Lo que se esconde tras la subida de la luz: el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Sólo ganan las multinacionales

En las últimas semanas el precio diario de la electricidad no ha hecho más que batir récords Nunca se habló con tanto detalle del mercado eléctrico y de sus innumerables derivadas desde la supuesta liberalización del sector en 1998.

Hemos leído análisis sobre el funcionamiento del mercado marginalista de la energía, el precio del gas y las emisiones de CO2. Incluso sobre el precio exorbitado al que las grandes hidráulicas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) han ofertado la energía, valiéndose del coste de oportunidad, y sobre el largo camino por recorrer en la generación renovable.

De lo que se habla menos, más bien poco, es de que Endesa, Iberdrola y Naturgy controlan aproximadamente el 95% de la potencia hidráulica instalada, el 100% de la nuclear y más del 50% del gas natural del Estado. En realidad, tan importante es saber cómo funciona el mercado eléctrico como quién lo controla.



El Gobierno central ha impulsado una serie de cambios normativos para amortiguar los impactos de la escalada de precios. Por primera vez, con el Real Decreto Ley (RDL) 17/2021 y su aparente minoración temporal de los llamados «beneficios caídos del cielo» de algunas empresas, hizo un tímido intento de cuestionar dichos beneficios. Esta «osadía» no ha quedado sin respuesta por parte del oligopolio eléctrico, y un mes más tarde un nuevo RDL ha suavizado considerablemente el “recorte a las eléctricas”.

Tal vez la falta de ambición de las medidas aprobadas y el retroceso del Gobierno se deban, entre otras cosas, a la existencia de un gran escollo que funciona entre bastidores: el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).


El TCE es un acuerdo internacional para el sector energético con origen en los años noventa. Los derechos que otorga a los inversores son aplicables en cincuenta y tres países, mayoritariamente de Europa, Asia central, Japón y la Unión Europea (UE) en su conjunto. El tratado protege las inversiones en todas las fuentes de energía, sobre todo en combustibles fósiles. Gracias al mecanismo ISDS, permite que inversores extranjeros puedan demandar a los Gobiernos signatarios ante tribunales privados por cualquier medida adoptada en el sector de la energía que consideren perjudicial para sus ganancias presentes o futuras.

Esto se traduce en que los Gobiernos decididos a legislar a favor de las personas y el clima pueden ser objeto de demandas millonarias, que se asumen con dinero de las arcas públicas. Es lo que sucedió en Bulgaria y Hungría cuando sus Ejecutivos intentaron reducir el precio de la luz para asegurar el acceso a la energía de toda la ciudadanía.

Además, la simple amenaza de una demanda millonaria puede tener un efecto disuasorio en los Gobiernos y evitar que tomen medidas valientes. ¿Será este el caso de España a la hora de legislar para tratar de frenar el impacto del precio de la electricidad sobre las facturas de la ciudadanía?

1. Se aprobó a espaldas de la ciudadanía sin debate ni consulta pública

2. Solo protege a los inversores y no a los estados ni a la ciudadanía
Si hay algún conflicto entre un inversor y un gobierno, se soluciona a través de un sistema paralelo de justicia: los tribunales de arbitraje privados. Los conflictos siempre son por lo mismo: el inversor afirma que los cambios legislativos de un gobierno han ido en contra de sus beneficios económicos presentes o futuros. Los tribunales de arbitraje se celebran a puerta cerrada y están formados por tres abogados privados especializados en derecho comercial internacional que cobran hasta 3.000 euros la hora. Funcionan al margen de los tribunales públicos existentes en cada país y su decisión es inapelable.

El Tratado, sin embargo, no refleja ninguna fórmula para que los Estados puedan demandar a las multinacionales ni exigirles responsabilidades. Los países son actores pasivos a merced de decisiones corporativas


3. Endeuda las arcas públicas
Los laudos (así se llaman las sentencias de los tribunales de arbitraje) pueden reclamar sumas astronómicas a los Estados para indemnizar a las multinacionales
El Estado español es el país que más demandas acumula bajo el Tratado de la Carta de Energía: 47 en total. Ya ha sido condenada a pagar 1.036 millones a inversores extranjeros y podría llegar a pagar 8.000

4. El Tratado nos ha llevado a la subida en la factura de la luz

8. Adiós a la tras*ición energética o la lucha contra el cambio climático

En una situación de emergencia climática y ambiental sin precedentes, el TCE es uno de los grandes obstáculos para luchar contra el cambio climático e impulsar una tras*ición energética justa hacia un futuro libre de petróleo, carbón, gas y nuclear. Este Tratado es incompatible con el Acuerdo de París y su objetivo de contener el aumento de la temperatura global en 1,5ºC a finales de siglo. Los Estados están atados de pies y manos a las energías más contaminantes.

Multinacionales e inversores extranjeros prefieren ignorar las líneas de acción de la UE bajo las que los Estados miembro deberán reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre el 50 y el 55% en 2030. Ya están utilizando el TCE para demandar a los Estados que deciden poner fin a las centrales de carbón, a las exploraciones petrolíferas, o a las infraestructuras nucleares.

El TCE también podría obstaculizar el impulso de las energías renovables o proyectos para la remunicipalización de los sistemas de distribución energética. Todas aquellas medidas que cambien el orden establecido pueden ser objeto de demandas millonarias. ¿Qué pasará con la futura Ley española de Cambio Climático y tras*ición Energética?