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Por Ana Gómez Salas | 30/04/2021 | Racismo y opresión capitalista
Fuentes: Público (España) [Imagen: La candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio (d), y el presidente del partido, Santiago Abascal, durante el acto de campaña celebrado este martes en el Parque Duque de Ahumada de Valdemoro, en Madrid. Créditos: Víctor Lerena/EFE, tomado de Público]
La ultraderecha avanza peligrosamente en el Estado español y se refuerza cada vez que desde los espacios de poder y toma de decisiones se reproducen políticas o prácticas que alientan la xenofobia y el racismo.
Esto acaba dando legitimidad a los discursos de repruebo que luego son capitalizados de manera muy efectiva por sus portavoces como VOX, formación que ha cobrado protagonismo en la escena política actual.
Un claro ejemplo de ello es la gestión de la migración asociada a las necesidades del mercado de trabajo. Esta manera instrumental de regular las migraciones no solo desconoce y se desentiende de las causas estructurales que las producen, sino que genera un imaginario de competencia o disputa de recursos y servicios escasos entre la clase trabajadora autóctona y la migrante. Esta premisa alimenta prejuicios racistas utilizados como lemas electorales, tales como «primero los de casa» o «los migrantes se llevan todas las ayudas«, entre otros.
Por ello, al cartel repudiable y mentiroso de VOX que muestra un chaval tutelado frente a la una abuela española con la leyenda «Un MENA 4.700€ al mes, tu abuela 426€ de pensión al mes» es necesario entenderlo como resultado de una política pública de abandono, desprotección y criminalización de este colectivo. Comprender el asunto en sus múltiples dimensiones e identificar las políticas, normativas y prácticas a las que son sometidos estos jóvenes, nos permite ver la responsabilidad del sistema en su conjunto.
La realidad es que la regulación legal que se aplica a adolescentes que llegan sin adultos referentes a España constituye un marco político-normativo de excepción, que prioriza los objetivos de selectividad y control migratorio a los de protección general de la infancia. A ello se le suma la aplicación de un sistema judicial restrictivo y cercenador de derechos, amparado por discursos mediáticos y de violencia simbólica que los criminaliza y estigmatiza.
Por diferentes causas, la inmensa mayoría de estos jóvenes no ingresan al sistema de protección de la infancia y quienes lo hacen en general son sometidos a procedimientos que no garantizan el interés superior del niño, principio rector consagrado en la Convención de Derechos del Niño ( art. 3 CDN), destacando la utilización en muchos casos de pruebas invasivas de determinación de la edad, las cuales, desde diferentes ámbitos, han sido cuestionadas por violentar derechos básicos e incluso la dignidad.
Muchos de estos adolescentes acceden a la mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia a la que tienen derecho y que el estado español está obligado a proveer, o bien, saliendo con autorización de residencia, no la pueden renovar por motivos económicos. Por último, existe un déficit estructural en los programas y recursos destinados a los jóvenes ex tutelados para preparar su tras*ición a la vida adulta. Nada mas lejos de las mentiras con que la extrema derecha suma votos.
Fuentes: Público (España) [Imagen: La candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio (d), y el presidente del partido, Santiago Abascal, durante el acto de campaña celebrado este martes en el Parque Duque de Ahumada de Valdemoro, en Madrid. Créditos: Víctor Lerena/EFE, tomado de Público]
La ultraderecha avanza peligrosamente en el Estado español y se refuerza cada vez que desde los espacios de poder y toma de decisiones se reproducen políticas o prácticas que alientan la xenofobia y el racismo.
Esto acaba dando legitimidad a los discursos de repruebo que luego son capitalizados de manera muy efectiva por sus portavoces como VOX, formación que ha cobrado protagonismo en la escena política actual.
Un claro ejemplo de ello es la gestión de la migración asociada a las necesidades del mercado de trabajo. Esta manera instrumental de regular las migraciones no solo desconoce y se desentiende de las causas estructurales que las producen, sino que genera un imaginario de competencia o disputa de recursos y servicios escasos entre la clase trabajadora autóctona y la migrante. Esta premisa alimenta prejuicios racistas utilizados como lemas electorales, tales como «primero los de casa» o «los migrantes se llevan todas las ayudas«, entre otros.
Por ello, al cartel repudiable y mentiroso de VOX que muestra un chaval tutelado frente a la una abuela española con la leyenda «Un MENA 4.700€ al mes, tu abuela 426€ de pensión al mes» es necesario entenderlo como resultado de una política pública de abandono, desprotección y criminalización de este colectivo. Comprender el asunto en sus múltiples dimensiones e identificar las políticas, normativas y prácticas a las que son sometidos estos jóvenes, nos permite ver la responsabilidad del sistema en su conjunto.
La realidad es que la regulación legal que se aplica a adolescentes que llegan sin adultos referentes a España constituye un marco político-normativo de excepción, que prioriza los objetivos de selectividad y control migratorio a los de protección general de la infancia. A ello se le suma la aplicación de un sistema judicial restrictivo y cercenador de derechos, amparado por discursos mediáticos y de violencia simbólica que los criminaliza y estigmatiza.
Por diferentes causas, la inmensa mayoría de estos jóvenes no ingresan al sistema de protección de la infancia y quienes lo hacen en general son sometidos a procedimientos que no garantizan el interés superior del niño, principio rector consagrado en la Convención de Derechos del Niño ( art. 3 CDN), destacando la utilización en muchos casos de pruebas invasivas de determinación de la edad, las cuales, desde diferentes ámbitos, han sido cuestionadas por violentar derechos básicos e incluso la dignidad.
Muchos de estos adolescentes acceden a la mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia a la que tienen derecho y que el estado español está obligado a proveer, o bien, saliendo con autorización de residencia, no la pueden renovar por motivos económicos. Por último, existe un déficit estructural en los programas y recursos destinados a los jóvenes ex tutelados para preparar su tras*ición a la vida adulta. Nada mas lejos de las mentiras con que la extrema derecha suma votos.
