El Pionero
Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
En 2019 fueron 5.779 los menores no acompañados (Menas) atendidos en la red de recursos del sistema de protección en Andalucía. En 2020 fueron 2.806. En 2021, 2.541.En 2022, 2.309. Los datos están recogidos en una respuesta del Consejo de Gobierno publicada en el Boletín Oficial del Parlamento este 5 de enero. La media de los cuatro años es de más de 3.350 menores no acompañados cada ejercicio.
La contestación del Consejo de Gobierno a respuesta a la pregunta relativa a la fuga de menas formulada por los diputados de Vox señala que «el Sistema de Información recoge las bajas y sus motivos, pero no la duración en la que han estado en los recursos de protección» los menores. La consejera de Inclusión, Loles López, indica también en la respuesta que «los centros de protección de menores no son recursos destinados a desarrollar medidas que coarten la libertad de los menores o de internamiento en régimen cerrado por posibles delitos que pudieran cometer los menores, ya que hablamos de recursos de protección que son centros destinados a garantizar los derechos de los menores, propiciar que tengan todas sus necesidades cubiertas e implementar medidas que entre sus objetivos contengan, entre otras actuaciones, la plena integración social y laboral de la población a la que se atiende, en este caso concreto hablamos de las y los menores extranjeros no acompañados». La Consejería señala de «especial relevancia» el trabajo «que se realiza con la población mayor de 16 años ya que, actualmente y sin excepciones, toda la población menor migrante no acompañada, mayor de dicha edad de 16 años, recibe o ha recibido formación específica para facilitar y fomentar su plena integración, tanto social, como preparación para el acceso al mercado de trabajo». Todo ello «sin excepción y al margen de su proceso de identificación y regularización, área en la que se trabaja independientemente de la edad del menor».
Estas acciones, con carácter general, «incluyen desde el conocimiento del idioma español» como «del entorno donde se integra la población menor migrante». La Consejería indica también que «se interviene además en procesos de evaluación de necesidades e intereses de cada uno de los y las menores, se facilita la formación reglada en función de esos mismos intereses, o bien se diseñan acciones encaminadas a realizar cursos de formación profesional ocupacional que permitan el acceso al mercado de trabajo, desarrollando y programando intervenciones que permitan lograr un empleo, mediante actividades formativas sobre lo que significa el mercado de trabajo, la demanda de empleo, el currículum, la necesidad de contar con experiencia, las entrevistas de trabajo, etc». Asimismo «se desarrollan actividades de la vida diaria para su integración social, acciones encaminadas a favorecer su autonomía personal y emancipación, etc". Todas ellas "paralelas a la formación para el acceso al mercado de trabajo».
Dependiendo de esas necesidades e intereses, así como de su situación personal, «los equipos educativos de los recursos de protección programan las distintas acciones, coordinados por los equipos de los Servicios de Protección, dichas situaciones determinaran el traslado de un menor, por ejemplo, a un COILS, un Centro de Orientación e Inserción Social y Laboral, recursos que se encuentran preparados para impartir en los mimos distintas acciones formativas en función de los yacimientos de empleo detectados». Se trata de recursos que están cofinanciados por la Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud, así como por el Fondo Social Europeo. La propia Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud financia recursos con acciones formativas que preparan a los jóvenes migrantes en sectores como la hostelería, jardinería, cocina, etc., recuerda la respuesta del BOPA.
«Todas estas intervenciones, basadas en la experiencia profesional y las necesidades, situaciones e intereses de la población menor migrante no acompañada, está relacionada con sus proyectos de vida e itinerarios migratorios, de forma que previenen esos abandonos voluntarios a los que hace referencia la pregunta», continúa. Por otro lado, «se cuenta con equipos de profesionales que atienden las demandas de esta población, facilitando la programación de las intervenciones. Los equipos de profesionales cuentan con especialistas en la mediación en los propios centros y en los Servicios de Protección de las Delegaciones Territoriales». Tras la última gran crisis migratoria en Ceuta, el Defensor andaluz recordó que «todos los ordenamientos jurídicos dicen que los niños sin referencias familiares tienen que ser protegidos por el Estado, y que si hay conocimiento de referencias familiares y estas son adecuadas y no hay riesgos, se devuelven a sus familias». «Tenemos una obligación legal, humanitaria y jovenlandesal», dijo entonces Moreno, presidente de la Junta.
La Consejería indicó que sólo el 0,52% de los adolescentes migrantes acogidos por el sistema de protección desde 2015 tuvo medidas judiciales de internamiento por algún delito. Desde el 1 de enero de 2015 al 31 de mayo de 2019 se atendieron en Andalucía a 15.693 menores extranjeros no acompañados, y de estos, solo 83 –datos judiciales– han tenido medidas judiciales de internamiento por comisión de algún delito. La Cámara de Cuentas apunta que «el gasto mensual medio por plaza de un menor en un centro concertado asciende a 2.035 euros y en un centro público a 9.813 euros» al mes.
www.larazon.es
La contestación del Consejo de Gobierno a respuesta a la pregunta relativa a la fuga de menas formulada por los diputados de Vox señala que «el Sistema de Información recoge las bajas y sus motivos, pero no la duración en la que han estado en los recursos de protección» los menores. La consejera de Inclusión, Loles López, indica también en la respuesta que «los centros de protección de menores no son recursos destinados a desarrollar medidas que coarten la libertad de los menores o de internamiento en régimen cerrado por posibles delitos que pudieran cometer los menores, ya que hablamos de recursos de protección que son centros destinados a garantizar los derechos de los menores, propiciar que tengan todas sus necesidades cubiertas e implementar medidas que entre sus objetivos contengan, entre otras actuaciones, la plena integración social y laboral de la población a la que se atiende, en este caso concreto hablamos de las y los menores extranjeros no acompañados». La Consejería señala de «especial relevancia» el trabajo «que se realiza con la población mayor de 16 años ya que, actualmente y sin excepciones, toda la población menor migrante no acompañada, mayor de dicha edad de 16 años, recibe o ha recibido formación específica para facilitar y fomentar su plena integración, tanto social, como preparación para el acceso al mercado de trabajo». Todo ello «sin excepción y al margen de su proceso de identificación y regularización, área en la que se trabaja independientemente de la edad del menor».
Estas acciones, con carácter general, «incluyen desde el conocimiento del idioma español» como «del entorno donde se integra la población menor migrante». La Consejería indica también que «se interviene además en procesos de evaluación de necesidades e intereses de cada uno de los y las menores, se facilita la formación reglada en función de esos mismos intereses, o bien se diseñan acciones encaminadas a realizar cursos de formación profesional ocupacional que permitan el acceso al mercado de trabajo, desarrollando y programando intervenciones que permitan lograr un empleo, mediante actividades formativas sobre lo que significa el mercado de trabajo, la demanda de empleo, el currículum, la necesidad de contar con experiencia, las entrevistas de trabajo, etc». Asimismo «se desarrollan actividades de la vida diaria para su integración social, acciones encaminadas a favorecer su autonomía personal y emancipación, etc". Todas ellas "paralelas a la formación para el acceso al mercado de trabajo».
Dependiendo de esas necesidades e intereses, así como de su situación personal, «los equipos educativos de los recursos de protección programan las distintas acciones, coordinados por los equipos de los Servicios de Protección, dichas situaciones determinaran el traslado de un menor, por ejemplo, a un COILS, un Centro de Orientación e Inserción Social y Laboral, recursos que se encuentran preparados para impartir en los mimos distintas acciones formativas en función de los yacimientos de empleo detectados». Se trata de recursos que están cofinanciados por la Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud, así como por el Fondo Social Europeo. La propia Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud financia recursos con acciones formativas que preparan a los jóvenes migrantes en sectores como la hostelería, jardinería, cocina, etc., recuerda la respuesta del BOPA.
«Todas estas intervenciones, basadas en la experiencia profesional y las necesidades, situaciones e intereses de la población menor migrante no acompañada, está relacionada con sus proyectos de vida e itinerarios migratorios, de forma que previenen esos abandonos voluntarios a los que hace referencia la pregunta», continúa. Por otro lado, «se cuenta con equipos de profesionales que atienden las demandas de esta población, facilitando la programación de las intervenciones. Los equipos de profesionales cuentan con especialistas en la mediación en los propios centros y en los Servicios de Protección de las Delegaciones Territoriales». Tras la última gran crisis migratoria en Ceuta, el Defensor andaluz recordó que «todos los ordenamientos jurídicos dicen que los niños sin referencias familiares tienen que ser protegidos por el Estado, y que si hay conocimiento de referencias familiares y estas son adecuadas y no hay riesgos, se devuelven a sus familias». «Tenemos una obligación legal, humanitaria y jovenlandesal», dijo entonces Moreno, presidente de la Junta.
La Consejería indicó que sólo el 0,52% de los adolescentes migrantes acogidos por el sistema de protección desde 2015 tuvo medidas judiciales de internamiento por algún delito. Desde el 1 de enero de 2015 al 31 de mayo de 2019 se atendieron en Andalucía a 15.693 menores extranjeros no acompañados, y de estos, solo 83 –datos judiciales– han tenido medidas judiciales de internamiento por comisión de algún delito. La Cámara de Cuentas apunta que «el gasto mensual medio por plaza de un menor en un centro concertado asciende a 2.035 euros y en un centro público a 9.813 euros» al mes.
Más de 3.350 menas atendidos al año en Andalucía
El pico máximo se alcanzó en 2019 con 5.779 menores no acompañados en el sistema de protección de la comunidad andaluza y la última cifra publicada es de 2.309
www.larazon.es
