Los nazis del PP paran la construccion de nuevos centros estatales para refugiades >:(

El Gobierno socialista ve en riesgo la construcción de tres centros de acogida para refugiados que tenía planeado abrir en Logroño, Valladolid y Camargo (Cantabria). Las elecciones municipales y autonómicas trajeron nuevos gobiernos liderados ahora por el PP y los acuerdos municipales para la compraventa de parcelas y la rehabilitación de edificios que ya habían sido pactados están en el aire. Muy preocupada por la continuidad de los proyectos, la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, envió una carta el pasado 14 de julio a los alcaldes de Logroño y Valladolid y al consejero de Economía y Hacienda de Cantabria para que, en menos de 15 días, informasen de los nuevos plazos para avanzar en los acuerdos ya firmados. Casi tres semanas después, Valladolid y Logroño han pedido más información y Cantabria guarda silencio. Mientras, en Camargo, el Pleno del Ayuntamiento ya dejó claro este miércoles, con los votos de PP y Vox, que no quiere un centro de refugiados en su municipio.

Los centros de la discordia, de entre 200 y 300 camas, son parte del plan del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para ampliar con 5.700 nuevas plazas la red de acogida para solicitantes de asilo. Con la inyección de fondos europeos tras la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, Escrivá planeó la compra de parcelas y la rehabilitación de edificios para abrir 17 nuevos espacios en diferentes puntos del país gracias a una inversión de 231 millones de euros. El objetivo era reforzar un sistema de acogida que está siempre en tensión debido al alto número de peticiones de asilo de refugiados latinoamericanos, coyunturas puntuales como la guerra de Ucrania o la situación en Afganistán, o repuntes de llegadas de pateras. España es el segundo país comunitario con más peticiones de asilo y en lo que va de año ya ha recibido más de 83.000 solicitudes.

Una vez comprometido con la UE, Escrivá tiene que cumplir y, aunque podría elegir nuevas ubicaciones, esto supondría retrasar aún más los proyectos. “En el marco del cumplimiento de este hito en el Plan de Recuperación, tras*formación y Resiliencia, le solicito una respuesta a la mayor brevedad posible, informando de los plazos previstos para la continuidad de este centro”, rogaba la secretaria de Estado de Migraciones Isabel Castro en las cartas a las que ha tenido acceso EL PAÍS.

El proceso de identificación y compra de parcelas y edificios ya estaba siendo mucho más lento de lo esperado. El ministerio se encontró con dificultades de todo tipo, desde la localización de los espacios adecuados a la resistencia de alcaldes (de derechas y de izquierdas) a albergar este tipo de centros de acogida en sus municipios. Y ahora, que ya estaban todas las localizaciones cerradas y con acuerdos de entendimiento firmados, Escrivá se topa con otra barrera: nuevos gobiernos, sin información sobre los proyectos y, a priori, poco partidarios de acoger refugiados en sus municipios.

La oposición es firme en la ciudad de Valladolid (522.342 habitantes), donde el PP gobierna con Vox. Aunque el concejal de urbanismo ha respondido a la misiva de Migraciones solicitando más información sobre el proyecto —”nos resultaría útil contar con alguna información técnica sobre el futuro edificio”—, su socio de Gobierno ya dejó claro hace meses lo que pensaba de ese centro pensado para albergar a 200 refugiados. “Desde Vox nos oponemos frontalmente a la construcción de este centro y de cualquier otro de esta índole. La solución no es degradar nuestros barrios y traer la inseguridad a sus calles”, tuiteó en mayo la cuenta del partido ultra en Valladolid. En este municipio, además, los planes del ministerio cuentan con la oposición de al menos una asociación de vecinos que recogió más de un millar de firmas contrarias a la iniciativa.

En el caso del Gobierno de Cantabria, que no ha respondido a la carta del ministerio ni a las preguntas de El PAÍS, la principal oposición viene del municipio de Camargo (9.528 residentes), gobernado por el PP. Es aquí donde se encuentra el centro psiquiátrico que se quiere rehabilitar para convertirlo en un espacio de acogida con cerca de 300 plazas tras una inversión total de 18,5 millones de euros. Este miércoles, el Pleno del Ayuntamiento votó con 12 votos a favor (PP, Vox y PRC) y cinco en contra (PSOE) que las instalaciones se conviertan en un centro para mayores de la localidad. “El edificio es tan grande que no sería incompatible llevar a cabo ambos proyectos”, mantienen fuentes del ministerio.

En Logroño, el alcalde del PP, que gobierna con mayoría absoluta tras arrebatar al PSOE la vara de mando, ha mantenido “contactos telefónicos” con el equipo de Escrivá y espera una nueva conversación con la secretaria de Estado de Migraciones, según una portavoz municipal. Fuentes del ministerio aguardan con moderado optimismo que el proyecto siga su curso.

Sin la colaboración de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, Escrivá no podrá continuar con lo planeado. En Valladolid, donde el anterior alcalde socialista Óscar Puente acordó la cesión totalmente gratuita de una parcela municipal, necesita, antes de cualquier otro trámite, que el Pleno municipal la ratifique. En Logroño la tramitación del expediente está pendiente de un acuerdo de enajenación de una parcela para que el ministerio pueda comprarla por 2,9 millones de euros y seguir así con el proyecto. En Camargo, el Gobierno autonómico tiene aún que segregar la parcela, valorada en ocho millones de euros, para que pueda rehabilitarse el centro de rehabilitación psiquiátrica.

Migraciones ha planteado la construcción de los centros de acogida como una oportunidad para los municipios. En sus cartas, la secretaria de Estado mantiene que estos tres espacios en concreto, más allá de la inversión de decenas de millones de euros y los puestos de trabajo que se crearán, generarán un “valor añadido” de cinco millones de euros anuales, “promoviendo el crecimiento económico de la industria local y del comercio de proximidad”. Castro recuerda además que los proyectos incluyen la construcción de instalaciones deportivas punteras, para lo que el ministerio firmó un acuerdo de colaboración con el Comité Olímpico Español “por considerarse un aspecto clave para la integración”. Estos espacios deportivos no serían en principio de uso exclusivo de las personas acogidas sino de todos los vecinos.

Jodo. Ya hemos pasado de ultraderecha a fascistas y de fascistas a nazis. Ese es el nivelón.