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LEY DEL 'SÓLO SÍ ES SÍ'
El Supremo avalará las excarcelaciones de abusadores de la ley Montero: «No podemos cambiar las penas»
Asume que sólo podrá recordar el principio de retroactividad pero no tocarán las decisiones de los jueces
El PSOE admite que tendrá que reformar la ley del ‘sólo sí es sí’ y asume «más de un mes de excarcelaciones»
El Tribunal Supremo avalará las decisiones de los tribunales que se han visto obligados a rebajar las penas de los forzadores tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad sensual, más conocida como ley del sólo sí es sí que impulsó la ministra de Igualdad, Irene Montero, y aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes del Alto Tribunal consultadas por OKDIARIO aseguran que si, una vez revisada la sentencia, los jueces que dictaron la sentencia original entienden pertinente la rebaja –de acuerdo con el actual marco legal– no tienen «margen de maniobra».
Las mismas fuentes añaden que el Supremo analizará las razones por las que el tribunal ha dictado una modificación de la condena y recordarán el carácter retroactivo de las leyes, pero, añaden: «No podemos cambiar las penas impuestas en la nueva norma».
Así lo admitió Pedro Sánchez desde Bali cuando fue preguntado por las polémicas excarcelaciones: el Gobierno espera que los jueces fijen un criterio y este sea homogéneo, una guía de actuación para los tribunales penales de cara a la aplicación de la nueva Ley Montero. El líder socialista apelaba así al Tribunal Supremo, el órgano judicial al que se le encomienda sentar jurisprudencia para el resto de tribunales. Sin embargo, el Gobierno no verá culminado su objetivo de que sean los magistrados del Supremo los que refrenden la nueva norma. Según confirman fuentes del Alto Tribunal, los magistrados «poco» podrán hacer.
Con la actual ley de Irene Montero ya hay cinco forzadores que han salido de prisión tras pedir una reducción de penas y otra docena casi han conseguido una reducción. Los que han solicitado la revisión de sus condenas se cuentan por decenas. Y es que los tribunales están aplicando la ley que les ha sido entregada. Todo preso tiene derecho a beneficiarse de la norma más beneficiosa para el cálculo de su condena. Esa es la retroactividad de las penas que recoge el artículo 2.2 del Código Penal. Y la ley de la ministra de Igualdad, con su nuevo baremo de penas tras aglutinar en uno sólo los dos delitos existentes hasta ahora de índole sensual -abuso y agresión-, ha provocado el caos.
Sin margen
Fuentes judiciales explican que en la mayoría de los casos de agresiones sensuales, las condenas se imponen en su mitad inferior, salvo en casos muy excepcionales. El Supremo comparte la visión de muchos de los jueces que ahora están señalados por Podemos: si un tribunal dictó en su día la condena mínima imponible a un acusado, antes de seis años, los jueces ahora sólo pueden imponer la mínima pena que contempla el actual marco legal –que son cuatro años–. En eso, explican desde el Supremo, no cabe duda. La Ley, además, no incluye disposición tras*itoria que ponga coto a esta interpretación.
«Si el tribunal que revisa la pena lo rebaja, se entiende que es pertinente la rebaja. El Supremo, ante esa decisión, poco va a tener que hacer», advierten. No tienen margen de maniobra. No es una cuestión de mala práxis o falta de formación, como resaltan los dirigentes de Podemos con Irene Montero a la cabeza, sino una cuestión puramente técnica. El Supremo está para comprobar que las sentencias dictadas se ajustan a derecho y a la jurisprudencia marcada en caso de dudas, pero no para enmendar interpretaciones que difieran de las que hace el poder Legislativo y Ejecutivo.
Retroactividad
El Supremo reincide en señalar, como lo están haciendo todas las asociaciones y plataformas de jueces, el carácter retroactivo de las normas: si la ley cambia y se hace más laxa, el reo tiene derecho a acogerse al nuevo baremo de penas. Cuando estos casos lleguen al Supremo, indican estas fuentes, se limitarán a analizar en profundidad los argumentos jurídicos que han llevado al juez a rebajar la pena. Y, en algunos casos, a darla por extinguida. Pero «nada más».
Ese criterio de retroactividad de la ley también basará los análisis del Supremo. «Tenemos que partir de la pena impuesta por el tribunal, y si este ha impuesto la mínima, nosotros no vamos a cambiar la mínima», asumen en el Alto Tribunal. «El precepto más favorable [al reo] es el que aplicamos», insisten.
Además, recuerdan que los tribunales que dictaron sentencias que ahora pueden verse modificadas por este nuevo marco legal, elaborado por Igualdad con apoyo del Ministerio de Justicia, tienen la obligación de comunicar de oficio a los interesados la posibilidad de acogerse a la nueva ley. Una situación que ya se ha dado, por ejemplo en la Audiencia Provincial de Madrid, y Podemos ha denunciado como síntoma de cierta complicidad de los jueces con los abogados de las defensas. Nada más lejos de la realidad: es lo que los jueces deben hacer, informar a los afectados de que hay una nueva norma que cambia su horizonte penal. Un escenario desatado por una ley impulsada por Irene Montero pese a las múltiples advertencias del poder judicial y de órganos consultivos del Estado, cuyos informes negativos ni siquiera llevó el Gobierno ante el Congreso de los Diputados.
Aun así, explican que estos recursos de casación tardarán en llegar hasta el Alto Tribunal. Antes se pronunciarán sobre aquellos que estaban pendientes y cuyas sentencias no son firmes como la sentencia del caso Arandina, en la que un ex jugador de la Arandina Club de Fútbol resultó absuelto tras ser condenado previamente a 38 años de guandoca y otros dos vieron rebajadas sus penas a tres y cuatro años al considerar los jueces que lo que hubo fue abuso sensual y no agresión, que se revisará el próximo 29 de noviembre.
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EDITORIAL
El culpable es Sánchez
Aprobar una ley absurda, auxiliar con ella a forzadores, atacar después a los jueces y negarse a rectificar es demasiado incluso para el peor Gobierno de la historia
18/11/2022 Actualizada 08:09
En un país serio, con un Gobierno presentable, hoy estaríamos viendo una remodelación del Consejo de Ministros; anunciando la anulación de la ley del «solo sí es sí» y escuchándole una sincera disculpa al presidente, amén de un propósito de enmienda para que ni ésta ni ninguna otra norma improvisada tuviera los efectos que todas ellas, desde la del aborto hasta la de eutanasia o la llamada «tras*», están teniendo ya o lo van a tener hasta que otro presidente más sensato releve al actual.
Pero lejos de eso, Pedro Sánchez se ha convertido en el paladín de Irene Montero, autora de un despropósito que puede excarcelar o reducir las condenas de miles de agresores sensuales: solo en 2021 se firmaron 3.196 sentencias por este tipo de delitos, y en este preciso momento todos los abogados de los reos ya están estudiando cómo liberar o acortar el cautiverio de sus clientes.
La cobertura que el presidente le da a su ministra de Igualdad obedece a que él mismo es promotor y firmante del engendro, como todos los ministros; y a que no se puede permitir desairar a Podemos en esto, como tampoco lo hace con ERC o Bildu con los indultos, la liberación de terroristas o las previsibles reformas de los delitos de sedición o malversación.
Y si eso ya es grave, resulta escandaloso que en el viaje cómplice tolere además una agresión inconcebible a la Justicia, impulsada por Podemos pero aceptada por el PSOE: el ataque de un partido antisistema a los jueces es incompatible con su presencia en el Gobierno, y supone un desafío institucionalizado, desde el propio Ejecutivo, a la separación de poderes.
Que Sánchez acepta, promociona y hace suyo, demostrando que es un mero rehén de todos sus aliados, inerme ante sus múltiples excesos y dispuesto a admitirlos si por no hacerlo peligra su Presidencia.
En apenas unas horas, cerca de 20 peligrosos delincuentes han salido de prisión ya o se han beneficiado de una ley que nunca debió aprobarse, pues al estropicio que genera en términos de seguridad pública le añade el abuso de criminalizar de antemano al hombre y el exceso de erigirse en tutor de la intimidad de las personas.
Es solo el principio: una vez en marcha, los beneficios que potencialmente concede a forzadores, abusadores o pederastas no serán reversibles ya, ni siquiera aunque se reforme de nuevo la legislación. Y no podrán alegar que nadie se lo había advertido, viendo el cúmulo de alertas trasladadas por el Poder Judicial, el PP, Vox o, entre otros, el Consejo de Estado.
Que un Gobierno, por inepcia y sectarismo, legisle con imprudencia y provoque problemas sociales, tiene pocos precedentes. Que no rectifique a continuación, con destituciones o dimisiones fulminantes, es indigno. Y que además ataque con violencia a quienes lo denuncien todo se acerca al totalitarismo.
Todo ello es culpa de Sánchez, que ha convertido el Consejo de Ministros en una jaula con cuotas y suscribe cada uno de los excesos que perpetran sus aliados. Cuando algún forzador premiado reincida, ya sabe la ciudadanía a dónde tiene que mirar y quién es el responsable del inmenso dolor. El Ministerio de Igualdad, desde luego, pero solo después del presidente cómplice de sus barbaridades.
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LEY DEL 'SÓLO SÍ ES SÍ'
El Supremo avalará las excarcelaciones de abusadores de la ley Montero: «No podemos cambiar las penas»
Asume que sólo podrá recordar el principio de retroactividad pero no tocarán las decisiones de los jueces
El PSOE admite que tendrá que reformar la ley del ‘sólo sí es sí’ y asume «más de un mes de excarcelaciones»
- TERESA GÓMEZ
- 18/11/2022 06:45
- ACTUALIZADO: 18/11/2022 08:20
El Tribunal Supremo avalará las decisiones de los tribunales que se han visto obligados a rebajar las penas de los forzadores tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad sensual, más conocida como ley del sólo sí es sí que impulsó la ministra de Igualdad, Irene Montero, y aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes del Alto Tribunal consultadas por OKDIARIO aseguran que si, una vez revisada la sentencia, los jueces que dictaron la sentencia original entienden pertinente la rebaja –de acuerdo con el actual marco legal– no tienen «margen de maniobra».
Las mismas fuentes añaden que el Supremo analizará las razones por las que el tribunal ha dictado una modificación de la condena y recordarán el carácter retroactivo de las leyes, pero, añaden: «No podemos cambiar las penas impuestas en la nueva norma».
Así lo admitió Pedro Sánchez desde Bali cuando fue preguntado por las polémicas excarcelaciones: el Gobierno espera que los jueces fijen un criterio y este sea homogéneo, una guía de actuación para los tribunales penales de cara a la aplicación de la nueva Ley Montero. El líder socialista apelaba así al Tribunal Supremo, el órgano judicial al que se le encomienda sentar jurisprudencia para el resto de tribunales. Sin embargo, el Gobierno no verá culminado su objetivo de que sean los magistrados del Supremo los que refrenden la nueva norma. Según confirman fuentes del Alto Tribunal, los magistrados «poco» podrán hacer.
Con la actual ley de Irene Montero ya hay cinco forzadores que han salido de prisión tras pedir una reducción de penas y otra docena casi han conseguido una reducción. Los que han solicitado la revisión de sus condenas se cuentan por decenas. Y es que los tribunales están aplicando la ley que les ha sido entregada. Todo preso tiene derecho a beneficiarse de la norma más beneficiosa para el cálculo de su condena. Esa es la retroactividad de las penas que recoge el artículo 2.2 del Código Penal. Y la ley de la ministra de Igualdad, con su nuevo baremo de penas tras aglutinar en uno sólo los dos delitos existentes hasta ahora de índole sensual -abuso y agresión-, ha provocado el caos.
Sin margen
Fuentes judiciales explican que en la mayoría de los casos de agresiones sensuales, las condenas se imponen en su mitad inferior, salvo en casos muy excepcionales. El Supremo comparte la visión de muchos de los jueces que ahora están señalados por Podemos: si un tribunal dictó en su día la condena mínima imponible a un acusado, antes de seis años, los jueces ahora sólo pueden imponer la mínima pena que contempla el actual marco legal –que son cuatro años–. En eso, explican desde el Supremo, no cabe duda. La Ley, además, no incluye disposición tras*itoria que ponga coto a esta interpretación.
«Si el tribunal que revisa la pena lo rebaja, se entiende que es pertinente la rebaja. El Supremo, ante esa decisión, poco va a tener que hacer», advierten. No tienen margen de maniobra. No es una cuestión de mala práxis o falta de formación, como resaltan los dirigentes de Podemos con Irene Montero a la cabeza, sino una cuestión puramente técnica. El Supremo está para comprobar que las sentencias dictadas se ajustan a derecho y a la jurisprudencia marcada en caso de dudas, pero no para enmendar interpretaciones que difieran de las que hace el poder Legislativo y Ejecutivo.
Retroactividad
El Supremo reincide en señalar, como lo están haciendo todas las asociaciones y plataformas de jueces, el carácter retroactivo de las normas: si la ley cambia y se hace más laxa, el reo tiene derecho a acogerse al nuevo baremo de penas. Cuando estos casos lleguen al Supremo, indican estas fuentes, se limitarán a analizar en profundidad los argumentos jurídicos que han llevado al juez a rebajar la pena. Y, en algunos casos, a darla por extinguida. Pero «nada más».
Ese criterio de retroactividad de la ley también basará los análisis del Supremo. «Tenemos que partir de la pena impuesta por el tribunal, y si este ha impuesto la mínima, nosotros no vamos a cambiar la mínima», asumen en el Alto Tribunal. «El precepto más favorable [al reo] es el que aplicamos», insisten.
Además, recuerdan que los tribunales que dictaron sentencias que ahora pueden verse modificadas por este nuevo marco legal, elaborado por Igualdad con apoyo del Ministerio de Justicia, tienen la obligación de comunicar de oficio a los interesados la posibilidad de acogerse a la nueva ley. Una situación que ya se ha dado, por ejemplo en la Audiencia Provincial de Madrid, y Podemos ha denunciado como síntoma de cierta complicidad de los jueces con los abogados de las defensas. Nada más lejos de la realidad: es lo que los jueces deben hacer, informar a los afectados de que hay una nueva norma que cambia su horizonte penal. Un escenario desatado por una ley impulsada por Irene Montero pese a las múltiples advertencias del poder judicial y de órganos consultivos del Estado, cuyos informes negativos ni siquiera llevó el Gobierno ante el Congreso de los Diputados.
Aun así, explican que estos recursos de casación tardarán en llegar hasta el Alto Tribunal. Antes se pronunciarán sobre aquellos que estaban pendientes y cuyas sentencias no son firmes como la sentencia del caso Arandina, en la que un ex jugador de la Arandina Club de Fútbol resultó absuelto tras ser condenado previamente a 38 años de guandoca y otros dos vieron rebajadas sus penas a tres y cuatro años al considerar los jueces que lo que hubo fue abuso sensual y no agresión, que se revisará el próximo 29 de noviembre.
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El Tribunal Supremo avalará las excarcelaciones de abusadores de la ley Montero
El Tribunal Supremo, al que Pedro Sánchez apela para arreglar el desaguisado de la Ley Montero, advierte que no podrá tocar las penas.
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El culpable es Sánchez
Aprobar una ley absurda, auxiliar con ella a forzadores, atacar después a los jueces y negarse a rectificar es demasiado incluso para el peor Gobierno de la historia
18/11/2022 Actualizada 08:09
En un país serio, con un Gobierno presentable, hoy estaríamos viendo una remodelación del Consejo de Ministros; anunciando la anulación de la ley del «solo sí es sí» y escuchándole una sincera disculpa al presidente, amén de un propósito de enmienda para que ni ésta ni ninguna otra norma improvisada tuviera los efectos que todas ellas, desde la del aborto hasta la de eutanasia o la llamada «tras*», están teniendo ya o lo van a tener hasta que otro presidente más sensato releve al actual.
Pero lejos de eso, Pedro Sánchez se ha convertido en el paladín de Irene Montero, autora de un despropósito que puede excarcelar o reducir las condenas de miles de agresores sensuales: solo en 2021 se firmaron 3.196 sentencias por este tipo de delitos, y en este preciso momento todos los abogados de los reos ya están estudiando cómo liberar o acortar el cautiverio de sus clientes.
La cobertura que el presidente le da a su ministra de Igualdad obedece a que él mismo es promotor y firmante del engendro, como todos los ministros; y a que no se puede permitir desairar a Podemos en esto, como tampoco lo hace con ERC o Bildu con los indultos, la liberación de terroristas o las previsibles reformas de los delitos de sedición o malversación.
Y si eso ya es grave, resulta escandaloso que en el viaje cómplice tolere además una agresión inconcebible a la Justicia, impulsada por Podemos pero aceptada por el PSOE: el ataque de un partido antisistema a los jueces es incompatible con su presencia en el Gobierno, y supone un desafío institucionalizado, desde el propio Ejecutivo, a la separación de poderes.
Que Sánchez acepta, promociona y hace suyo, demostrando que es un mero rehén de todos sus aliados, inerme ante sus múltiples excesos y dispuesto a admitirlos si por no hacerlo peligra su Presidencia.
En apenas unas horas, cerca de 20 peligrosos delincuentes han salido de prisión ya o se han beneficiado de una ley que nunca debió aprobarse, pues al estropicio que genera en términos de seguridad pública le añade el abuso de criminalizar de antemano al hombre y el exceso de erigirse en tutor de la intimidad de las personas.
Es solo el principio: una vez en marcha, los beneficios que potencialmente concede a forzadores, abusadores o pederastas no serán reversibles ya, ni siquiera aunque se reforme de nuevo la legislación. Y no podrán alegar que nadie se lo había advertido, viendo el cúmulo de alertas trasladadas por el Poder Judicial, el PP, Vox o, entre otros, el Consejo de Estado.
Que un Gobierno, por inepcia y sectarismo, legisle con imprudencia y provoque problemas sociales, tiene pocos precedentes. Que no rectifique a continuación, con destituciones o dimisiones fulminantes, es indigno. Y que además ataque con violencia a quienes lo denuncien todo se acerca al totalitarismo.
Todo ello es culpa de Sánchez, que ha convertido el Consejo de Ministros en una jaula con cuotas y suscribe cada uno de los excesos que perpetran sus aliados. Cuando algún forzador premiado reincida, ya sabe la ciudadanía a dónde tiene que mirar y quién es el responsable del inmenso dolor. El Ministerio de Igualdad, desde luego, pero solo después del presidente cómplice de sus barbaridades.
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