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Los hosteleros temen que Feijóo los cierre tras la anulación del certificado el bichito
Las patronales de Lugo y de Pontevedra advierten del riesgo de que la Xunta decida cerrar los locales ante la imposibilidad de exigir un certificado el bichito a los clientes

Carteles de indicaciones de obligatoriedad de presentar certificados antes de acceder al interior, en una marisquería de la Rua da Raiña, el día en que el TSXG declara nula la petición de certificado el bichito para la hostelería, en Santiago de Compostela – César Arxina
Por Economía Digital Galicia12 de agosto de 2021
a las 20:06
Una mezcla entre satisfacción y preocupación invade a la hostelería gallega después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tumbara la exigencia de un certificado el bichito para acceder a los establecimientos de hostelería, una de las restricciones que había aplicado la Xunta en aquellas localidades con incidencia alta del cobi19. Los magistrados determinaron que dicha norma carece de vigencia porque no fue autorizada judicialmente, pero la alegría de evitar una restricción que, en la práctica, era difícil de cumplir, convive con el temor de que el Gobierno gallego decida cerrar establecimientos al no poder aplicarla.
Este es el estado de ánimo de César Ballesteros, presidente de la Federación de Hostelería de Pontevedra, quien ha reconocido «cierta satisfacción» ante la resolución judicial, puesto que «pedir el certificado era engorroso y complicado de cumplir», pero se ha mostrado preocupado por el futuro. «Nunca nos ha gustado la medida, pero nuestra prioridad es seguir abiertos y ahora veremos qué pasa. Estamos a la espera de que Sanidade nos diga cómo proceder», apuntó.
Leer más: Feijóo defiende las restricciones en hostelería: «El otro camino sería cerrar»
Comparte inquietud Cheché Real, presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de Lugo: «Lo único que nos preocupa es poder seguir abiertos, seguir trabajando. Y ahora cabe la posibilidad de que nos cierren». Su posición revela una división entre los propios profesionales, pues hubo también asociaciones de hostelería que intentaron frenar la norma.
«No lo entiendo. El certificado daba confianza a los clientes, permitía seguir trabajando con seguridad y con las máximas garantías sanitarias. Aunque tuviesen razón, estamos en una situación excepcional que requiere medidas excepcionales; hay miles de muertos», ha lamentado Real, que dijo sentir «pena y miedo» por un posible cierre causado por «litigios que buscan un protagonismo excesivo».
«Ahora hay dos opciones: que nos cierren o seguir abiertos con el riesgo de los clientes no quieran venir por la falta de garantías sanitarias que se les ofrecían antes. Nadie quiere arriesgarse a contagiar a su familia por tomar un chocolate con churros», concluyó.
La «inmadurez» de la Xunta
Entre las asociaciones que recurrieron el certificado el bichito están Lugo Monumental y Hosteleros de Santiago. Esta última entidad emitió un comunicado para mostrar su “satisfacción” con la resolución judicial. Entienden que «la supuesta madurez de la Administración autonómica ha quedado en evidencia al decretar una orden que no contaba con la preceptiva autorización/ratificación judicial de las medidas».
El colectivo ha destacado que el certificado el bichito ha tenido «una enorme repercusión» en el desarrollo ordinario de la actividad, «causando pérdidas inmensas por la necesidad de dedicar recursos económicos y personales y por el descenso de la clientela».
Es por este motivo que reclaman un plan de indemnizaciones «real» para paliar «el esfuerzo suplementario» que supuso la implementación de «una orden tan relevante y que, increíblemente, iba en contra de la ley». Instan también a la Xunta a entablar un diálogo «con el conjunto de la hostelería».
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El colectivo ha destacado que el certificado el bichito ha tenido «una enorme repercusión» en el desarrollo ordinario de la actividad, «causando pérdidas inmensas por la necesidad de dedicar recursos económicos y personales y por el descenso de la clientela».
Es por este motivo que reclaman un plan de indemnizaciones «real» para paliar «el esfuerzo suplementario» que supuso la implementación de «una orden tan relevante y que, increíblemente, iba en contra de la ley». Instan también a la Xunta a entablar un diálogo «con el conjunto de la hostelería».
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