El Govern ha cuantificado en 9.375,7 millones los "incumplimientos" del Gobierno central con la Generalitat a día de hoy
La Generalitat ha presentado un informe sobre "deslealtades" del Estado que cuantifica el impacto presupuestario de los incumplimientos del Gobierno central hacia Catalunya en 9.375,7 millones de euros.
La cifra es una de las principales conclusiones de un extenso informe de 50 páginas que analiza "deslealtades" del Estado en varios ámbitos, como la cultura y lengua catalana, la conflictividad institucional, el modelo de financiación o el reparto de objetivos de déficit, entre otros, y que el Govern cree que generan desigualdades sociales porque afectan a la situación financiera de la Generalitat.
Los agravios denunciados por la Generalitat se pueden resumir en tres apartados y nueve puntos.
Agravios lingüísticos, culturales y sociales
- El Estado no ha tenido ninguna voluntad de mostrar la plurinacionalidad y la diversidad lingüística que lo integra . No ha desarrollado ni favorecido ninguna normativa que permita la presencia del catalán en ninguna institución estatal ni internacional. Tampoco ha equiparado en igualdad de condiciones respecto al castellano la relación con la Administración General del Estado ni con la administración de justicia. Ha descuidado la lengua y cultura catalanas en la enseñanza con la aprobación del Anteproyecto de ley orgánica de mejora de la calidad de la educación (Lomce).
- El Estado hace una apuesta inequívoca por Madrid en detrimento de Barcelona como centro cultural de referencia. La cultura catalana ha sufrido un progresivo abandono por parte de los presupuestos generales del Estado.
- El Estado lleva a cabo una reiterada actuación invasiva con respecto a las políticas de bienestar. A todo ello se añade la cronificación de la deslealtad institucional que conlleva que no se respete el principio de igualdad y que la Generalitat disponga de menos recursos para el desarrollo de políticas sociales.
Conflictos institucionales
- El Estado se ha opuesto a cualquier voluntad de modificar por vías democráticas y legales del actual estatus político de Catalunya. Son ejemplos muy claros la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Catalunya, y el recurso contra la resolución del Parlament, que aprueba la Declaració de Sobirania i del Dret a Decidir del pueblo de Catalunya.
- La paralización de las relaciones bilaterales y la negativa a convocar la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y otras comisiones mixtas previstas para hacer posible el desarrollo del Estatut.
La negativa a negociar y aprobar los traspasos pendientes de ser desarrollados que quedan definidos en el Estatut, así como desarrollar otras previsiones de este Estatuto que el TC consideró legítimas.
-El incumplimiento reiterado de sentencias firmes del Tribunal Constitucional y de las salas de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, como pueden ser la cesión de la política de becas o la descentralización de la gestión del 0,7% el IRPF. El elevado volumen de recursos y conflictos de constitucionalidad que el Govern se ha visto obligado a presentar para defender la propia Constitución y el marco competencial que se deriva.
- El impulso de una batería de iniciativas legislativas de signo claramente recentralizador y el impulso de una reforma administrativa que, bajo el pretexto de la eficiencia , pretende atribuir al Estado competencias o funciones reservadas a la Generalitat. El desarrollo de normativa estatal que dificulta la actividad ordinaria de los diferentes departamentos del Gobierno y que afecta a los costes de su gestión .
Agravios económicos
- El actual modelo de financiación no respeta el principio de ordinalidad y sitúa Catalunya por debajo de la media en recursos por cápita. Catalunya pasa de la tercera posición en términos de capacidad tributaria a la décima en términos de recursos per cápita.
- La deslealtad del Gobierno Central también se ha manifestado en el reparto injusto de los objetivos de déficit. Una distribución que ha penalizado las administraciones locales y autonómicas , principales prestadoras de los servicios a las personas y garantes del modelo de estado del bienestar.
http://file02.lavanguardia.com/2013/10/15/54391996977-url.pdf
Leer más: Los agravios del Estado denunciados por la Generalitat
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La Generalitat ha presentado un informe sobre "deslealtades" del Estado que cuantifica el impacto presupuestario de los incumplimientos del Gobierno central hacia Catalunya en 9.375,7 millones de euros.
La cifra es una de las principales conclusiones de un extenso informe de 50 páginas que analiza "deslealtades" del Estado en varios ámbitos, como la cultura y lengua catalana, la conflictividad institucional, el modelo de financiación o el reparto de objetivos de déficit, entre otros, y que el Govern cree que generan desigualdades sociales porque afectan a la situación financiera de la Generalitat.
Los agravios denunciados por la Generalitat se pueden resumir en tres apartados y nueve puntos.
Agravios lingüísticos, culturales y sociales
- El Estado no ha tenido ninguna voluntad de mostrar la plurinacionalidad y la diversidad lingüística que lo integra . No ha desarrollado ni favorecido ninguna normativa que permita la presencia del catalán en ninguna institución estatal ni internacional. Tampoco ha equiparado en igualdad de condiciones respecto al castellano la relación con la Administración General del Estado ni con la administración de justicia. Ha descuidado la lengua y cultura catalanas en la enseñanza con la aprobación del Anteproyecto de ley orgánica de mejora de la calidad de la educación (Lomce).
- El Estado hace una apuesta inequívoca por Madrid en detrimento de Barcelona como centro cultural de referencia. La cultura catalana ha sufrido un progresivo abandono por parte de los presupuestos generales del Estado.
- El Estado lleva a cabo una reiterada actuación invasiva con respecto a las políticas de bienestar. A todo ello se añade la cronificación de la deslealtad institucional que conlleva que no se respete el principio de igualdad y que la Generalitat disponga de menos recursos para el desarrollo de políticas sociales.
Conflictos institucionales
- El Estado se ha opuesto a cualquier voluntad de modificar por vías democráticas y legales del actual estatus político de Catalunya. Son ejemplos muy claros la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Catalunya, y el recurso contra la resolución del Parlament, que aprueba la Declaració de Sobirania i del Dret a Decidir del pueblo de Catalunya.
- La paralización de las relaciones bilaterales y la negativa a convocar la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y otras comisiones mixtas previstas para hacer posible el desarrollo del Estatut.
La negativa a negociar y aprobar los traspasos pendientes de ser desarrollados que quedan definidos en el Estatut, así como desarrollar otras previsiones de este Estatuto que el TC consideró legítimas.
-El incumplimiento reiterado de sentencias firmes del Tribunal Constitucional y de las salas de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, como pueden ser la cesión de la política de becas o la descentralización de la gestión del 0,7% el IRPF. El elevado volumen de recursos y conflictos de constitucionalidad que el Govern se ha visto obligado a presentar para defender la propia Constitución y el marco competencial que se deriva.
- El impulso de una batería de iniciativas legislativas de signo claramente recentralizador y el impulso de una reforma administrativa que, bajo el pretexto de la eficiencia , pretende atribuir al Estado competencias o funciones reservadas a la Generalitat. El desarrollo de normativa estatal que dificulta la actividad ordinaria de los diferentes departamentos del Gobierno y que afecta a los costes de su gestión .
Agravios económicos
- El actual modelo de financiación no respeta el principio de ordinalidad y sitúa Catalunya por debajo de la media en recursos por cápita. Catalunya pasa de la tercera posición en términos de capacidad tributaria a la décima en términos de recursos per cápita.
- La deslealtad del Gobierno Central también se ha manifestado en el reparto injusto de los objetivos de déficit. Una distribución que ha penalizado las administraciones locales y autonómicas , principales prestadoras de los servicios a las personas y garantes del modelo de estado del bienestar.
http://file02.lavanguardia.com/2013/10/15/54391996977-url.pdf
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