Elpaisdelasmaravillas
Madmaxista
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Decretazo. Rescate. Ley anti Uber. Blindaje al taxi... Se le ha llamado de todo. El real decreto ley aprobado por el Gobierno a finales del mes pasado ha generado un cisma en el sector que aún colea. Algunas asociaciones mayoritarias del taxi (cómo Élite, en Barcelona) cargan contra otras (Fedetaxi, en Madrid) por aliarse con las "cucarachas" de las VTC. Y en este bando, Cabify y Uber también han acabado enfrentándose al pedir el primero que las cosas se queden como están y el segundo todo lo contrario, la plena liberalización. No está claro qué bando saldrá más beneficiado a largo plazo, si el taxi o las VTC, pero sí quién ha salido ganando de inmediato con la polémica normativa del Gobierno: una lista muy selecta de inversores millonarios.
Durante los últimos dos años se ha producido una auténtica orgía financiera de creación de sociedades, compras, ventas y cambios accionariales con un solo objetivo: posicionarse mejor que nadie en la gestión de licencias VTC para operar con Uber y Cabify. Empresarios e inversores vieron en esta actividad un filón millonario. Y no se equivocaron. El sector ha quedado ahora repartido entre cuatro grandes empresas con un puñado de accionistas de lujo, aunque todo empezó con un hombre: Juan Ortigüela Tellería.
Este empresario malagueño del tras*porte fue el primer 'visionario' en hacer caja. Presidente y propietario de Ares Capital junto a su hermano Ramón, llegó a acumular un total de 4.000 licencias VTC con un valor de entre 50.000 y 60.000 euros cada una que vendió a comienzos de este año al fondo King Street Capital. Es decir, entre 200 y 240 millones ingresados de un plumazo, el mayor 'pelotazo' hasta la fecha. Sirvió para que King Street entrara a funcionar a través de la empresa Moove Cars, que ya se ha convertido en el mayor operador de permisos VTC en España y ha espoleado al resto a mover ficha y configurar el actual puzle de sociedades.
Es un entramado en el que compiten desde exjefes del taxi a los fundadores de Tuenti y a los que el Gobierno ha acabado protegiendo de rebote con su decreto ley, saltándose incluso al Supremo y a su esperada sentencia liberalizadora que ahora quedaría sin efecto.
No lo voy a negar, estábamos acojonados. Si hubiera habido liberalización el valor de las licencias se habría desplomado
"No lo voy a negar, estábamos acojonados. Si hubiera habido liberalización el valor de las licencias se habría desplomado. También es verdad que contábamos desde hace meses con que el Gobierno aprobara esa ley. Se había comprometido a proteger al taxi y la única forma era con una normativa que, de paso, protegía nuestra inversión. Todos contentos", explica a Teknautas uno de los directivos clave del sector que exige anonimato para hablar. Y tan contentos: solo el valor estimado total de esas licencias VTC ronda los 450 millones de euros. ¿De dónde sale la cifra?
Existen en total de 10.000 permisos en manos de los que ahora son los cuatro mayores operadores: Moove Cars (5.000 VTC), Auro New tras*port Concept (antes Gestaxi, con 2.500), Vector Ronda (1.500) y Cibeles (1.000). La mayoría aún no están operativos a la espera de flecos administrativos, pero lo estarán a lo largo del año. El valor de cada permiso en Madrid y Barcelona puede llegar a los 60.000 euros. En otras comunidades las diferencias son abismales: desde Asturias o Galicia, donde una licencia VTC puede costar solo 5.000 euros hasta los 200.000 de Ibiza.
"Fuera de Madrid y Barcelona nosotros trabajamos con una media de valor cercano a los 30.000 euros por título", asegura un inversor del sector. El dato lo corroboran otras fuentes consultadas. A nivel agregado, por tanto, se estima que la mitad de las 10.000 licencias en juego valen ahora esos 60.000 euros, mientras que el resto, de media, rondaría los 30.000. O lo que es lo mismo: las cuatro compañías que ahora controlan los Uber o Cabify en los que viajas se reparten un pastel que, solo en licencias, asciende a 450 millones de euros.
Banqueros y los exTuenti, a por las VTC
Moove Cars ha sido el último operador en consolidarse y aspira de hecho a ser el gigante de las VTC. Su gran baza: 5.000 permisos (4.000 comprados a Ortigüela y 1.000 a través de otras tras*acciones) que operará casi de forma exclusiva con Uber. Detrás de la empresa se encuentran hasta nueve accionistas, entre ellos algunas de las principales fortunas de nuestro país, como su presidente Jaime Castellanos, presidente en España del banco de inversión Lazard, expresidente de Recoletos y Vocento y cuñado del fallecido Emilio Botín.
Junto a Castellanos, otros empresarios de negocios tradicionales y ajenos al mundillo tecnológico han entrado en Moove. Destaca Juan María Riberas Mera, consejero delegado del gigante del acero Gonvarri (entre los 100 más ricos de España) y Pedro del Corro y Álvaro Garteiz, directivos del fondo de inversión Torreal, propiedad de la familia Abelló. Con este músculo financiero y el apoyo del fondo King Street Capital, Moove espera llegar en los dos próximos años al 20% de cuota de mercado y a unos 10.000 empleados.
La competencia directa, curiosamente, les llega de algunas de las 'fortunas tecnológicas' más destacadas del país: Zaryn Dentzel (fundador de Tuenti), Félix Ruiz (fundador de Tuenti y presidente de Jobandtalent), Hugo Arévalo (inversor en Tuenti, Hawkers o Cabify) y Bernardo Hernández (exGoogle, exYahoo, antiguo presidente ejecutivo de Tuenti y cofundador de Idealista). Estos inversores y emprendedores se han asociado durante el último año al exjefe del taxi, José Antonio Parrondo. Presidente de la Asociación Gremial del taxi de Madrid entre 2007 y 2009, Parrondo fue desde entonces solicitando y adquiriendo permisos VTC hasta conseguir unos pocos cientos que le sirvieron para atraer inversión y seguir creciendo.
Considerado entre los taxistas como un "traidor" y un "especulador" por saltar de dirigente del taxi al enemigo, a empresario de las VTC, Parrondo participa ahora en múltiples sociedades que poseen y gestionan permisos para operar con Uber y Cabify. La mayor es Auro New tras*port Concept (antes Gestaxi), que posee 2.500 licencias. En ella Parrondo es presidente y consejero delegado pero, según fuentes conocedoras del reparto accionarial, no es el principal dueño. Zaryn Dentzel y Félix Ruiz tendrían alrededor del 15% cada uno y el resto de socios participaciones inferiores.
Cibeles, con 1.000 licencias VTC en su poder, es la otra sociedad en la que Parrondo figura como presidente. En ella también participan, además de Félix Ruiz, Hugo Arévalo y Zaryn Dentzel, Bernardo Hernández y el inversor Aquilino Peña a través del fondo Kibo Ventures. Igual que ocurre en Auro, Zaryn y Félix son los dos principales socios. Consultados por este periódico, algunos accionistas de Auro y Cibeles prefieren no hablar ni que nadie les vincule a esta actividad.
Invertí en licencias VTC como podía haber invertido en pisos en París. En serio, prefiero no comentar nada del tema", señala uno de los inversores contactados. "Vimos un negocio muy bueno, con unas rentabilidades altas y decidimos probar. La idea es seguir en ello a largo plazo", explica Félix Ruiz a Teknautas, quien niega tener una de las participaciones más amplias en Auro y Cibeles o que ambas dispongan de hasta 3.500 permisos. Otros accionistas de ambas sociedades consultados confirman, sin embargo, tanto el reparto accionarial como el dato de licencias VTC.
De vender Pepephone a aliarse con Cabify
El cuarto jugador en discordia no es menos poderoso: Vector Ronda. Constituida en 2015 como filial de Cabify (participada a su vez por el fondo Seaya Ventures, con Beatriz González al frente, hija del presidente del BBVA), recibió una potente inyección de capital a finales de 2017 procedente de GAT Inversiones. El fondo, controlado por el exdueño de Pepephone, Rosauro Varo, y su socio Pablo Ferré, aportó en total 30 millones de euros y Cabify 20. Se creaba así otro de los competidores de referencia que aspira a dominar el sector de las VTC en España.
Junto a Varo y Ferré, socios mayoritarios, Juan de Antonio (fundador de Cabify) y Juan Ignacio García (director financiero de Cabify) son los otros dos accionistas clave en Vector en representación de Cabify. La compañía cuenta ahora mismo con 1.500 licencias que pondrá paulatinamente en marcha este año con una ventaja: el 75% de las mismas son para operar en Madrid y Barcelona, las ciudades con mayor demanda. Moove Cars está justo en el otro extremo, la mayoría de sus licencias son para operar en otras CC.AA. con menor tirón y, por tanto, tienen menos valor.
En total, y según datos de Registro Mercantil y facilitados por hasta 10 fuentes consultadas, 26 accionistas controlan el total de estas cuatro sociedades cuyas 10.000 licencias suman de forma agregada un valor de 450 millones de euros. A ellas hay que añadir múltiples empresarios que poseen pequeñas cantidades de licencias listas para vender y operar. Uno de ellos es Eduardo Martín, presidente de Unauto, la patronal de las empresas de VTC, que cuenta con 250 permisos valorados en más de 12 millones de euros.
Todos ellos son, en definitiva, los verdaderos ganadores del 'decretazo' del Gobierno, que ha protegido no solo el valor de los permisos, también la actividad diaria que genera una enorme rentabilidad.
"Por cada coche que operamos obtenemos limpios cada mes entre 1.000 y 1.500 euros. Eso es una vez descuentas todos los gastos: sueldos a conductores, comisiones a Uber y Cabify, seguros... todo. No está nada mal", dice uno de los inversores consultados. Otro, perteneciente a una compañía rival, coincide: "Esos son exactamente los números que barajamos, una rentabilidad media de unos 1.250 euros en Madrid y Barcelona. En otras comunidades la cifra baja mucho pero, por poner una media, creo que estaría entre los 700 y 800 euros".
Traducido: para una firma como Vector Ronda, con 1.500 licencias, el 75% de las cuales se ubica en Madrid y Barcelona, esto significa una rentabilidad neta de unos 20 millones de euros anuales. De forma agregada, se estima que los cuatro operadores de VTC generarán muy pronto unos beneficios netos anuales de más de 115 millones de euros. ¿Negocio redondo? "A ver, sí, es jugoso, pero tampoco nos ha tocado la lotería. Si tienes en cuenta que las licencias nos han costado entre 50.000 y 60.000 euros cada una, al final estás hablando de un margen anual de entre un 20% y un 25%. No está mal, pero tampoco es para volverse loco dada la incertidumbre jurídica", explica uno de los inversores consultados.
Esta misma fuente señala a quien de verdad cree que ha dado un "pelotazo" y "especulado" con las licencias VTC, igual que ocurrió en su momento con el taxi: Juan Ortigüela y José Antonio Parrondo. "Ellos han obtenido licencias al precio administrativo, 32 euros, y las han vendido luego a 50.000 y 60.000 euros. Son especuladores natos y han manchado al resto del sector. Ahora todo el mundo cree que los que hemos entrado más tarde hacemos lo mismo. No es cierto. Hemos comprado a esos precios tan elevados y ahora buscamos obtener una rentabilidad. Y crear empleo. ¿Por qué nos tenemos que justificar? Somos inversores profesionales que nos estamos jugando el patrimonio en esto. Es lógico que el Gobierno quiera apoyarnos".
¿Tanto como para saltarse al Supremo ante una más que posible sentencia liberalizadora? "Esa liberalización solo interesaría a Uber. A nadie más. Van diciendo que si eso ocurre bajarían los precios hasta un 30% y ganaría el consumidor. Vale, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los sueldos de los conductores? ¿También los bajarán un 30%? ¿Y la seguridad de los coches?", señala un inversor. "El Gobierno tenía que proteger al taxi y resulta que la mejor forma de hacerlo nos beneficiaba a nosotros también", explica otro accionista consultado. "Nos arriesgamos, y ganamos".
Uber: Los verdaderos ganadores de las guerras del taxi: 26 personas amasan 450 millones
"Ellos han obtenido licencias al precio administrativo, 32 euros, y las han vendido luego a 50.000 y 60.000 euros."
Este es el problema, mientras se permita especular con el derecho a trabajar en los servicios públicos, la tendremos liada, si hay más oferta que demanda o se subasta el permiso de forma periódica ( pero nunca eternamente) o se pide el mejor servicio y calidad o una mezcla, pero regalar un pastizal a los especuladores es dantesco.
Durante los últimos dos años se ha producido una auténtica orgía financiera de creación de sociedades, compras, ventas y cambios accionariales con un solo objetivo: posicionarse mejor que nadie en la gestión de licencias VTC para operar con Uber y Cabify. Empresarios e inversores vieron en esta actividad un filón millonario. Y no se equivocaron. El sector ha quedado ahora repartido entre cuatro grandes empresas con un puñado de accionistas de lujo, aunque todo empezó con un hombre: Juan Ortigüela Tellería.
Este empresario malagueño del tras*porte fue el primer 'visionario' en hacer caja. Presidente y propietario de Ares Capital junto a su hermano Ramón, llegó a acumular un total de 4.000 licencias VTC con un valor de entre 50.000 y 60.000 euros cada una que vendió a comienzos de este año al fondo King Street Capital. Es decir, entre 200 y 240 millones ingresados de un plumazo, el mayor 'pelotazo' hasta la fecha. Sirvió para que King Street entrara a funcionar a través de la empresa Moove Cars, que ya se ha convertido en el mayor operador de permisos VTC en España y ha espoleado al resto a mover ficha y configurar el actual puzle de sociedades.
Es un entramado en el que compiten desde exjefes del taxi a los fundadores de Tuenti y a los que el Gobierno ha acabado protegiendo de rebote con su decreto ley, saltándose incluso al Supremo y a su esperada sentencia liberalizadora que ahora quedaría sin efecto.
No lo voy a negar, estábamos acojonados. Si hubiera habido liberalización el valor de las licencias se habría desplomado
"No lo voy a negar, estábamos acojonados. Si hubiera habido liberalización el valor de las licencias se habría desplomado. También es verdad que contábamos desde hace meses con que el Gobierno aprobara esa ley. Se había comprometido a proteger al taxi y la única forma era con una normativa que, de paso, protegía nuestra inversión. Todos contentos", explica a Teknautas uno de los directivos clave del sector que exige anonimato para hablar. Y tan contentos: solo el valor estimado total de esas licencias VTC ronda los 450 millones de euros. ¿De dónde sale la cifra?
Existen en total de 10.000 permisos en manos de los que ahora son los cuatro mayores operadores: Moove Cars (5.000 VTC), Auro New tras*port Concept (antes Gestaxi, con 2.500), Vector Ronda (1.500) y Cibeles (1.000). La mayoría aún no están operativos a la espera de flecos administrativos, pero lo estarán a lo largo del año. El valor de cada permiso en Madrid y Barcelona puede llegar a los 60.000 euros. En otras comunidades las diferencias son abismales: desde Asturias o Galicia, donde una licencia VTC puede costar solo 5.000 euros hasta los 200.000 de Ibiza.
"Fuera de Madrid y Barcelona nosotros trabajamos con una media de valor cercano a los 30.000 euros por título", asegura un inversor del sector. El dato lo corroboran otras fuentes consultadas. A nivel agregado, por tanto, se estima que la mitad de las 10.000 licencias en juego valen ahora esos 60.000 euros, mientras que el resto, de media, rondaría los 30.000. O lo que es lo mismo: las cuatro compañías que ahora controlan los Uber o Cabify en los que viajas se reparten un pastel que, solo en licencias, asciende a 450 millones de euros.
Banqueros y los exTuenti, a por las VTC
Moove Cars ha sido el último operador en consolidarse y aspira de hecho a ser el gigante de las VTC. Su gran baza: 5.000 permisos (4.000 comprados a Ortigüela y 1.000 a través de otras tras*acciones) que operará casi de forma exclusiva con Uber. Detrás de la empresa se encuentran hasta nueve accionistas, entre ellos algunas de las principales fortunas de nuestro país, como su presidente Jaime Castellanos, presidente en España del banco de inversión Lazard, expresidente de Recoletos y Vocento y cuñado del fallecido Emilio Botín.
Junto a Castellanos, otros empresarios de negocios tradicionales y ajenos al mundillo tecnológico han entrado en Moove. Destaca Juan María Riberas Mera, consejero delegado del gigante del acero Gonvarri (entre los 100 más ricos de España) y Pedro del Corro y Álvaro Garteiz, directivos del fondo de inversión Torreal, propiedad de la familia Abelló. Con este músculo financiero y el apoyo del fondo King Street Capital, Moove espera llegar en los dos próximos años al 20% de cuota de mercado y a unos 10.000 empleados.
La competencia directa, curiosamente, les llega de algunas de las 'fortunas tecnológicas' más destacadas del país: Zaryn Dentzel (fundador de Tuenti), Félix Ruiz (fundador de Tuenti y presidente de Jobandtalent), Hugo Arévalo (inversor en Tuenti, Hawkers o Cabify) y Bernardo Hernández (exGoogle, exYahoo, antiguo presidente ejecutivo de Tuenti y cofundador de Idealista). Estos inversores y emprendedores se han asociado durante el último año al exjefe del taxi, José Antonio Parrondo. Presidente de la Asociación Gremial del taxi de Madrid entre 2007 y 2009, Parrondo fue desde entonces solicitando y adquiriendo permisos VTC hasta conseguir unos pocos cientos que le sirvieron para atraer inversión y seguir creciendo.
Considerado entre los taxistas como un "traidor" y un "especulador" por saltar de dirigente del taxi al enemigo, a empresario de las VTC, Parrondo participa ahora en múltiples sociedades que poseen y gestionan permisos para operar con Uber y Cabify. La mayor es Auro New tras*port Concept (antes Gestaxi), que posee 2.500 licencias. En ella Parrondo es presidente y consejero delegado pero, según fuentes conocedoras del reparto accionarial, no es el principal dueño. Zaryn Dentzel y Félix Ruiz tendrían alrededor del 15% cada uno y el resto de socios participaciones inferiores.
Cibeles, con 1.000 licencias VTC en su poder, es la otra sociedad en la que Parrondo figura como presidente. En ella también participan, además de Félix Ruiz, Hugo Arévalo y Zaryn Dentzel, Bernardo Hernández y el inversor Aquilino Peña a través del fondo Kibo Ventures. Igual que ocurre en Auro, Zaryn y Félix son los dos principales socios. Consultados por este periódico, algunos accionistas de Auro y Cibeles prefieren no hablar ni que nadie les vincule a esta actividad.
Invertí en licencias VTC como podía haber invertido en pisos en París. En serio, prefiero no comentar nada del tema", señala uno de los inversores contactados. "Vimos un negocio muy bueno, con unas rentabilidades altas y decidimos probar. La idea es seguir en ello a largo plazo", explica Félix Ruiz a Teknautas, quien niega tener una de las participaciones más amplias en Auro y Cibeles o que ambas dispongan de hasta 3.500 permisos. Otros accionistas de ambas sociedades consultados confirman, sin embargo, tanto el reparto accionarial como el dato de licencias VTC.
De vender Pepephone a aliarse con Cabify
El cuarto jugador en discordia no es menos poderoso: Vector Ronda. Constituida en 2015 como filial de Cabify (participada a su vez por el fondo Seaya Ventures, con Beatriz González al frente, hija del presidente del BBVA), recibió una potente inyección de capital a finales de 2017 procedente de GAT Inversiones. El fondo, controlado por el exdueño de Pepephone, Rosauro Varo, y su socio Pablo Ferré, aportó en total 30 millones de euros y Cabify 20. Se creaba así otro de los competidores de referencia que aspira a dominar el sector de las VTC en España.
Junto a Varo y Ferré, socios mayoritarios, Juan de Antonio (fundador de Cabify) y Juan Ignacio García (director financiero de Cabify) son los otros dos accionistas clave en Vector en representación de Cabify. La compañía cuenta ahora mismo con 1.500 licencias que pondrá paulatinamente en marcha este año con una ventaja: el 75% de las mismas son para operar en Madrid y Barcelona, las ciudades con mayor demanda. Moove Cars está justo en el otro extremo, la mayoría de sus licencias son para operar en otras CC.AA. con menor tirón y, por tanto, tienen menos valor.
En total, y según datos de Registro Mercantil y facilitados por hasta 10 fuentes consultadas, 26 accionistas controlan el total de estas cuatro sociedades cuyas 10.000 licencias suman de forma agregada un valor de 450 millones de euros. A ellas hay que añadir múltiples empresarios que poseen pequeñas cantidades de licencias listas para vender y operar. Uno de ellos es Eduardo Martín, presidente de Unauto, la patronal de las empresas de VTC, que cuenta con 250 permisos valorados en más de 12 millones de euros.
Todos ellos son, en definitiva, los verdaderos ganadores del 'decretazo' del Gobierno, que ha protegido no solo el valor de los permisos, también la actividad diaria que genera una enorme rentabilidad.
"Por cada coche que operamos obtenemos limpios cada mes entre 1.000 y 1.500 euros. Eso es una vez descuentas todos los gastos: sueldos a conductores, comisiones a Uber y Cabify, seguros... todo. No está nada mal", dice uno de los inversores consultados. Otro, perteneciente a una compañía rival, coincide: "Esos son exactamente los números que barajamos, una rentabilidad media de unos 1.250 euros en Madrid y Barcelona. En otras comunidades la cifra baja mucho pero, por poner una media, creo que estaría entre los 700 y 800 euros".
Traducido: para una firma como Vector Ronda, con 1.500 licencias, el 75% de las cuales se ubica en Madrid y Barcelona, esto significa una rentabilidad neta de unos 20 millones de euros anuales. De forma agregada, se estima que los cuatro operadores de VTC generarán muy pronto unos beneficios netos anuales de más de 115 millones de euros. ¿Negocio redondo? "A ver, sí, es jugoso, pero tampoco nos ha tocado la lotería. Si tienes en cuenta que las licencias nos han costado entre 50.000 y 60.000 euros cada una, al final estás hablando de un margen anual de entre un 20% y un 25%. No está mal, pero tampoco es para volverse loco dada la incertidumbre jurídica", explica uno de los inversores consultados.
Esta misma fuente señala a quien de verdad cree que ha dado un "pelotazo" y "especulado" con las licencias VTC, igual que ocurrió en su momento con el taxi: Juan Ortigüela y José Antonio Parrondo. "Ellos han obtenido licencias al precio administrativo, 32 euros, y las han vendido luego a 50.000 y 60.000 euros. Son especuladores natos y han manchado al resto del sector. Ahora todo el mundo cree que los que hemos entrado más tarde hacemos lo mismo. No es cierto. Hemos comprado a esos precios tan elevados y ahora buscamos obtener una rentabilidad. Y crear empleo. ¿Por qué nos tenemos que justificar? Somos inversores profesionales que nos estamos jugando el patrimonio en esto. Es lógico que el Gobierno quiera apoyarnos".
¿Tanto como para saltarse al Supremo ante una más que posible sentencia liberalizadora? "Esa liberalización solo interesaría a Uber. A nadie más. Van diciendo que si eso ocurre bajarían los precios hasta un 30% y ganaría el consumidor. Vale, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los sueldos de los conductores? ¿También los bajarán un 30%? ¿Y la seguridad de los coches?", señala un inversor. "El Gobierno tenía que proteger al taxi y resulta que la mejor forma de hacerlo nos beneficiaba a nosotros también", explica otro accionista consultado. "Nos arriesgamos, y ganamos".
Uber: Los verdaderos ganadores de las guerras del taxi: 26 personas amasan 450 millones
"Ellos han obtenido licencias al precio administrativo, 32 euros, y las han vendido luego a 50.000 y 60.000 euros."
Este es el problema, mientras se permita especular con el derecho a trabajar en los servicios públicos, la tendremos liada, si hay más oferta que demanda o se subasta el permiso de forma periódica ( pero nunca eternamente) o se pide el mejor servicio y calidad o una mezcla, pero regalar un pastizal a los especuladores es dantesco.
