Nefersen
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Las empresas del mar huyen a Portugal por culpa de la Ley de Cambio Climático del Gobierno
"Las inversiones están totalmente paradas. Se han incrementado las consultas jurídicas y los contactos para abandonar las costas españolas", alertan.
Sandra León
[IMG alt="Las inversiones están totalmente paradas. Se han incrementado las consultas jurídicas y los contactos para abandonar las costas españolas, alertan.
"]https://s.libertaddigital.com/2020/08/13/954/0/barco-de-pesca.jpeg[/IMG]
Barco de pesca en el puerto de Bueu (Pontevedra) | José Lopez
Cuando el pasado mes de mayo el Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Cambio Climático, las empresas del mar de Galicia se echaron las manos a la cabeza al ver que el Ejecutivo pretendía apartarlas de la costa. ¿Cómo era posible que les tratasen igual que a una central nuclear? ¿Acaso nadie era capaz de entender que si se ubican junto al mar es porque lo necesitan? En septiembre, se filtró que, ante la presión de sus propios alcaldes, el PSOE iba a presentar una enmienda para excluirles de esta normativa que complica y limita en el tiempo sus concesiones. Sin embargo, los empresarios gallegos siguen sin tener noticias al respecto y el retraso en el debate en el Congreso ha acabado con su paciencia.
La recién creada Confederación Sectorial Mar-Industria asegura a Libre Mercado que "las inversiones están totalmente paradas" y que, en las últimas semanas, "se han incrementado las consultas jurídicas y los contactos para abandonar las costas españolas". En la mayor parte de los casos, el país elegido es Portugal, dada su cercanía, aunque "toda la costa europea, e incluso el Magreb, están apostando por este sector, frente a la cerrazón del Gobierno de Pedro Sánchez".
Los artículos que les preocupan son el 18.3 y el 18.4, ya que abogan por hacer "más exigentes y discrecionales" los requisitos para que las empresas puedan seguir en la costa, al tiempo que recortan el plazo de duración de las prórrogas actualmente vigentes. Esto supondría que la actual prórroga extraordinaria de hasta 40 años más de los ya disfrutados (hasta un máximo de 75) se vería reducida considerablemente al computarse desde el primer día de la concesión.
Para Roberto Fariña, presidente de la Asociación de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade), el "mazazo" es más que evidente: "No es lo mismo invertir en una nave de millones de euros que en un coche, que es lo que llega a comparar esta Ley. Obviamente necesitas tiempo para amortizar la inversión y sin garantía jurídica nadie quiere hacerlo".
La semana pasada, la propia ministra para la tras*ición Ecológica, Teresa Ribera, explicaba que el objetivo de esta nueva norma es reducir emisiones y lograr la plena descarbonización en 2050. De ahí que Fariña califique el articulado de absurdo. "Que me digan qué tiene que ver esto con nosotros y qué CO2 emiten nuestras empresas, cuando son totalmente sostenibles y somos los primeros interesados en mantener el medio de la forma más limpia y de la manera más sostenible, porque vivimos del mar —se queja el presidente de Agade—. De hecho, una depuradora de mariscos capta el agua y la suelta en mejores condiciones".
Vietnam, sí; Galicia, no
Según estos empresarios, el objetivo del Gobierno pasa por trasladar todas las empresas a polígonos industriales del interior, sin tener en cuenta el impacto socioeconómico de la medida. "Tendríamos que captar el agua, llevarla en cisternas, ponerla en un circuito cerrado, enfriarla y después volver a verterla al mar. Habría que calcular la huella de CO2 de una cosa y la otra", denuncia Fariña. Además, este procedimiento multiplicaría el coste del marisco que, en muchos casos, dejaría de ser competitivo. Y todo ello sin contar con la competencia desleal que se generaría, ya que la nueva Ley solamente afectaría a las empresas españolas. Así, los empresarios gallegos lamentan que, mientras el Gobierno quiere aplicar unas "normas tremendamente leoninas, pretendiendo ser ejemplo de ecología a nivel mundial, resulta que se permite importar pescado y marisco de países como Vietnam, donde no se respetan ni las normas sanitarias, ni laborales, ni mucho menos costeras".
Mucha ideología, pero poca visión socioeconómica
El impacto de esta nueva Ley es especialmente preocupante en Galicia por cuanto un 20% del PIB de esta comunidad depende directa o indirectamente del mar. Precisamente por eso, el secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados (Anfaco), Juan Manuel Vieites, lamenta que el Gobierno no esté teniendo en cuenta la idiosincrasia gallega. "Yo creo que en esta Ley hay mucho de ideológico y poco de visión socieconómica —denuncia Vieites—. En las primeras conversaciones que tuvimos con el Ministerio, lo primero que nos dijeron es que en la línea marítimo-terrestre quieren una línea paisajística y que no quieren ver ninguna industria". Actualmente, sin embargo, la costa gallega alberga empresas que llevan más de 70 años ubicadas en el mismo sitio y que "cumplen con toda la legislación medioambiental, sin ocasionar ningún tipo de problema". No en vano, el propio Consejo de Estado ya ha emitido un dictamen en el que da la razón al complejo mar industria alimentario, al entender que la normativa únicamente debería afectar a los sectores considerados emisores de gases de efecto invernadero.
Más de 750 enmiendas
Por otro lado, y aunque aún no se han hecho públicas, los distintos grupos parlamentarios han registrado más de 750 enmiendas a esta Ley, por lo que los empresarios gallegos confían en que finalmente impere la cordura. Sin embargo, el tiempo corre en su contra y el hecho de que el debate en el Congreso se esté retrasando ya les está pasando factura. Muchas empresas que estaban pendientes de renovar sus concesiones están recibiendo ofertas de un año a la espera de conocer el texto definitivo, lo que está generando una situación de gran "desasosiego" en el sector, ya que, según Vieites, en 12 meses "es imposible plantearse inversiones o cambios sustanciales".
El Secretario General de Anfaco cree que la cerrazón inicial del Gobierno puede deberse a una "estrategia" para luego convertir este asunto en una concesión a otros partidos. Sin embargo, Vieites advierte al Ejecutivo de que "está jugando con el pan de mucha gente". Así, tanto él como Fariña piden a la ministra de tras*ición Ecológica que vaya a Galicia, "se ponga un traje de aguas y vea lo que es esto de primera mano antes de condenar a un sector del que vive muchísima gente" en nuestro país.
"Las inversiones están totalmente paradas. Se han incrementado las consultas jurídicas y los contactos para abandonar las costas españolas", alertan.
Sandra León
[IMG alt="Las inversiones están totalmente paradas. Se han incrementado las consultas jurídicas y los contactos para abandonar las costas españolas, alertan.
"]https://s.libertaddigital.com/2020/08/13/954/0/barco-de-pesca.jpeg[/IMG]
Barco de pesca en el puerto de Bueu (Pontevedra) | José Lopez
Cuando el pasado mes de mayo el Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Cambio Climático, las empresas del mar de Galicia se echaron las manos a la cabeza al ver que el Ejecutivo pretendía apartarlas de la costa. ¿Cómo era posible que les tratasen igual que a una central nuclear? ¿Acaso nadie era capaz de entender que si se ubican junto al mar es porque lo necesitan? En septiembre, se filtró que, ante la presión de sus propios alcaldes, el PSOE iba a presentar una enmienda para excluirles de esta normativa que complica y limita en el tiempo sus concesiones. Sin embargo, los empresarios gallegos siguen sin tener noticias al respecto y el retraso en el debate en el Congreso ha acabado con su paciencia.
La recién creada Confederación Sectorial Mar-Industria asegura a Libre Mercado que "las inversiones están totalmente paradas" y que, en las últimas semanas, "se han incrementado las consultas jurídicas y los contactos para abandonar las costas españolas". En la mayor parte de los casos, el país elegido es Portugal, dada su cercanía, aunque "toda la costa europea, e incluso el Magreb, están apostando por este sector, frente a la cerrazón del Gobierno de Pedro Sánchez".
Los artículos que les preocupan son el 18.3 y el 18.4, ya que abogan por hacer "más exigentes y discrecionales" los requisitos para que las empresas puedan seguir en la costa, al tiempo que recortan el plazo de duración de las prórrogas actualmente vigentes. Esto supondría que la actual prórroga extraordinaria de hasta 40 años más de los ya disfrutados (hasta un máximo de 75) se vería reducida considerablemente al computarse desde el primer día de la concesión.
Para Roberto Fariña, presidente de la Asociación de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade), el "mazazo" es más que evidente: "No es lo mismo invertir en una nave de millones de euros que en un coche, que es lo que llega a comparar esta Ley. Obviamente necesitas tiempo para amortizar la inversión y sin garantía jurídica nadie quiere hacerlo".
La semana pasada, la propia ministra para la tras*ición Ecológica, Teresa Ribera, explicaba que el objetivo de esta nueva norma es reducir emisiones y lograr la plena descarbonización en 2050. De ahí que Fariña califique el articulado de absurdo. "Que me digan qué tiene que ver esto con nosotros y qué CO2 emiten nuestras empresas, cuando son totalmente sostenibles y somos los primeros interesados en mantener el medio de la forma más limpia y de la manera más sostenible, porque vivimos del mar —se queja el presidente de Agade—. De hecho, una depuradora de mariscos capta el agua y la suelta en mejores condiciones".
Vietnam, sí; Galicia, no
Según estos empresarios, el objetivo del Gobierno pasa por trasladar todas las empresas a polígonos industriales del interior, sin tener en cuenta el impacto socioeconómico de la medida. "Tendríamos que captar el agua, llevarla en cisternas, ponerla en un circuito cerrado, enfriarla y después volver a verterla al mar. Habría que calcular la huella de CO2 de una cosa y la otra", denuncia Fariña. Además, este procedimiento multiplicaría el coste del marisco que, en muchos casos, dejaría de ser competitivo. Y todo ello sin contar con la competencia desleal que se generaría, ya que la nueva Ley solamente afectaría a las empresas españolas. Así, los empresarios gallegos lamentan que, mientras el Gobierno quiere aplicar unas "normas tremendamente leoninas, pretendiendo ser ejemplo de ecología a nivel mundial, resulta que se permite importar pescado y marisco de países como Vietnam, donde no se respetan ni las normas sanitarias, ni laborales, ni mucho menos costeras".
Mucha ideología, pero poca visión socioeconómica
El impacto de esta nueva Ley es especialmente preocupante en Galicia por cuanto un 20% del PIB de esta comunidad depende directa o indirectamente del mar. Precisamente por eso, el secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados (Anfaco), Juan Manuel Vieites, lamenta que el Gobierno no esté teniendo en cuenta la idiosincrasia gallega. "Yo creo que en esta Ley hay mucho de ideológico y poco de visión socieconómica —denuncia Vieites—. En las primeras conversaciones que tuvimos con el Ministerio, lo primero que nos dijeron es que en la línea marítimo-terrestre quieren una línea paisajística y que no quieren ver ninguna industria". Actualmente, sin embargo, la costa gallega alberga empresas que llevan más de 70 años ubicadas en el mismo sitio y que "cumplen con toda la legislación medioambiental, sin ocasionar ningún tipo de problema". No en vano, el propio Consejo de Estado ya ha emitido un dictamen en el que da la razón al complejo mar industria alimentario, al entender que la normativa únicamente debería afectar a los sectores considerados emisores de gases de efecto invernadero.
Más de 750 enmiendas
Por otro lado, y aunque aún no se han hecho públicas, los distintos grupos parlamentarios han registrado más de 750 enmiendas a esta Ley, por lo que los empresarios gallegos confían en que finalmente impere la cordura. Sin embargo, el tiempo corre en su contra y el hecho de que el debate en el Congreso se esté retrasando ya les está pasando factura. Muchas empresas que estaban pendientes de renovar sus concesiones están recibiendo ofertas de un año a la espera de conocer el texto definitivo, lo que está generando una situación de gran "desasosiego" en el sector, ya que, según Vieites, en 12 meses "es imposible plantearse inversiones o cambios sustanciales".
El Secretario General de Anfaco cree que la cerrazón inicial del Gobierno puede deberse a una "estrategia" para luego convertir este asunto en una concesión a otros partidos. Sin embargo, Vieites advierte al Ejecutivo de que "está jugando con el pan de mucha gente". Así, tanto él como Fariña piden a la ministra de tras*ición Ecológica que vaya a Galicia, "se ponga un traje de aguas y vea lo que es esto de primera mano antes de condenar a un sector del que vive muchísima gente" en nuestro país.
