojados en tres campamentos antes de fin de año. "El delegado de gobierno dio la fecha del 31 de diciembre, que era cuando vencían los contratos con los hoteleros. No han cumplido fecha y se escudan en el tiempo y en boberías" dice.
"Los trabajos de acondicionamiento, de montaje de las carpas y demás los está haciendo la empresa Tragsa, cuando en 2006 el trabajo lo hicieron los militares y se hizo en nada", añade. Alojar a los pagapensiones en los hoteles, según la alcaldesa, supone ya una factura de 30 millones de euros. "Los gastos son de 10 millones de euros mensuales, llevan desde octubre hasta hoy, y estarán también enero".
El otro coste, explica la alcaldesa, es el daño que están haciendo al turismo. "Antes un turista cuando venía te preguntaban si había internet, ahora pregunta si hay pagapensiones. Nos están hundiendo la imagen turística", se lamenta. "Van a esperar a que pase una desgracia, una fin o algo para que reaccionen como siempre", concluye.
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