El Tribunal de Justicia de la UE avala a Llarena y abre una vía para la entrega de los golpistas fugados.
Los quince jueces de la Gran Sala sostienen que Bélgica no puede frenar la extradición de Puigdemont y hacer caso omiso de las órdenes de detención.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto que los jueces belgas deberían haber extraditado a Puigdemont y el resto de los golpistas fugados en atención a las euroórdenes dictadas por el magistrado del Tribunal Supremo de España Pablo Llarena. Los quince jueces de la Gran Sala del TJUE sostienen que Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig deberían haber sido entregados a España y que ningún Estado miembro de la Unión Europea puede hacer caso omiso de las peticiones de otro Estado de la UE.
Llarena presentó ante el TJUE una cuestión prejudicial relativa a la negativa de los jueces belgas a extraditar a Lluís Puig, exconsejero de la Generalidad golpista, alegando que existía el riesgo de que se violaran sus derechos fundamentales, que en España había deficiencias judiciales sistemáticas y que el Tribunal Supremo no era competente para juzgar a Puig. La decisión del TJUE es extensiva a los casos de Puigdemont y Comín y también al de Clara Ponsatí, que tras el Brexit decidió abandonar el Reino Unido para instalarse en Bélgica. De los cuatro, sólo Puig no es eurodiputado.
La negativa de los tribunales belgas llevó a Llarena a emprender una nueva vía para la extradición de los prófugos que se ha saldado con una resolución histórica que supone una desautorización en toda regla de los tribunales belgas que protegían a los golpistas y que durante décadas dificultaron la extradición a España de terroristas etarras. En su parte dispositiva, el TJUE asienta el obligado cumplimiento de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE).
Este éxito de Llarena no significa en ningún caso que se vaya a proceder a la extradición inmediata de los prófugos. Deberá dictar una nueva orden en el caso de Lluís Puig, al que le imputa un delito de malversación y otro de desobediencia, y esperar a una nueva decisión en el caso de los eurodiputados de otro estamento judicial comunitario, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). Ahí se dilucida si Puigdemont, Comín y Ponsatí gozan de inmunidad parlamentaria por su condición de eurodiputados o si, como sostiene el Parlamento Europeo, no son eurodiputados porque no completaron los trámites legales para asumir el acta y, por tanto, ni son eurodiputados ni gozan de inmunidad alguna. Se prevé que el TGUE decida a finales de febrero o principios de marzo.
Tic-Tac, Tic-Tac...
Los quince jueces de la Gran Sala sostienen que Bélgica no puede frenar la extradición de Puigdemont y hacer caso omiso de las órdenes de detención.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto que los jueces belgas deberían haber extraditado a Puigdemont y el resto de los golpistas fugados en atención a las euroórdenes dictadas por el magistrado del Tribunal Supremo de España Pablo Llarena. Los quince jueces de la Gran Sala del TJUE sostienen que Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig deberían haber sido entregados a España y que ningún Estado miembro de la Unión Europea puede hacer caso omiso de las peticiones de otro Estado de la UE.
Llarena presentó ante el TJUE una cuestión prejudicial relativa a la negativa de los jueces belgas a extraditar a Lluís Puig, exconsejero de la Generalidad golpista, alegando que existía el riesgo de que se violaran sus derechos fundamentales, que en España había deficiencias judiciales sistemáticas y que el Tribunal Supremo no era competente para juzgar a Puig. La decisión del TJUE es extensiva a los casos de Puigdemont y Comín y también al de Clara Ponsatí, que tras el Brexit decidió abandonar el Reino Unido para instalarse en Bélgica. De los cuatro, sólo Puig no es eurodiputado.
La negativa de los tribunales belgas llevó a Llarena a emprender una nueva vía para la extradición de los prófugos que se ha saldado con una resolución histórica que supone una desautorización en toda regla de los tribunales belgas que protegían a los golpistas y que durante décadas dificultaron la extradición a España de terroristas etarras. En su parte dispositiva, el TJUE asienta el obligado cumplimiento de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE).
Este éxito de Llarena no significa en ningún caso que se vaya a proceder a la extradición inmediata de los prófugos. Deberá dictar una nueva orden en el caso de Lluís Puig, al que le imputa un delito de malversación y otro de desobediencia, y esperar a una nueva decisión en el caso de los eurodiputados de otro estamento judicial comunitario, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). Ahí se dilucida si Puigdemont, Comín y Ponsatí gozan de inmunidad parlamentaria por su condición de eurodiputados o si, como sostiene el Parlamento Europeo, no son eurodiputados porque no completaron los trámites legales para asumir el acta y, por tanto, ni son eurodiputados ni gozan de inmunidad alguna. Se prevé que el TGUE decida a finales de febrero o principios de marzo.
El Tribunal de Justicia de la UE avala a Llarena y abre una vía para la entrega de los golpistas fugados
Los quince jueces de la Gran Sala sostienen que Bélgica no puede frenar la extradición de Puigdemont y hacer caso omiso de las órdenes de detención.
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