Los centros educativos estarán obligados a denunciar a los padres que pongan trabas al cambio de sesso en sus hijos

Los directores de colegios e institutos deberán denunciar ante los servicios sociales a los padres que nieguen a sus hijos un cambio de sesso. Así lo establecen 11 de los 13 protocolos escolares autonómicos de atención a los alumnos tras*exuales que actualmente se encuentran en vigor. Feministas advierten de que estas instrucciones, que son de obligado cumplimiento, «suponen un riesgo para el pleno ejercicio de la patria potestad». Además, permiten a los menores cambiar de nombre y aspecto en el aula sin hacer antes un cambio registral e incluso, en buena parte de regiones, sin el consentimiento de sus progenitores.

La Alianza contra el Borrado de las Mujeres presentó ayer un informe en el que analiza los protocolos educativos que 13 gobiernos regionales han ido publicando y actualizando desde 2014 para desarrollar sus leyes tras* autonómicas. Aunque tendrán que retocarse para adaptarse a la norma estatal que el Congreso aprobó en febrero, y que permite la libre «autodeterminación de género» desde los 16 años, todos comparten el espíritu y los principales postulados de la ley nacional. ELMUNDO ha pedido a todas las consejerías educativas las últimas versiones de los protocolos y los ha revisado para verificar el estudio de la asociación feminista.

En efecto, ninguno exige un cambio registral, ni tampoco un informe médico o psicológico, para iniciar lo que se conoce como «tras*ición social» del menor, un proceso que comienza modificando nombre y pronombres, la vestimenta y el tratamiento que le dispensan profesores y compañeros y que, advierte la Alianza, «es el primer paso para conducir a los menores a la tras*ición médica, a la hormonación y a las cirugías irreversibles». Este proceso lo pueden iniciar los padres, pero varias CCAA permiten que lo hagan los propios menores. Se activa también por los profesores, aunque no están cualificados. ¿Y si los padres no quieren?

«En caso de que no haya acuerdo entre la familia del menor y el centro educativo con respecto a la valoración de la situación, la dirección informará a la Inspección y valorará la existencia de una posible situación de riesgo o desamparo», dice el protocolo de Cataluña. «En caso de que alguno de los representantes legales se oponga, la dirección pondrá en conocimiento de los servicios sociales la no coincidencia en el planteamiento de abordaje del caso del menor en situación de tras*exualidad», indica el elaborado por Navarra.

Castilla-La Mancha afirma: «En caso de que los responsables legales muestren señales de no respetar la identidad sensual del menor, se pondrá en conocimiento del Servicio de Familia de la Consejería de Bienestar Social». Canarias contempla acudir a la Inspección «si el menor no tiene apoyo familiar en su decisión».

La mayoría de protocolos habla de que el colegio debe mediar con las familias y tratar de convencerlas, pero, si eso no da resultado, prevalecerá el «interés superior del menor». Así ocurre en Galicia, que contempla que el director del colegio tome «las medidas precisas» si «alguno de los representantes legales se opusiera» e incluso llega a hablar de que se activen los protocolos de atención al maltrato infantil «cuando en la actitud de la familia se detecten claramente indicadores de maltrato hacia la identidad de género del/de la menor».

Andalucía, Baleares y Aragón manifiestan en términos muy similares que se avisará a las autoridades de protección de menores «en aquellos casos en los que, a causa de la actitud de la familia hacia la identidad de género del alumno o alumna, se detectasen indicios de maltrato», fórmula también recogida por el País Vasco.

En la Comunidad Valenciana, «si la familia no reconoce la identidad expresada por el hijo o hija y se observa sufrimiento emocional o psicológico persistente», el director actuará «con determinación»: pedirá que actúe «la unidad de atención» y, «en casos extremos de no colaboración, y agotada la vía del diálogo», el colegio «procederá a la notificación a la consejería de protección de la infancia».

También Madrid contempla que, si los padres se niegan, «y cuando dicha negativa pueda causar un grave perjuicio al menor, deberá notificarse a los servicios competentes en materia de protección a la infancia», aunque en el Gobierno regional puntualizan que este protocolo va a ser revisado, en sintonía con la «profunda reforma» de la ley tras* madrileña anunciada por Isabel Díaz Ayuso.

Ninguna otra de las 13 CCAA consultadas por este diario ha renegado de sus protocolos tras*, a pesar de que las feministas de la Alianza advierten de que «están orientados a validar conceptos acientíficos» (el de Castilla-La Mancha dice que «la identidad de género es una construcción social y la definición de sesso-género se conceptualiza desde un aspecto más psicosocial que biológico») y «prevén medidas disciplinarias para los profesores y alumnos que cuestionen estas actuaciones».

Algunos se creían que cuando la Celaá dijo que "los hijos no son de los padres" era una broma.