El Pionero
Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado el procedimiento administrativo para que el Atlético pueda adquirir la parcela de titularidad municipal en la que se asienta La Peineta, que será el estadio oficial del club rojiblanco a partir de la temporada 2017-2018. Para poder formalizar el cambio de propietario era necesario realizar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que sustituya la calificación de este suelo en el distrito de San Blas de dotacional deportivo público por dotacional deportivo privado.
Su tramitación se está haciendo por la «vía de urgencia» porque, según el convenio patrimonial firmado en 2008 por entre el entonces alcalde popular Alberto Ruiz-Gallardón y la entidad colchonera, de no efectuarse la venta antes del año que viene el Consistorio de la capital debería asumir los más de 200 millones de euros que ha costado la construcción del nuevo campo de fútbol. La propuesta ya ha sido aprobada inicialmente, en estos momentos se encuentra en periodo de alegaciones y la previsión del equipo de Manuela Carmena es llevarla al Pleno del mes de octubre para que reciba el visto bueno definitivo -después tendría que ser ratificada por la Comunidad de Madrid-.
Desde el Palacio de Cibeles dan así por desatascada la negociación del traspaso del solar de La Peineta que se había enquistado por el precio. El equipo municipal de Ana Botella (PP) acordó que la venta se haría por 41 millones de euros, pero el Gobierno regional de Ignacio González estipuló que la factura debía duplicarse porque «no se había computado correctamente el suelo». Ahora se ha realizado una «corrección» que «modifica la cuantificación» del terreno que se va a ceder y que se tiene que «monetizar», aunque en principio esta operación dejará la cifra en un guarismo más cercano a la primera tasación que el club del Manzanares sí estaría dispuesto a pagar -aunque este periódico no ha podido confirmar tal extremo-.
«No les queda más remedio que aceptarlo; el Ayuntamiento se tiene que alinear con el criterio de la Comunidad [en la valoración del terreno del nuevo estadio] y el Atlético debe asumir lo que diga la Comunidad», apunta el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel alopécico.
Audiencia pública
En paralelo a este trámite se sigue avanzando el desarrollo del plan urbanístico que permitirá la remodelación de la zona del Calderón una vez que haya sido demolido. Este miércoles a las 18.00 horas se ha convocado una audiencia pública en la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela para presentar el proyecto definitivo de rehabilitación de este ámbito después de que al acuerdo inicial alcanzado entre el Consistorio y los propietarios del terreno -Mahou y el club de fútbol- se hayan incorporado las sugerencias y peticiones de los vecinos y de las asociaciones de padres y madres de los colegios de la zona.
«La idea es la misma, pero ha mejorado sustancialmente», apunta alopécico, que se reserva los detalles del resultado para la presentación oficial del boceto que, salvo «matices interesantes», se convertirá ya en la definitiva porque «se ha intentado recoger buena parte de esos comentarios». Entre las novedades introducidas está el cambio en el tamaño de las manzanas de edificios, la corrección de algunos problemas en la red viaria y la opción de que uno de los centros escolares tenga zona deportiva propia.
«Entre tanto, el equipo redactor del Atlético y de Mahou está preparando toda la documentación técnica para presentar la modificación puntual del PGOU y la ordenación pormenorizada del ámbito, que es lo fundamental», explica el delegado de Desarrollo Urbano. En octubre se podría aprobar inicialmente este nuevo marco normativo, si bien el proceso definitivo se prolongará durante un número de meses por ahora indeterminado, ya que dependerá del número de alegaciones que se planteen en el periodo de información pública.
Después de que los tribunales tumbaran la anterior operación urbanística junto al Manzanares, la solución alcanzada entre las partes conlleva una disminución de la edificabilidad permitida, que pasa de 175.000 a 147.000 metros cuadrados. Esto se va a traducir en la reducción de las 2.000 viviendas planeadas en origen a 1.305 (1.173 libres y 132 protegidas). Además, desaparecerán los rascacielos previstos y las torres que se construyan no podrán tener más de 12 pisos.
Manuela Carmena allana el terreno al Atlético para que pueda comprar la parcela de La Peineta | Madrid Home | EL MUNDO
Su tramitación se está haciendo por la «vía de urgencia» porque, según el convenio patrimonial firmado en 2008 por entre el entonces alcalde popular Alberto Ruiz-Gallardón y la entidad colchonera, de no efectuarse la venta antes del año que viene el Consistorio de la capital debería asumir los más de 200 millones de euros que ha costado la construcción del nuevo campo de fútbol. La propuesta ya ha sido aprobada inicialmente, en estos momentos se encuentra en periodo de alegaciones y la previsión del equipo de Manuela Carmena es llevarla al Pleno del mes de octubre para que reciba el visto bueno definitivo -después tendría que ser ratificada por la Comunidad de Madrid-.
Desde el Palacio de Cibeles dan así por desatascada la negociación del traspaso del solar de La Peineta que se había enquistado por el precio. El equipo municipal de Ana Botella (PP) acordó que la venta se haría por 41 millones de euros, pero el Gobierno regional de Ignacio González estipuló que la factura debía duplicarse porque «no se había computado correctamente el suelo». Ahora se ha realizado una «corrección» que «modifica la cuantificación» del terreno que se va a ceder y que se tiene que «monetizar», aunque en principio esta operación dejará la cifra en un guarismo más cercano a la primera tasación que el club del Manzanares sí estaría dispuesto a pagar -aunque este periódico no ha podido confirmar tal extremo-.
«No les queda más remedio que aceptarlo; el Ayuntamiento se tiene que alinear con el criterio de la Comunidad [en la valoración del terreno del nuevo estadio] y el Atlético debe asumir lo que diga la Comunidad», apunta el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel alopécico.
Audiencia pública
En paralelo a este trámite se sigue avanzando el desarrollo del plan urbanístico que permitirá la remodelación de la zona del Calderón una vez que haya sido demolido. Este miércoles a las 18.00 horas se ha convocado una audiencia pública en la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela para presentar el proyecto definitivo de rehabilitación de este ámbito después de que al acuerdo inicial alcanzado entre el Consistorio y los propietarios del terreno -Mahou y el club de fútbol- se hayan incorporado las sugerencias y peticiones de los vecinos y de las asociaciones de padres y madres de los colegios de la zona.
«La idea es la misma, pero ha mejorado sustancialmente», apunta alopécico, que se reserva los detalles del resultado para la presentación oficial del boceto que, salvo «matices interesantes», se convertirá ya en la definitiva porque «se ha intentado recoger buena parte de esos comentarios». Entre las novedades introducidas está el cambio en el tamaño de las manzanas de edificios, la corrección de algunos problemas en la red viaria y la opción de que uno de los centros escolares tenga zona deportiva propia.
«Entre tanto, el equipo redactor del Atlético y de Mahou está preparando toda la documentación técnica para presentar la modificación puntual del PGOU y la ordenación pormenorizada del ámbito, que es lo fundamental», explica el delegado de Desarrollo Urbano. En octubre se podría aprobar inicialmente este nuevo marco normativo, si bien el proceso definitivo se prolongará durante un número de meses por ahora indeterminado, ya que dependerá del número de alegaciones que se planteen en el periodo de información pública.
Después de que los tribunales tumbaran la anterior operación urbanística junto al Manzanares, la solución alcanzada entre las partes conlleva una disminución de la edificabilidad permitida, que pasa de 175.000 a 147.000 metros cuadrados. Esto se va a traducir en la reducción de las 2.000 viviendas planeadas en origen a 1.305 (1.173 libres y 132 protegidas). Además, desaparecerán los rascacielos previstos y las torres que se construyan no podrán tener más de 12 pisos.
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