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UD 09/04/2024
Traducción automática
El juzgado le da la razón a la afectada cuatro años después de perder la incapacidad permanente a instancias del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas
Albert Diumenjó Segalà
2 min
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La entrada de uno de los edificios de la Ciudad de la Justicia. RUTH MARIGOT
BARCELONAMar tiene 62 años y hace más de 30 que le diagnosticaron el bichito de la inmunodeficiencia humana (VIH). Además, tiene síndrome de fatiga crónica, depresión mayor, deterioro cognitivo y un extenso cuadro clínico que le impide realizar vida normal y trabajar. Aún así, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó en 2021 la situación de incapacidad permanente a instancias del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM) al considerar que podía desarrollar con normalidad una actividad laboral retribuida. Ahora, cuatro años después, el juzgado de lo social 33 de Barcelona ha dado la razón a la afectada y le reconoce el derecho a recibir una pensión de invalidez por su situación de incapacidad permanente absoluta.
Según el auto al que ha tenido acceso el ARA, la magistrada considera que las lesiones que presenta la afectada, especialmente la clínica psiquiátrica de depresión mayor observada por el médico forense, le impiden trabajar. También destaca las afectaciones emocionales, intelectuales, físicas y sociales de las enfermedades y lesiones sufridas. En cambio, desde el Col·lectiu Ronda aseguran que el equipo jurídico del INSS negó que los niveles de toxicidad que presenta el Mar les hubieran causado los tratamientos contra el VIH que ha seguido durante los más de 30 años de enfermedad y les atribuían a las drojas que consumía antes del contagio.
"A menudo el ICAM da altas que no tienen ningún sentido y genera un sufrimiento a las personas y, de rebote, a las empresas", lamenta Àlex Tisminetzky, abogado del Colectivo Ronda que ha representado a la enferma en el proceso judicial. Remarca que si una persona recibe el alta está obligada a volver al trabajo aunque no esté en condiciones, una situación que también crea conflictos en las empresas. "Entendemos que el ICAM tiene un criterio excesivamente economicista porque deniega patologías que son invalidantes", sostiene el abogado. De hecho, Tisminetzky advierte que están aumentando los casos que tienen que ver con la denegación de prestaciones o, incluso, la revisión del grado de incapacidad de personas afectadas por VIH de larga duración que sufren los efectos de haberse sometido durante décadas a tratamientos muy agresivos. Según el abogado, son terapias farmacológicas más agresivas que provocan un envejecimiento precoz y tienen especial incidencia sobre el sistema inmune.
"Ofensivo e inhumano"
Pese a los avances médicos que han permitido que el VIH ya no sea una patología mortal, el abogado cree que es "intolerable" hablar de recuperación de la capacidad laboral para revisar el grado de discapacidad o denegar su solicitud. También critica que en este procedimiento se demorara la resolución debido a que se tuvo que solicitar un nuevo informe del médico forense después de que el INSS cuestionara el origen de los niveles toxicológicos de la afectada. "Es ofensivo e inhumano. La gente tiene derecho a mantener su dignidad como personas después de enfermar y cada denegación injustificada de una pensión de incapacidad es una condena a la exclusión", afirma.
es.ara.cat
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El juzgado le da la razón a la afectada cuatro años después de perder la incapacidad permanente a instancias del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas
Albert Diumenjó Segalà
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BARCELONAMar tiene 62 años y hace más de 30 que le diagnosticaron el bichito de la inmunodeficiencia humana (VIH). Además, tiene síndrome de fatiga crónica, depresión mayor, deterioro cognitivo y un extenso cuadro clínico que le impide realizar vida normal y trabajar. Aún así, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó en 2021 la situación de incapacidad permanente a instancias del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM) al considerar que podía desarrollar con normalidad una actividad laboral retribuida. Ahora, cuatro años después, el juzgado de lo social 33 de Barcelona ha dado la razón a la afectada y le reconoce el derecho a recibir una pensión de invalidez por su situación de incapacidad permanente absoluta.
Según el auto al que ha tenido acceso el ARA, la magistrada considera que las lesiones que presenta la afectada, especialmente la clínica psiquiátrica de depresión mayor observada por el médico forense, le impiden trabajar. También destaca las afectaciones emocionales, intelectuales, físicas y sociales de las enfermedades y lesiones sufridas. En cambio, desde el Col·lectiu Ronda aseguran que el equipo jurídico del INSS negó que los niveles de toxicidad que presenta el Mar les hubieran causado los tratamientos contra el VIH que ha seguido durante los más de 30 años de enfermedad y les atribuían a las drojas que consumía antes del contagio.
"A menudo el ICAM da altas que no tienen ningún sentido y genera un sufrimiento a las personas y, de rebote, a las empresas", lamenta Àlex Tisminetzky, abogado del Colectivo Ronda que ha representado a la enferma en el proceso judicial. Remarca que si una persona recibe el alta está obligada a volver al trabajo aunque no esté en condiciones, una situación que también crea conflictos en las empresas. "Entendemos que el ICAM tiene un criterio excesivamente economicista porque deniega patologías que son invalidantes", sostiene el abogado. De hecho, Tisminetzky advierte que están aumentando los casos que tienen que ver con la denegación de prestaciones o, incluso, la revisión del grado de incapacidad de personas afectadas por VIH de larga duración que sufren los efectos de haberse sometido durante décadas a tratamientos muy agresivos. Según el abogado, son terapias farmacológicas más agresivas que provocan un envejecimiento precoz y tienen especial incidencia sobre el sistema inmune.
"Ofensivo e inhumano"
Pese a los avances médicos que han permitido que el VIH ya no sea una patología mortal, el abogado cree que es "intolerable" hablar de recuperación de la capacidad laboral para revisar el grado de discapacidad o denegar su solicitud. También critica que en este procedimiento se demorara la resolución debido a que se tuvo que solicitar un nuevo informe del médico forense después de que el INSS cuestionara el origen de los niveles toxicológicos de la afectada. "Es ofensivo e inhumano. La gente tiene derecho a mantener su dignidad como personas después de enfermar y cada denegación injustificada de una pensión de incapacidad es una condena a la exclusión", afirma.
Le devuelven la pensión denegada por la Seguridad Social a una enferma con VIH
El juzgado le da la razón a la afectada cuatro años después de perder la incapacidad permanente a instancias del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas
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