Los decanos de Medicina avisan que con tantas facultades habrá exceso de médicos.

a proliferación de facultades de Medicina —España ha pasado de 28 a 40 en apenas ocho años; ocho de ellas privadas— ha convertido los centros hospitalarios en enormes aulas de aprendizaje donde los futuros facultativos, tanto los de titulaciones públicas como de privadas, compiten por un hueco para hacer prácticas. Los decanos de Medicina pusieron el grito en el cielo a principios de año ante los anuncios de la futura apertura de otras siete facultades (tres privadas). Alertaron de que no había plazas para tanto médico y de que la calidad de la enseñanza ya se está resintiendo por la saturación de estudiantes en algunos centros sanitarios.

Cada año se matriculan en esas facultades aproximadamente un millar de médicos más de los que se pueden formar en los llamados hospitales universitarios que, hasta ahora, están abiertos a la convivencia y competencia de alumnos de distintos títulos. Un nuevo real decreto, que el Ministerio de Educación presentará esta semana a los rectores y las comunidades autónomas, limita ese escenario con una fórmula sencilla: una universidad, un hospital. Es el primer paso para poner coto a una proliferación de títulos que sitúa a España como el país con más facultades de Medicina del mundo por millón de habitantes, más que Reino Unido, Francia o Italia. Los alumnos de nuevo ingreso rondan los 7.000. Las plazas MIR (médico interno residente), las que facultan para ejercer, son unas 6.000.


La movilización de los decanos comenzó con la proliferación de centros, sobre todos privados, porque “han complicado más el escenario”, señala el decano de Medicina de la Universidad de Valencia, Federico Pallardó. “En un quirófano no entra mucha gente”, añade. De su centro salen cada año 320 alumnos para hacer prácticas. Necesita distribuirlos entre cuatro hospitales diferentes para cumplir con las prácticas necesarias para su formación.

El borrador de Educación, al que ha tenido acceso este periódico y que aún es susceptible de modificaciones, limita la vinculación de un hospital universitario a una sola universidad por titulación. Los decanos de Medicina y la Conferencia de Rectores de España —la Crue, que representa tanto a los campus públicos como a los privados— aplauden una medida que servirá para “asegurar la calidad y la organización de la docencia”.

Pero alertan de que habrá que dar más pasos para actualizar una regulación obsoleta que se acordó cuando ni las competencias sanitarias ni las educativas estaban tras*feridas a las comunidades. Un portavoz del Ministerio de Sanidad, testigo en los últimos años de las protestas de los facultativos, alega que acaban de recibir el texto y prefieren estudiarlo bien antes de valorarlo.

El actual decreto de conciertos entre universidades e instituciones sanitarias es de 1986, cuando aún existía el Insalud. Con el traspaso de competencias, cada comunidad autónoma ha hecho su propia definición de lo que es un hospital universitario y ha fijado los criterios para cerrar convenios entre hospitales y campus.

Juan Pablo Carrasco, presidente de Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), duda de que este nuevo real decreto vaya a cambiar las cosas: “Cada comunidad acredita a los hospitales universitarios que quiere. Como Madrid, que lo hizo con todos los nuevos a la vez. El texto habla de unos criterios, pero no especifica cuáles son”. Carrasco afirma que ya se están produciendo problemas en hospitales con alumnos de la pública y la privada en Castellón y Murcia y que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) dejó uno de sus hospitales para no tener que compartirlo con la privada Universidad Europea de Madrid. “Nos preocupa la saturación de las prácticas, imprescindibles para nuestra formación”, afirma.

La Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona (UB) también abandonó el hospital de Granollers para no convivir con una privada, recuerda Francesc Cardellach, decano de Medicina de la UB. “Las privadas nos pueden desplazar con este cambio porque pueden ofrecer más ventajas económicas que nosotros para esos convenios”, señala.

El presidente de la Conferencia de Decanos de Medicina, Ricardo Rigual, admite que hay flecos por cerrar. “Confío en que las autoridades sanitarias se preocuparán de que las facultades de Medicina con convenios tengan garantías suficientes y, en en ese aspecto, las facultades públicas tienen ya esas garantías”. Las comunidades autónomas tienen la última palabra.
Universidad privada, formación sanitaria pública

Los estudiantes de Medicina hacen prácticas en hospitales de tercero a sexto curso. Es parte de su formación, y generalmente es la que más aprecian: ven trabajar a los médicos, tratan con pacientes, ponen en práctica la teoría aprendida. En los últimos años, con la proliferación de facultades privadas de Medicina y la necesidad de buscar hospitales para sus estudiantes, se han generado situaciones controvertidas, especialmente cuando los alumnos de la privada se forman usando los recursos de la sanidad pública.

El hospital de Getafe, centro público madrileño, ha vivido esas tensiones. El entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, promovieron en 2008 un convenio para impartir la titulación de Medicina de la Universidad Europea de Madrid, privada, en este centro. El texto especificaba que los médicos del hospital que ejercieran de profesores tendrían que ser contratados por la universidad. Pero no se hizo. Tal y como explica a EL PAÍS un médico del centro, los facultativos daban clase durante su horario laboral, por lo que “difícilmente se les concedería la compatibilidad como funcionarios”. La “solución” que aportó la Consejería de Sanidad fue pagarles las horas lectivas (100 euros brutos la hora) como productividad. La universidad ingresaba el dinero a Sanidad (195.300 euros en 2012, según sus datos, que no desglosaron entre uso de las instalaciones y salario de los profesores) y esta lo incluía en las nóminas de los funcionarios.

Cuando, en 2012, un facultativo pidió explicaciones internas sobre esta forma de retribución, el gerente, Carlos Villoria, se vio obligado a darlas. En una carta reconocía la irregularidad: “Al impartirse la docencia en la misma jornada asistencial”, afirmaba, “se debe tomar en consideración la aplicación de la ley de incompatibilidades” y sus “limitaciones”, y proponía lo que calificaba como “solución técnica”: no hacer contrato a los profesores y pagarles mediante productividad variable. Así “no hay necesidad de que los médicos profesores soliciten la compatibilidad”. Dos médicos dimitieron como docentes tras recibir esta carta.

Tanto el hospital como la universidad aseguran que esta irregularidad “ya se ha arreglado”. En el curso 2013-14 los profesores ya están contratados como tales y se les ha concedido la compatibilidad, añade el hospital.

Según un portavoz, la Universidad Europea abona el 25% de las tasas de inscripción (matrícula) de cada alumno al Hospital Universitario de Getafe, en compensación por el uso de sus instalaciones, cuantía que se destina a inversiones en el centro (tecnología, equipamiento, mobiliario, etc.)

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