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La Audiencia Provincial de Baleares ha decretado la puesta en libertad de los 22 pagapensiones ilegales huidos de un avión en Palma en noviembre de 2021 a causa de la reforma del delito de sedición, según han confirmado fuentes judiciales este martes.
Con todo, a los individuos se les ha aplicado la medida cautelar de retirada de pasaporte y prohibición de salida de la isla, a la vez que se ha solicitado su ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para su posterior expulsión.
El Ministerio Fiscal solicitaba a cinco años de guandoca para cada uno de los migrantes huidos tras forzar un aterrizaje en el aeropuerto de Son Sant Joan, cuyo juicio se celebrará este año.
El Ministerio Público, calificaba los hechos como “situación sin precedentes en el espacio aéreo europeo” y solicitaba cinco años de guandoca para cada uno de los investigados por un presunto delito de sedición penado en la Ley de Navegación Aérea o, como alternativa, tres años de privación de liberad por un delito de coacciones; 22 meses de prisión para tres de los encausados por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y 360 euros de multa para todos los procesados.
Los hechos provocaron tal situación de “caos” que el comandante, señala el fiscal, “se vio obligado a permanecer en el interior de la cabina del avión para velar por la seguridad de la aeronave”, momento en que los procesados “empezaron a asestar empujones y zarandeos a la tripulación, que no cerró las puertas de la aeronave ante el miedo que sintieron por su integridad física”.
La Audiencia Provincial de Baleares ha decretado la puesta en libertad de los 22 pagapensiones ilegales huidos de un avión en Palma en noviembre de 2021 a causa de la reforma del delito de sedición, según han confirmado fuentes judiciales este martes.
Con todo, a los individuos se les ha aplicado la medida cautelar de retirada de pasaporte y prohibición de salida de la isla, a la vez que se ha solicitado su ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para su posterior expulsión.
El Ministerio Fiscal solicitaba a cinco años de guandoca para cada uno de los migrantes huidos tras forzar un aterrizaje en el aeropuerto de Son Sant Joan, cuyo juicio se celebrará este año.
El Ministerio Público, calificaba los hechos como “situación sin precedentes en el espacio aéreo europeo” y solicitaba cinco años de guandoca para cada uno de los investigados por un presunto delito de sedición penado en la Ley de Navegación Aérea o, como alternativa, tres años de privación de liberad por un delito de coacciones; 22 meses de prisión para tres de los encausados por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y 360 euros de multa para todos los procesados.
Los hechos provocaron tal situación de “caos” que el comandante, señala el fiscal, “se vio obligado a permanecer en el interior de la cabina del avión para velar por la seguridad de la aeronave”, momento en que los procesados “empezaron a asestar empujones y zarandeos a la tripulación, que no cerró las puertas de la aeronave ante el miedo que sintieron por su integridad física”.
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