Los cuatro partidos pactan el inicio del proceso que posibilita la creación de la provincia de Cartagena

Tómese nota en los anales de la Historia de España, así, con mayúsculas, de que la Región de Murcia alcanza la mayoría de edad política en esta legislatura que agoniza, la novena desde la tras*formación de la provincia en comunidad autónoma. El Estatuto aprobado en 1982, parcialmente modificado en 1991, 1994, 1998 y 2002, está a punto de ser modernizado y mutado en una expresión de voluntad autonomista más exigente con el Estado y en una carta de derechos sociales e individuales conforme a los tiempos que corren.

La reforma es fruto del acuerdo unánime de los cuatro partidos representados en la Asamblea Regional (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos), algo absolutamente inusual, cuyos respectivos portavoces (Víctor Manuel Martínez, Joaquín López, Óscar Urralburu y Miguel Sánchez), serán quienes esculpan sus nombres en el olimpo parlamentario de Murcia, junto al de Fernando López Miras, el presidente del Gobierno bajo cuyo mandato rezarán las crónicas que se promulgó la ley más importante en los 37 años de la vida autonómica, con el mérito añadido –para todos ellos– de que se aprobará durante la primera legislatura sin mayoría absoluta en la Cámara. /B]Los astros se han alineado. Solo un cataclismo político podría evitar que se apruebe el nuevo Estatuto, pendiente de detalles irrelevantes que, de no superarse, tampoco serían insalvables[/B]. La Asamblea se disolverá en los primeros días de abril, para iniciar el proceso electoral del 26 de mayo, así que la reforma del Estatuto deberá votarse antes, primero en comisión (ya está convocada para el miércoles, 27) y después en Pleno (posible fecha: 1 de abril). Queda poco tiempo, pero la firme voluntad de consenso parece –hoy por hoy– superior a cualquier obstáculo. Aunque los portavoces no sueltan prenda, con el fin de no malograr su empeño reformador, es seguro que del 95% de acuerdo alcanzado –y confesado por ellos– hace quince días se ha pasado ya al 99%. Lo que falta es un pelo. El texto resultante, de unos ochenta folios, deberá sancionarse posteriormente por el Congreso de los Diputados, donde la unanimidad con la que se le remitirá desde Cartagena garantiza la mayoría cualificada necesaria para su publicación en el BOE.

A Canarias, que acaba de aprobar su reforma estatutaria, se ha mirado en la gestación del 'nasciturus' cuando surgía algún escollo en las negociaciones, mantenidas por los cuatro portavoces con la lealtad debida a sus partidos pero con una discreción rayana en el secreto. Los 'padres' del Estatuto originario, el de 1982, también calcaron párrafos enteros de los de Asturias y Cantabria, que estaban más avanzados.

A la vista del borrador en circulación, que se ha sometido a la consulta de expertos, los cuatro puntos cardinales del futuro Estatuto vienen determinados por el agua, la reclamación solemne de una financiación autonómica justa, la posibilidad de modificar la configuración territorial (y eso mantiene abierta la vía a que Cartagena se convierta en una segunda provincia) y un catálogo de derechos que supondrán, en el supuesto de no quedar reducidos a una mera enunciación retórica, un avance de calado en el reconocimiento de libertades individuales inexistentes o ya incluidas en alguna ley regional pero de menos rango que el Estatuto, como el derecho a la identidad de género y a la no discriminación a causa de la orientación sensual, que la reforma en ciernes deja blindado frente a eventuales mayorías parlamentarias extremistas que quisieran derogarlo.

Aunque el 'derecho al agua' (artículo 21) nada asegura en realidad, su inclusión en el Estatuto supone toda una novedad política, un hito en la política regional, donde el agua suele arrojarse a la cara del adversario y raras veces concita la unanimidad: «Se reconoce el derecho de los ciudadanos a disponer de agua de calidad en cantidad suficiente para garantizar el abastecimiento de la población y el desarrollo adecuado de actividades económicas y sociales». Y más: «Los poderes públicos regionales promoverán las actuaciones que correspondan ante los órganos del Estado para que se reconozca el derecho de la Comunidad Autónoma a disponer de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias, atendiendo a criterios de sostenibilidad».

Es fácil situar en este apartado una de las dificultades de la negociación, finalmente saldada con párrafos del gusto de unos y otros ('disponer de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias' equivale a trasvases, pero sin mentarlos y supeditándolos a 'criterios de sostenibilidad'. Todos contentos).

Atentos a los «privilegios económicos» de otras comunidades

Al menos ayer permanecía en el texto consensuado el precepto de más enjundia y el que acentúa el carácter exigente de Murcia ante la Administración del Estado. Se trata de una disposición adicional en la que PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos «reconocen» que la Región ha sido maltratada por «la inequidad» del sistema de financiación autonómica y «comparten» la urgencia de mutualizar la deuda pública, para que puedan financiarse suficientemente los servicios públicos básicos (sanidad, educación y Dependencia). El texto va más lejos, al instar a las instituciones autonómicas (Consejo de Gobierno y Asamblea) a vigilar el «equilibrio económico» con las restantes comunidades autónomas, de forma que en ningún caso puedan producirse «privilegios económicos o sociales en perjuicio de Murcia».

La bifurcación en una segunda provincia que satisficiera la reclamación de los sectores de Cartagena que la demandan desde tiempos inmemoriales no figura en la carta autonómica. Pero tampoco está vedada, pues se define como ámbito territorial «el de los municipios comprendidos dentro de los límites de la actual provincia de Murcia», pero «sin perjuicio de la modificación que de dicha configuración territorial pudiera realizarse».

Quizá el elemento más renovador del nuevo Estatuto, y por consiguiente el impulso más modernizador que se quiere imprimir a la sociedad regional venga dado por la relación de derechos y deberes, que habrán de plasmarse en disposiciones legales específicas pero que ya quedan proclamados en la norma principal: los derechos a vivir con dignidad el proceso de la fin, a la protección integral a las mujeres víctimas de la violencia machista, a la identidad de género, a la garantía de que el embarazo y la maternidad no podrán causar una discriminación de la mujer, el derecho a que las parejas no casadas inscritas en el registro gozarán del mismo reconocimiento que las parejas casadas, amén de otros derechos que, por ambiguos, merecen una menor atención. No es el caso, antes al contrario, del derecho que también se reconoce a «optar por una formación religiosa y jovenlandesal conforme a las propias convicciones», siempre controvertido en el debate ideológico por la dualidad educación pública-educación privada.

Los partidos llegan lejos asimismo en su compromiso apriorístico con los menos favorecidos. El proyecto de Estatuto emplaza a la Asamblea Regional a aprobar una ley que establezca los requisitos para el acceso por parte de quienes lo necesiten a «los suministros básicos necesarios para una vida digna».

Tarde o temprano, quienes hayan sufrido persecución debido a su conciencia, ideología o defensa de su identidad cultural o de los valores democráticos deberán ser rehabilitados. Es un guiño de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos a la memoria histórica, llamada indistintamente 'memoria democrática', que obliga a los poderes públicos a velar por su mantenimiento «como patrimonio colectivo que atestigua la defensa de la identidad y la cultura del pueblo murciano y la lucha por las libertades democráticas».

El listón está alto. Los cuatro partidos harán historia en los próximos días con la aprobación por unanimidad de un nuevo Estatuto, salvo un encallamiento que a esta hora nadie prevé y nadie desea. El consenso alcanzado, y el articulado de la ley –que será la más importante en la historia de la Comunidad–, habrán justificado por sí solos la novena legislatura de la autonomía regional.

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No hay vuelta atrás, salvo sorpresa que nadie espera. La Asamblea Regional ya ha convocado para el próximo lunes la comisión especial y el pleno que aprobarán la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Será la última actividad en la Cámara, que quedará disuelta el martes por la convocatoria de elecciones. PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos (Cs) tienen prácticamente cerrado el texto definitivo -a falta de una última revisión- con el que pretenden coronar una legislatura de gran consenso pese a la ausencia de mayorías absolutas. Y todo ello salvando la presión de Vox, que en plena precampaña electoral intenta desestabilizar al PP y a Cs con acusaciones de «introducir la ideología de género y la memoria histórica» en esta ley orgánica. «Desmontaremos la dictadura progre», amenaza el partido ultraderechista, que aspira a entrar en la Cámara con varios diputados la próxima legislatura.

Los responsables de la reforma insisten en que no improvisan nada, sino que culminan el trabajo iniciado por diputados en anteriores legislaturas

Los cuatro grupos parlamentarios actuales han cerrado filas ante lo que consideran «una manipulación» para intentar pescar votos en aguas que el propio Vox agita sin tregua en redes sociales desde que 'La Verdad' detalló el domingo el texto del nuevo Estatuto. Inicialmente consiguieron parte de su objetivo: los populares murcianos tuvieron que aclarar a Génova 13 que «nuevamente Vox juega a la confusión» con sus invectivas. El presidente regional del partido y de la Comunidad, Fernando López Miras, visitó ayer por sorpresa la Asamblea para, entre otros asuntos, respaldar el trabajo de sus cuatro diputados en la Comisión Especial de Reforma del Estatuto de Autonomía, presidida por la socialista Rosa Peñalver.

Retoques en el CES

El texto de la norma fundamental de la Comunidad quedó prácticamente cerrado en una reunión de cuatro horas que el lunes por la tarde celebraron los diputados encargados de revisarla, en la sede del Consejo Económico y Social (CES), en Murcia. Asistieron dos letradas de la Asamblea para disipar dudas legales y afinar en la redacción de algunos preceptos.

Ante las críticas de la extrema derecha, los populares calman a sus dirigentes nacionales La Cámara convoca comisión y pleno el 1 de abril para dar luz verde al nuevo texto

Finalmente, del borrador se cae un artículo contemplado para garantizar la libertad religiosa, ya que había discrepancias sobre la forma de expresarlo. Los diputados concluyeron que la Constitución ya ofrece suficiente seguridad en ese campo y pasaron página. Permanecen en el texto los asuntos discutidos por Vox. El artículo 14 está reservado para el 'Derecho a declarar la voluntad vital anticipada', es decir: a que se respete el derecho de una persona a la voluntad vital en el marco establecido por la ley, así como a recibir cuidados paliativos «de calidad y a vivir con dignidad el proceso de su fin». El 18, el 'Derecho a la orientación sensual', respaldará «la no discriminación» por identidad sensual, también de acuerdo a la norma vigente. No es gran novedad, ya que así está contemplado por la Constitución y por la ley regional de Igualdad LGTBI, vigente desde 2016.

La redacción de ese último artículo también generó cierto debate. Finalmente, los diputados optaron por reproducir exactamente el mismo texto del Estatuto canario, el último aprobado en las Cortes por unanimidad de todos los partidos.

Tampoco habrá mención a la memoria histórica, sino a la «memoria democrática» como un derecho de los murcianos a conocer su historia como «patrimonio colectivo».

«Ciudadanos de la Región»

Los partidos hicieron hincapié ayer que «es el momento histórico de culminar un trabajo que no es improvisado, sino que recoge lo avanzado en esa materia durante las últimas tres legislaturas. Aquel trabajo que iniciaron otros diputados no cae en saco roto». En cuanto a las críticas de partidos aspirantes a la Asamblea, miembros de la comisión recordaron que el Estatuto «no es un marco cerrado, sino que una vez aprobado estará sujeto a continua revisión y actualizaciones, si fuese necesario». El nuevo duplicará el número de artículos del de 1982, recogerá el derecho al agua y a las energías renovables y no hablará de murcianos, sino de «ciudadanos de la Región de Murcia».

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Se acercan las elecciones y parece que a nuestros políticos les han entrado las prisas. Catorce años desde que se decidió reformar el Estatuto de Autonomía para empezar a, perdónenme la expresión, 'soltar leches' en una reforma exprés antes de que finalice esta legislatura. Catorce años mirando al tendido, holgazaneando, al solaz del buen yantar entretenidos en aumentar el perímetro abdominal, 'ensoñiscados' por la relajada sensación de quien tiene el futuro asegurado y las espaldas bien, muy bien cubiertas. E inmersos en esta placentera sensación de asueto, se ven repentinamente agitados para, en unas cuantas semanas dar carpetazo a lo que llevaba catorce años sesteando, la anunciada reforma del Estatuto. Lo que lleva años durmiendo el sueño de los justos se acelera sin pudor para, con el sigilo de un ladronzuelo, casi con nocturnidad por las premuras, piensan (pero no dicen) concluir desatendiendo la voz de la ciudadanía. Es llamativo, los representantes de los ciudadanos, los que deberían defender sus propuestas y ser sus portavoces, se han reunido de espaldas a éstos para reformar nuestra 'pequeña constitución' de manera callada y oculta, como para evitar ser descubiertos.

El ayuntamiento de Cartagena creó la Mesa de Trabajo sobre la Viabilidad de la Provincia de Cartagena y otras formas de descentralización administrativa, integrada por todos los grupos políticos municipales, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca y la Plataforma por la Biprovincialidad 2es+, que elevó el documento elaborado con las conclusiones finales a la Asamblea Regional en Cartagena y tememos que no sean leídas ni debatidas antes de aprobar la reforma del Estatuto.

De esta mesa de trabajo, se extraen varias conclusiones, una de ellas es la contrastada viabilidad jurídica de la restitución de la Provincia de Cartagena.

¿Pasará el tren de la reforma del Estatuto de Autonomía sin subir al vagón de la oportunidad de incluir la medida más trascendental y necesaria de esta Comunidad, la restitución de la Provincia de Cartagena? ¿Serán nuestros políticos capaces de hacer oídos sordos a las reivindicaciones de una adecuada descentralización? ¿Volveremos a sufrir a nuestros presuntos representantes dando la espalda al pueblo de Cartagena? ¿Volverán a intentar engañarnos vendiéndonos una comarcalización, incumplida durante 41 años?

Trenes que pasan, a los que, por el ombliguismo de esta Comunidad que solo mira por uno de sus municipios, hemos sido incapaces de subir. No olvidemos que desde hace años esta Comunidad volvió a dejar pasar otro de esos trenes: Cartagena ofrecía la oportunidad de que el AVE llegara a esta Comunidad, pero se optó por vías (ferroviarias) erróneas; bastaba una insignificante inversión para realizar un bypass de 1,5 kilómetros en Beniel. Desde la Administración murciana se decidió que era mejor para todos los ciudadanos de esta Comunidad no tomar este tren, dejarlo pasar y seguir haciendo necesario el desplazamiento a Albacete o Alicante de quien quisiera utilizar este recurso, en lugar de venir a Cartagena.

Otra vez un tren que pasó, nunca mejor dicho, y al que no subimos por decisiones insolidarias y estúpidas. Esta irracionalidad de nuestros gobernantes ha perjudicado (y sigue haciéndolo) el desarrollo no sólo de la comarca natural del Campo de Cartagena, sino de toda la Región y del conjunto de los españoles. De este perjuicio son responsables nuestros políticos, que ya redactaron (¡en 1978!) el deseo de articular equilibradamente las comarcas, haciendo resaltar la significación de Cartagena.

Y es responsabilidad de la sociedad civil decir... ¡basta! No pueden hacer lo que les dé la gana, reunirse de tapadillo, en cafeterías; y guisarse un nuevo Estatuto a su gusto sin contar con la sociedad a la que representan. Y si lo hacen, espero que el pueblo, en las urnas, les niegue su representación. Quizá las prisas se deban a que perciben que tras las elecciones tendrán menos margen de maniobra para manipular a su antojo el Estatuto de Autonomía.

Así que, señores políticos, no dejen pasar otro tren. Abandonen de una vez esa 'murcianía infundada' que durante años les ha caracterizado y muestren valentía suficiente para afrontar los problemas de esta mal llamada y erróneamente creada Comunidad. Abran la posibilidad de la restitución de la histórica Provincia de Cartagena en el nuevo Estatuto y no propongan más el engaño de una comarcalización regional y capitalidad legislativa nunca realizadas. Suban al tren de la realidad y ayuden a que esta Comunidad aproveche las oportunidades, mejorando la gestión presente y futura de este rincón del Sureste peninsular.

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RalphWiggum dijo:

Comunidad autónoma pluriprovincial = diputaciones provinciales.

Todos contentos.

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