tunante
Madmaxista
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Un error histórico
El 22 de diciembre de 2004 se produjo la última votación de la Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En esa ocasión se hallaban presentes 325 de 350 diputados. El resultado de la votación fue unánime. Todos los diputados presentes, todos los grupos, todos los partidos de la cámara dijeron que sí, que esa ley era correcta y necesaria. Todos se auparon en una sincera ola de indignación jovenlandesal por la estadística anual de asesinatos de mujeres a manos de hombres. No de cualesquier hombres, sino de los que habían sido o eran sus maridos o sus parejas.
Sin embargo, con parte de esa ley se cometió un error histórico que hay que corregir.
Aunque los que estudian esta materia llevan décadas discutiendo sin ponerse de acuerdo, cada vez parece más difícil sostener, con datos, que exista una causa concreta, identificable, de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. De hecho, esta forma concreta de violencia —y otras, de mujeres contra hombres o contra otras mujeres, de hombres entre sí, de personas unidas por vínculos familiares, pero no sentimentales o sensuales, etc.— son fenómenos complejos, en los que confluyen, se compensan y se acumulan muchos factores, y una aproximación inteligente nos exige una descripción detallada de sus elementos, de sus detonantes y un diagnóstico sobre sus causas últimas, antes de siquiera plantearnos si existe una solución y, de existir, de empezar a calcular sus costes. La expresión «tolerancia cero» es admisible como desiderátum, pero para saber si su corolario, «ni una más», es posible como objetivo, en un sentido práctico, debemos conocer cuánto nos va a costar, en términos económicos y humanos, qué debemos pagar a cambio. Esto solo parece frío si tenemos una visión inocente de la existencia. Es lo mismo que consideramos cuando nos preguntamos por medidas para alejar la fin natural o accidental, para eliminar el crimen en general, acabar con la enfermedad, la ignorancia, la deficiente alimentación, la desigualdad, o para limar las aristas que surgen con la vejez, por enumerar algunos males a los que querríamos poner remedio.
En todo caso, el error histórico que da título a este artículo no es el de definir este mal concreto que nos ocupa como una consecuencia de estructuras heteropatriarcales de origen social, cultural, que podrían removerse con una decidida acción del Estado. Yo creo que esta explicación es simplista, seguramente equivocada —en lo que se refiere a su exclusivo o predominante origen cultural, y en lo relativo a su acierto como descripción actual en los países más avanzados socialmente—, pero esto tampoco importaría tanto si no se hubiese convertido en un dogma y si las posiciones no hubiesen alcanzado el grado actual de crispación y animosidad. Es decir, si se admitiese la discusión leal y racional de sus postulados y de las consecuencias de las políticas implantadas. Sin embargo, esa explicación se ha vuelto dogmática precisamente porque elude la puesta en cuestión de sus paradigmas, que se han vuelto intocables, sin importar hechos, métodos o mediciones. Solo hay una explicación válida y el que la matiza o la discute, siquiera parcialmente, es un neomachista. Es decir, el discurso ha desembocado en magia o religión: no solo contiene una explicación de por qué existe la violencia contra las mujeres —o las diferencias salariales o las disparidades sociales—, sino que incluye un sistema de seguridad, que desactiva cualquier discusión crítica por el simple procedimiento de etiquetar al discrepante como un ejemplo más del mal que hay que eliminar.
La historia, sin embargo, demuestra que las deficientes descripciones de la realidad no suelen durar, y que cuanto más rígidos son sus postulados y más se utiliza la coacción para sostenerlas, más fácil es que se produzca finalmente un rechazo total, incluso en aquello que pudieran tener de valiosas o acertadas. Lo exacerbado y dogmático es veleidoso, y la memoria de sus defensores frágil. Lo que en un momento fue mayoritario por moda, puede dejar de serlo por la misma razón. En mi opinión, este fenómeno pendular se empieza a manifestar con fuerza. Sin embargo, aún estamos a tiempo de aminorar las consecuencias de un cambio poco meditado. Para lograrlo debemos dar una serie de pasos.
En primer lugar, hay que modificar las normas penales que han desigualado a hombres y mujeres, castigando conductas iguales con penas diferentes. Las desafortunadas y erróneas decisiones —a mi juicio— que adoptó el Tribunal Constitucional sobre estos preceptos se refieren a su constitucionalidad, no a su oportunidad. Yo sostengo que no son constitucionales y que el tribunal se equivocó, sobre todo porque la justificación de la desigualdad es —pese al encubrimiento que se contiene en la jurisprudencia constitucional— un ejemplo manifiesto del derecho penal de autor, al atribuir a un grupo de personas, los hombres, un reproche añadido cuando perpetran delitos exteriormente idénticos a los de otros ciudadanos, que son castigados más levemente por ser mujeres. Estoy simplificando, ya sé que hay diversas posibilidades en cuanto a actores y víctimas y no quiero detenerme demasiado en esto, que daría para un artículo aún más largo que este. No quiero detenerme porque, en todo caso, y al margen de su constitucionalidad, la solución adoptada fue un disparate. El derecho penal es una forma de agresión autorizada contra los derechos y libertades. Se admite porque nos protege a todos de las conductas que más nos da repelúsn y dañan, pero, por esa misma razón, es un instrumento inadecuado para las políticas activas. La propia política criminal debe caracterizarse siempre por la prudencia y la humildad. Las prisiones, las multas, las prohibiciones graves son respuestas defensivas, que deben promover el bien de forma refleja, porque suponen siempre la existencia de alguien que sufre consecuencias personales y reputacionales. Toleramos esta agresión autorizada si no la percibimos como algo arbitrario: la pena ha de ser como la fin, alcanzar al rico o al pobre, al rey y al plebeyo. No hay nada más disolvente para su eficacia que la sensación de arbitrariedad, de que la misma conducta no recibe la misma respuesta.
Además, al introducir la desigualdad en el ámbito penal disfrazada de artificio sobre el desvalor de esquemas colectivos milenarios que se decía reproducían los autores de los delitos, se abrió una brecha muy peligrosa. Si los crímenes siguen produciéndose, pero no se puede discutir la explicación última ni el remedio, la única solución para la disminución de las cifras es la huida hacia delante. Hemos visto como se han efectuado propuestas aberrantes que pretenden relajar la presunción de inocencia, incluso invirtiendo la carga de la prueba. De ahí la insistencia en convertir a todas las denunciantes en miembros de un colectivo uniforme. Todas dicen la verdad, todas somos hermanas, no hay intereses personales, sino una especie de nación de víctimas. Cada vez que se agrede a una se agrede a todas. Esta negación de la realidad —tan obvia y adulta como que cada mujer es un ciudadano único con sus propios intereses— basada en una descripción grupal que encierra una desigualdad asimétrica (las mujeres son víctimas en potencia y los hombres criminales en potencia, por lo que a ellas les une un factor valioso jovenlandesalmente y a nosotros nos une un factor jovenlandesalmente poco apreciable) también tiene los pies de barro. Tras las movilizaciones, los linchamientos y los cambios legislativos, muchas mujeres terminarán votando a partidos que quieren derogar «todo esto», porque, sorpréndanse, tienen padres, hermanos, maridos, parejas varones, hijos y, además, saben por su experiencia cotidiana que hay mujeres que hacen daño, que denuncian en falso, y que intentan beneficiarse cuando se las coloca en una situación de poder. Sí, eso que se supone sabemos todos, pero que negamos cuando el discurso identitario nos carcome el cerebro o nos convierte en activistas. Exactamente el mismo discurso del que cree que todo español blanco es su aliado frente al africano neցro o joven, a pesar de que la experiencia le debiera haber enseñado que esa generalización es, no solo ofensiva, sino estulta. Esto explica además esa insistencia en el argumento de la cifra oficial de denuncias falsas en materia de violencia doméstica, que nadie con dos dedos de frente cree que refleje la realidad.
Esta misma dinámica es la que explica la creencia en que los jueces son un obstáculo por su falta de fe. La perspectiva de género como materia obligatoria para los jueces atenta también contra otra institución civilizada. Escogemos a expertos en derecho, a los que dotamos de dignidad e independencia, para que apliquen la ley, con la asistencia de otros operadores jurídicos y de expertos en otras materias. No tengo mayor problema en que alguien intente introducir en el debate concreto en un juzgado la perspectiva de género como explicación de lo sucedido, por medio de un experto en esa materia. Pero, en tal caso, yo, como abogado, también podré proponer a un perito que discuta sus postulados y que intente, en resumidas cuentas, convencer al juez de que son débiles o contrarios a la experiencia y los datos, en particular, en el caso concreto. Esto sucede constantemente. Sin embargo, esto, que es razonable, se ha sustituido por la imposición de un discurso único que ha de aplicar el juez directa y necesariamente y que además es tendencial: al igual que este artículo es machista desde esa misma perspectiva, se nos dice que decisiones polémicas —para los que promueven esta «solución»— dejarán de producirse si los jueces piensan correctamente.
Sabemos que los jueces pueden equivocarse, ser unos inútiles, ser vagos o descuidados, ser unos corruptos. Por eso el sistema introduce controles, que también generan error. De nuevo, eliminar esas disfunciones por completo es enormemente difícil considerando los recursos disponibles, e intentamos adoptar soluciones inteligentes y moderadas para minimizarlos. Algunas medidas introducidas (tratamiento especializado, protocolos concretos) pretenden automatizar la respuesta del Estado, limitando la discrecionalidad de policía, fiscales y jueces, y esto puede ser bueno y adecuado, siempre que quepa la discusión sobre su eficacia y su coste (no solo el económico). Lo que, en mi opinión, es inadmisible es que se afecte al núcleo de lo que entendemos por sociedad civilizada: igualdad ante la ley y presunción de inocencia.
Reformar la ley penal para reintroducir la igualdad enviaría un mensaje de moderación y racionalidad. Como suprimir la agravante de género y mantener la referida al sesso u orientación sensual —aunque no soy partidario de este tipo de agravantes, comprendo las razones de los que las defienden y no me parecen aberrantes—. Porque actuar por razones de sesso, orientación sensual o raza permite en abstracto incluir a aquel que agrede a un hombre o a un blanco o a un heterosexual por serlo. La ventaja de la norma abstracta igualitaria es que admite el caso inusual. La inmensa mayoría de condenas por delitos en el ámbito familiar o doméstico se continuarán produciendo en supuestos en los que el hombre agrede a una mujer. La inmensa mayoría de condenados serán hombres. Y si se alega y se demuestra que la agresión se produjo en consideración específica al sesso de la víctima —por ejemplo, por considerar que le pertenece por ser mujer— es admisible que la pena se agrave, pero sin partir de un desvalor abstracto y general que ha de afectarnos a todos los hombres —y solo a nosotros— como herederos de una especie de pecado original que se tras*mite de padres a hijos.
Hablaba de lo que creo que hay que hacer. Hay algo más. El discurso dogmático y casi unánime que llevó a la aprobación de esa ley en 2004 recuerda en gran medida al discurso puritano que llevó a la prohibición de las drojas —de algunas, claro—. En ellos late la idea de la pendiente resbaladiza. El consumo de marihuana lleva a una espiral de drojadicción que se inicia con el joven fumando un canuto y termina con él, pocos años más tarde, caído en las redes de la cocaína o la heroína, y el crimen. La tolerancia cero se relaciona también con esto. Si no se produce ni una mala voz, ni un insulto, ni una amenaza leve, ni una agresión, por pequeña que sea, evitaremos los asesinatos. El asesinato es, se razona, el producto inevitable alimentado por el humus del machismo cotidiano. Como leíamos hace poco, extrapolando esta manera de razonar, el forzador y malo no lo es, se le ha educado así. A él y a todos. Estamos en presencia del viejo discurso ultramoralista que cree que la juventud se corrompe si escucha cierta música, si se deja llevar por conductas promiscuas, si lee cierta literatura, si ve cine violento o si juega a apiolar con un ordenador. Sin embargo, esto es y ha sido siempre falso, y estos discursos jovenlandesalistas contienen una pulsión liberticida y homogeneizadora: como me molesta el melenudo, el rellenito, el grosero, el diferente, lo convierto en vector del mal, para asustarnos con el depredador que viene.
Este discurso jovenlandesalizante también es menso aplicado a la violencia familiar. La familia —incluyo aquí la familia potencial— genera una malla de relaciones personales y patrimoniales complicadísima, repleta de beneficios, pero también de intereses contrapuestos y cargas. Esa malla de intereses, en los supuestos de crisis, se convierte en un caldo de cultivo perfecto para las conductas inmorales y antisociales. De hecho, en mi opinión, y al margen de que la gente, en esos casos, carezca de imaginación a la hora de hacer lo que no debe —también a la hora de agredirse y de hacerse la vida imposible—, reproduciendo una y otra vez la misma porquería, resulta inteligente deshacer esa malla con gran velocidad, reduciéndola al mínimo inevitable.
Es decir, el Estado debería invertir recursos en acelerar y facilitar respuestas en casos de crisis familiar para eliminar ese fango tan peligroso, en vez de aplicar una ley seca. Para empezar, deberíamos incentivar el uso de remedios, incluso preventivos, como la terapia familiar, que eviten que esas crisis vayan a más, cuando sea posible. Deberíamos favorecer la separación de bienes, estableciéndola con carácter supletorio, como ya sucede en algunas zonas de España. En todo proceso de ruptura familiar, se debería facilitar el reparto de los patrimonios existentes (incluida la vivienda familiar), evitando las limitaciones que impiden que puedan hacerse efectivos y fácilmente disponibles (como los derechos de uso o la eliminación de garantías reales). Se debería, en todo proceso en el que, por haber hijos, se establezcan regímenes sobre custodia, visitas y pago de alimentos, nombrar a un mediador profesional —pagado por los afectados, si lo utilizan, o por el Estado en caso de justicia gratuita— al que puedan acudir los padres para plantear conflictos cotidianos. Una persona con autoridad para sugerir soluciones, que no pudieran eludirse sin un coste procesal, evitando la intervención judicial salvo en casos extremos (y siempre con el informe del mediador). Se debería castigar intensamente la utilización espuria de los hijos en los procesos de ruptura familiar, igual que se ha vuelto imprescindible la valoración, a la hora de atribuir la custodia, de conductas que se producen en presencia de los hijos y que con seguridad les afectan negativamente, como agresiones, amenazas y vejaciones. También debería tener consecuencias, no solo penales, la instrumentalización de los procesos penales y de los protocolos en esta materia para obtener beneficios en procesos matrimoniales. Aunque solo sea para evitar la sensación de impunidad.
Y, por supuesto, deberíamos facilitar la recolección de datos, su sistematización y su estudio a largo plazo. Todo diagnóstico y toda respuesta debería considerarse provisional, a resultas del análisis de sus consecuencias. Sin estigmatizar al discrepante. Al fin y al cabo, se supone que, pese a todo el ruido, todos estamos de acuerdo en que la violencia familiar es una lacra y en que debemos hacer lo razonable para que cada vez resulte menos frecuente.
Verán que no he hablado de la eliminación de toda la legislación en la materia. Ni de la supresión de ayudas o recursos. Tampoco creo que sea preciso renunciar a los protocolos actuales, aunque deberían ser sometidos a escrutinio y afinados. No comulgo con que exista una dictadura de género o que aquellos que reivindiquen este discurso sean nazis encubiertos, aunque muchos me incluirán en la bolsa de los que sí lo creen solo por escribir esto. Creo que se han cometido excesos, que, de buena fe, hemos abierto puertas que hemos de cerrar y que hay que parar, echar marcha atrás en algunos aspectos, pensar un poco más en qué debemos hacer y rebajar el tono de la discusión. Es seguramente la mejor manera de evitar que se imponga un discurso dogmático especular que termine blanqueando a los culpables y victimizando a las víctimas. Hemos mejorado. Muchas conductas socialmente toleradas antes, hoy son repudiadas. Construyamos sobre aquello en lo que estamos de acuerdo.
Un error histórico
El 22 de diciembre de 2004 se produjo la última votación de la Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En esa ocasión se hallaban presentes 325 de 350 diputados. El resultado de la votación fue unánime. Todos los diputados presentes, todos los grupos, todos los partidos de la cámara dijeron que sí, que esa ley era correcta y necesaria. Todos se auparon en una sincera ola de indignación jovenlandesal por la estadística anual de asesinatos de mujeres a manos de hombres. No de cualesquier hombres, sino de los que habían sido o eran sus maridos o sus parejas.
Sin embargo, con parte de esa ley se cometió un error histórico que hay que corregir.
Aunque los que estudian esta materia llevan décadas discutiendo sin ponerse de acuerdo, cada vez parece más difícil sostener, con datos, que exista una causa concreta, identificable, de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. De hecho, esta forma concreta de violencia —y otras, de mujeres contra hombres o contra otras mujeres, de hombres entre sí, de personas unidas por vínculos familiares, pero no sentimentales o sensuales, etc.— son fenómenos complejos, en los que confluyen, se compensan y se acumulan muchos factores, y una aproximación inteligente nos exige una descripción detallada de sus elementos, de sus detonantes y un diagnóstico sobre sus causas últimas, antes de siquiera plantearnos si existe una solución y, de existir, de empezar a calcular sus costes. La expresión «tolerancia cero» es admisible como desiderátum, pero para saber si su corolario, «ni una más», es posible como objetivo, en un sentido práctico, debemos conocer cuánto nos va a costar, en términos económicos y humanos, qué debemos pagar a cambio. Esto solo parece frío si tenemos una visión inocente de la existencia. Es lo mismo que consideramos cuando nos preguntamos por medidas para alejar la fin natural o accidental, para eliminar el crimen en general, acabar con la enfermedad, la ignorancia, la deficiente alimentación, la desigualdad, o para limar las aristas que surgen con la vejez, por enumerar algunos males a los que querríamos poner remedio.
En todo caso, el error histórico que da título a este artículo no es el de definir este mal concreto que nos ocupa como una consecuencia de estructuras heteropatriarcales de origen social, cultural, que podrían removerse con una decidida acción del Estado. Yo creo que esta explicación es simplista, seguramente equivocada —en lo que se refiere a su exclusivo o predominante origen cultural, y en lo relativo a su acierto como descripción actual en los países más avanzados socialmente—, pero esto tampoco importaría tanto si no se hubiese convertido en un dogma y si las posiciones no hubiesen alcanzado el grado actual de crispación y animosidad. Es decir, si se admitiese la discusión leal y racional de sus postulados y de las consecuencias de las políticas implantadas. Sin embargo, esa explicación se ha vuelto dogmática precisamente porque elude la puesta en cuestión de sus paradigmas, que se han vuelto intocables, sin importar hechos, métodos o mediciones. Solo hay una explicación válida y el que la matiza o la discute, siquiera parcialmente, es un neomachista. Es decir, el discurso ha desembocado en magia o religión: no solo contiene una explicación de por qué existe la violencia contra las mujeres —o las diferencias salariales o las disparidades sociales—, sino que incluye un sistema de seguridad, que desactiva cualquier discusión crítica por el simple procedimiento de etiquetar al discrepante como un ejemplo más del mal que hay que eliminar.
La historia, sin embargo, demuestra que las deficientes descripciones de la realidad no suelen durar, y que cuanto más rígidos son sus postulados y más se utiliza la coacción para sostenerlas, más fácil es que se produzca finalmente un rechazo total, incluso en aquello que pudieran tener de valiosas o acertadas. Lo exacerbado y dogmático es veleidoso, y la memoria de sus defensores frágil. Lo que en un momento fue mayoritario por moda, puede dejar de serlo por la misma razón. En mi opinión, este fenómeno pendular se empieza a manifestar con fuerza. Sin embargo, aún estamos a tiempo de aminorar las consecuencias de un cambio poco meditado. Para lograrlo debemos dar una serie de pasos.
En primer lugar, hay que modificar las normas penales que han desigualado a hombres y mujeres, castigando conductas iguales con penas diferentes. Las desafortunadas y erróneas decisiones —a mi juicio— que adoptó el Tribunal Constitucional sobre estos preceptos se refieren a su constitucionalidad, no a su oportunidad. Yo sostengo que no son constitucionales y que el tribunal se equivocó, sobre todo porque la justificación de la desigualdad es —pese al encubrimiento que se contiene en la jurisprudencia constitucional— un ejemplo manifiesto del derecho penal de autor, al atribuir a un grupo de personas, los hombres, un reproche añadido cuando perpetran delitos exteriormente idénticos a los de otros ciudadanos, que son castigados más levemente por ser mujeres. Estoy simplificando, ya sé que hay diversas posibilidades en cuanto a actores y víctimas y no quiero detenerme demasiado en esto, que daría para un artículo aún más largo que este. No quiero detenerme porque, en todo caso, y al margen de su constitucionalidad, la solución adoptada fue un disparate. El derecho penal es una forma de agresión autorizada contra los derechos y libertades. Se admite porque nos protege a todos de las conductas que más nos da repelúsn y dañan, pero, por esa misma razón, es un instrumento inadecuado para las políticas activas. La propia política criminal debe caracterizarse siempre por la prudencia y la humildad. Las prisiones, las multas, las prohibiciones graves son respuestas defensivas, que deben promover el bien de forma refleja, porque suponen siempre la existencia de alguien que sufre consecuencias personales y reputacionales. Toleramos esta agresión autorizada si no la percibimos como algo arbitrario: la pena ha de ser como la fin, alcanzar al rico o al pobre, al rey y al plebeyo. No hay nada más disolvente para su eficacia que la sensación de arbitrariedad, de que la misma conducta no recibe la misma respuesta.
Además, al introducir la desigualdad en el ámbito penal disfrazada de artificio sobre el desvalor de esquemas colectivos milenarios que se decía reproducían los autores de los delitos, se abrió una brecha muy peligrosa. Si los crímenes siguen produciéndose, pero no se puede discutir la explicación última ni el remedio, la única solución para la disminución de las cifras es la huida hacia delante. Hemos visto como se han efectuado propuestas aberrantes que pretenden relajar la presunción de inocencia, incluso invirtiendo la carga de la prueba. De ahí la insistencia en convertir a todas las denunciantes en miembros de un colectivo uniforme. Todas dicen la verdad, todas somos hermanas, no hay intereses personales, sino una especie de nación de víctimas. Cada vez que se agrede a una se agrede a todas. Esta negación de la realidad —tan obvia y adulta como que cada mujer es un ciudadano único con sus propios intereses— basada en una descripción grupal que encierra una desigualdad asimétrica (las mujeres son víctimas en potencia y los hombres criminales en potencia, por lo que a ellas les une un factor valioso jovenlandesalmente y a nosotros nos une un factor jovenlandesalmente poco apreciable) también tiene los pies de barro. Tras las movilizaciones, los linchamientos y los cambios legislativos, muchas mujeres terminarán votando a partidos que quieren derogar «todo esto», porque, sorpréndanse, tienen padres, hermanos, maridos, parejas varones, hijos y, además, saben por su experiencia cotidiana que hay mujeres que hacen daño, que denuncian en falso, y que intentan beneficiarse cuando se las coloca en una situación de poder. Sí, eso que se supone sabemos todos, pero que negamos cuando el discurso identitario nos carcome el cerebro o nos convierte en activistas. Exactamente el mismo discurso del que cree que todo español blanco es su aliado frente al africano neցro o joven, a pesar de que la experiencia le debiera haber enseñado que esa generalización es, no solo ofensiva, sino estulta. Esto explica además esa insistencia en el argumento de la cifra oficial de denuncias falsas en materia de violencia doméstica, que nadie con dos dedos de frente cree que refleje la realidad.
Esta misma dinámica es la que explica la creencia en que los jueces son un obstáculo por su falta de fe. La perspectiva de género como materia obligatoria para los jueces atenta también contra otra institución civilizada. Escogemos a expertos en derecho, a los que dotamos de dignidad e independencia, para que apliquen la ley, con la asistencia de otros operadores jurídicos y de expertos en otras materias. No tengo mayor problema en que alguien intente introducir en el debate concreto en un juzgado la perspectiva de género como explicación de lo sucedido, por medio de un experto en esa materia. Pero, en tal caso, yo, como abogado, también podré proponer a un perito que discuta sus postulados y que intente, en resumidas cuentas, convencer al juez de que son débiles o contrarios a la experiencia y los datos, en particular, en el caso concreto. Esto sucede constantemente. Sin embargo, esto, que es razonable, se ha sustituido por la imposición de un discurso único que ha de aplicar el juez directa y necesariamente y que además es tendencial: al igual que este artículo es machista desde esa misma perspectiva, se nos dice que decisiones polémicas —para los que promueven esta «solución»— dejarán de producirse si los jueces piensan correctamente.
Sabemos que los jueces pueden equivocarse, ser unos inútiles, ser vagos o descuidados, ser unos corruptos. Por eso el sistema introduce controles, que también generan error. De nuevo, eliminar esas disfunciones por completo es enormemente difícil considerando los recursos disponibles, e intentamos adoptar soluciones inteligentes y moderadas para minimizarlos. Algunas medidas introducidas (tratamiento especializado, protocolos concretos) pretenden automatizar la respuesta del Estado, limitando la discrecionalidad de policía, fiscales y jueces, y esto puede ser bueno y adecuado, siempre que quepa la discusión sobre su eficacia y su coste (no solo el económico). Lo que, en mi opinión, es inadmisible es que se afecte al núcleo de lo que entendemos por sociedad civilizada: igualdad ante la ley y presunción de inocencia.
Reformar la ley penal para reintroducir la igualdad enviaría un mensaje de moderación y racionalidad. Como suprimir la agravante de género y mantener la referida al sesso u orientación sensual —aunque no soy partidario de este tipo de agravantes, comprendo las razones de los que las defienden y no me parecen aberrantes—. Porque actuar por razones de sesso, orientación sensual o raza permite en abstracto incluir a aquel que agrede a un hombre o a un blanco o a un heterosexual por serlo. La ventaja de la norma abstracta igualitaria es que admite el caso inusual. La inmensa mayoría de condenas por delitos en el ámbito familiar o doméstico se continuarán produciendo en supuestos en los que el hombre agrede a una mujer. La inmensa mayoría de condenados serán hombres. Y si se alega y se demuestra que la agresión se produjo en consideración específica al sesso de la víctima —por ejemplo, por considerar que le pertenece por ser mujer— es admisible que la pena se agrave, pero sin partir de un desvalor abstracto y general que ha de afectarnos a todos los hombres —y solo a nosotros— como herederos de una especie de pecado original que se tras*mite de padres a hijos.
Hablaba de lo que creo que hay que hacer. Hay algo más. El discurso dogmático y casi unánime que llevó a la aprobación de esa ley en 2004 recuerda en gran medida al discurso puritano que llevó a la prohibición de las drojas —de algunas, claro—. En ellos late la idea de la pendiente resbaladiza. El consumo de marihuana lleva a una espiral de drojadicción que se inicia con el joven fumando un canuto y termina con él, pocos años más tarde, caído en las redes de la cocaína o la heroína, y el crimen. La tolerancia cero se relaciona también con esto. Si no se produce ni una mala voz, ni un insulto, ni una amenaza leve, ni una agresión, por pequeña que sea, evitaremos los asesinatos. El asesinato es, se razona, el producto inevitable alimentado por el humus del machismo cotidiano. Como leíamos hace poco, extrapolando esta manera de razonar, el forzador y malo no lo es, se le ha educado así. A él y a todos. Estamos en presencia del viejo discurso ultramoralista que cree que la juventud se corrompe si escucha cierta música, si se deja llevar por conductas promiscuas, si lee cierta literatura, si ve cine violento o si juega a apiolar con un ordenador. Sin embargo, esto es y ha sido siempre falso, y estos discursos jovenlandesalistas contienen una pulsión liberticida y homogeneizadora: como me molesta el melenudo, el rellenito, el grosero, el diferente, lo convierto en vector del mal, para asustarnos con el depredador que viene.
Este discurso jovenlandesalizante también es menso aplicado a la violencia familiar. La familia —incluyo aquí la familia potencial— genera una malla de relaciones personales y patrimoniales complicadísima, repleta de beneficios, pero también de intereses contrapuestos y cargas. Esa malla de intereses, en los supuestos de crisis, se convierte en un caldo de cultivo perfecto para las conductas inmorales y antisociales. De hecho, en mi opinión, y al margen de que la gente, en esos casos, carezca de imaginación a la hora de hacer lo que no debe —también a la hora de agredirse y de hacerse la vida imposible—, reproduciendo una y otra vez la misma porquería, resulta inteligente deshacer esa malla con gran velocidad, reduciéndola al mínimo inevitable.
Es decir, el Estado debería invertir recursos en acelerar y facilitar respuestas en casos de crisis familiar para eliminar ese fango tan peligroso, en vez de aplicar una ley seca. Para empezar, deberíamos incentivar el uso de remedios, incluso preventivos, como la terapia familiar, que eviten que esas crisis vayan a más, cuando sea posible. Deberíamos favorecer la separación de bienes, estableciéndola con carácter supletorio, como ya sucede en algunas zonas de España. En todo proceso de ruptura familiar, se debería facilitar el reparto de los patrimonios existentes (incluida la vivienda familiar), evitando las limitaciones que impiden que puedan hacerse efectivos y fácilmente disponibles (como los derechos de uso o la eliminación de garantías reales). Se debería, en todo proceso en el que, por haber hijos, se establezcan regímenes sobre custodia, visitas y pago de alimentos, nombrar a un mediador profesional —pagado por los afectados, si lo utilizan, o por el Estado en caso de justicia gratuita— al que puedan acudir los padres para plantear conflictos cotidianos. Una persona con autoridad para sugerir soluciones, que no pudieran eludirse sin un coste procesal, evitando la intervención judicial salvo en casos extremos (y siempre con el informe del mediador). Se debería castigar intensamente la utilización espuria de los hijos en los procesos de ruptura familiar, igual que se ha vuelto imprescindible la valoración, a la hora de atribuir la custodia, de conductas que se producen en presencia de los hijos y que con seguridad les afectan negativamente, como agresiones, amenazas y vejaciones. También debería tener consecuencias, no solo penales, la instrumentalización de los procesos penales y de los protocolos en esta materia para obtener beneficios en procesos matrimoniales. Aunque solo sea para evitar la sensación de impunidad.
Y, por supuesto, deberíamos facilitar la recolección de datos, su sistematización y su estudio a largo plazo. Todo diagnóstico y toda respuesta debería considerarse provisional, a resultas del análisis de sus consecuencias. Sin estigmatizar al discrepante. Al fin y al cabo, se supone que, pese a todo el ruido, todos estamos de acuerdo en que la violencia familiar es una lacra y en que debemos hacer lo razonable para que cada vez resulte menos frecuente.
Verán que no he hablado de la eliminación de toda la legislación en la materia. Ni de la supresión de ayudas o recursos. Tampoco creo que sea preciso renunciar a los protocolos actuales, aunque deberían ser sometidos a escrutinio y afinados. No comulgo con que exista una dictadura de género o que aquellos que reivindiquen este discurso sean nazis encubiertos, aunque muchos me incluirán en la bolsa de los que sí lo creen solo por escribir esto. Creo que se han cometido excesos, que, de buena fe, hemos abierto puertas que hemos de cerrar y que hay que parar, echar marcha atrás en algunos aspectos, pensar un poco más en qué debemos hacer y rebajar el tono de la discusión. Es seguramente la mejor manera de evitar que se imponga un discurso dogmático especular que termine blanqueando a los culpables y victimizando a las víctimas. Hemos mejorado. Muchas conductas socialmente toleradas antes, hoy son repudiadas. Construyamos sobre aquello en lo que estamos de acuerdo.
Un error histórico
