Los consistorios amenazan con recortar servicios y vaticinan que algunos tendrán que aplicar ERE
Reclaman «fórmulas extraordinarias» ante el retraso en el nuevo modelo de financiación local
MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / BARCELONA
DOLORS ORTÍN / LLEIDA
Están contra las cuerdas. A punto de empezar a preparar los presupuestos del 2010, a los ayuntamientos catalanes no les cuadran los números: los ingresos por impuestos propios –especialmente los derivados del sector inmobiliario– han descendido hasta un 70% y las aportaciones del Estado han menguado, también por la crisis. Eso, mientras los ciudadanos les reclaman más atención social que nunca y asumen nuevas competencias, fruto de leyes como la de dependencia o la que prohíbe el sacrificio de perros abandonados.
La situación, en algunos casos, es casi de quiebra técnica. «Estamos en un punto crítico y necesitamos una solución rápida. Si no, no habrá más remedio que recurrir a medidas como las regulaciones de empleo, los ERE», advierte el presidente de la Associació Catalana de Municips (ACM) y alcalde de Martorell, Salvador Esteve (CiU). El primero en aplicar tan drástica medida es el consistorio de Roda de Barà.
«Llevamos 30 años de ayuntamientos democráticos y el principal problema, la financiación, sigue sin resolverse. Ha habido ya cinco reformas del modelo autonómico, pero ninguna del local», agrega Manuel Bustos, alcalde de Sabadell y presidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). El anuncio del ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, de que la financiación local no se abordará hasta el 2011 ha caído como un jarro de agua fría en los alcaldes de esta asociación.
Por eso, opinan, ha llegado la hora de llamar a la puerta de la Generalitat, que –ella sí– por fin parece disponer de recursos. «Necesitamos fórmulas extraordinarias», dice Bustos. Y lanza algunas propuestas: «Que las inversiones finalistas se concedan sin condicionantes», por ejemplo.
Estas «soluciones tras*itorias», como las define también el alcalde de Lleida, Àngel Ros (PSC), permitirían a los consistorios seguir afrontando competencias que asumen aunque le sean «impropias». Ros, uno de los primeros alcaldes catalanes en aplicar un plan de austeridad en su ayuntamiento, calcula que entre el 30 y el 35 % del presupuesto municipal se destina a servicios sociales básicos.
