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Madmaxista
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Los diez ministros de PP y PSOE que se vendieron a Florentino Pérez por 3700 millones de €
Los diez ministros de PP y PSOE que se vendieron a Florentino Pérez por 3700 millones de
ACS-ESCAL-UGS, propiedad de Florentino Pérez, la concesión del “proyecto Castor”, una megalómana obra hidráulica frente a las costas mediterráneas de Cataluña y Comunidad Valenciana. La contrata es por 30 años, ha costado 1700 millones de euros, la construye ACS y el Estado la paga a razón de 250 millones anuales. Los beneficios son para Florentino, al que hay que indemnizar con 3700 millones como “lucro cesante” si la obra se suspende o la contrata se rompe y el Estado no lo denuncia por fraude en los estudios sismológicos aportados. Son un ejemplo de las numerosas concesiones públicas que se han suscrito en España y, al tiempo que han arruinado al país, hacen ricos a los que las firman. Y ahora hay que “cargar” con Castor, a pesar de que ha provocado 200 terremotos en Castellón y Tarragona a causa de las inyecciones submarinas de gas, que también paga el Estado por la vía ciudadana. Es el temido “fracking”, que está provocando protestas en todo el mundo. Estos son los diez ministros de PP y PSOE que han ayudado a Florentino a ganar 3700 millones de euros en el país de Europa con la energía más cara. ¿A cambio de qué?
Josep Piqué (1996 (PP): otorgó el primer permiso para el “proyecto Castor” mediante real decreto firmado el 6 de septiembre de 1996. Fue la “única solicitud presentada” y requería la “realización de diferentes estudios (incorporando los datos sísmicos disponibles en el Campo de Amposta”. El estudio sismográfico aparece en el primer contrato y es de obligado cumplimiento, aunque no fue capaz de prever que las inyecciones de gas iban a producir 200 seísmos. Políticos y técnicos del Ministerio de Industria aceptaron el edulcorado informe de ACS-ESCAL-UGS que la realidad se ha encargado de desmentir y hoy Piqué es consejero delegado y vicepresidente segundo de la constructora OHL (Villar Mir). Cuando se hizo rico, se divorció y se casó con la joven y ambiciosa periodista cercana al PP, Gloria Lomana, que de simple redactora fue meteóricamente ascendida a directora de informativos de Antena 3.
Anna Birulés (2000-2002 (PP): La que fuera presidenta del Consorcio para la Promoción Comercial de Cataluña (COPCA), bajo las ordenes del director general de Industria de la Generalidat, Josep Piqué, fue “recomendada” por este último para que asumiese las competencias de Industria como ministra de Ciencia y Tecnología porque él iba a ocupar la cartera de Exteriores. Estuvo dos años en el cargo hasta que regresó Piqué tras su sonado fracaso en Exteriores. Tras guardarle la silla y abandonar el cargo, Birulés atravesó la “puerta giratoria” de la administración y se hizo rica: el ex presidente socialista Felipe González la fichó como consejera de Tagua Capital, sociedad de capital-riesgo que administraba su fortuna. También fue secretaria general del Banco de Sabadell, consejera del Banco Mediolanum, de la aseguradora Pelayo, de Segur Ibérica (Mónica de Oriol) y presidenta del Grupo Laborsalus Gestión y del fondo de inversión Finaves, impulsado por la escuela de negocios IESE, vicepresidenta de la inmobiliaria Renta Corporación, directora general de Retevisión, secretaria general de Banco Sabadell y de consejos de administración de varias empresas del sector financiero como SMP-4B o la sociedad rectora de la Bolsa de Barcelona.
José Montilla (2004-2006 (PSOE). Elaboró el Plan Energético Nacional 2005-2011 que incluye Castor entre sus prioridades. Tuvo en sus manos un sondeo de ACS que revelaba que el proyecto Castor era peligroso a causa de “la porosidad de la roca por la presencia de procesos kársticos, así como la altísima capacidad de movilidad de fluidos en su interior, aspectos claves para el almacenamiento”. El citado sondeo geológico, denominado Castor-1, fue realizado entre diciembre de 2004 y enero 2005, fechas en las que el ministro de Industria era Montilla. Su secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, firmó la primera prórroga para el proyecto junto al director general de Política Energética y Minas, cuyo nombre se oculta en el BOE. Como anécdota que supone una irónica mueca del destino, Montilla protagonizó un “sketch” del grupo humorístico catalán “Polonia” con el título de “El Castor”, animal que utilizó como mascota para poder eternizarse como líder del PSC-PSOE en Cataluña pero que a la postre resultó fatídico. El ex presidente de Cataluña ocupa hoy un plácido y bien remunerado escaño de senador, donde suele vegetar tres días a la semana durante tres semanas de cada mes.
Cristina Narbona (2004-2008 (PSOE). La ministra de Medio Ambiente aprobó una resolución ministerial del secretario general de su departamento, Arturo Gonzalo Aizpiri, en la que dice que tras haber estudiado “las medidas protectoras y correctoras indicadas por el promotor y las condiciones que se establecen en la presente resolución, no se deduce la posible existencia de impactos ambientales significativos que aconsejen someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental”. Hija de dos conocidos periodistas del franquismo que fueron corresponsales en Italia (Francisco Narbona y María Francisca Ruiz Cortés), toda su vida política ha estado subida a un coche oficial: viceconsejera de la Junta de Andalucía (1982), directora del Banco Hipotecario, directora general de la Vivienda, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, diputada “cunera” por Almería (1996), concejal en el Ayuntamiento de Madrid (1999), diputada por Madrid (2004), ministra de Medio Ambiente (hasta 2008) y embajadora de España ante la OCDE. Pareja sentimental del también ministro y consejero de la constructora Abengoa, José Borrell, hoy ambos disfrutan de su millonaria fortuna y pensión como jubilados en un lujoso chalet del oeste de Madrid.
Rodrigo Rato (2003-2004, PP). El que fuera vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, ordenó al secretario de Estado de la Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, José Folgado, y a la directora general de Política Energética y Minas, cuyo nombre se oculta en el BOE, que firmaran una orden ministerial en la que avalasen la salida del proyecto de “España Canadá Resources” para dárselo a ACS-ESCAL-UGS. Cuando esto ocurrió, Aznar acababa de nominar a Rajoy como sucesor en el PP con gran enfado de Rato, que al menos consigue colocar como ministro al castellonense Juan Costa, responsable de energía y del proyecto Castor como titular de Ciencia y Tecnología.
Joan Clos (2006-2008, PSOE): El ministro de Industria en la primera legislatura de Zapatero dejó preparado el “decreto Castor” antes de abandonar el cargo. El texto lo firmaría Miguel Sebastián el 16 de mayo de 2008, solo 36 días después de acceder al sillón ministerial, aunque posteriormente se entregaría con un furor inusitado a darle cobertura política, legal y financiera al proyecto. Aunque no es diplomático sino anestesista, Joan Clos recibió como premio el cargo de embajador en Turquía y Azerbaiyán. Ahora ha desaparecido de la escena pública, pero está localizado en Nairobi (Kenia), donde reside como alto cargo de la ONU. Es un puesto de ejecutivo similar al de las ex ministras “Bibi” Aido y Leire Pajín, que compraron su cargo en la sede de la ONU en Nueva York gracias a las millonarias subvenciones que les otorgaron previamente. Anteriormente, Clos estuvo 24 años subido a un coche oficial, 15 como concejal y 9 como alcalde de Barcelona.
Miguel Sebastián (2008-2011, PSOE): el ministro de Industria de Zapatero firmó el “decreto Castor” que otorgaba la concesión durante 30 años y además pagó 1.273 millones de euros de las arcas públicas a ACS-ESCAL-UGS. Sebastián también le regaló a Florentino Pérez, propietario de la empresa, una cláusula mediante la cual si Castor fracasaba, serían los ciudadanos quienes asumirían los costes: “En el caso de que se produzca la anulación o extinción de la presente concesión y se efectúe el desmantelamiento de las instalaciones previa autorización, los costes prudentes en que se incurra se reconocerán como retribución de la empresa concesionaria, salvo en caso de dolo o negligencia grave imputable a la misma”.
Por fortuna, el Estado prevé en sus leyes que “en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria, la compensación se limitará al valor residual de las instalaciones, sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria”. Si además se acreditara que se ocultó el riesgo sísmico de la zona, “la extinción de la concesión se producirá sin perjuicio de las sanciones a que dieran lugar las causas que la provocan”.
El decidido apoyo de Sebastián a Castor tuvo su continuidad con una orden ministerial de su director general de Política Energética y Minas, Antonio Hernández García, por la que otorga “autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública” a Castor. El ministro autorizó además que fuera la propia empresa de Florentino la que contestara a las alegaciones y quejas por el proyecto: “Concluido el periodo de información pública de 20 días, se recibieron diversas alegaciones e informes de organismos y administraciones afectadas que fueron debidamente contestadas por «Escal Ugs, S.L.».
En consecuencia, el jefe de la dependencia del área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón (cuyo nombre se omite en el BOE) “informó favorablemente el expediente de la adenda de cara a continuar con la tramitación del expediente, mediante informe de 30 de diciembre de 2009″. El propio Sebastián llevó al Consejo de Ministros otra orden de noviembre de 2010 sobre Castor que lo define como “pilar fundamental de nuestro sistema gasista” y “considera procedente otorgar a esta infraestructura categoría A Urgente, teniendo como fecha estimada de puesta en marcha el año 2011″.
Sebastián concedió además “autorización administrativa” y “reconocimiento de utilidad pública” a Enagás para que construyese las canalizaciones del proyecto. El consejero delegado de Enagás es Marcelino Oreja Arburúa, hijo del político del PP del mismo nombre, que tiene como socios al propio Estado vía SEPI y al Sultan Hamed Khamis Al Burtamani, a propuesta de Oman Oil Holdings Spain S.L.
Anteriormente, esta empresa pública fue privatizada y cayó en manos de Gas Natural, cuyo consejero es el ex presidente del Gobierno Felipe Gonzalez (130.000 euros anuales), quien dimitió del Consejo de Doñana un mes antes de que se autorizara a su empresa a perforar el Parque Natural. Sebastián también redactó otro real decreto de “artículo único” por el que “se otorga a Escal UGS, S.L. la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural denominado “Castor”.
Elena Espinosa (2008-2010 PSOE). La ministra de Medio Ambiente en la segunda legislatura de Zapatero autorizó el “proyecto Castor” con varias decisiones. Su secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera Rodríguez, firmó una resolución ministerial por la que “teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (el nombre del director general se oculta en el BOE), no se observa que el proyecto vaya a producir impactos adversos significativos, por lo que resuelve no someter el referido proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental”. Espinosa adjudicó ocho contratos, entre 2004 y 2008, a Rodman Polyships SAU, la empresa naviera para la que trabajó entre 1998 y 2004 como directora financiera y adjunta a la presidencia. La suma total de estas adjudicaciones asciende a 11,8 millones de euros.
Carmen Chacón (2008-2011 PSOE). La ministra de Defensa de Zapatero encargó en octubre de 2008 al teniente general Pedro Bernal Gutiérrez, director del Centro Nacional de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), un informe titulado “La crisis energética y su repercusión en la Economía, Seguridad y Defensa Nacional”, que coordinó el general de división del Ejército del Aire, Guillermo Velarde Pinacho. En ese texto, José Luis Díaz Fernández, catedrático de la Escuela de Ingenieros de Minas (UPM) y el abogado del Estado, Mariano Martín Rosado catalogan Castor como un proyecto de “carácter estratégico”.
José Manuel Soria (2011-2013 PP). Su secretario de Estado de Energía, Fernando Martí Scharfhausen, firmó la orden ministerial por la que el Estado, “establece el procedimiento de subasta para la adquisición de gas natural destinado al nivel mínimo de llenado” del proyecto Castor. Esto significa que el erario público y los contribuyentes pagarán el gas inicial que la planta de la empresa ACS-ESCAL-UGS necesita. Su director general de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas, otorgó la capacidad del proyecto Castor mediante otra resolución que modifica la compra de gas por parte del Estado que había firmado Sebastián, para darle una mayor “flexibilidad”.
Los diez ministros de PP y PSOE que se vendieron a Florentino Pérez por 3700 millones de
ACS-ESCAL-UGS, propiedad de Florentino Pérez, la concesión del “proyecto Castor”, una megalómana obra hidráulica frente a las costas mediterráneas de Cataluña y Comunidad Valenciana. La contrata es por 30 años, ha costado 1700 millones de euros, la construye ACS y el Estado la paga a razón de 250 millones anuales. Los beneficios son para Florentino, al que hay que indemnizar con 3700 millones como “lucro cesante” si la obra se suspende o la contrata se rompe y el Estado no lo denuncia por fraude en los estudios sismológicos aportados. Son un ejemplo de las numerosas concesiones públicas que se han suscrito en España y, al tiempo que han arruinado al país, hacen ricos a los que las firman. Y ahora hay que “cargar” con Castor, a pesar de que ha provocado 200 terremotos en Castellón y Tarragona a causa de las inyecciones submarinas de gas, que también paga el Estado por la vía ciudadana. Es el temido “fracking”, que está provocando protestas en todo el mundo. Estos son los diez ministros de PP y PSOE que han ayudado a Florentino a ganar 3700 millones de euros en el país de Europa con la energía más cara. ¿A cambio de qué?
Josep Piqué (1996 (PP): otorgó el primer permiso para el “proyecto Castor” mediante real decreto firmado el 6 de septiembre de 1996. Fue la “única solicitud presentada” y requería la “realización de diferentes estudios (incorporando los datos sísmicos disponibles en el Campo de Amposta”. El estudio sismográfico aparece en el primer contrato y es de obligado cumplimiento, aunque no fue capaz de prever que las inyecciones de gas iban a producir 200 seísmos. Políticos y técnicos del Ministerio de Industria aceptaron el edulcorado informe de ACS-ESCAL-UGS que la realidad se ha encargado de desmentir y hoy Piqué es consejero delegado y vicepresidente segundo de la constructora OHL (Villar Mir). Cuando se hizo rico, se divorció y se casó con la joven y ambiciosa periodista cercana al PP, Gloria Lomana, que de simple redactora fue meteóricamente ascendida a directora de informativos de Antena 3.
Anna Birulés (2000-2002 (PP): La que fuera presidenta del Consorcio para la Promoción Comercial de Cataluña (COPCA), bajo las ordenes del director general de Industria de la Generalidat, Josep Piqué, fue “recomendada” por este último para que asumiese las competencias de Industria como ministra de Ciencia y Tecnología porque él iba a ocupar la cartera de Exteriores. Estuvo dos años en el cargo hasta que regresó Piqué tras su sonado fracaso en Exteriores. Tras guardarle la silla y abandonar el cargo, Birulés atravesó la “puerta giratoria” de la administración y se hizo rica: el ex presidente socialista Felipe González la fichó como consejera de Tagua Capital, sociedad de capital-riesgo que administraba su fortuna. También fue secretaria general del Banco de Sabadell, consejera del Banco Mediolanum, de la aseguradora Pelayo, de Segur Ibérica (Mónica de Oriol) y presidenta del Grupo Laborsalus Gestión y del fondo de inversión Finaves, impulsado por la escuela de negocios IESE, vicepresidenta de la inmobiliaria Renta Corporación, directora general de Retevisión, secretaria general de Banco Sabadell y de consejos de administración de varias empresas del sector financiero como SMP-4B o la sociedad rectora de la Bolsa de Barcelona.
José Montilla (2004-2006 (PSOE). Elaboró el Plan Energético Nacional 2005-2011 que incluye Castor entre sus prioridades. Tuvo en sus manos un sondeo de ACS que revelaba que el proyecto Castor era peligroso a causa de “la porosidad de la roca por la presencia de procesos kársticos, así como la altísima capacidad de movilidad de fluidos en su interior, aspectos claves para el almacenamiento”. El citado sondeo geológico, denominado Castor-1, fue realizado entre diciembre de 2004 y enero 2005, fechas en las que el ministro de Industria era Montilla. Su secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, firmó la primera prórroga para el proyecto junto al director general de Política Energética y Minas, cuyo nombre se oculta en el BOE. Como anécdota que supone una irónica mueca del destino, Montilla protagonizó un “sketch” del grupo humorístico catalán “Polonia” con el título de “El Castor”, animal que utilizó como mascota para poder eternizarse como líder del PSC-PSOE en Cataluña pero que a la postre resultó fatídico. El ex presidente de Cataluña ocupa hoy un plácido y bien remunerado escaño de senador, donde suele vegetar tres días a la semana durante tres semanas de cada mes.
Cristina Narbona (2004-2008 (PSOE). La ministra de Medio Ambiente aprobó una resolución ministerial del secretario general de su departamento, Arturo Gonzalo Aizpiri, en la que dice que tras haber estudiado “las medidas protectoras y correctoras indicadas por el promotor y las condiciones que se establecen en la presente resolución, no se deduce la posible existencia de impactos ambientales significativos que aconsejen someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental”. Hija de dos conocidos periodistas del franquismo que fueron corresponsales en Italia (Francisco Narbona y María Francisca Ruiz Cortés), toda su vida política ha estado subida a un coche oficial: viceconsejera de la Junta de Andalucía (1982), directora del Banco Hipotecario, directora general de la Vivienda, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, diputada “cunera” por Almería (1996), concejal en el Ayuntamiento de Madrid (1999), diputada por Madrid (2004), ministra de Medio Ambiente (hasta 2008) y embajadora de España ante la OCDE. Pareja sentimental del también ministro y consejero de la constructora Abengoa, José Borrell, hoy ambos disfrutan de su millonaria fortuna y pensión como jubilados en un lujoso chalet del oeste de Madrid.
Rodrigo Rato (2003-2004, PP). El que fuera vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, ordenó al secretario de Estado de la Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, José Folgado, y a la directora general de Política Energética y Minas, cuyo nombre se oculta en el BOE, que firmaran una orden ministerial en la que avalasen la salida del proyecto de “España Canadá Resources” para dárselo a ACS-ESCAL-UGS. Cuando esto ocurrió, Aznar acababa de nominar a Rajoy como sucesor en el PP con gran enfado de Rato, que al menos consigue colocar como ministro al castellonense Juan Costa, responsable de energía y del proyecto Castor como titular de Ciencia y Tecnología.
Joan Clos (2006-2008, PSOE): El ministro de Industria en la primera legislatura de Zapatero dejó preparado el “decreto Castor” antes de abandonar el cargo. El texto lo firmaría Miguel Sebastián el 16 de mayo de 2008, solo 36 días después de acceder al sillón ministerial, aunque posteriormente se entregaría con un furor inusitado a darle cobertura política, legal y financiera al proyecto. Aunque no es diplomático sino anestesista, Joan Clos recibió como premio el cargo de embajador en Turquía y Azerbaiyán. Ahora ha desaparecido de la escena pública, pero está localizado en Nairobi (Kenia), donde reside como alto cargo de la ONU. Es un puesto de ejecutivo similar al de las ex ministras “Bibi” Aido y Leire Pajín, que compraron su cargo en la sede de la ONU en Nueva York gracias a las millonarias subvenciones que les otorgaron previamente. Anteriormente, Clos estuvo 24 años subido a un coche oficial, 15 como concejal y 9 como alcalde de Barcelona.
Miguel Sebastián (2008-2011, PSOE): el ministro de Industria de Zapatero firmó el “decreto Castor” que otorgaba la concesión durante 30 años y además pagó 1.273 millones de euros de las arcas públicas a ACS-ESCAL-UGS. Sebastián también le regaló a Florentino Pérez, propietario de la empresa, una cláusula mediante la cual si Castor fracasaba, serían los ciudadanos quienes asumirían los costes: “En el caso de que se produzca la anulación o extinción de la presente concesión y se efectúe el desmantelamiento de las instalaciones previa autorización, los costes prudentes en que se incurra se reconocerán como retribución de la empresa concesionaria, salvo en caso de dolo o negligencia grave imputable a la misma”.
Por fortuna, el Estado prevé en sus leyes que “en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria, la compensación se limitará al valor residual de las instalaciones, sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria”. Si además se acreditara que se ocultó el riesgo sísmico de la zona, “la extinción de la concesión se producirá sin perjuicio de las sanciones a que dieran lugar las causas que la provocan”.
El decidido apoyo de Sebastián a Castor tuvo su continuidad con una orden ministerial de su director general de Política Energética y Minas, Antonio Hernández García, por la que otorga “autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública” a Castor. El ministro autorizó además que fuera la propia empresa de Florentino la que contestara a las alegaciones y quejas por el proyecto: “Concluido el periodo de información pública de 20 días, se recibieron diversas alegaciones e informes de organismos y administraciones afectadas que fueron debidamente contestadas por «Escal Ugs, S.L.».
En consecuencia, el jefe de la dependencia del área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón (cuyo nombre se omite en el BOE) “informó favorablemente el expediente de la adenda de cara a continuar con la tramitación del expediente, mediante informe de 30 de diciembre de 2009″. El propio Sebastián llevó al Consejo de Ministros otra orden de noviembre de 2010 sobre Castor que lo define como “pilar fundamental de nuestro sistema gasista” y “considera procedente otorgar a esta infraestructura categoría A Urgente, teniendo como fecha estimada de puesta en marcha el año 2011″.
Sebastián concedió además “autorización administrativa” y “reconocimiento de utilidad pública” a Enagás para que construyese las canalizaciones del proyecto. El consejero delegado de Enagás es Marcelino Oreja Arburúa, hijo del político del PP del mismo nombre, que tiene como socios al propio Estado vía SEPI y al Sultan Hamed Khamis Al Burtamani, a propuesta de Oman Oil Holdings Spain S.L.
Anteriormente, esta empresa pública fue privatizada y cayó en manos de Gas Natural, cuyo consejero es el ex presidente del Gobierno Felipe Gonzalez (130.000 euros anuales), quien dimitió del Consejo de Doñana un mes antes de que se autorizara a su empresa a perforar el Parque Natural. Sebastián también redactó otro real decreto de “artículo único” por el que “se otorga a Escal UGS, S.L. la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural denominado “Castor”.
Elena Espinosa (2008-2010 PSOE). La ministra de Medio Ambiente en la segunda legislatura de Zapatero autorizó el “proyecto Castor” con varias decisiones. Su secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera Rodríguez, firmó una resolución ministerial por la que “teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (el nombre del director general se oculta en el BOE), no se observa que el proyecto vaya a producir impactos adversos significativos, por lo que resuelve no someter el referido proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental”. Espinosa adjudicó ocho contratos, entre 2004 y 2008, a Rodman Polyships SAU, la empresa naviera para la que trabajó entre 1998 y 2004 como directora financiera y adjunta a la presidencia. La suma total de estas adjudicaciones asciende a 11,8 millones de euros.
Carmen Chacón (2008-2011 PSOE). La ministra de Defensa de Zapatero encargó en octubre de 2008 al teniente general Pedro Bernal Gutiérrez, director del Centro Nacional de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), un informe titulado “La crisis energética y su repercusión en la Economía, Seguridad y Defensa Nacional”, que coordinó el general de división del Ejército del Aire, Guillermo Velarde Pinacho. En ese texto, José Luis Díaz Fernández, catedrático de la Escuela de Ingenieros de Minas (UPM) y el abogado del Estado, Mariano Martín Rosado catalogan Castor como un proyecto de “carácter estratégico”.
José Manuel Soria (2011-2013 PP). Su secretario de Estado de Energía, Fernando Martí Scharfhausen, firmó la orden ministerial por la que el Estado, “establece el procedimiento de subasta para la adquisición de gas natural destinado al nivel mínimo de llenado” del proyecto Castor. Esto significa que el erario público y los contribuyentes pagarán el gas inicial que la planta de la empresa ACS-ESCAL-UGS necesita. Su director general de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas, otorgó la capacidad del proyecto Castor mediante otra resolución que modifica la compra de gas por parte del Estado que había firmado Sebastián, para darle una mayor “flexibilidad”.
