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La Policía pidió a la Generalitat de Cataluña cuantificar los gastos de un gambiano tutelado para investigarle por fraude
La Brigada de Extranjería de Lleida solicitó el coste de alojamiento y manutención de un joven que estuvo en un centro como menor y que, según la Fiscalía, resultó ser mayor de edad
La Policía ha explorado una vía para abrir procesos penales por fraude contra migrantes de Gambia que se benefician del sistema de acogida a menores y que resultan ser, tras las pruebas practicadas por la Fiscalía, mayores de edad. La estrategia policial, que no ha fructificado por ahora, se ensayó en Lleida por primera vez hace cuatro meses. La Brigada de Extranjería había detectado un aumento de casos de jóvenes que han permanecido tutelados en centro de la Generalitat, con cargo al erario público, y que, finalmente, han sido considerados adultos. Y pensó que abrir una investigación a esos jóvenes por fraude podía ser una forma de frenar esa tendencia.
El 26 de octubre de 2023, la Brigada de Extranjería y Fronteras (GOE) de Lleida remitió un escrito a la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), el organismo de la Generalitat que acoge a los menores. Los agentes querían saber cuánto dinero se había gastado la administración en el “alojamiento, manutención, formación sanidad y asesoramiento jurídico” de un joven gambiano que permaneció en centros de acogida y que, según un decreto de la Fiscalía, acabó siendo considerado mayor de edad. En el documento, al que ha accedido EL PAÍS, la inspectora jefa del GOE solicitó a la Administración los gastos ocasionados, también, a “asociaciones, administraciones públicas y organizaciones no gubernamentales”.
La iniciativa policial se pensó para los jóvenes que están llegando de Gambia a Canarias porque la Policía mantiene la sospecha generalizada de los gambianos usan pasaportes falsos para hacerse pasar por menores de edad cuando no lo son. Ante las dudas sobre la veracidad de esos documentos, se está sometiendo a jóvenes a las pruebas de determinación de edad, señaladas por la comunidad científica y por la jurisprudencia por su amplio margen de error. El Tribunal Supremo ha sostenido que la documentación oficial presentada por menores debe prevalecer salvo que haya sido invalidada por el país de origen.
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BUENISTAS AL RESCATE, APADRINANDO A "MENORES" TREINTAÑEROS
La fundación Renta Corporación está costeando los estudios de Musa―la DGAIA dejó de pagar el colegio cuando la Fiscalía decretó su mayoría de edad― y ahora vive con Elisabeth y su familia, que ya estaban tramitando antes su acogida. Lamin continúa su formación en paletería y ha encontrado una habitación en un refugio social. Recibe ayuda económica, techo y comida a cambio de trabajar en las taras del centro. Los dos pertenecen a ese “reducido grupo de afortunados” que han encontrado un lugar donde vivir. “Yo estoy mejor que nunca, pero no sé hasta cuanto va a durar esto. Y me duele mucho ver a mis hermanos de Gambia y Senegal durmiendo en la calle, es muy duro. Fuera hace mucho frío”, confiesa Musa
elpais.com
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La Policía pidió a la Generalitat de Cataluña cuantificar los gastos de un gambiano tutelado para investigarle por fraude
La Brigada de Extranjería de Lleida solicitó el coste de alojamiento y manutención de un joven que estuvo en un centro como menor y que, según la Fiscalía, resultó ser mayor de edad
La Policía ha explorado una vía para abrir procesos penales por fraude contra migrantes de Gambia que se benefician del sistema de acogida a menores y que resultan ser, tras las pruebas practicadas por la Fiscalía, mayores de edad. La estrategia policial, que no ha fructificado por ahora, se ensayó en Lleida por primera vez hace cuatro meses. La Brigada de Extranjería había detectado un aumento de casos de jóvenes que han permanecido tutelados en centro de la Generalitat, con cargo al erario público, y que, finalmente, han sido considerados adultos. Y pensó que abrir una investigación a esos jóvenes por fraude podía ser una forma de frenar esa tendencia.
El 26 de octubre de 2023, la Brigada de Extranjería y Fronteras (GOE) de Lleida remitió un escrito a la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), el organismo de la Generalitat que acoge a los menores. Los agentes querían saber cuánto dinero se había gastado la administración en el “alojamiento, manutención, formación sanidad y asesoramiento jurídico” de un joven gambiano que permaneció en centros de acogida y que, según un decreto de la Fiscalía, acabó siendo considerado mayor de edad. En el documento, al que ha accedido EL PAÍS, la inspectora jefa del GOE solicitó a la Administración los gastos ocasionados, también, a “asociaciones, administraciones públicas y organizaciones no gubernamentales”.
La iniciativa policial se pensó para los jóvenes que están llegando de Gambia a Canarias porque la Policía mantiene la sospecha generalizada de los gambianos usan pasaportes falsos para hacerse pasar por menores de edad cuando no lo son. Ante las dudas sobre la veracidad de esos documentos, se está sometiendo a jóvenes a las pruebas de determinación de edad, señaladas por la comunidad científica y por la jurisprudencia por su amplio margen de error. El Tribunal Supremo ha sostenido que la documentación oficial presentada por menores debe prevalecer salvo que haya sido invalidada por el país de origen.
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BUENISTAS AL RESCATE, APADRINANDO A "MENORES" TREINTAÑEROS
La fundación Renta Corporación está costeando los estudios de Musa―la DGAIA dejó de pagar el colegio cuando la Fiscalía decretó su mayoría de edad― y ahora vive con Elisabeth y su familia, que ya estaban tramitando antes su acogida. Lamin continúa su formación en paletería y ha encontrado una habitación en un refugio social. Recibe ayuda económica, techo y comida a cambio de trabajar en las taras del centro. Los dos pertenecen a ese “reducido grupo de afortunados” que han encontrado un lugar donde vivir. “Yo estoy mejor que nunca, pero no sé hasta cuanto va a durar esto. Y me duele mucho ver a mis hermanos de Gambia y Senegal durmiendo en la calle, es muy duro. Fuera hace mucho frío”, confiesa Musa
La Policía pidió a la Generalitat de Cataluña cuantificar los gastos de un gambiano tutelado para investigarle por fraude
La Brigada de Extranjería de Lleida solicitó el coste de alojamiento y manutención de un joven que estuvo en un centro como menor y que, según la Fiscalía, resultó ser mayor de edad
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