Burt Lancaster
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Los ultras votaron hace tres años a favor de una Proposición del PSOE en las Cortes de Castilla y León que ahora rechazan desde el Gobierno
RELACIONADOLas perlas de la vergüenza del vicepresidente de Castilla y León que ponen en apuros a Mañueco
FRANCA VELASCO Domingo, 29 de mayo de 2022
Santiago Abascal, Juan García-Gallardo y David Hierro, en una imagen de archivo. Fuente: Europa Press.
En el último Pleno de las Cortes de Castilla y León, celebrado esta semana, el PSOE presentó por segunda vez una Proposición no de Ley sobre el famoso "gasto superfluo" que la ultraderecha se pone por bandera, que planteaba revisar la existencia de ciertos entes públicos de la Comunidad, que considera "una administración paralela, opaca y fuera de control".
Vox, cuyo único procurador votó a favor de esa misma propuesta en 2019, vota ahora en contra, ya una vez en el gobierno regional, tres años después, y aprovecha para contraatacar a lo que considera "otros chiringuitos": sindicatos, organizaciones empresariales, así como el SERLA y la Fundación Anclaje, implicados en la resolución de conflictos y la permanencia de grupos empresariales en la región.
La Proposición no de ley pedía "una revisión minuciosa de los entes públicos de la Comunidad Autónoma, incluyendo todos sus entes instrumentales, empresas públicas, fundaciones e institutos", y "someter a las Cortes de Castilla y León con carácter urgente y, en todo caso, antes de concluir 2022, un plan de supresión de entes públicos".
Se incluían como organismos a analizar el Instituto para la Competitividad Empresarial, el Ente Regional de la Energía y el Instituto Tecnológico Agrario, además de empresas públicas como la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León y fundaciones como Siglo y Patrimonio Natural.
Incoherencia y datos falsos
En respuesta a esa PNL, el portavoz adjunto de los ultraderechistas, David Hierro, de forma "totalmente incoherente" con la postura que su formación mantuvo en la legislatura pasada, -así opina el procurador socialista que defendió la propuesta, Ángel Hernández-, se quejó del olvido en la relación del PSOE de "otros chiringuitos, qué casualidad", dijo, "que son aquellos en los que participan sus sindicatos", sacando a colación las subvenciones otorgadas desde la Junta a UGT Y CCOO, y arremetiendo contra organismos de los que éstos forman parte, como el SERLA y la Fundación Anclaje.
Para justificar su línea argumental, Hierro afirmó que los dos sindicatos mayoritarios en la Comunidad, CCOO y UGT, se habían embolsado "en subvenciones directas 563 millones de euros", sin especificar el periodo, dato que, además, está más que lejos de la realidad.
La cantidad que facilitaba Vox en el Pleno es, en realidad, la suma global de ayudas a ayuntamientos y diputaciones de toda la Comunidad, organizaciones empresariales, sindicatos, empresas, asociaciones y sociedades de las nueve provincias entre los años 2018 y 2020 en el marco del diálogo social, según una publicación de marzo de 2021, cuando estos datos se ofrecieron en el Portal de Datos Abiertos de la Consejería de tras*parencia que dirigía por entonces Francisco Igea.
De esa base de datos, en la que por entonces figuraban 73.560 ayudas por valor de 562,7 millones en total, podían extraerse las cantidades que percibieron los dos sindicatos y la patronal en los tres años anteriores, cuya suma era de 54 millones de euros.
Pero en la misma base de datos, y como beneficiarias de diversas cantidades hasta esos 563 millones de euros, aparecen también Iberaval, con 24,7 millones, los ayuntamientos de Valladolid, Salamanca, Burgos, Zamora, Miranda, Ponferrada o León y las diputaciones de León y Salamanca, así como múltiples empresas, entre ellas Renault, Ilunion o Grupo Lince.
Es fácil confundir a la gente
Desde UGT, Raúl Santa Eufemia, secretario de Acción Sindical, exige "que se les explique a estos señores cómo se regula Castilla y León, qué es el Estatuto de Autonomía y qué dice la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que es una ley estatal que especifica la representatividad", así como que, en esta comunidad autónoma, "resulta que los sindicatos mayoritariamente elegidos por los trabajadores somos los que somos, así como en otras comunidades son otros".
Santa Eufemia recuerda que también los presupuestos de la Comunidad sostienen a entidades del tercer sector, organizaciones agrarias y cámaras de comercio, entre otros muchos organismos. "Los fondos que recibe UGT cada año no son subvenciones, son ingresos nominativos en función de la representatividad que le dan a cada organización las elecciones sindicales".
"SERLA y Anclaje", continúa, "trabajan para las empresas y los trabajadores, para solucionar conflictos laborales, colectivos o individuales, y para tratar de evitar la deslocalización de grupos empresariales en crisis que se plantean salir de Castilla y León, manteniendo el tejido empresarial", añade, "y nosotros participamos en esas entidades porque representamos a los trabajadores, pero claro, lo del chiringuito cala, porque es fácil confundir a la gente, a pesar de que los sindicatos viven de lo que aportan sus afiliados, a pesar de que todo lo que se hace con lo que se recibe de la Junta de Castilla y León pasa por auditorías internas y externas".
"Cuando Vox entra al gobierno, ya no quiere eliminar chiringuitos, sólo quiere eliminar las instituciones que benefician a los trabajadores y empresas de Castilla y León", apostilla Ángel Hernández desde el PSOE, "es un acoso y derribo a los sindicatos, cargarse la representación de los trabajadores, en vez de ahorrar en la administración paralela, mucho más opaca y que escapa al control parlamentario".
Y a todo eso, añádase, señala Hernández, "que el mayor chiringuito es la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, sin cartera, pero llena de asesores".
¿Cuánto gastan y para qué sirven SERLA y Anclaje?
Frente al presupuesto millonario de algunos de los entes bajo la lupa del PSOE, cuyas competencias propone retornen a manos de la propia administración, como por ejemplo, los 94 millones de euros que consignaban a SOMACYL (Sociedad pública de infraestructuras y medio ambiente) los presupuestos de la Junta para 2022, -que no llegaron a aprobarse-, o los 28,8 millones para la Fundación Siglo, de promoción cultural y turística, los dos "chiringuitos" que cita Vox sobreviven con cantidades mucho más modestas.
En el Servicio Regional de relaciones laborales de Castilla y León (SERLA), la Junta tenía previsto invertir este año 773.000 euros, y en la Fundación Anclaje, cuyo objeto es "la formación para el empleo, y el anclaje y/o permanencia de las empresas en Castilla y León frente a procesos económicos de deslocalización y restructuración empresarial", 877.000 euros.
"La Ley de Procedimiento Laboral", explica Ángela de Miguel, presidenta de CEOE Valladolid, "obliga a pasar por conciliación o mediación antes de ir a juicio ante un conflicto, sea individual o colectivo", señala, "porque son las partes las que mejor pueden resolverlo, sin que intervenga un tercero, y también porque esto ahorra muchísimo dinero al ciudadano".
De Miguel, abogada y firme defensora del SERLA, que echó a andar en 2016 en Valladolid y cuenta con el respaldo del Supremo para hacerse cargo de la resolución de conflictos, afirma que frente al coste medio de 3.000 euros por procedimiento en los juzgados, los economistas, especialistas en Derecho o graduados sociales que median en este Servicio, nombrados por la patronal o los sindicatos, ahorran años al proceso, cantidades ingentes de dinero público que ronda los 3 millones de euros anuales sólo en Valladolid, y cobran una media de 20 euros por asunto.
"La gente no está en el SERLA por dinero, son expertos en Derecho Laboral que consiguen un 60% de acuerdos, que están en esto por compromiso, ¿esto es un chiringuito?", se pregunta, "esto no es un chiringuito, porque no ganamos ni un duro, sólo creemos en el proyecto, suponemos un ahorro de dinero público y mejoramos la paz social".
La Fundación Anclaje, por su parte, según su última Memoria, publicada en enero de este mismo año, ha intervenido en las crisis de medio centenar de empresas desde que nació, en 2011, para evitar el cierre o traslado de fábricas en el territorio de la comunidad, con la consiguiente destrucción de empleo, y ha conseguido que un 70% de los grupos empresariales se mantuvieran en Castilla y León.
Por sus grupos de trabajo han pasado en estos años los casos de Puertas Norma, en 2013, Lauki, Dulciora o Embutidos Rodríguez, en 2016, Nissan, en 2018, o Laboratorios Ovejero, el año pasado.
Asimismo, en su memoria explican el trabajo realizado en diversas zonas geográficas específicas de la Comunidad con el objeto de fomentar su desarrollo económico, iniciativa de la que han surgido otros grupos de trabajo como los Programas Territoriales de Fomento de Miranda de Ebro (en Burgos) o Béjar (en Salamanca), con participación de ayuntamientos, diputaciones o universidades, o el Plan de Dinamización Económica de los municipios mineros.
www.elplural.com
RELACIONADOLas perlas de la vergüenza del vicepresidente de Castilla y León que ponen en apuros a Mañueco
FRANCA VELASCO Domingo, 29 de mayo de 2022
Santiago Abascal, Juan García-Gallardo y David Hierro, en una imagen de archivo. Fuente: Europa Press.
En el último Pleno de las Cortes de Castilla y León, celebrado esta semana, el PSOE presentó por segunda vez una Proposición no de Ley sobre el famoso "gasto superfluo" que la ultraderecha se pone por bandera, que planteaba revisar la existencia de ciertos entes públicos de la Comunidad, que considera "una administración paralela, opaca y fuera de control".
Vox, cuyo único procurador votó a favor de esa misma propuesta en 2019, vota ahora en contra, ya una vez en el gobierno regional, tres años después, y aprovecha para contraatacar a lo que considera "otros chiringuitos": sindicatos, organizaciones empresariales, así como el SERLA y la Fundación Anclaje, implicados en la resolución de conflictos y la permanencia de grupos empresariales en la región.
La Proposición no de ley pedía "una revisión minuciosa de los entes públicos de la Comunidad Autónoma, incluyendo todos sus entes instrumentales, empresas públicas, fundaciones e institutos", y "someter a las Cortes de Castilla y León con carácter urgente y, en todo caso, antes de concluir 2022, un plan de supresión de entes públicos".
Se incluían como organismos a analizar el Instituto para la Competitividad Empresarial, el Ente Regional de la Energía y el Instituto Tecnológico Agrario, además de empresas públicas como la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León y fundaciones como Siglo y Patrimonio Natural.
Incoherencia y datos falsos
En respuesta a esa PNL, el portavoz adjunto de los ultraderechistas, David Hierro, de forma "totalmente incoherente" con la postura que su formación mantuvo en la legislatura pasada, -así opina el procurador socialista que defendió la propuesta, Ángel Hernández-, se quejó del olvido en la relación del PSOE de "otros chiringuitos, qué casualidad", dijo, "que son aquellos en los que participan sus sindicatos", sacando a colación las subvenciones otorgadas desde la Junta a UGT Y CCOO, y arremetiendo contra organismos de los que éstos forman parte, como el SERLA y la Fundación Anclaje.
Para justificar su línea argumental, Hierro afirmó que los dos sindicatos mayoritarios en la Comunidad, CCOO y UGT, se habían embolsado "en subvenciones directas 563 millones de euros", sin especificar el periodo, dato que, además, está más que lejos de la realidad.
La cantidad que facilitaba Vox en el Pleno es, en realidad, la suma global de ayudas a ayuntamientos y diputaciones de toda la Comunidad, organizaciones empresariales, sindicatos, empresas, asociaciones y sociedades de las nueve provincias entre los años 2018 y 2020 en el marco del diálogo social, según una publicación de marzo de 2021, cuando estos datos se ofrecieron en el Portal de Datos Abiertos de la Consejería de tras*parencia que dirigía por entonces Francisco Igea.
De esa base de datos, en la que por entonces figuraban 73.560 ayudas por valor de 562,7 millones en total, podían extraerse las cantidades que percibieron los dos sindicatos y la patronal en los tres años anteriores, cuya suma era de 54 millones de euros.
Pero en la misma base de datos, y como beneficiarias de diversas cantidades hasta esos 563 millones de euros, aparecen también Iberaval, con 24,7 millones, los ayuntamientos de Valladolid, Salamanca, Burgos, Zamora, Miranda, Ponferrada o León y las diputaciones de León y Salamanca, así como múltiples empresas, entre ellas Renault, Ilunion o Grupo Lince.
Es fácil confundir a la gente
Desde UGT, Raúl Santa Eufemia, secretario de Acción Sindical, exige "que se les explique a estos señores cómo se regula Castilla y León, qué es el Estatuto de Autonomía y qué dice la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que es una ley estatal que especifica la representatividad", así como que, en esta comunidad autónoma, "resulta que los sindicatos mayoritariamente elegidos por los trabajadores somos los que somos, así como en otras comunidades son otros".
Santa Eufemia recuerda que también los presupuestos de la Comunidad sostienen a entidades del tercer sector, organizaciones agrarias y cámaras de comercio, entre otros muchos organismos. "Los fondos que recibe UGT cada año no son subvenciones, son ingresos nominativos en función de la representatividad que le dan a cada organización las elecciones sindicales".
"SERLA y Anclaje", continúa, "trabajan para las empresas y los trabajadores, para solucionar conflictos laborales, colectivos o individuales, y para tratar de evitar la deslocalización de grupos empresariales en crisis que se plantean salir de Castilla y León, manteniendo el tejido empresarial", añade, "y nosotros participamos en esas entidades porque representamos a los trabajadores, pero claro, lo del chiringuito cala, porque es fácil confundir a la gente, a pesar de que los sindicatos viven de lo que aportan sus afiliados, a pesar de que todo lo que se hace con lo que se recibe de la Junta de Castilla y León pasa por auditorías internas y externas".
"Cuando Vox entra al gobierno, ya no quiere eliminar chiringuitos, sólo quiere eliminar las instituciones que benefician a los trabajadores y empresas de Castilla y León", apostilla Ángel Hernández desde el PSOE, "es un acoso y derribo a los sindicatos, cargarse la representación de los trabajadores, en vez de ahorrar en la administración paralela, mucho más opaca y que escapa al control parlamentario".
Y a todo eso, añádase, señala Hernández, "que el mayor chiringuito es la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, sin cartera, pero llena de asesores".
¿Cuánto gastan y para qué sirven SERLA y Anclaje?
Frente al presupuesto millonario de algunos de los entes bajo la lupa del PSOE, cuyas competencias propone retornen a manos de la propia administración, como por ejemplo, los 94 millones de euros que consignaban a SOMACYL (Sociedad pública de infraestructuras y medio ambiente) los presupuestos de la Junta para 2022, -que no llegaron a aprobarse-, o los 28,8 millones para la Fundación Siglo, de promoción cultural y turística, los dos "chiringuitos" que cita Vox sobreviven con cantidades mucho más modestas.
En el Servicio Regional de relaciones laborales de Castilla y León (SERLA), la Junta tenía previsto invertir este año 773.000 euros, y en la Fundación Anclaje, cuyo objeto es "la formación para el empleo, y el anclaje y/o permanencia de las empresas en Castilla y León frente a procesos económicos de deslocalización y restructuración empresarial", 877.000 euros.
"La Ley de Procedimiento Laboral", explica Ángela de Miguel, presidenta de CEOE Valladolid, "obliga a pasar por conciliación o mediación antes de ir a juicio ante un conflicto, sea individual o colectivo", señala, "porque son las partes las que mejor pueden resolverlo, sin que intervenga un tercero, y también porque esto ahorra muchísimo dinero al ciudadano".
De Miguel, abogada y firme defensora del SERLA, que echó a andar en 2016 en Valladolid y cuenta con el respaldo del Supremo para hacerse cargo de la resolución de conflictos, afirma que frente al coste medio de 3.000 euros por procedimiento en los juzgados, los economistas, especialistas en Derecho o graduados sociales que median en este Servicio, nombrados por la patronal o los sindicatos, ahorran años al proceso, cantidades ingentes de dinero público que ronda los 3 millones de euros anuales sólo en Valladolid, y cobran una media de 20 euros por asunto.
"La gente no está en el SERLA por dinero, son expertos en Derecho Laboral que consiguen un 60% de acuerdos, que están en esto por compromiso, ¿esto es un chiringuito?", se pregunta, "esto no es un chiringuito, porque no ganamos ni un duro, sólo creemos en el proyecto, suponemos un ahorro de dinero público y mejoramos la paz social".
La Fundación Anclaje, por su parte, según su última Memoria, publicada en enero de este mismo año, ha intervenido en las crisis de medio centenar de empresas desde que nació, en 2011, para evitar el cierre o traslado de fábricas en el territorio de la comunidad, con la consiguiente destrucción de empleo, y ha conseguido que un 70% de los grupos empresariales se mantuvieran en Castilla y León.
Por sus grupos de trabajo han pasado en estos años los casos de Puertas Norma, en 2013, Lauki, Dulciora o Embutidos Rodríguez, en 2016, Nissan, en 2018, o Laboratorios Ovejero, el año pasado.
Asimismo, en su memoria explican el trabajo realizado en diversas zonas geográficas específicas de la Comunidad con el objeto de fomentar su desarrollo económico, iniciativa de la que han surgido otros grupos de trabajo como los Programas Territoriales de Fomento de Miranda de Ebro (en Burgos) o Béjar (en Salamanca), con participación de ayuntamientos, diputaciones o universidades, o el Plan de Dinamización Económica de los municipios mineros.
Los "chiringuitos", según Vox
Los ultras votaron hace tres años a favor de una Proposición del PSOE en las Cortes de Castilla y León que ahora rechazan desde el Gobierno
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