Más de un millón de los fijos discontinuos apuntados al paro, la tucán los oculta

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En su balance del aniversario de la aprobación de la reforma laboral, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró no tener el dato de personas con contrato fijo discontinuo que no trabajan y que se apuntan como demandantes en los servicios públicos de empleo. Una respuesta sorprendente cuando las propias estadísticas de su departamento reflejan que desde enero a noviembre de 2022 se han registrado más de un millón de altas.

A la espera de conocer los datos de diciembre, esta cifra resulta de sumar tanto las nuevas altas iniciales de demandantes con relación laboral, donde se anotan los fijos discontinuos en periodo de inactividad, como de las procedentes de las revisiones que mensualmente realiza el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo.

En dichos ajustes se trasladan a personas que en el mes anterior computaban en otras categorías, tanto parados registrados como otros tipos de demandantes de empleo, ocupados o no.

No conviene confundir la evolución de las altas con el 'stock 'de personas registradas en un mes concreto, ya que hay que descontar las bajas que se han producido. En noviembre, últimos dato disponible, se situaron en 575.746 personas.

Sin embargo, fijarnos en las altas permite un análisis más claro del impacto de la reforma laboral. En primer lugar, revela la intensidad del flujo de entrada de demandantes de este tipo derivados de los cambios que la norma introduce en el mercado de trabajo.

Además, elimina el 'efecto ERTE'. Y es que en esta categoría también figuraban los afectados por regulaciones temporales de empleo, aunque en el último año estos se han reducido un 85%, hasta suponer apenas 20.000.

Esto ha propiciado que este dato pase inadvertido en buena parte de los análisis, hasta hace apenas un mes, cuando Fedea publicó un análisis sobre el descuadre. Así, según sus estimaciones, el total de fijos discontinuos apuntados como demandantes con relación laboral en noviembre se sitúa en los 555.000 personas, descontando a los afectados por ERTE.

En cualquier caso, tanto el SEPE como el Ministerio de Trabajo y Economía Social conocen perfectamente la evolución mensual y acumulada de estos flujos de entrada, que no se pueden achacar únicamente al aumento de estos contratos, especialmente a partir de abril, cuando la norma entra plenamente en vigor.

Y es que el 44% de estos 1,03 millones de demandas 'afloradas' se concentra en dos meses: octubre y noviembre.

Un 'ajuste' preventivo
En octubre se realizó una operación extraordinaria que sacó a 56.000 personas del paro para convertirlas en demandantes (recordemos que en ese mes el paro registrado bajó en más de 27.000 personas). Es una cifra que supone casi la mitad de los 115.000 parados que hasta noviembre habían pasado por este proceso.

Aunque otra consecuencia mucho más sorprendente del ajuste es que las altas iniciales, es decir, completamente nuevas. se han disparado. Las registradas solo en octubre y noviembre suponen el 40% del total del año (789.426) y superan con creces a los meses 'pico' de este tipo de empleos, correspondientes al verano.

Ello apunta a que ha habido un cambio en los procedimientos con los que se registran a estos demandantes por parte de las comunidades autónomas, seguramente para evitar que se incluyan 'erróneamente' como desempleados y haya que corregirlos posteriormente. Un ajuste 'preventivo' cuyo efecto ha seguido intensificándose.

Los datos revelan que también se ha realizado una revisión similar (aunque a menor escala) para personas que el en mes anterior eran demandantes ocupados (categoría en la que figuran, por ejemplo, los afectados por ERTE o los beneficiarios de ayudas sociales), que suman 52.000 y los Demandantes No Ocupados o DENOS, que acumulan los 786.000.



Este último caso merece un análisis detallado porque, como ya ocurrió durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo con los afectados por ERTEs, el Ministerio de Trabajo ha provocado confusión acerca de su relación con los fijos discontinuos. Aunque el SEPE deja claro en su documentación que los demandantes con contratos fijos discontinuo tienen relación laboral, desde el departamento que dirige Díaz se ha insistido en que eran DENOS.

Las cifras confirman la inexistencia de dicha relación. En el último año, los DENOS han registrado alrededor de medio millón de personas cada mes. Una cifra que se ha mantenido estable pese a la reforma y los ajustes del SEPE: la cantidad de personas 'extraída' en noviembre, por ejemplo, apenas supone un 1,7%.

Aun así, es previsible que el Gobierno siga realizando ajustes 'extraordinarios' a posteriori en los próximos meses. A ello apunta que el otro ministerio implicado en esta revisión, el de Inclusión y Seguridad Social, mantiene en revisión de las causas de baja de afiliación, tal y como informó elEconomista.es. Un ajuste que se inició en octubre, coincidiendo en el tiempo con el realizado por el SEPE, aunque el departamento que dirige José Luis Escrivá sigue negando oficialmente que se deba a los fijos discontinuos.

El 'garbanzo neցro' de la reforma
El 'desconocimiento' de Díaz de estos datos es comprensible tanto por la complejidad del cálculo como por el hecho de que los contratos fijos discontinuos han pasado de ser la estrella de la reforma laboral a su 'garbanzo neցro'.

Y es que, a diferencia de lo que ocurre con los temporales, los contratos fijos discontinuos no se extinguen cuando finaliza la actividad eventual a la que se vinculan. Al entenderse esta como 'recurrente', el trabajador solo espera a volver a ser llamado por la empresa.

Hasta entonces, se le da de baja como afiliado a la Seguridad Social y aunque tiene derecho, si ha cotizado para ello, a una prestación por desempleo, no cuenta como parado registrado, sino como demandante con relación laboral, ya que su contrato sigue en vigor.

Esta situación, como insiste el Ejecutivo, acompaña a esta modalidad de contratos desde que se creó en la década de los noventa. La diferencia está en el auge experimentado tras la nueva reforma laboral, que los está convirtiendo en el 'garbanzo neցro' de los datos.

Hasta noviembre, el número de contratos indefinidos se ha más que triplicado, hasta los 6,6 millones. Una cifra que ilustra el éxito de la reforma laboral, incluso sin contar a los fijos discontinuos. Pero es imposible no hacerlo, ya que suponen el 32% del total. Su número se ha multiplicado casi por nueve, pasando de los 246.000 hasta los 2,14 millones.

Sin embargo, su impacto en el empleo real es mucho menor. Apenas han creado 498.000 afiliados medios netos hasta noviembre, frente a los 1,12 nuevos afiliados con un contrato indefinido a tiempo ordinario.

Esto implica que para crear un solo afiliado fijo discontinuo han de firmarse de media, 4,7 contratos, más del doble que en los demás indefinidos, según la metodología acuñada por Trabajo en su "índice de calidad del empleo". Esto hace comprensible que la propia ministra reniegue de ellos diciendo que su impacto en el empleo es "mínimo". Más bien, es que su rotación los acerca más a los contratos temporales que la reforma pretende reducir.



Un 'truco' al descubierto
Descontando a los que encuentran otros trabajos, la lógica muchos de estos nuevos fijos discontinuos 'inactivos' se apuntarían como demandantes con relación laboral, con la expectativa de cobrar una prestación o subsidio hasta que la empresa solicite su reincorporación. Era una de las ventajas que, según el Gobierno, acompañaba a estos trabajadores: su mayor protección social.

Sin embargo, esto apenas se registraba tras la reforma laboral. La razón es simple: el porcentaje de fijos discontinuos que han cotizado lo suficiente para cobrar una prestación es escaso, por lo cual no tienen incentivos para inscribirse como demandantes.

Ni siquiera los que lo hacen lo tiene asegurado: tras el ajuste de octubre, el porcentaje de nuevas prestaciones sobre nuevas altas de demanda ha bajado del 99% al 45%.

 
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