Vlad_Empalador
Será en Octubre
Las okupaciones se disparan en España sin instrumento legal para frenarlas
PREMIUM
Suben un 63% los últimos cinco años mientras se impulsan por fin cambios normativos
Las múltiples aristas de este fenómeno han empujado a Pedro Sánchez a conectar con un sentimiento que hasta ahora abanderaba la derecha -el PP está en plena ofensiva contra la okupación- y a enfrentarse incluso con Unidas Podemos en un tema tan sensible para la formación jovenlandesada, que mantiene que la propiedad ha de estar supeditada a la necesidad.
Los datos atestiguan que este fenómeno no deja de crecer y de inflamar la inquietud. Los afectados y la Justicia, por su parte, certifican sus poliédricas variables y la dificultad infinita para ponerle coto.
La estadística que maneja el Ministerio del Interior indica que en los últimos cinco años (desde 2017 hasta 2021) las okupaciones de viviendas crecieron un 63% al pasar de 10.619 a 17.274, con especial incidencia en Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. La mayoría de casos, eso sí, hace referencia a usurpaciones -ocupaciones de pisos vacíos (una herencia, por ejemplo) o del banco- mientras que los allanamientos -cuando se okupa una vivienda habitual, ya sea primera, segunda o tercera residencia- son residuales.
Los expertos consultados por este periódico alejan el universo de la okupación de una visión catastrofista, por esa leve incidencia de allanamientos, aunque exponen el angustioso, a veces interminable, camino para la recuperación de un inmueble por parte del propietario.
¿Cuál es el problema fundamental? Los formalismos del propio Derecho y los agujeros de la ley para hacerle frente. Por ejemplo, ante una usurpación de vivienda el trabajo es largo y tedioso en el juzgado.
Todo empieza con la denuncia del propietario ya sea el banco o un particular. La Policía acude al domicilio para validar que, efectivamente, se ha quebrantado la normativa. Hay tres escenarios posibles: que nadie abra la puerta y, por tanto, no se pueda identificar a quien está en el interior ni comprobar si es un okupa (algo que complica cuando no dificulta una citación judicial) o que quien les reciba les exhiba un contrato de alquiler.
En caso de que se dé esto último, los agentes no tienen facultad para determinar si el documento es auténtico o falso ni para decidir quién miente, si la persona que ha interpuesto la denuncia o la que le muestra un presunto contrato, es necesario que los tribunales intervengan. Al exceder de las funciones policiales, el asunto se remite al juzgado, que debe investigar. Irremediablemente, se retrasa la resolución sobre la okupación.
De vuelta a la visita de la Policía a la vivienda que se usurpa, si los residentes no reciben a los agentes y no les enseñan sus documentos identificativos, tampoco se les puede citar para el juicio y mucho menos celebrarlo. En estos supuestos, hay una prevalencia del derecho básico, la vivienda, sobre el de la propiedad, ya que no se trata de inmuebles que sean residencia habitual de los dueños.
Miguel, en la puerta del chalé de La Antilla (Huelva), que su padre le dejó en herencia y que está 'okupado'.GOGO LOBATO
Es el caso de Miguel. Su padre murió en 2015 y, entre otros inmuebles, le dejó en herencia a él y a sus tres hermanos un chalé en la playa de La Antilla (Huelva). Era la residencia estival de la familia, que vivía en Sevilla.
El inmueble tiene más de 800 metros de parcela, una piscina y nueve habitaciones. Está okupado desde enero de 2021 por un hombre de 60 años y su mujer. Miguel paga los suministros. «Nuestros okupas han llenado la piscina los dos veranos y le estamos reclamando 30.000 euros que hemos pagado. Afortunadamente, mis hermanos y yo podemos hacer frente a los gastos pero ¿y si le hubiera sucedido a otra familia que no tuviera nuestras posibilidades?», se pregunta.
Miguel trona ante el espinoso proceso judicial que llevan a cuestas: «Nosotros denunciamos ese mismo enero del año 2021 pero hasta el mes de julio no se tramitó nada porque el juzgado está asfixiado. En mayo de 2022, nos llamaron y el juicio se señaló el 27 de julio de este año».
El juez falló a su favor y fijó para el 21 de septiembre la fecha del desalojo. «El okupa ha presentado un informe y nos han informado de que por indefensión jurídica hay que darle dos meses más, que ya veremos en qué se convierten».
El sentimiento de impotencia es lo más costoso de llevar en un proceso de estas características. «Este hombre, que es un empresario arruinado, dice en el pueblo: 'yo llevo aquí (en el chalé) mucho tiempo, yo vivo aquí'». «Quienes se dedican a la okupación tienen cursos intensivos en esto y saben más que los mismos jueces», se queja.
Gaspar sostiene la documentación que acredita que la casa que le han 'okupado' en Granada es suya.BERNARDO DÍAZ
En la misma situación está Gaspar. Él y su hermana decidieron llevarse a sus casas a su progenitora cuando cayó enferma. El piso de la anciana en Granada quedó okupado casi de inmediato. Fue en 2013. «Primero la alquilamos a un señor que trajo a otras personas desconocidas, pero luego él se fue a una residencia y se quedaron varias mujeres que ya nunca se han ido y que, por supuesto, no nos han pagado», recuerda.
Denunciaron pero poco pudo hacer la Policía cuando se desplazó hasta la vivienda. Primero, nadie se identificó y, tres años después, en 2016, la inquilina okupa por fin les abrió. «Les dijo que había alquilado la casa con derecho a compra y que nos había dado 20.000 euros», apunta con indignación.
«La impotencia y el malestar que tenemos es muy grande porque queremos recuperar la casa. Desde entonces estamos pagando los gastos y no tenemos una economía desahogada precisamente». Está a la espera de juicio porque las anteriores ocasiones en las que la mujer estaba citada, precisa Gaspar, «no se presentó y entonces poco se puede hacer. Es duro pero es así».
Tanto Manuel como Gaspar son ejemplos de usurpación, la mayoría. Sobre los allanamientos, un magistrado explica: «Nadie baja a por el pan o se va de vacaciones a la playa y se le meten en casa. Eso no pasa. Lo que vemos en los juzgados la mayoría de veces son personas que okupan pisos que están vacíos porque nadie reside en él o que son de una entidad bancaria». Su relato lo avalan fuentes de la Policía Nacional.
En esos casos la solución no suele demorarse (a no ser porque no logren identificar a los okupas) y, aunque los asaltos a jovenlandesada sean excepcionales, también se dan. En esta situación está Ángeles. Compró su piso en el sur de Madrid en 1999 y lo alquiló varios meses. En 2020, la casa se quedó vacía y en el mes de julio recuerda la llamada de una vecina para comunicarle que algo no andaba bien.
«Me dijo que las ventanas estaban abiertas y que había okupas. Cambiaron la cerradura desde el primer día». En julio del año siguiente, una sentencia judicial ordenaba que los 'okupas' abandonaran la casa. «Dos meses después, recurrieron y todavía estamos esperando», indica. «La ley en España existe, pero la Justicia no. Tenemos una Justicia perezosa que acaba beneficiando a los okupas y que llega tarde. No hay ninguna intención de arreglar la situación». Ángeles cuenta con unos gastos mensuales cercanos a los 200 euros en suministros.
Tanto la Policía como los jueces saben que este tipo de organizaciones son una pieza más -muy activa por cierto- del rompecabezas de la okupación. Venden el derecho de entrada y pretenden monopolizar los activos de bancos, principalmente. «Se trata de personas, los inquilinos, que en realidad han pagado por estar en el piso. Es entonces cuando las cosas pueden complicarse», explica otro juez consultado por EL MUNDO.
«Recuerdo un último caso de los muchos que vemos en el juzgado donde un hombre aseguraba haber pagado 10.000 euros de golpe por el alquiler de dos años. No tenía acreditado nada, decía que había sido un compromiso oral. Por mucho que un relato resulte inverosímil, hay que comprobar todo y eso es un palo más en la rueda al procedimiento».
La Asociación de Afectados por la Okupación inyecta otro elemento en el amplio abanico de este fenómeno: la inquiokupación, el método más común, según alerta, de la okupación en España. O lo que es lo mismo: personas que han dejado de pagar el alquiler y permanecen en el piso. La esa época en el 2020 de la que yo le hablo fue su despertar y, resalta la agrupación, desde entonces se ha incrementado.
«Hay que ver las dos caras de la moneda y atajar este problema, que no deja de multiplicarse. En la plataforma entendemos la situación de las personas vulnerables pero, por parte de la Administración, no hay respuestas. En su lugar, encontramos una falta de compromiso manifiesta».
El año 2020 supuso un punto de inflexión. El fiscal jefe de Valencia, Francisco José Ortiz, amplificó la visión con una instrucción que sirvió de base para la que luego dictó la Fiscalía General del Estado. Ortiz establecía cuatro elementos para agilizar los desalojos: certificar la titularidad del inmueble, la oposición del titular a la okupación, la ausencia de título legítimo por parte del okupante y que no hubiera personas vulnerables en el interior.
Parece sencillo pero, esta diligencia -que pretendía aprobar medidas cautelares urgentes ahorrándose el trámite del juzgado- se ha tropezado sistemáticamente con la casuística de las okupaciones y la maraña legal que la envuelve
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- GEMA PEÑALOSA
@GemaPenalosa
Madrid
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Las múltiples aristas de este fenómeno han empujado a Pedro Sánchez a conectar con un sentimiento que hasta ahora abanderaba la derecha -el PP está en plena ofensiva contra la okupación- y a enfrentarse incluso con Unidas Podemos en un tema tan sensible para la formación jovenlandesada, que mantiene que la propiedad ha de estar supeditada a la necesidad.
Los datos atestiguan que este fenómeno no deja de crecer y de inflamar la inquietud. Los afectados y la Justicia, por su parte, certifican sus poliédricas variables y la dificultad infinita para ponerle coto.
La estadística que maneja el Ministerio del Interior indica que en los últimos cinco años (desde 2017 hasta 2021) las okupaciones de viviendas crecieron un 63% al pasar de 10.619 a 17.274, con especial incidencia en Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. La mayoría de casos, eso sí, hace referencia a usurpaciones -ocupaciones de pisos vacíos (una herencia, por ejemplo) o del banco- mientras que los allanamientos -cuando se okupa una vivienda habitual, ya sea primera, segunda o tercera residencia- son residuales.
Los expertos consultados por este periódico alejan el universo de la okupación de una visión catastrofista, por esa leve incidencia de allanamientos, aunque exponen el angustioso, a veces interminable, camino para la recuperación de un inmueble por parte del propietario.
¿Cuál es el problema fundamental? Los formalismos del propio Derecho y los agujeros de la ley para hacerle frente. Por ejemplo, ante una usurpación de vivienda el trabajo es largo y tedioso en el juzgado.
Todo empieza con la denuncia del propietario ya sea el banco o un particular. La Policía acude al domicilio para validar que, efectivamente, se ha quebrantado la normativa. Hay tres escenarios posibles: que nadie abra la puerta y, por tanto, no se pueda identificar a quien está en el interior ni comprobar si es un okupa (algo que complica cuando no dificulta una citación judicial) o que quien les reciba les exhiba un contrato de alquiler.
En caso de que se dé esto último, los agentes no tienen facultad para determinar si el documento es auténtico o falso ni para decidir quién miente, si la persona que ha interpuesto la denuncia o la que le muestra un presunto contrato, es necesario que los tribunales intervengan. Al exceder de las funciones policiales, el asunto se remite al juzgado, que debe investigar. Irremediablemente, se retrasa la resolución sobre la okupación.
De vuelta a la visita de la Policía a la vivienda que se usurpa, si los residentes no reciben a los agentes y no les enseñan sus documentos identificativos, tampoco se les puede citar para el juicio y mucho menos celebrarlo. En estos supuestos, hay una prevalencia del derecho básico, la vivienda, sobre el de la propiedad, ya que no se trata de inmuebles que sean residencia habitual de los dueños.
Miguel, en la puerta del chalé de La Antilla (Huelva), que su padre le dejó en herencia y que está 'okupado'.GOGO LOBATO
Es el caso de Miguel. Su padre murió en 2015 y, entre otros inmuebles, le dejó en herencia a él y a sus tres hermanos un chalé en la playa de La Antilla (Huelva). Era la residencia estival de la familia, que vivía en Sevilla.
El inmueble tiene más de 800 metros de parcela, una piscina y nueve habitaciones. Está okupado desde enero de 2021 por un hombre de 60 años y su mujer. Miguel paga los suministros. «Nuestros okupas han llenado la piscina los dos veranos y le estamos reclamando 30.000 euros que hemos pagado. Afortunadamente, mis hermanos y yo podemos hacer frente a los gastos pero ¿y si le hubiera sucedido a otra familia que no tuviera nuestras posibilidades?», se pregunta.
Miguel trona ante el espinoso proceso judicial que llevan a cuestas: «Nosotros denunciamos ese mismo enero del año 2021 pero hasta el mes de julio no se tramitó nada porque el juzgado está asfixiado. En mayo de 2022, nos llamaron y el juicio se señaló el 27 de julio de este año».
El juez falló a su favor y fijó para el 21 de septiembre la fecha del desalojo. «El okupa ha presentado un informe y nos han informado de que por indefensión jurídica hay que darle dos meses más, que ya veremos en qué se convierten».
El sentimiento de impotencia es lo más costoso de llevar en un proceso de estas características. «Este hombre, que es un empresario arruinado, dice en el pueblo: 'yo llevo aquí (en el chalé) mucho tiempo, yo vivo aquí'». «Quienes se dedican a la okupación tienen cursos intensivos en esto y saben más que los mismos jueces», se queja.
Gaspar sostiene la documentación que acredita que la casa que le han 'okupado' en Granada es suya.BERNARDO DÍAZ
En la misma situación está Gaspar. Él y su hermana decidieron llevarse a sus casas a su progenitora cuando cayó enferma. El piso de la anciana en Granada quedó okupado casi de inmediato. Fue en 2013. «Primero la alquilamos a un señor que trajo a otras personas desconocidas, pero luego él se fue a una residencia y se quedaron varias mujeres que ya nunca se han ido y que, por supuesto, no nos han pagado», recuerda.
Denunciaron pero poco pudo hacer la Policía cuando se desplazó hasta la vivienda. Primero, nadie se identificó y, tres años después, en 2016, la inquilina okupa por fin les abrió. «Les dijo que había alquilado la casa con derecho a compra y que nos había dado 20.000 euros», apunta con indignación.
«La impotencia y el malestar que tenemos es muy grande porque queremos recuperar la casa. Desde entonces estamos pagando los gastos y no tenemos una economía desahogada precisamente». Está a la espera de juicio porque las anteriores ocasiones en las que la mujer estaba citada, precisa Gaspar, «no se presentó y entonces poco se puede hacer. Es duro pero es así».
Tanto Manuel como Gaspar son ejemplos de usurpación, la mayoría. Sobre los allanamientos, un magistrado explica: «Nadie baja a por el pan o se va de vacaciones a la playa y se le meten en casa. Eso no pasa. Lo que vemos en los juzgados la mayoría de veces son personas que okupan pisos que están vacíos porque nadie reside en él o que son de una entidad bancaria». Su relato lo avalan fuentes de la Policía Nacional.
En esos casos la solución no suele demorarse (a no ser porque no logren identificar a los okupas) y, aunque los asaltos a jovenlandesada sean excepcionales, también se dan. En esta situación está Ángeles. Compró su piso en el sur de Madrid en 1999 y lo alquiló varios meses. En 2020, la casa se quedó vacía y en el mes de julio recuerda la llamada de una vecina para comunicarle que algo no andaba bien.
«Me dijo que las ventanas estaban abiertas y que había okupas. Cambiaron la cerradura desde el primer día». En julio del año siguiente, una sentencia judicial ordenaba que los 'okupas' abandonaran la casa. «Dos meses después, recurrieron y todavía estamos esperando», indica. «La ley en España existe, pero la Justicia no. Tenemos una Justicia perezosa que acaba beneficiando a los okupas y que llega tarde. No hay ninguna intención de arreglar la situación». Ángeles cuenta con unos gastos mensuales cercanos a los 200 euros en suministros.
«Llevo 27 meses pagando luz, agua y comunidad. Esto es un sinsentido que nadie soluciona». Tiene la sospecha de que su casa la controla una mafia que la va alquilando.
Tanto la Policía como los jueces saben que este tipo de organizaciones son una pieza más -muy activa por cierto- del rompecabezas de la okupación. Venden el derecho de entrada y pretenden monopolizar los activos de bancos, principalmente. «Se trata de personas, los inquilinos, que en realidad han pagado por estar en el piso. Es entonces cuando las cosas pueden complicarse», explica otro juez consultado por EL MUNDO.
«Recuerdo un último caso de los muchos que vemos en el juzgado donde un hombre aseguraba haber pagado 10.000 euros de golpe por el alquiler de dos años. No tenía acreditado nada, decía que había sido un compromiso oral. Por mucho que un relato resulte inverosímil, hay que comprobar todo y eso es un palo más en la rueda al procedimiento».
La Asociación de Afectados por la Okupación inyecta otro elemento en el amplio abanico de este fenómeno: la inquiokupación, el método más común, según alerta, de la okupación en España. O lo que es lo mismo: personas que han dejado de pagar el alquiler y permanecen en el piso. La esa época en el 2020 de la que yo le hablo fue su despertar y, resalta la agrupación, desde entonces se ha incrementado.
El portavoz de la plataforma, Ricardo Bravo, rescata el caso de María Luisa, una mujer a la que en 2020 los inquilinos le dejaron de pagar los 620 euros del alquiler de su piso en Carabanchel. Había alquilado su casa porque se fue a vivir con su pareja. Después se separó y quiso volver. Ya no pudo porque se determinó que su inquilina está en una situación de vulnerabilidad. María Luisa tiene una baja por depresión derivada de esta situación. Vive en casa de amigos ante la imposibilidad de poder acceder a una vivienda. Continúa pagando los suministros de su piso.
«Hay que ver las dos caras de la moneda y atajar este problema, que no deja de multiplicarse. En la plataforma entendemos la situación de las personas vulnerables pero, por parte de la Administración, no hay respuestas. En su lugar, encontramos una falta de compromiso manifiesta».
El año 2020 supuso un punto de inflexión. El fiscal jefe de Valencia, Francisco José Ortiz, amplificó la visión con una instrucción que sirvió de base para la que luego dictó la Fiscalía General del Estado. Ortiz establecía cuatro elementos para agilizar los desalojos: certificar la titularidad del inmueble, la oposición del titular a la okupación, la ausencia de título legítimo por parte del okupante y que no hubiera personas vulnerables en el interior.
Parece sencillo pero, esta diligencia -que pretendía aprobar medidas cautelares urgentes ahorrándose el trámite del juzgado- se ha tropezado sistemáticamente con la casuística de las okupaciones y la maraña legal que la envuelve
