La solución para desalojar rápidamente a los okupas que es esencial para la Policía, según los expertos
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En concreto, piden modificar el artículo 37 de la LAU que permite que los contratos de arrendamiento de vivienda puedan celebrarse de forma verbal. La compañía aboga por que todos los contratos tengan que formalizarse obligatoriamente por escrito, lo que permitiría su inscripción obligatoria en un Registro Público de Arrendamientos. De este modo, cualquier contrato no inscrito sería "presumido como simulado", lo que impediría que los okupas se ampararan en falsos contratos, recibos u otras simulaciones para justificar su presencia en las viviendas.
Según José Ramón Zurdo, abogado experto en alquileres y CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler, esta medida proporcionaría a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado un mecanismo ágil para actuar sin demora, ya que, al solicitar los títulos de posesión a los okupas, y al no estar inscritos en el registro, se les podría desalojar sin necesidad de largos procesos judiciales. "Con esta modificación", concluye Zurdo, "estaríamos dotando a las autoridades de una herramienta esencial para combatir de manera más eficaz esta lacra social".
En opinión de la ANA, parte de la responsabilidad de la okupación de viviendas recae en los políticos, que han implementado procedimientos excesivamente lentos para el desalojo de los infractores. Para la compañía, la Ley de Derecho a la Vivienda es un claro ejemplo de esta problemática. En dicha normativa, se exige a los arrendadores, al presentar una demanda, el absurdo de tener que probar que la vivienda okupada es la residencia habitual de los okupas y que los propietarios no son grandes tenedores de inmuebles.
Estos requisitos se complican aún más para los grandes tenedores, quienes deben además demostrar la vulnerabilidad de los ocupantes y haber intentado previamente un proceso de conciliación antes de iniciar cualquier acción judicial. Zurdo también denuncia que estas exigencias dilatan los procesos de desokupación de manera significativa, lo que parece evidenciar una falta de voluntad política para abordar de manera eficiente este problema que afecta a miles de propietarios en España, a los que el Estado les traspasa un problema que no les corresponde.
Más de 15.000 denuncias por okupaciones
En 2023 se contabilizaron en España 15.298 denuncias por ocupaciones de viviendas -incluyendo tanto el delito de usurpación como el de allanamiento- frente a las 16.765 del año anterior, según datos del Ministerio del Interior. Por comunidades autónomas, Cataluña y Andalucía suman más de la mitad de los casos, con 6.258 denuncias y 2.331, respectivamente. Las infracciones también son elevadas en la Comunidad Valenciana (1.640), Comunidad de Madrid (1.516), Castilla-La Mancha (632) y Canarias (581).En una horquilla de entre 400 y 200 denuncias se encuentran Baleares (407), País Vasco (293), Castilla y León (269) y Aragón (219). Por el contrario, los datos más reducidos se registran en la Ciudad Autónoma de Melilla (2), la Ciudad Autónoma de Ceuta (3), La Rioja (19), Navarra y Cantabria (ambas con 37 denuncias). De un año a otro, las denuncias aumentaron en ocho territorios, con Asturias (29,4%). La Rioja (15,6%) y Cantabria (14,5%). En cambio, disminuyeron en diez comunidades autónomas encabezadas por Región de Murcia (31,5%), Navarra (26,5%) y Comunidad Valenciana (19,1%).
