Los fondos de inversión están comprando decenas de residencias de ancianos

La residencia de ancianos Orpea Barcelona Guinardó podría pasar por hotel: nueva e impoluta, aquí reina la calma a las nueve de la mañana y sólo un vinilo a la entrada la identifica como geriátrico. En la muy próxima DomusVi Claret ocurre otro tanto. Una y otra son privadas. La segunda, con plazas públicas. Y como ellas, la mayoría en España, pues sólo en una decena de provincias de 50 hay más centros públicos que privados.

Sobre ellas es que acecha, hoy, el interés de cada vez más fondos extranjeros.

El del fondo soberano emiratí Mubadala es apenas el último en confirmarse. En esa época en el 2020 de la que yo le hablo se hizo con el control de Healthcare Activos por 1.000 millones de euros, según detalla el informe Sovereign Wealth Funds de IE University y el ICEX. A ello añadió en su última revisión otros 25 millones de inversión. ¿Su interés? Unas 6.900 camas residenciales en varias compañías, entre ellas la citada DomusVi, líder en este sector.

Pero hay más.

Según ese mismo informe Mubadala “también desempeñó en el sector en España un papel indirecto” gracias a su alianza con CDC International Capital, que ahora es parte del banco público francés BPIFrance, habiendo participado en la ampliación de capital de DomusVi en julio del 2021.

¿Y más? Más: en la también francesa Orpea está presente el fondo del Banco Central de Noruega, según detalla MarketScreener. Antes estuvo el fondo de pensiones canadiense.

Y eso unido a que, como Manuel Rico publicó en el 2021 en ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias (Planeta), se sabe desde hace tiempo que el sector en España está en manos sobre todo de empresas con sede en Francia: DomusVi (gestiona 143 centros de mayores según los enumera online), Orpea (52), Colisée (45) o Amavir (43) lo ponen sobre la mesa.

No es casual.

Porque encontrar una 100% pública es otro cantar: en Catalunya, por ejemplo, sólo hay 17 donde toda la gestión, también la de los recursos humanos, la haga la propia administración, tal y como confirma a La Vanguardia el Departament de Drets Socials. El resto son de titularidad pública con su gestión delegada, o concertadas, o privadas. Y Catalunya no es un caso aislado.

Los datos del informe Envejecimiento en red del CSIC, de referencia en el sector, hablan de que de 5.567 centros en total (dar la cifra cerrada es complicado, admiten todos los estudios), los privados (3.925 versus 1.642 públicos, da igual su tamaño) son siempre mayoría en toda España salvo en una decena de provincias poco pobladas del interior. En Málaga y Huelva, Barcelona, Sevilla o Madrid, mientras, los privados son casi nueve de cada diez.

Las plazas eran, por su parte, 196.713 privadas y 75.527 públicas en el 2006 y casi quince años después, en el 2020, la última cifra dada a conocer, se dejaban en 281.332 privadas y 102.909 públicas. Tan solo cuatro provincias (Melilla, Las Palmas, Cáceres, Badajoz) tendrían más de las segundas que de las primeras. Eso sí, el 62,7% de las plazas serían de financiación pública, según datos del Imserso, más allá de si estas están en centros públicos, concertados, o son plazas financiadas con la prestación vinculada al servicio.

Tremendo nicho de mercado han encontrado