LUCHA CONTRA EL FRAUDE: Hacienda fiscalizará cada petición de ayuda directa a empresas y autónomos del plan de 7.000 millones

Que cada euro quede registrado y justificado. Ese es el objetivo que se ha marcado Hacienda para controlar la distribución de los 7.000 millones aprobados en ayudas directas para empresas y autónomos. Su intención es que todas las comunidades autónomas tengan que remitir cada semana a la Agencia Tributaria (AEAT) las peticiones que oficialmente lleguen de empresas y autónomos de los sectores que estén contemplados en el real decreto de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial. Además, cada principio de mes tendrán que enviar al Ministerio de Hacienda la información de las resoluciones aprobadas con la entrega de dichas ayudas.

Fuentes ministeriales han confirmado que ya se ha enviado a los gobiernos autonómicos la propuesta para la distribución y ejecución de este plan, detallando cada uno de los pasos burocráticos a seguir. De este modo, Hacienda exigirá que cada comunidad proporcione semanalmente a la AEAT un fichero que contenga información con el NIF del solicitante de la ayuda, además de los apellidos y nombre (para personas físicas) o razón social (para personas jurídicas).


En el caso de que los solicitantes pidan el dinero en territorios distintos al del domicilio fiscal se deberá incluir un indicador de si esos NIF van a solicitar ayudas, la fecha de presentación de la solicitud y el código DIR3 de la comunidad o ciudad autónoma donde se realice la solicitud. Para ello, se habilitará un trámite en la sede de la AEAT, a través del cual la comunidad formalizará, cada lunes, el envío de la solicitud de información, adjuntando a la presentación un fichero con la relación de solicitudes de ayudas recibidas durante la semana anterior. No se solicitará información de solicitudes ya remitidas con anterioridad, salvo que se trate de la subsanación de algún error.

Según el borrador adelantado por Europa Press, la AEAT remitirá a la comunidad, preferentemente a través de la Delegación Especial correspondiente, un archivo con la información disponible dentro del plazo de los 7 días siguientes a la recepción de la solicitud, en el que se precisará si la empresa cumple o no con el requisito de haber reducido su facturación, al menos, un 30%. Con una periodicidad mensual, las comunidades deberán remitir las fechas e importes de los pagos o tras*ferencias hechas a los beneficiarios.


No obstante, el Ministerio de Hacienda podrá solicitar a las comunidades autónomas “cuanta información adicional considere necesaria” sobre la gestión de las convocatorias de las ayudas y los resultados de las mismas. En todo caso, se incluirán las menciones necesarias en relación con la resolución de posibles incidencias observadas en el suministro de información o a la remisión de información adicional necesaria sobre la gestión de las convocatorias de las ayudas y los resultados de las mismas.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda se compromete a apoyar al departamento competente de la comunidad o ciudad autónoma en la resolución de las incidencias que puedan surgir en la remisión de la información detallada. El convenio contempla también la creación, composición y funcionamiento de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento del Convenio, que será la encargada de, entre otras funciones, resolver las controversias derivadas del mismo. Igualmente, se establece un plazo de vigencia de los convenios de cuatro años y, en caso de necesitar información adicional pasado este plazo, se contempla la posibilidad de formalizar las oportunas prórrogas.


El reparto entre las comunidades autónomas de los 7.000 millones de euros con que está dotada la Línea el bichito de ayudas directas a autónomos y empresas deja a Canarias como la principal receptora de estas ayudas, con 1.144,3 millones de euros, seguida de cerca por Andalucía, con 1.109,2 millones, y Cataluña, con 993,2 millones, lo que supone que estas tres autonomías recibirán el 46,38% de estas ayudas, mientras que la Comunidad de Madrid se sitúa en el quinto lugar de este reparto y recibirá 679,28 millones, un 9,7% del total.

De este modo, Canarias, Andalucía y Cataluña son las principales receptoras, seguidas por Baleares (855,74 millones de euros); Comunidad de Madrid (679,29 millones); Comunidad Valenciana (647,081 millones); Galicia (234,47 millones); Castilla y León (233,56 millones); País Vasco (217,99 millones); Castilla-La Mancha (206,34 millones); Murcia (142.52 millones) Aragón (141,34 millones); Asturias (107,76 millones); Extremadura (106,46 millones); Navarra (67,62 millones); Cantabria (55,36 millones); La Rioja (32,51 millones); Ceuta (13,85 millones) y Melilla (12,271 millones).