Las asociaciones de jueces no aprecian delito en los escraches | InfoLibre.es
Las asociaciones de jueces no aprecian delito en los escraches a políticos
- La mayoría de colectivos judiciales entiende que los señalamientos, "por sí mismos", no entrañan comportamientos delictivos salvo si hay "coacción"
- Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente sostienen que el Gobierno pretende "criminalizar" la protesta
- La mayoritaria APM señala que "no es absurda" la instrucción de Interior en la medida en que modo nuevo de actuación ciudadana
- La Francisco de Vitoria observa, con las cautelas debidas, "indicios delictivos" en las acciones contra Pons o Gallardón
Protesta de la PAH en los juzgados de Barcelona el pasado 26 de marzo, en la que se requirió la anulación de todos los desahucios. EFE
Escrache, escrachar. Un término popularizado en los noventa en Argentina, remozado en España gracias a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Término sobre el que ha girado buena parte de la discusión política de esta última semana.
El Gobierno buscó el cuerpo a cuerpo con los manifestantes, intentando satanizarlos y enturbiar su imagen. Lo hizo con graves declaraciones públicas –de hasta el propio presidente– y con denuncias en comisaría. Y también con una controvertida instrucción policial por la que pide "identificar para sanción" a quienes participen en escraches. Pero aparte de tropezar con la indignación de la PAH y con la protesta del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el Ejecutivo de Mariano Rajoy cuenta, en este caso, con la opinión bastante aquilatada de las asociaciones de jueces, que consideran que el señalamiento público de dirigentes, incluso en el entorno de su domicilio, no constituye en sí mismo un delito. Salvo que haya "intimidación o coacción" expresa, una premisa que todos ponen por delante.
infoLibre conversó ayer sábado con los portavoces de las cuatro asociaciones judiciales. Tanto Pablo Llarena, de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), como Joaquim Bosch, de la progresista Jueces para la Democracia (JpD), como Ángel Dolado, de Foro Judicial Independiente (FJI), rubrican que "no es delito por sí mismo" manifestarse frente a la puerta de la casa de un político. Opinión compartida por otros juristas. José Luis González Armengol, de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), pone alguna objeción más y cree que no se puede "intimidar" a un cargo público marchando hasta su domicilio.
Los precedentes del 25-S y de la CAI
"En sí mismo, que esta protesta se haga en el espacio de la vivienda no añade una connotación que la haga merecedora de reproche penal, salvo que la protesta vaya más allá", asegura Llarena. "No es delito manifestarte en la puerta de la casa de un político. Aquí hay una amplia tradición. Lo nuevo en este caso es que se trata de una estrategia continuada impulsada por una plataforma", apuntala Bosch. Un caso reciente lo tenemos en 2011 y en Murcia, cuando las marchas contra los recortes discurrieron junto al domicilio del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel. Dolado insiste en que, "siempre que no haya una actitud coactiva o una intimidación física, manifestarse o incluso poner carteles o pegatinas cerca de la vivienda es perfectamente legal". Distinto es, observa Bosch, la dimensión "ética" de la cuestión, "si la protesta debe llegar hasta el ámbito privado" del afectado.
El portavoz de FJI trae a colación una sentencia reciente: la del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, que el pasado 25 de marzo archivó la causa abierta contra 52 personas por la presunta ocupación ilegal de la sede central de la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI) de la capital aragonesa, llevada a cabo por Stop Desahucios. Otro caso más: el archivo del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, de la causa contra los convocantes del 25-S, porque ni se invadió con fuerza ni se intimidó la sede del Congreso ni se alteró el funcionamiento del pleno. "No se puede pretender que los ciudadanos se queden impasibles. ¡Si salimos a la calle todos, hasta los jueces! Esto está dentro de los cauces democráticos", refuerza el representante de la más pequeña de las cuatro asociaciones.
"No es necesaria ninguna instrucción para actuar frente a un delito. La Policía, lo de debe hacer, es actuar en consecuencia. Si hay actuaciones de tipo coactivo, tiene capacidad para actuar. Pero puede actuar de oficio", asegura Armengol. ¿El escrache es delito, para la AJFV? "No te puedes manifestar en la casa de una persona, intimidar a él o a sus familiares. Las manifestaciones están autorizadas, pero hay límites que deben respetarse. Es delito intimidar en el domicilio a una persona o a sus familiares, o hacer una concentración en el domicilio. Eso es una coacción", prosigue.
Instrucciones "imparciales y asépticas"
Armengol alude a una de las dudas suscitadas en los últimos dudas. ¿Es sostenible legalmente? El SUP tachó la orden de la Policía de "barbaridad", como la calificó la PAH. JpD y FJI se sitúan en esa órbita. "Coincidimos en que debe ser rechazable actuar policialmente contra las protestas ciudadanas pacíficas, que respetan el derecho de manifestación y de libertad de expresión", afirma Bosch. Dolado no cree necesario el escrito de la Dirección General de la Policía por cuanto "se pone en un compromiso a los agentes", haciéndoles debatirse entre la obediencia al Ejecutivo o el cumplimiento de la ley. Afecta, dice, a su "seguridad jurídica".
Desde la AJFV opinan que "no es correcto dar instrucciones determinadas cuando afectan a un partido y las instrucciones que da Interior son de un Gobierno de ese partido". "Para que sean creíbles –advierte Armengol–, las instrucciones deben ser imparciales y asépticas. No porque se intimide a personas vinculadas al PP se deben hacer circulares específicas. Se debe actuar de oficio, a través de una denuncia o con un atestado policial". Llarena, en cambio, estima que es positivo recalcar qué hacer, porque a fin de cuentas los escraches en España "son un fenómeno nuevo de actuación ciudadana". "Puede ser oportuno dar pautas de cuál debe ser el modo de actuar. No es absurdo".
Los portavoces de las asociaciones sí son más cautos a la hora de pronunciarse sobre los casos concretos de los escraches a Esteban González Pons, Alberto Ruiz-Gallardón o Carmen Maniega. "Es difícil de saber. Hay que ver caso por caso. Aunque hay precedentes, como el del 25-S", indica Bosch. Armengol sí dice apreciar "indicios delictivos", a través de lo que ha podido conocer en los medios, por lo que no descarta que, en su caso, pueda haber "condenas".
La resaca de la sentencia del TJUE
¿Por qué esta estrategia del Gobierno? En este aspecto, las asociaciones judiciales se muestran divididas. Tanto JpD como FJI están convencidas de que el Gobierno pretende "criminalizar" la protesta. Las dos restantes, APM y AJFV discrepan. Para Bosch, el Ejecutivo se esfuerza en "desviar la atención" de los desahucios y de la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) con "vinculaciones absurdas y fuera de lugar". O lo que es lo mismo, aduce: "Desviando el foco de atención de un problema gravísimo ante la falta de soluciones. Por eso ataca a quienes protestan, como medida de desprestigio". La PAH, en respuesta, ya ha anunciado que el martes próximo pondrá en marcha una campaña para recabar apoyo popular.
Dolado se muestra, si cabe, aún más duro: "En vez de calmar los ánimos, se desvía la atención intentando relacionar la PAH con la kale borroka. Es totalmente insultante, una pasada. Criminaliza para deslegitimar lo que es legítimo: reivindicar cambios". Llarena, mientras, apela al cumplimiento estricto de la ley, a la que "todos los ciudadanos" deben obedecer. "Sí es verdad que detrás de estas manifestaciones hay una situación de verdadera angustia para amplios colectivos", concede.
Trascendamos los escraches. Tras la protesta, sigue ahí, patente, el drama de los desalojos y la aprobación en ciernes de una nueva legislación. Los jueces insisten en que, después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), están faltos de "armas procesales", ya que, como dice Llarena, presidente y portavoz de la APM, no se ha determinado un "procedimiento homogéneo para ver qué se considera cláusula bancaria abusiva" y estipular los plazos procesales en los que se paraliza un procedimiento hipotecario. Bosch aprecia que las enmiendas presentadas por el PP el martes pasado "no van a solucionar el problema de fondo". "No van a arreglar, en absoluto, el drama de las familias que están condenadas a la exclusión social", remacha Dolado, firme defensor de la dación en pago, que ha de ser, añade, "un derecho del deudor, lo ejercite o no".
A la ley le queda casi todo el recorrido parlamentario por atravesar, aunque la posibilidad de saldar la deuda con la entrega de la vivienda, y que este gesto sea retroactivo, se aleja. Por eso la PAH seguirá escrachando a los diputados del PP, para remover su conciencia individual hasta el último minuto.
Las asociaciones de jueces no aprecian delito en los escraches a políticos
- La mayoría de colectivos judiciales entiende que los señalamientos, "por sí mismos", no entrañan comportamientos delictivos salvo si hay "coacción"
- Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente sostienen que el Gobierno pretende "criminalizar" la protesta
- La mayoritaria APM señala que "no es absurda" la instrucción de Interior en la medida en que modo nuevo de actuación ciudadana
- La Francisco de Vitoria observa, con las cautelas debidas, "indicios delictivos" en las acciones contra Pons o Gallardón
Protesta de la PAH en los juzgados de Barcelona el pasado 26 de marzo, en la que se requirió la anulación de todos los desahucios. EFE
Escrache, escrachar. Un término popularizado en los noventa en Argentina, remozado en España gracias a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Término sobre el que ha girado buena parte de la discusión política de esta última semana.
El Gobierno buscó el cuerpo a cuerpo con los manifestantes, intentando satanizarlos y enturbiar su imagen. Lo hizo con graves declaraciones públicas –de hasta el propio presidente– y con denuncias en comisaría. Y también con una controvertida instrucción policial por la que pide "identificar para sanción" a quienes participen en escraches. Pero aparte de tropezar con la indignación de la PAH y con la protesta del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el Ejecutivo de Mariano Rajoy cuenta, en este caso, con la opinión bastante aquilatada de las asociaciones de jueces, que consideran que el señalamiento público de dirigentes, incluso en el entorno de su domicilio, no constituye en sí mismo un delito. Salvo que haya "intimidación o coacción" expresa, una premisa que todos ponen por delante.
infoLibre conversó ayer sábado con los portavoces de las cuatro asociaciones judiciales. Tanto Pablo Llarena, de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), como Joaquim Bosch, de la progresista Jueces para la Democracia (JpD), como Ángel Dolado, de Foro Judicial Independiente (FJI), rubrican que "no es delito por sí mismo" manifestarse frente a la puerta de la casa de un político. Opinión compartida por otros juristas. José Luis González Armengol, de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), pone alguna objeción más y cree que no se puede "intimidar" a un cargo público marchando hasta su domicilio.
Los precedentes del 25-S y de la CAI
"En sí mismo, que esta protesta se haga en el espacio de la vivienda no añade una connotación que la haga merecedora de reproche penal, salvo que la protesta vaya más allá", asegura Llarena. "No es delito manifestarte en la puerta de la casa de un político. Aquí hay una amplia tradición. Lo nuevo en este caso es que se trata de una estrategia continuada impulsada por una plataforma", apuntala Bosch. Un caso reciente lo tenemos en 2011 y en Murcia, cuando las marchas contra los recortes discurrieron junto al domicilio del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel. Dolado insiste en que, "siempre que no haya una actitud coactiva o una intimidación física, manifestarse o incluso poner carteles o pegatinas cerca de la vivienda es perfectamente legal". Distinto es, observa Bosch, la dimensión "ética" de la cuestión, "si la protesta debe llegar hasta el ámbito privado" del afectado.
El portavoz de FJI trae a colación una sentencia reciente: la del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, que el pasado 25 de marzo archivó la causa abierta contra 52 personas por la presunta ocupación ilegal de la sede central de la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI) de la capital aragonesa, llevada a cabo por Stop Desahucios. Otro caso más: el archivo del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, de la causa contra los convocantes del 25-S, porque ni se invadió con fuerza ni se intimidó la sede del Congreso ni se alteró el funcionamiento del pleno. "No se puede pretender que los ciudadanos se queden impasibles. ¡Si salimos a la calle todos, hasta los jueces! Esto está dentro de los cauces democráticos", refuerza el representante de la más pequeña de las cuatro asociaciones.
"No es necesaria ninguna instrucción para actuar frente a un delito. La Policía, lo de debe hacer, es actuar en consecuencia. Si hay actuaciones de tipo coactivo, tiene capacidad para actuar. Pero puede actuar de oficio", asegura Armengol. ¿El escrache es delito, para la AJFV? "No te puedes manifestar en la casa de una persona, intimidar a él o a sus familiares. Las manifestaciones están autorizadas, pero hay límites que deben respetarse. Es delito intimidar en el domicilio a una persona o a sus familiares, o hacer una concentración en el domicilio. Eso es una coacción", prosigue.
Instrucciones "imparciales y asépticas"
Armengol alude a una de las dudas suscitadas en los últimos dudas. ¿Es sostenible legalmente? El SUP tachó la orden de la Policía de "barbaridad", como la calificó la PAH. JpD y FJI se sitúan en esa órbita. "Coincidimos en que debe ser rechazable actuar policialmente contra las protestas ciudadanas pacíficas, que respetan el derecho de manifestación y de libertad de expresión", afirma Bosch. Dolado no cree necesario el escrito de la Dirección General de la Policía por cuanto "se pone en un compromiso a los agentes", haciéndoles debatirse entre la obediencia al Ejecutivo o el cumplimiento de la ley. Afecta, dice, a su "seguridad jurídica".
Desde la AJFV opinan que "no es correcto dar instrucciones determinadas cuando afectan a un partido y las instrucciones que da Interior son de un Gobierno de ese partido". "Para que sean creíbles –advierte Armengol–, las instrucciones deben ser imparciales y asépticas. No porque se intimide a personas vinculadas al PP se deben hacer circulares específicas. Se debe actuar de oficio, a través de una denuncia o con un atestado policial". Llarena, en cambio, estima que es positivo recalcar qué hacer, porque a fin de cuentas los escraches en España "son un fenómeno nuevo de actuación ciudadana". "Puede ser oportuno dar pautas de cuál debe ser el modo de actuar. No es absurdo".
Los portavoces de las asociaciones sí son más cautos a la hora de pronunciarse sobre los casos concretos de los escraches a Esteban González Pons, Alberto Ruiz-Gallardón o Carmen Maniega. "Es difícil de saber. Hay que ver caso por caso. Aunque hay precedentes, como el del 25-S", indica Bosch. Armengol sí dice apreciar "indicios delictivos", a través de lo que ha podido conocer en los medios, por lo que no descarta que, en su caso, pueda haber "condenas".
La resaca de la sentencia del TJUE
¿Por qué esta estrategia del Gobierno? En este aspecto, las asociaciones judiciales se muestran divididas. Tanto JpD como FJI están convencidas de que el Gobierno pretende "criminalizar" la protesta. Las dos restantes, APM y AJFV discrepan. Para Bosch, el Ejecutivo se esfuerza en "desviar la atención" de los desahucios y de la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) con "vinculaciones absurdas y fuera de lugar". O lo que es lo mismo, aduce: "Desviando el foco de atención de un problema gravísimo ante la falta de soluciones. Por eso ataca a quienes protestan, como medida de desprestigio". La PAH, en respuesta, ya ha anunciado que el martes próximo pondrá en marcha una campaña para recabar apoyo popular.
Dolado se muestra, si cabe, aún más duro: "En vez de calmar los ánimos, se desvía la atención intentando relacionar la PAH con la kale borroka. Es totalmente insultante, una pasada. Criminaliza para deslegitimar lo que es legítimo: reivindicar cambios". Llarena, mientras, apela al cumplimiento estricto de la ley, a la que "todos los ciudadanos" deben obedecer. "Sí es verdad que detrás de estas manifestaciones hay una situación de verdadera angustia para amplios colectivos", concede.
Trascendamos los escraches. Tras la protesta, sigue ahí, patente, el drama de los desalojos y la aprobación en ciernes de una nueva legislación. Los jueces insisten en que, después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), están faltos de "armas procesales", ya que, como dice Llarena, presidente y portavoz de la APM, no se ha determinado un "procedimiento homogéneo para ver qué se considera cláusula bancaria abusiva" y estipular los plazos procesales en los que se paraliza un procedimiento hipotecario. Bosch aprecia que las enmiendas presentadas por el PP el martes pasado "no van a solucionar el problema de fondo". "No van a arreglar, en absoluto, el drama de las familias que están condenadas a la exclusión social", remacha Dolado, firme defensor de la dación en pago, que ha de ser, añade, "un derecho del deudor, lo ejercite o no".
A la ley le queda casi todo el recorrido parlamentario por atravesar, aunque la posibilidad de saldar la deuda con la entrega de la vivienda, y que este gesto sea retroactivo, se aleja. Por eso la PAH seguirá escrachando a los diputados del PP, para remover su conciencia individual hasta el último minuto.
